"No disparen a los rescatadores"

Marco Berlotto y David Noguera.- La peligrosa travesía del Mediterráneo, desde Libia a Italia, es casi la única opción para muchas personas desesperadas que tratan de llegar al Viejo Continente. Es la ruta migratoria más peligrosa del mundo: en 2016 más de 4.500 personas perdieron la vida en ella y en lo que llevamos de 2017 ya han muerto más de 2.200.

Estos números representan en sí mismos un fracaso de la Unión Europea y de sus estados miembros para gestionar el flujo de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de una manera humana y eficiente. Un fracaso del que es testigo Médicos Sin Fronteras (MSF).

Nuestros médicos tratan deshidrataciones, hipotermias, quemaduras químicas graves y las consecuencias de la tortura y de los malos tratos en su país de origen o en centros de detención en Libia. Desde que MSF empezó sus operaciones, hemos asistido a casi 70.000 personas en más de 550 operaciones de rescate.

En este contexto, resulta cada vez más difícil justificar la ausencia de una misión Mare Nostrum europea, de un mecanismo gubernamental dedicado activamente a salvar vidas, promovido por la Unión Europea y sus Estados miembros, en apoyo del papel que ya desempeñan las autoridades italianas.

De Mare Nostrum a Sofía

MSF comenzó a realizar operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central en mayo de 2015. La decisión de poner en marcha una misión fue tomada para llenar el enorme vacío tras el fin de la operación Mare Nostrum por parte del Gobierno italiano. La UE reemplazó la misión italiana por Tritón, un operativo de la agencia Frontex que carecía de un mandato específico de búsqueda y salvamento y se limitaba a operar en una zona de intervención considerada inadecuada para hacer frente a la crisis[1] .

Era ya evidente que el resto de estados europeos estaba poco dispuesto a compartir con Italia la responsabilidad de limitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo central. Ya entonces Frontex lanzaba las mismas críticas dirigidas a la Marina italiana que han experimentado, en el curso de los últimos meses y de forma aún más directa y explícita, las ONG que realizan rescates.


A las pocas semanas del cese del Mare Nostrum, la consecuencia de una reducción de los recursos se hizo evidente. Tras repetidos naufragios en el primer trimestre de 2015, en abril, 1.200 personas murieron en dos naufragios el 12 y el 18 de ese mes.

Días después, durante un debate en el Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea fue claro: “Fue un gran error poner fin a Mare Nostrum. Ha costado vidas”. Sin embargo, ni el alto número de víctimas y ni el carácter de tragedia anunciada de estos naufragios sirvieron para sensibilizar a los socios europeos ni provocaron un cambio real.

En junio de 2015, Europa lanzó EUNAVFOR Med Sophia, una nueva operación militar que prioriza las acciones de vigilancia e interceptación y la formación de la Guardia Costera de Libia.

Las operaciones de búsqueda y salvamento han sido tarea prioritaria exclusiva de la Guardia Costera italiana, a la que también se le asigna una función de coordinación a través del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) en Roma, y de los barcos de ONG que, como MSF, consideraron esta situación inadmisible y decidieron intervenir.

Por lo que se refiere al resto de actores europeos, la participación en operaciones en el mar está garantizada solo en la medida en que constituye una obligación recogida en el derecho marítimo internacional y, por lo tanto, representa una especie de efecto secundario no deseado de la presencia marítima necesaria para cumplir su mandato.

Así, los recursos navales de los estados europeos se esconden tras la obligación de salvar vidas solo cuando son solicitados para ello. Como navíos militares, su posición exacta es habitualmente desconocida para las autoridades que coordinan las labores de rescate y su contribución a la búsqueda de embarcaciones en peligro antes de intervenir en actividades de rescate (a las que están obligadas por ley) queda totalmente subordinada al resto de sus prioridades.

¿Cuál es el papel de las ONG en las operaciones de rescate en el Mediterráneo central?

En primer lugar, es esencial subrayar la reducida autonomía de la que disponen las ONG en la gestión de estas intervenciones. De acuerdo con las normas y prácticas internacionales, todas las actividades de socorro son gestionadas por y desde el CCRM en Roma. Este identifica cuáles son las unidades navales mejor posicionadas y establece cómo se transfieren o son trasladas los rescatados a un puerto seguro indicado, a su vez, por el Ministerio del Interior italiano.

Si es necesario, el CCRM puede decidir si moviliza sus unidades de la Guardia Costera o solicita la intervención de las embarcaciones de Frontex, de Eunavfor Med, de la Armada italiana, de las ONG o confía el rescate a cualquier embarcación comercial que esté próxima al barco que requiere asistencia.






Tanto la legislación italiana como las convenciones internacionales sobre seguridad en el mar establecen que participar en un rescate es una obligación precisa del comandante de la nave y que la intervención no es una facultad o una prerrogativa de las autoridades.

Teniendo en cuenta las características y origen específicos de las personas a bordo de las balsas, las operaciones de rescate también están sujetas a las leyes internacionales sobre refugio y a las convenciones sobre derechos humanos que prohíben la devolución de solicitantes de asilo, refugiados y personas que huyen de conflictos armados o en riesgo de tortura o de otros abusos graves.

En Túnez, y en ausencia de una legislación integral sobre el asilo, el acceso al procedimiento de protección es limitado y carece de garantías suficientes. Malta, a su vez, no ha ratificado las enmiendas al Convenio SAR y SOLAS adoptadas en 2014, que especifican que "la responsabilidad de proporcionar o de garantizar que se facilita un lugar seguro recae en el Gobierno contratante responsable para la región de búsqueda y rescate donde se recuperaron los supervivientes".

Por esta razón y a falta de acuerdos diferentes entre los países europeos, los puertos italianos representan el único destino seguro para todos los dispositivos de rescate que operan en el Mediterráneo central bajo coordinación del CCRM italiano.

Rescatadores en el punto de mira

A finales de 2016 comenzó una campaña que acusaba las ONG de violar la ley marítima, operar en complicidad con las redes de traficantes, incentivar con sus misiones de rescate las salidas de embarcaciones desde Libia e incluso contribuir al aumento de la mortalidad.

Si bien, inicialmente estas críticas se limitaron a teóricos de la conspiración y pequeños grupos identitarios, el debate se intensificó con la publicación de un artículo en el Financial Times, el 15 de diciembre de 2016, en el que citaba un informe confidencial de Frontex, dónde la agencia destacaba supuestos vínculos entre traficantes y ONG.

Acusaciones similares se repitieron en una entrevista del director de Frontex, Fabrice Luz en Die Welt, en la que afirmó que las operaciones de rescate constituían un factor de atracción de las embarcaciones y terminaban estimulando el negocio de los traficantes.

El debate derivó en una montaña rusa de acusaciones y denuncias, con la intervención de los principales líderes políticos, rumores acerca de una posible actividad judicial por algunos fiscales y el inicio de una investigación por la Comisión de Defensa del Senado[2].

Vale la pena recordar las conclusiones de los investigadores de la Universidad de Goldsmiths de Londres en un estudio reciente que rebaten las principales críticas a las actividades marítimas de rescate.

Nos ocuparemos en primer lugar de la objeción más obvia, aquella según la cual la presencia de barcos de rescate cerca de las aguas territoriales libias constituye un “factor de atracción”, un incentivo capaz de convencer a más personas a intentar la travesía marítima. Las cifras e informes confirman la falacia del argumento del factor de atracción.






Así, en los primeros cuatro meses de 2015, tras el cierre de Mare Nostrum y cuando no había operaciones de rescate de las ONG, el número salidas no disminuyó y la mortalidad se multiplicó por 30. Los propios informes publicados periódicamente por Frontex, que muestran un aumento constante de salidas del 2014 al 2017, lo asocian al empeoramiento de la dinámica interna de los países de origen y al deterioro de las condiciones en Libia.

Lo cierto es que los movimientos migratorios están influenciados por dinámicas complejas y diversas, no solo por la presencia de barcos de rescate en el tramo de mar frente a Libia. Estos movimientos comenzaron mucho antes de que las intervenciones de las ONG los salvamentos tuvieran un peso considerable. Hay que recordar que en 2015 las ONG llevaron a cabo no más del 13% de los salvamentos y, en 2016 sus salvamentos supusieron el 28% del total.

Un argumento similar puede emplearse para refutar la segunda objeción a las ONG: estas ofrecen una ayuda involuntaria a los criminales, una ayuda que estaría fomentando prácticas que aumentan la peligrosidad de las travesías.

De nuevo, se trata de tendencias que ya existían antes de que las ONG aumentaran su implicación en las actividades de búsqueda y rescate. Así lo demuestran los documentos internos de Eunavfor Med. Su segundo informe semestral de 2015 indicaba que se habían logrado avances significativos en cuanto al impacto en las actividades de los traficantes. En concreto, el comandante de la operación argumentó que el despliegue de sus buques navales en aguas internacionales había conducido al retiro de las organizaciones criminales a las aguas territoriales libias, a fin de evitar el riesgo de que fueran detenidas por las unidades navales de la misión.

Además el informe destacaba que la prohibición de acceso a las aguas internacionales y la destrucción de las embarcaciones por los navíos europeos, eran las principales razones por las que los traficantes recurrían cada vez más a balsas de goma de mala calidad.

Es evidente que lo que ocurre en el mar es solo la punta del iceberg y que, posiblemente, los factores más importantes que influyen en el comportamiento de los traficantes –y definitivamente los más difíciles de entender o predecir– son los presentes en suelo libio.

Los cruces de mar se han vuelto más peligrosos debido a la combinación de, al menos, dos factores. Por una parte, los efectos acumulativos de las políticas de disuasión y las operaciones de la UE contra los traficantes y la reacción mediante crueles estrategias por las organizaciones criminales para las que las vidas humanas tienen poco o ningún valor. Por otro lado, la relación de fuerzas, las luchas de poder y la evolución del modelo de negocio criminal en un contexto como el libio caracterizado por la inestabilidad general.

Los datos refutan la interpretación de aquellos que formulan la acusación más inaceptable: que son las ONG las responsables de los mayores índices de mortalidad que se registraron en 2016[3].

Un simple desglose de los datos mensuales es suficiente para demostrar que las tasas de mortalidad más altas se produjeron en abril (6,3%) y mayo (5,4%), meses en los que las naves de las ONG no tenían una presencia importante en la ruta del Mediterráneo central como demuestra el hecho de que solo realizaran el 4% y el 12% de los rescates en esos meses. El análisis muestra que las tasas de mortalidad disminuyeron significativamente de junio a octubre, lo que correspondía a la máxima presencia operacional de las ONG. Posteriormente, la mortalidad volvió a subir en noviembre y diciembre, cuando los buques de rescate de las ONG comenzaron a reducir sus actividades para prepararse para la pausa invernal[4].






No es la primera vez que, sobre una cuestión delicada y compleja como la migración, se desata un debate instrumental y agresivo que crea bandos y quita espacio al razonamiento y a las discusiones sobre los datos factuales.

Pero en esta ocasión, este ha llegado a niveles de hostilidad sin precedentes de modo que, además de socavar el trabajo de las ONG y el compromiso de la sociedad civil con estos temas, ha puesto en duda los principios morales y las obligaciones legales que están en la base del salvamento marítimo contribuyendo a difundir la cultura del odio y el miedo.

En los años anteriores, las operaciones de rescate tenían el apoyo moral de la mayoría de los italianos y, sobre todo, el reconocimiento institucional del deber de salvar vidas en el mar. Hoy, nos encontramos en una situación opuesta en la que es probable que quienes realizan misiones de salvamento –e incluso las personas que son rescatadas– se vean rodeados de hostilidad, circunstancia que, para el país que tomó la iniciativa de poner en marcha Mare Nostrum, representa un enorme revés.

Desde hace varios meses, el debate institucional y la narrativa promovida por los medios de comunicación más importantes han alimentado una controversia engañosa y artificial sobre el papel de un solo actor (las ONG) y las consecuencias de un solo factor (el rescate en el mar), sin ser capaces de ampliar el enfoque a un escenario más complejo y contradictorio.

Mientras las ONG siguen atrayendo la ira de sus críticos, poco o nada se ha dicho sobre las consecuencias humanitarias del cierre de las fronteras, sobre los acuerdos firmados por el Gobierno italiano con Libia, sobre las terribles condiciones de los centros de detención de migrantes (los mismos a los que son enviadas las personas que son interceptadas por una Guardia Costera libia adiestrada y apoyada por las autoridades europeas e italianas) o sobre los flagrantes incumplimientos de los países de la UE en lo que se refiere a la acogida de refugiados (Cuando queda poco más de un mes de plazo, España, solo ha admitido al 10% de los solicitantes de protección internacional acordado hace dos años).

Las restricciones actuales al acceso hacen que prácticamente imposible solicitar la protección internacional en Europa forzando así a los refugiados a depender de traficantes sin escrúpulos. Solo a través de un cambio de perspectiva, junto con la apertura de las vías legales para la migración, será posible derrotar a las organizaciones criminales y eliminar las raíces de los mecanismos de abuso, explotación y muerte que las alimentan.

Marco Bertotto es responsable de Incidencia Política de MSF en Italia y David Noguera, presidente de MSF en España.

Este artículo está basado en el texto publicado originalmente en italiano en la revista Limes en julio de 2017.