OPINI脫N de Xavier Ca帽o Tamayo.- El Parlamento Europeo ha dado hace pocos d铆as el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversi贸n de la Uni贸n Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales b谩sicamente suprimen los aranceles y hasta aqu铆 no entra帽ar铆a peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qu茅 barreras?
El peor, el m谩s peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversi贸n es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales p煤blicos leg铆timos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevad铆simos honorarios sin ninguna legitimidad democr谩tica. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dir谩n los defensores de tan equ铆voco m茅todo. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversi贸n. El truco est谩 en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘m茅todo de resoluci贸n de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino tambi茅n futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.
Miles de millones de indemnizaci贸n
Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de d贸lares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidi贸 que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protecci贸n medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiaci贸n y, por tanto, el Estado ecuatoriano deb铆a indemnizar a la petrolera. La corporaci贸n Vattenfallal reclam贸 3.700 millones de euros al Gobierno alem谩n porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Jap贸n, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevenci贸n y responsabilidad, cerr贸 las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demand贸 a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demand贸 a Per煤 por 800 millones de d贸lares porque el gobierno de ese pa铆s revoc贸 su permiso para fundir metales por utilizar m茅todos muy contaminantes. Bear Creek demand贸 tambi茅n a Per煤 por 1.200 millones de d贸lares porque el gobierno rescindi贸 el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de ind铆genas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demand贸 a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aument贸 el salario m铆nimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de d贸lares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un a帽o de 12.500 profesores, la vacunaci贸n de casi cuatro millones de ni帽os contra la tuberculosis, difteria, t茅tanos o polio o construir dos aeropuertos.
Tales inaceptables dict谩menes y amenazas contra Estados soberanos no son pol铆tica ficci贸n. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad m谩s bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.
Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o 谩rbitros que deciden la indemnizaci贸n ¿C贸mo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otros铆, muchos de esos presuntos 谩rbitros adem谩s han sido miembros de consejos de administraci贸n de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensi贸n de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar adem谩s que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organizaci贸n democr谩tica nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar tambi茅n una regla jur铆dicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, p煤blica, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dict谩menes los pronunciara dios.
Nuevos beneficios para las multinacionales
Actualmente podr铆a haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Seg煤n el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional adem谩s ha creado una red de fondos de inversi贸n, 谩rbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.
Adem谩s de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protecci贸n ambiental, por ejemplo. Adem谩s, aseguran ser f谩cil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.
Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situaci贸n de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fern谩ndez Armesto, abogado espa帽ol que fue 谩rbitro internacional en alguna ocasi贸n. A Fern谩ndez Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se d茅 a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelaci贸n posible.
Un desaf铆o a los gobiernos democr谩ticos
Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia econ贸mica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que act煤an en beneficio de la poblaci贸n. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadan铆a. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios p煤blicos que garantizan los derechos de la ciudadan铆a, el acceso al agua y a la energ铆a limpia. Tambi茅n peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protecci贸n del medio ambiente.
Pero hace unos d铆as, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la Rep煤blica Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la raz贸n a Eslovaquia que denunci贸 el fallo de un arbitraje privado contra la recuperaci贸n del sistema p煤blico de salud que hab铆a sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Uni贸n y ha anulado la resoluci贸n de ese arbitraje, que dec铆a lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, est谩 por encima de los derechos nacionales y ning煤n texto, tratado o disposici贸n de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jur铆dico comunitario que los pa铆ses miembros aceptaron libremente al ingresar en la Uni贸n Europea.
Ahora, los pa铆ses europeos tendr谩n que aplicar esta interpretaci贸n legal del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.
Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un bal贸n de ox铆geno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podr谩 demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Uni贸n Europea.
*xacata.wordpress.com
El peor, el m谩s peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversi贸n es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales p煤blicos leg铆timos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevad铆simos honorarios sin ninguna legitimidad democr谩tica. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dir谩n los defensores de tan equ铆voco m茅todo. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversi贸n. El truco est谩 en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘m茅todo de resoluci贸n de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino tambi茅n futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.
Miles de millones de indemnizaci贸n
Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de d贸lares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidi贸 que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protecci贸n medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiaci贸n y, por tanto, el Estado ecuatoriano deb铆a indemnizar a la petrolera. La corporaci贸n Vattenfallal reclam贸 3.700 millones de euros al Gobierno alem谩n porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Jap贸n, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevenci贸n y responsabilidad, cerr贸 las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demand贸 a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demand贸 a Per煤 por 800 millones de d贸lares porque el gobierno de ese pa铆s revoc贸 su permiso para fundir metales por utilizar m茅todos muy contaminantes. Bear Creek demand贸 tambi茅n a Per煤 por 1.200 millones de d贸lares porque el gobierno rescindi贸 el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de ind铆genas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demand贸 a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aument贸 el salario m铆nimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de d贸lares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un a帽o de 12.500 profesores, la vacunaci贸n de casi cuatro millones de ni帽os contra la tuberculosis, difteria, t茅tanos o polio o construir dos aeropuertos.
Tales inaceptables dict谩menes y amenazas contra Estados soberanos no son pol铆tica ficci贸n. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad m谩s bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.
Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o 谩rbitros que deciden la indemnizaci贸n ¿C贸mo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otros铆, muchos de esos presuntos 谩rbitros adem谩s han sido miembros de consejos de administraci贸n de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensi贸n de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar adem谩s que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organizaci贸n democr谩tica nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar tambi茅n una regla jur铆dicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, p煤blica, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dict谩menes los pronunciara dios.
Nuevos beneficios para las multinacionales
Actualmente podr铆a haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Seg煤n el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional adem谩s ha creado una red de fondos de inversi贸n, 谩rbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.
Adem谩s de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protecci贸n ambiental, por ejemplo. Adem谩s, aseguran ser f谩cil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.
Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situaci贸n de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fern谩ndez Armesto, abogado espa帽ol que fue 谩rbitro internacional en alguna ocasi贸n. A Fern谩ndez Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se d茅 a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelaci贸n posible.
Un desaf铆o a los gobiernos democr谩ticos
Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia econ贸mica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que act煤an en beneficio de la poblaci贸n. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadan铆a. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios p煤blicos que garantizan los derechos de la ciudadan铆a, el acceso al agua y a la energ铆a limpia. Tambi茅n peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protecci贸n del medio ambiente.
Pero hace unos d铆as, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la Rep煤blica Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la raz贸n a Eslovaquia que denunci贸 el fallo de un arbitraje privado contra la recuperaci贸n del sistema p煤blico de salud que hab铆a sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Uni贸n y ha anulado la resoluci贸n de ese arbitraje, que dec铆a lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, est谩 por encima de los derechos nacionales y ning煤n texto, tratado o disposici贸n de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jur铆dico comunitario que los pa铆ses miembros aceptaron libremente al ingresar en la Uni贸n Europea.
Ahora, los pa铆ses europeos tendr谩n que aplicar esta interpretaci贸n legal del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.
Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un bal贸n de ox铆geno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podr谩 demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Uni贸n Europea.