OPINIÓN
Ángel Sanz Montes
Arde España y aún estamos en Agosto. Los montes se consumen y con ellos pueblos enteros en riesgo. Mientras los de siempre se lavan las manos, cazan en sus cotos, etc. El PP y Vox culpan al Gobierno Central, pero fueron ellos quienes recortaron brigadas, guardas forestales y prevención, para dedicar más a festejos taurinos o temas secundarios. Cada año la impunidad se repite, el paisaje no. Pasa el fuego y ya no está. Las Comunidades tienen las competencias transferidas y los presupuestos. Europa fondos para prevenir y reparar. El Estado medios como Tragsa. Los mapas de riesgo existen desde hace décadas. Falta voluntad política y vigilancia con peso. Ahora, tras el fuego, la acción ha de ser de oficio. Es la única salida para «educar»: que paguen y respondan los responsables, porque cuidar el monte es cuidarnos.
Incendios: donde ya hay tierra quemada, la Fiscalía debe actuar de oficio
No se trata de cazar pirómanos con geolocalizadores, como alocadamente propone Alberto Feijóó, sino de algo más sencillo y a la vez más profundo: que las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos actúen de oficio allí donde por desgracia ya hay tierra quemada, carreteras, y pueblos dañados. La raíz del problema está en que existen miles de hectáreas de fincas, montes, dehesas y terrenos cuya titularidad es clara en el catastro, pero cuyo abandono es también evidente. Y la ley ya establece que los propietarios tienen la obligación de mantenerlos limpios y seguros.
El ejemplo urbano es ilustrativo: si un edificio ruinoso amenaza con derrumbarse, la Administración actúa, asegura la zona, ejecuta las obras necesarias y después exige responsabilidades al dueño, incluso llegando a la expropiación si este persiste en el incumplimiento. Nadie discute que deba ser así, porque una cornisa que cae puede matar. ¿Por qué entonces toleramos que un monte abandonado se convierta en un polvorín que arrasa pueblos enteros, quema casas y pone en riesgo vidas humanas?
La solución no está en pedir explicaciones a familias envejecidas que ya no pueden acudir a desbrozar ni a realizar las viejas “suertes” del monte comunal. Tampoco en señalar a los herederos dispersos que no se ponen de acuerdo. Ni siquiera basta con recordar a las administraciones sus obligaciones presupuestarias en materia de cortafuegos y prevención. Todo eso importa, pero no puede ser excusa. Lo que corresponde es que Fiscalía actúe de oficio.
Desde 2025 en adelante debería añadirse al mapa de riesgos, una indexación del grado de cumplimiento para cada finca, cada monte, cada unidad territorial detallada. Todo indexado en función de si cumple o no sus obligaciones legales de prevención. Todas las leyes y servidumbres aplicables a una finca no urbana debe estar auditada. Con drones, un catastro informatizado para que incluya y se gestione, lo que las observaciones directas y herramientas de teledetección observan. Hoy es técnicamente sencillo y económicamente viable. Eso lo mantenemos dos tres años y seguro que aprendemos. En cuando nos toquen el bolsillo o nos expropien por subasta, tras un incumplimiento peritado, juzgado y sentenciado o sancionado administrativamente. Lo difícil ahora es la decisión política y jurídica: empezar a notificar incumplimientos, entrar a las fincas cuando se reitera la dejadez, ejecutar los desbroces y pasar el coste contra la propiedad.
No nos importa si el propietario está mayor, si los herederos no se ponen de acuerdo o si la finca carece de rendimiento económico. Lo que importa es que el abandono genera riesgos que pagamos todos: brigadas jugándose la vida, recursos públicos consumidos, pueblos arrasados. Y además, ese abandono se aprovecha de la paradoja: mientras los demás cumplimos colectivamente con nuestros deberes, el valor de esa finca se mantiene porque el territorio alrededor funciona, tiene servicios, está habitado y protegido.
La Fiscalía debe abrir la vía. La presión de causas judiciales, multas y condenas, y llegado el caso expropiaciones, será el acicate más efectivo para que los propietarios entiendan cómo se juega en el siglo XXI. Como ciudadanos vemos los paisajes como un todo continuo. El sentimiento es que «el paisaje es de todos», pero también lo es en lo referente a la seguridad, la prevención y la vida en común. Que una tierra o comarca quemada tarda décadas en recuperarse, y a veces no lo logra nunca sin ayuda. Somos frágiles, y nuestro entorno también lo es: cuidarlo es cuidarnos, porque de él dependemos para vivir y para dejar un lugar habitable a quienes vendrán después.
El fuego y el juego político: responsabilidades y acción de oficio
Mientras el monte arde y los pueblos sufren, PP y Vox han encontrado en los incendios un filón político. El caso más llamativo es la “medida estrella” que Alberto Núñez Feijóo ha repetido en titulares: un registro nacional de pirómanos con geolocalizador. Una propuesta vistosa, pero irrelevante frente al verdadero problema. Porque lo que provoca la magnitud de los incendios no es la falta de fichas policiales, sino la falta de gestión, prevención y recursos en los montes.
Los datos son claros: las Comunidades gobernadas por el PP han reducido partidas destinadas al cuidado del medioambiente, a la profesionalización de bomberos forestales, a la vigilancia de agentes medioambientales y a la inversión en cortafuegos y desbroces. Se ha debilitado, en definitiva, la primera línea de defensa. Incluso el Seprona o los agentes forestales (los que velan por que no se hagan barbacoas en verano, que no se circule con motos o quads en zonas prohibidas o protegidas, o que no haya cacerías sin licencia, etc) desde siempre se han visto sin medios suficientes para hacer cumplir la ley. Son pocos y el terreno a abarcar es enorme. Es hora te traer con más intensidad las tecnologías infográficas, satelizales, drones… etc (algo ya se hace).
Ahora, tras la catástrofe, el PP pide ayudas al Estado central para los damnificados, cargando a la caja común lo que en gran parte deriva de su propia dejación autonómica y municipal. Resulta paradójico: las competencias forestales y de prevención están plenamente transferidas a las comunidades autónomas. La gestión, el presupuesto y la preparación de las brigadas de extinción corresponden a los gobiernos autonómicos. Y sin embargo, cuando el fuego arrasa, el discurso se dirige a Madrid, para que todos paguemos los daños.
Feijoó, como presidente de un partido y simple diputado sin competencias ejecutivas, habla ahora de “planes nacionales”. Pero la realidad es que las comunidades que más han ardido están bajo gobiernos del PP. Y Feijoó, que fue presidente de Galicia durante más de una década, es corresponsable de un modelo de gestión que ha llevado a perder más de 400.000 hectáreas en incendios forestales. Desde el PP incluso se acusa de insuficiente gestión de ayudas de la UME el Ejercito y las ayudas venidas desde Europa. Practican las mismas estrategias que tras la DANA y el desgobierno de Mazón.
Por eso, el argumento no debe distraerse con propuestas efectistas ni con la culpa repartida en el aire. Lo necesario es que la Fiscalía actúe de oficio, que se delimiten responsabilidades y que en 2026 veamos consecuencias patrimoniales claras: sanciones, condenas y planes efectivos que obliguen a los propietarios y a las administraciones a cumplir con su deber. Que las cuadrillas de bomberos y protección civil estén formadas y equipadas en marzo, que los presupuestos se ejecuten de verdad, que los cortafuegos estén mantenidos y que el abandono deje de estar amparado en la impunidad.
El juego fariseo de culpar al Estado central de lo que son competencias 100% autonómicas debe ser desenmascarado. Porque lo que está en juego no son réditos políticos, sino pueblos enteros, vidas humanas y un patrimonio natural que se nos está yendo en humo.
Europa, la PAC y la obligación de actuar de oficio
La prevención y gestión de incendios forestales no se juega solo en el ámbito local, autonómico o estatal. También en Europa existen recursos específicamente previstos para estos fines. La Política Agraria Común (PAC) incluye partidas destinadas a la prevención, profesionalización y mantenimiento de montes, pastizales y espacios aledaños. EN la PAC se reconoce que el buen estado del territorio rural es condición indispensable no solo para la producción agrícola y ganadera, sino también para la seguridad ambiental y climática.
La PAC contempla, además, mecanismos económicos de urgencia para actuar inmediatamente después de un incendio: desde la recuperación de suelos y la protección del mantillo vegetal frente a las lluvias, hasta la prevención de la contaminación de ríos y embalses con cenizas. Y también prevé indemnizaciones y ayudas a los damnificados.
Pero esas herramientas europeas, que están ahí para proteger a nuestro medio natural y a nuestras comunidades, no sirven de nada si no se utilizan. Y lo que ha ocurrido demasiadas veces es que las comunidades autónomas no activan a tiempo los protocolos, no ejecutan las medidas preventivas previstas ni tramitan con diligencia las ayudas de emergencia.
Por eso, también aquí es imprescindible la acción de oficio. Muchas iniciativas, presupuestos y medidas de Bruselas funcionan bajo el principio de subsidiariedad: la autoridad más cercana al ciudadano —ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas— es la que debe tomar la iniciativa y ejecutar la acción, aunque cuente con el respaldo de los niveles superiores del Estado o de la propia UE.
El Estado central, en la mayoría de los casos, no es el agente activo ni directo en esas partidas, pero sí es quien debe exigir a las comunidades autónomas que soliciten las ayudas cuando corresponde. Y cuando el diseño de los fondos lo permita, debe ser él mismo quien las reclame en nombre del país. La desidia administrativa no puede condenar a pueblos enteros a ver cómo sus montes quedan desnudos y erosionados tras el fuego, cómo sus aguas se contaminan o cómo se pierden oportunidades de reconstrucción que Bruselas ya había previsto. La subsidiariedad es un principio de responsabilidad compartida, no un pretexto para lavarse las manos.
Europa ya ha entendido que el paisaje rural es un bien común y que la prevención es la mejor inversión y está en la PAC y otras iniciativas de la famosa Agenda 2030. Es imprescindible que nuestras las instituciones (estatales, autonómicas y locales) lo entiendan también, y que actúen de oficio, sin excusas ni retrasos, para que los fondos de la PAC cumplan su función: evitar la catástrofe antes de que ocurra, y reparar el daño cuando ya es demasiado tarde. En el caso de las ayudas que se conceden a titulo individual o como explotación los proactivos para solicitar asistencia técnica y económica son los ciudadanos.
Tragsa-Tragsatec: el músculo o la fuerza civil para excepciones que debe actuar ya en resto del 2025
España dispone de un instrumento público que no puede seguir esperando en los despachos: el Grupo Tragsa. Formado por Tragsa y su filial Tragsatec, es un medio propio del Estado y de las comunidades autónomas, diseñado precisamente para intervenir con rapidez y eficacia en catástrofes, emergencias y tareas de prevención. Es un “ejército civil” capaz de desplegar miles de personas y maquinaria en cualquier punto del territorio, ya sea para restaurar tras un incendio, controlar inundaciones, erradicar plagas o reforzar infraestructuras naturales.
El momento de activarlo no es después del fuego, cuando ya todo se ha perdido, sino antes. Tragsa debe empezar a actuar de inmediato en las zonas que no han ardido: repasando cortafuegos, abriendo desbroces, creando perímetros de seguridad alrededor de pueblos y aldeas, y ejecutando mini-actuaciones de prevención que aíslen zonas de riesgo. Las herramientas técnicas y humanas existen, los mapas de riesgo están definidos, y los medios de teledetección y drones facilitan priorizar las áreas críticas. Solo falta la decisión política.
El espíritu de esta actuación recuerda, en cierta forma, al Artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado intervenir cuando una comunidad autónoma incumple sus obligaciones legales. Es solo un símil: aquí no se trata de cuestiones políticas ni de limitar competencias, sino de un caso de emergencia nacional. La prioridad es proteger vidas, pueblos y ecosistemas ante un riesgo que no espera, activando todos los medios disponibles para cumplir la ley y garantizar la seguridad colectiva. Somos muchos los ciudadanos que esperábamos más proactividad por parte de todos tras la catástrofe de la Dana esta primavera pasada.
Parte de estos trabajos corresponderá que deba realizar esta empresa multifactorial coordinada con las fuerzas y recursos de las Comunidades Autónomas, al presupuesto del Estado, otra parte podrá apoyarse en las líneas de la PAC europea previstas para prevención y recuperación forestal, y el resto deberá imputarse a las comunidades autónomas que han dejado sin ejecutar sus planes de prevención. Y si hace falta, que se discuta en la Conferencia de Presidentes autonómicos quien cumple en el cuidado de sus paisajes, montes, etc,… Porque mientras unas Comunidades Autónomas practican el dumping fiscal (bajando impuestos a los más ricos, o renunciando a los impuestos y tasas que podrían recaudar, pero luego exigen más financiación al Estado). Pero los incendios no conocen fronteras administrativas: cuando una Comunidad incumple, infra-cumple y recortar en medioambiente y prevención forestal, y en cambi0 vuelca su presupuesto en gastos para las fiestas patronales en de verano, mientras, el fuego que se inicia en su territorio termina arrasando también las comunidades vecinas que sí cumplen.
El Grupo Tragsa está para actuar de inmediato. El coste de no hacerlo es infinitamente mayor: vidas en riesgo, pueblos arrasados, ecosistemas devastados y recursos públicos gastados a destiempo. La prevención es más barata, más eficaz y más justa que las indemnizaciones. Y lo urgente es poner en marcha a quienes ya están preparados para hacerlo.
Solo con acción de oficio y costes directos a los propietarios se crea conciencia y se evita la impunidad
En los próximos meses comenzarán las indemnizaciones, las ayudas de urgencia y las peticiones a Europa. Y con ellas, el riesgo de repetir la misma rutina: pagar entre todos las consecuencias, mientras nadie asume las causas. Esa lógica perversa debe romperse. La Fiscalía, en todos sus niveles, debe actuar de oficio. No basta con señalar al pirómano ocasional: hay que delimitar responsabilidades patrimoniales y legales de propietarios, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas que han incumplido sus obligaciones de prevención y gestión.
Cada finca abandonada, cada monte mal cuidado, cada cortafuegos sin mantener, cada presupuesto no ejecutado debe ser motivo de investigación y, llegado el caso, de sanción, condena o expropiación. El dinero público no puede seguir tapando negligencias privadas ni institucionales. La acción de oficio es la única vía para acabar con la impunidad y para que la prevención deje de ser una recomendación vacía y pase a ser una obligación efectiva.
Tenemos por delante todo lo que queda de 2025 para actuar en los incendios aún en curso, actuar rápidamente en las zonas no afectadas (mediante las empresas multifactoriales de las que dispone el Estado como Tragsa/Tragsatec, que hemos mencionado) y, desde mañana hasta marzo del 2026 para que acometamos entre todos un cambio sustancial: social, individual, político, administrativo y patrimonial. Que 2026 no nos sorprenda con cuadrillas de bomberos forestales sin preparar o contratar, con material defectuoso, o sin comprar. Aunque hasta marzo de 2026 consiguiéramos ese avance entre todos. Con todo debemos ocuparnos de estar preparados en los pueblos, y con cuadrillas de bomberos forestales plenamente dotados, y retribuidos conforme al enorme trabajo y riesgo que cumplen en nombre de todos nosotros. Su tarea no es estacional, como quien regenta un hotel que en temporada baja o nula despide a todos menos al personal de vigilancia. Los bomberos forestales y el Seprona son otra cosa. Los necesitamos todo el años, solo que haciendo actividades distintas.
Como colofón decir que se detecta también una falta de especialización por parte de los que gestionan la excepcionalidad. Los SECOPI en cada caso. No es un reproche. Son en general políticos que de repente se ven envueltos en una vorágine de información y decisiones que, aun cuando fueran de su especialidad, es difícil convertir en decisiones y actuaciones eficaces. La UME y en general el Ejercito tiene más experiencia en estos temas y parte del trabajo de la UME podría ser formar a esos equipos o asistirlos automáticamente en cuanto surge una eventualidad o catástrofe. Todo desde el cuidado mutuo que nos debemos. Somos todos frágiles, a todos nos afecta esto que está pasando seamos quienes seamos. Pero no por ello dejemos de exigir acción de oficio y administrativa. De vigilancia desde el Estado y desde la Comunidades.
Ángel Sanz Montes. Informático. Gestor de proyectos. Lector, paseante, escritor a ratos y fotógrafo ocasional. Residente en Ferrol (España).
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| Bomberos forestales actuando ante un incendio, "mejor prevenir que apagar" (Imagen de AI GROK Image) |
Arde España y aún estamos en Agosto. Los montes se consumen y con ellos pueblos enteros en riesgo. Mientras los de siempre se lavan las manos, cazan en sus cotos, etc. El PP y Vox culpan al Gobierno Central, pero fueron ellos quienes recortaron brigadas, guardas forestales y prevención, para dedicar más a festejos taurinos o temas secundarios. Cada año la impunidad se repite, el paisaje no. Pasa el fuego y ya no está. Las Comunidades tienen las competencias transferidas y los presupuestos. Europa fondos para prevenir y reparar. El Estado medios como Tragsa. Los mapas de riesgo existen desde hace décadas. Falta voluntad política y vigilancia con peso. Ahora, tras el fuego, la acción ha de ser de oficio. Es la única salida para «educar»: que paguen y respondan los responsables, porque cuidar el monte es cuidarnos.
Incendios: donde ya hay tierra quemada, la Fiscalía debe actuar de oficio
No se trata de cazar pirómanos con geolocalizadores, como alocadamente propone Alberto Feijóó, sino de algo más sencillo y a la vez más profundo: que las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos actúen de oficio allí donde por desgracia ya hay tierra quemada, carreteras, y pueblos dañados. La raíz del problema está en que existen miles de hectáreas de fincas, montes, dehesas y terrenos cuya titularidad es clara en el catastro, pero cuyo abandono es también evidente. Y la ley ya establece que los propietarios tienen la obligación de mantenerlos limpios y seguros.
El ejemplo urbano es ilustrativo: si un edificio ruinoso amenaza con derrumbarse, la Administración actúa, asegura la zona, ejecuta las obras necesarias y después exige responsabilidades al dueño, incluso llegando a la expropiación si este persiste en el incumplimiento. Nadie discute que deba ser así, porque una cornisa que cae puede matar. ¿Por qué entonces toleramos que un monte abandonado se convierta en un polvorín que arrasa pueblos enteros, quema casas y pone en riesgo vidas humanas?
La solución no está en pedir explicaciones a familias envejecidas que ya no pueden acudir a desbrozar ni a realizar las viejas “suertes” del monte comunal. Tampoco en señalar a los herederos dispersos que no se ponen de acuerdo. Ni siquiera basta con recordar a las administraciones sus obligaciones presupuestarias en materia de cortafuegos y prevención. Todo eso importa, pero no puede ser excusa. Lo que corresponde es que Fiscalía actúe de oficio.
Desde 2025 en adelante debería añadirse al mapa de riesgos, una indexación del grado de cumplimiento para cada finca, cada monte, cada unidad territorial detallada. Todo indexado en función de si cumple o no sus obligaciones legales de prevención. Todas las leyes y servidumbres aplicables a una finca no urbana debe estar auditada. Con drones, un catastro informatizado para que incluya y se gestione, lo que las observaciones directas y herramientas de teledetección observan. Hoy es técnicamente sencillo y económicamente viable. Eso lo mantenemos dos tres años y seguro que aprendemos. En cuando nos toquen el bolsillo o nos expropien por subasta, tras un incumplimiento peritado, juzgado y sentenciado o sancionado administrativamente. Lo difícil ahora es la decisión política y jurídica: empezar a notificar incumplimientos, entrar a las fincas cuando se reitera la dejadez, ejecutar los desbroces y pasar el coste contra la propiedad.
No nos importa si el propietario está mayor, si los herederos no se ponen de acuerdo o si la finca carece de rendimiento económico. Lo que importa es que el abandono genera riesgos que pagamos todos: brigadas jugándose la vida, recursos públicos consumidos, pueblos arrasados. Y además, ese abandono se aprovecha de la paradoja: mientras los demás cumplimos colectivamente con nuestros deberes, el valor de esa finca se mantiene porque el territorio alrededor funciona, tiene servicios, está habitado y protegido.
La Fiscalía debe abrir la vía. La presión de causas judiciales, multas y condenas, y llegado el caso expropiaciones, será el acicate más efectivo para que los propietarios entiendan cómo se juega en el siglo XXI. Como ciudadanos vemos los paisajes como un todo continuo. El sentimiento es que «el paisaje es de todos», pero también lo es en lo referente a la seguridad, la prevención y la vida en común. Que una tierra o comarca quemada tarda décadas en recuperarse, y a veces no lo logra nunca sin ayuda. Somos frágiles, y nuestro entorno también lo es: cuidarlo es cuidarnos, porque de él dependemos para vivir y para dejar un lugar habitable a quienes vendrán después.
El fuego y el juego político: responsabilidades y acción de oficio
Mientras el monte arde y los pueblos sufren, PP y Vox han encontrado en los incendios un filón político. El caso más llamativo es la “medida estrella” que Alberto Núñez Feijóo ha repetido en titulares: un registro nacional de pirómanos con geolocalizador. Una propuesta vistosa, pero irrelevante frente al verdadero problema. Porque lo que provoca la magnitud de los incendios no es la falta de fichas policiales, sino la falta de gestión, prevención y recursos en los montes.
Los datos son claros: las Comunidades gobernadas por el PP han reducido partidas destinadas al cuidado del medioambiente, a la profesionalización de bomberos forestales, a la vigilancia de agentes medioambientales y a la inversión en cortafuegos y desbroces. Se ha debilitado, en definitiva, la primera línea de defensa. Incluso el Seprona o los agentes forestales (los que velan por que no se hagan barbacoas en verano, que no se circule con motos o quads en zonas prohibidas o protegidas, o que no haya cacerías sin licencia, etc) desde siempre se han visto sin medios suficientes para hacer cumplir la ley. Son pocos y el terreno a abarcar es enorme. Es hora te traer con más intensidad las tecnologías infográficas, satelizales, drones… etc (algo ya se hace).
Ahora, tras la catástrofe, el PP pide ayudas al Estado central para los damnificados, cargando a la caja común lo que en gran parte deriva de su propia dejación autonómica y municipal. Resulta paradójico: las competencias forestales y de prevención están plenamente transferidas a las comunidades autónomas. La gestión, el presupuesto y la preparación de las brigadas de extinción corresponden a los gobiernos autonómicos. Y sin embargo, cuando el fuego arrasa, el discurso se dirige a Madrid, para que todos paguemos los daños.
Feijoó, como presidente de un partido y simple diputado sin competencias ejecutivas, habla ahora de “planes nacionales”. Pero la realidad es que las comunidades que más han ardido están bajo gobiernos del PP. Y Feijoó, que fue presidente de Galicia durante más de una década, es corresponsable de un modelo de gestión que ha llevado a perder más de 400.000 hectáreas en incendios forestales. Desde el PP incluso se acusa de insuficiente gestión de ayudas de la UME el Ejercito y las ayudas venidas desde Europa. Practican las mismas estrategias que tras la DANA y el desgobierno de Mazón.
Por eso, el argumento no debe distraerse con propuestas efectistas ni con la culpa repartida en el aire. Lo necesario es que la Fiscalía actúe de oficio, que se delimiten responsabilidades y que en 2026 veamos consecuencias patrimoniales claras: sanciones, condenas y planes efectivos que obliguen a los propietarios y a las administraciones a cumplir con su deber. Que las cuadrillas de bomberos y protección civil estén formadas y equipadas en marzo, que los presupuestos se ejecuten de verdad, que los cortafuegos estén mantenidos y que el abandono deje de estar amparado en la impunidad.
El juego fariseo de culpar al Estado central de lo que son competencias 100% autonómicas debe ser desenmascarado. Porque lo que está en juego no son réditos políticos, sino pueblos enteros, vidas humanas y un patrimonio natural que se nos está yendo en humo.
Europa, la PAC y la obligación de actuar de oficio
La prevención y gestión de incendios forestales no se juega solo en el ámbito local, autonómico o estatal. También en Europa existen recursos específicamente previstos para estos fines. La Política Agraria Común (PAC) incluye partidas destinadas a la prevención, profesionalización y mantenimiento de montes, pastizales y espacios aledaños. EN la PAC se reconoce que el buen estado del territorio rural es condición indispensable no solo para la producción agrícola y ganadera, sino también para la seguridad ambiental y climática.
La PAC contempla, además, mecanismos económicos de urgencia para actuar inmediatamente después de un incendio: desde la recuperación de suelos y la protección del mantillo vegetal frente a las lluvias, hasta la prevención de la contaminación de ríos y embalses con cenizas. Y también prevé indemnizaciones y ayudas a los damnificados.
Pero esas herramientas europeas, que están ahí para proteger a nuestro medio natural y a nuestras comunidades, no sirven de nada si no se utilizan. Y lo que ha ocurrido demasiadas veces es que las comunidades autónomas no activan a tiempo los protocolos, no ejecutan las medidas preventivas previstas ni tramitan con diligencia las ayudas de emergencia.
Por eso, también aquí es imprescindible la acción de oficio. Muchas iniciativas, presupuestos y medidas de Bruselas funcionan bajo el principio de subsidiariedad: la autoridad más cercana al ciudadano —ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas— es la que debe tomar la iniciativa y ejecutar la acción, aunque cuente con el respaldo de los niveles superiores del Estado o de la propia UE.
El Estado central, en la mayoría de los casos, no es el agente activo ni directo en esas partidas, pero sí es quien debe exigir a las comunidades autónomas que soliciten las ayudas cuando corresponde. Y cuando el diseño de los fondos lo permita, debe ser él mismo quien las reclame en nombre del país. La desidia administrativa no puede condenar a pueblos enteros a ver cómo sus montes quedan desnudos y erosionados tras el fuego, cómo sus aguas se contaminan o cómo se pierden oportunidades de reconstrucción que Bruselas ya había previsto. La subsidiariedad es un principio de responsabilidad compartida, no un pretexto para lavarse las manos.
Europa ya ha entendido que el paisaje rural es un bien común y que la prevención es la mejor inversión y está en la PAC y otras iniciativas de la famosa Agenda 2030. Es imprescindible que nuestras las instituciones (estatales, autonómicas y locales) lo entiendan también, y que actúen de oficio, sin excusas ni retrasos, para que los fondos de la PAC cumplan su función: evitar la catástrofe antes de que ocurra, y reparar el daño cuando ya es demasiado tarde. En el caso de las ayudas que se conceden a titulo individual o como explotación los proactivos para solicitar asistencia técnica y económica son los ciudadanos.
Tragsa-Tragsatec: el músculo o la fuerza civil para excepciones que debe actuar ya en resto del 2025
España dispone de un instrumento público que no puede seguir esperando en los despachos: el Grupo Tragsa. Formado por Tragsa y su filial Tragsatec, es un medio propio del Estado y de las comunidades autónomas, diseñado precisamente para intervenir con rapidez y eficacia en catástrofes, emergencias y tareas de prevención. Es un “ejército civil” capaz de desplegar miles de personas y maquinaria en cualquier punto del territorio, ya sea para restaurar tras un incendio, controlar inundaciones, erradicar plagas o reforzar infraestructuras naturales.
El momento de activarlo no es después del fuego, cuando ya todo se ha perdido, sino antes. Tragsa debe empezar a actuar de inmediato en las zonas que no han ardido: repasando cortafuegos, abriendo desbroces, creando perímetros de seguridad alrededor de pueblos y aldeas, y ejecutando mini-actuaciones de prevención que aíslen zonas de riesgo. Las herramientas técnicas y humanas existen, los mapas de riesgo están definidos, y los medios de teledetección y drones facilitan priorizar las áreas críticas. Solo falta la decisión política.
El espíritu de esta actuación recuerda, en cierta forma, al Artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado intervenir cuando una comunidad autónoma incumple sus obligaciones legales. Es solo un símil: aquí no se trata de cuestiones políticas ni de limitar competencias, sino de un caso de emergencia nacional. La prioridad es proteger vidas, pueblos y ecosistemas ante un riesgo que no espera, activando todos los medios disponibles para cumplir la ley y garantizar la seguridad colectiva. Somos muchos los ciudadanos que esperábamos más proactividad por parte de todos tras la catástrofe de la Dana esta primavera pasada.
Parte de estos trabajos corresponderá que deba realizar esta empresa multifactorial coordinada con las fuerzas y recursos de las Comunidades Autónomas, al presupuesto del Estado, otra parte podrá apoyarse en las líneas de la PAC europea previstas para prevención y recuperación forestal, y el resto deberá imputarse a las comunidades autónomas que han dejado sin ejecutar sus planes de prevención. Y si hace falta, que se discuta en la Conferencia de Presidentes autonómicos quien cumple en el cuidado de sus paisajes, montes, etc,… Porque mientras unas Comunidades Autónomas practican el dumping fiscal (bajando impuestos a los más ricos, o renunciando a los impuestos y tasas que podrían recaudar, pero luego exigen más financiación al Estado). Pero los incendios no conocen fronteras administrativas: cuando una Comunidad incumple, infra-cumple y recortar en medioambiente y prevención forestal, y en cambi0 vuelca su presupuesto en gastos para las fiestas patronales en de verano, mientras, el fuego que se inicia en su territorio termina arrasando también las comunidades vecinas que sí cumplen.
El Grupo Tragsa está para actuar de inmediato. El coste de no hacerlo es infinitamente mayor: vidas en riesgo, pueblos arrasados, ecosistemas devastados y recursos públicos gastados a destiempo. La prevención es más barata, más eficaz y más justa que las indemnizaciones. Y lo urgente es poner en marcha a quienes ya están preparados para hacerlo.
Solo con acción de oficio y costes directos a los propietarios se crea conciencia y se evita la impunidad
En los próximos meses comenzarán las indemnizaciones, las ayudas de urgencia y las peticiones a Europa. Y con ellas, el riesgo de repetir la misma rutina: pagar entre todos las consecuencias, mientras nadie asume las causas. Esa lógica perversa debe romperse. La Fiscalía, en todos sus niveles, debe actuar de oficio. No basta con señalar al pirómano ocasional: hay que delimitar responsabilidades patrimoniales y legales de propietarios, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas que han incumplido sus obligaciones de prevención y gestión.
Cada finca abandonada, cada monte mal cuidado, cada cortafuegos sin mantener, cada presupuesto no ejecutado debe ser motivo de investigación y, llegado el caso, de sanción, condena o expropiación. El dinero público no puede seguir tapando negligencias privadas ni institucionales. La acción de oficio es la única vía para acabar con la impunidad y para que la prevención deje de ser una recomendación vacía y pase a ser una obligación efectiva.
Tenemos por delante todo lo que queda de 2025 para actuar en los incendios aún en curso, actuar rápidamente en las zonas no afectadas (mediante las empresas multifactoriales de las que dispone el Estado como Tragsa/Tragsatec, que hemos mencionado) y, desde mañana hasta marzo del 2026 para que acometamos entre todos un cambio sustancial: social, individual, político, administrativo y patrimonial. Que 2026 no nos sorprenda con cuadrillas de bomberos forestales sin preparar o contratar, con material defectuoso, o sin comprar. Aunque hasta marzo de 2026 consiguiéramos ese avance entre todos. Con todo debemos ocuparnos de estar preparados en los pueblos, y con cuadrillas de bomberos forestales plenamente dotados, y retribuidos conforme al enorme trabajo y riesgo que cumplen en nombre de todos nosotros. Su tarea no es estacional, como quien regenta un hotel que en temporada baja o nula despide a todos menos al personal de vigilancia. Los bomberos forestales y el Seprona son otra cosa. Los necesitamos todo el años, solo que haciendo actividades distintas.
Como colofón decir que se detecta también una falta de especialización por parte de los que gestionan la excepcionalidad. Los SECOPI en cada caso. No es un reproche. Son en general políticos que de repente se ven envueltos en una vorágine de información y decisiones que, aun cuando fueran de su especialidad, es difícil convertir en decisiones y actuaciones eficaces. La UME y en general el Ejercito tiene más experiencia en estos temas y parte del trabajo de la UME podría ser formar a esos equipos o asistirlos automáticamente en cuanto surge una eventualidad o catástrofe. Todo desde el cuidado mutuo que nos debemos. Somos todos frágiles, a todos nos afecta esto que está pasando seamos quienes seamos. Pero no por ello dejemos de exigir acción de oficio y administrativa. De vigilancia desde el Estado y desde la Comunidades.
Ángel Sanz Montes. Informático. Gestor de proyectos. Lector, paseante, escritor a ratos y fotógrafo ocasional. Residente en Ferrol (España).
PRESSENZA