- La ganadería ilegal ha devastado territorios de pequeños productores y pueblos indígenas en la región amazónica donde se celebrará este año la cumbre climática COP30.
- JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, no cuenta con un sistema para rastrear a sus proveedores indirectos, a pesar de haber prometido durante años que lo implementaría, y podría haber adquirido ganado ilegal proveniente de estas zonas.
- El gobierno brasileño debe desalojar los ranchos ilegales de la región, y JBS debe cumplir sus compromisos y reparar los daños en los que haya podido estar implicada, incluso de forma no intencionada.
(São Paulo, 15 de octubre de 2025) – La ganadería ilegal ha devastado los territorios de pequeños agricultores y pueblos indígenas en el estado de Pará, sede de la próxima cumbre climática COP30, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, podría haber exportado carne y cuero a la Unión Europea provenientes de ganado criado en ranchos ilegales de la región.
El informe de 86 páginas, titulado “Corrompido: JBS y el riesgo de la UE ante te de derechos humanos y deforestación ilegal en Pará, Brasil”, documenta cómo ganaderos se apropiaron de forma ilegal de tierras y arrasaron los medios de vida de residentes legales en el asentamiento de pequeños agricultores Terra Nossa y en el territorio indígena Cachoeira Seca, vulnerando sus derechos a la tierra, la vivienda y la cultura. Un análisis de fuentes oficiales realizado por Human Rights Watch muestra que ranchos ilegales en estas zonas vendieron ganado a varios proveedores directos de JBS.
“JBS sigue sin contar con un sistema para rastrear a sus proveedores indirectos, a pesar de haber prometido desde 2011 que lo implementaría”, señaló Luciana Téllez Chávez, investigadora sénior sobre medio ambiente de Human Rights Watch. “Sin ese sistema, la empresa no puede cumplir su compromiso de eliminar la deforestación de su cadena de suministro para fines de 2025”.
A través del análisis de permisos de transporte de ganado emitidos por el gobierno del estado de Pará, Human Rights Watch identificó cinco casos en los que ranchos ilegales ubicados en Terra Nossa y Cachoeira Seca enviaron ganado a fincas fuera de estas zonas protegidas. Posteriormente, esas fincas vendieron el ganado a mataderos de JBS. Estos ranchos operan en violación de la legislación federal brasileña.
La agencia federal de reforma agraria creó el asentamiento rural Terra Nossa en 2006 para que fuera habitado por familias agricultoras, con el objetivo de que cultivaran la tierra, recolectaran frutos y nueces del bosque —que originalmente cubría el 80 % de las 150.000 hectáreas del asentamiento— y vendieran su producción en mercados locales.
Sin embargo, ganaderos se instalaron ilegalmente en la zona y han respondido con violencia contra quienes se oponen a su presencia. Para 2023, el 45,3 % del asentamiento había sido convertido en pastizales.
A partir de 2016, la agencia de reforma agraria comenzó a censar la ocupación del asentamiento y concluyó que el 78,5 % del área estaba ocupada de forma ilegal. Sin embargo, durante años no tomó medidas para desalojar a los ganaderos. Actualmente, la agencia evalúa un plan para dividir el asentamiento y modificar su estatus, una medida que probablemente perpetuaría la impunidad de quienes cometen delitos ambientales.
En Cachoeira Seca, el pueblo indígena Arara depende de la selva para su subsistencia dentro de un territorio de 733.000 hectáreas. El gobierno federal está legalmente obligado a desalojar a las personas no indígenas que ocupan el área, pero en lugar de hacerlo, nuevos ranchos ilegales han seguido estableciéndose. Esto ha reducido la disponibilidad de fauna y productos del bosque, ha restringido la movilidad del pueblo Arara en su propio territorio y ha socavado sus derechos culturales. En 2024, Cachoeira Seca fue el territorio indígena con mayor superficie deforestada de toda la Amazonía brasileña.
JBS no realiza un seguimiento sistemático de sus proveedores indirectos y, por tanto, no puede garantizar que su cadena de suministro esté libre de ganado proveniente de ranchos ilegales, afirmó Human Rights Watch. Actualmente, no existe un requisito federal que exija rastrear individualmente al ganado a medida que se traslada entre fincas en Brasil.
En su correspondencia con Human Rights Watch, JBS sostuvo que monitorea las fincas de sus proveedores directos para verificar que cumplan con su política de abastecimiento. La empresa también indicó que, a partir del 1 de enero de 2026, requerirá a sus proveedores directos que informen sobre sus propios proveedores.
El gobierno del estado de Pará anunció que implementará un sistema de trazabilidad individual del ganado para 2026. Funcionarios estatales señalaron a Human Rights Watch que, en general, dejarán de emitir permisos para el traslado de ganado hacia zonas protegidas. Por su parte, el gobierno federal presentó un plan para establecer un sistema nacional de trazabilidad individual del ganado en 2032. Dada la dimensión transfronteriza del comercio ilegal de ganado, una implementación lenta de ese sistema podría poner en riesgo los avances logrados, advirtió Human Rights Watch.
Los países de la Unión Europea tienen previsto aplicar el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación a partir de enero de 2026. Esta normativa prohíbe la comercialización de productos bovinos en el mercado de la UE si provienen de tierras deforestadas después de 2020 o si su producción infringe las leyes del país de origen. Los legisladores de la Unión Europea están discutiendo retrasar la aplicación por un año. Un retraso permitiría que productos contaminados sigan entrando al mercado y pondría en duda el compromiso de la Unión Europea para abordar su huella global de deforestación, dijo Human Rights Watch.
Human Rights Watch analizó datos comerciales entre 2020 y 2025 y detectó que Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, España y Suecia importaron carne de res procedente de municipios donde operan instalaciones de JBS mencionadas en el informe. Italia fue uno de los principales destinos de los productos de cuero.
El gobierno de Brasil debería desmantelar los ranchos ilegales y exigir responsabilidades a quienes hayan ocupado y explotado ilegalmente tierras en las comunidades afectadas. Además, el gobierno federal debe acelerar la implementación y garantizar la aplicación efectiva de un sistema de trazabilidad del ganado.
Por su parte, JBS debería adoptar medidas para remediar cualquier fraude en la tenencia de tierras, deforestación ilegal o violaciones de derechos humanos en los que haya podido participar —aunque fuera de forma no intencionada— en Terra Nossa y Cachoeira Seca.
“Abordar la deforestación y los abusos contra los derechos humanos en las cadenas de suministro de ganado es una responsabilidad compartida entre vendedores y compradores”, señaló Téllez Chávez. “Brasil y la Unión Europea deben trabajar de forma conjunta para proteger la selva y garantizar los derechos de las comunidades que dependen de ella”.
HRW