¡Fuera los franquistas de los tribunales y los arzobispos de la sanidad y la educación!
El 6 de noviembre de 1941, en pleno apogeo de la Dictadura de Franco, en España se creó el Patronato de Protección a la Mujer, una institución que, en nombre de la dignificación moral, se encargó de castigar a toda mujer que se comportara de una forma contraria al modelo de mujer dictado por el franquismo y la Iglesia Católica. Hoy no existe un Patronato de Protección a la Mujer para castigarnos, pero el machismo en el siglo XXI, y en concreto en el Estado español, se expresa de otras formas y ejerce su violencia a través de otros medios.
Con la Iglesia hemos topado
El “váyanse a otro lado a abortar» espetado por Isabel Díaz Ayuso a una diputada de Más Madrid hace escasas semanas encendió la indignación de cientos de mujeres que, frente a la Puerta del Sol, se manifestaron para denunciar la negativa de Ayuso a crear el registro de médicos objetores de conciencia, una opacidad que permite que servicios hospitalarios enteros se declaren objetores. Pero esto no es un problema solamente en Madrid. Mientras que el aborto es un derecho legal en el Estado español y debería estar garantizado en la sanidad pública, hay decenas de hospitales públicos en los que es imposible abortar. Son ejemplos los hospitales barceloneses Sant Joan de Déu o Sant Pau, en el que no se practica ningún aborto desde el año 2012. Ambos hospitales se declararon objetores de conciencia sin previa consulta con los/las profesionales sanitarios/as. Y hay comunidades autónomas enteras, como Ávila, Segovia, Soria, Huesca, Murcia o Toledo, en los que no se realiza ningún aborto. Pero esta dramática situación no es casualidad. En la mayoría de estos centros públicos, como en Sant Pau, el arzobispado está representado en los patronatos, ¡sí, como los patronatos de protección de la mujer!, los órganos de gobierno de los hospitales, que ceden ante la presión de la Iglesia Católica y los grupos antiabortistas. Y mientras se niegan a practicar abortos en la pública, derivan estas prácticas a la sanidad privada, convirtiendo un derecho en un privilegio que no todos/as se pueden permitir.
Si en Sanidad la Iglesia Católica ejerce su poder e influencia, en Educación no se queda corta: 2.400 centros concertados y más de 1,5 millones de alumnos/as. En el Estado español seis de cada diez centros concertados pertenecen a la Iglesia, lo que supone, por un lado, que más del 15% del total del sistema educativo está en manos de la Iglesia y, por el otro, que este 60% está financiado con recursos públicos.
Sin duda, la Iglesia sigue siendo un obstáculo para que en los centros educativos se imparta una educación sexual en valores de igualdad y en toda etapa educativa, y eso se apoya en los acuerdos con la Santa Sede de 1979: «A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana».
La violencia física contra las mujeres no cede
A fecha 4 de noviembre son ya 35 las mujeres asesinadas en el Estado español por violencia machista en 2025 y 3 las víctimas mortales de la violencia vicaria. Tristemente, 8 de ellos tenían denuncias previas por maltrato. Asimismo, los datos contabilizan a 104.981 mujeres víctimas de violencia machista y maltrato que viven con protección oficial, de las cuales 1.349 son menores de edad y 54.163 tienen menores a su cargo. Además, en el Estado español se denuncian 14 violaciones y 43 agresiones sexuales diarias. Todos estos datos indican que la violencia machista no solo no retrocedió sino que no paró de aumentar en los últimos años. Frente a los voceros de la ultraderecha que señalan a los migrantes como el verdadero problema, la realidad se impone a su discurso. Todos los datos afirman que la mayoría de agresiones y asesinatos machistas son cometidos por hombres de mediana edad y españoles.
La ultraderecha abandera el retroceso
La imposibilidad para prevenir la violencia machista no es tampoco casualidad, se explica por los planes de precarización y desmantelamiento de los recursos públicos destinados a paliar dicha violencia, insignia de la ultraderecha pero también de partidos como el PP. Son ejemplos el cierre del Centro Municipal de Información a la Mujer de Iznalloz (Granada), el plan para convertir los espacios de igualdad de Madrid en Centros Integrales de Atención a las Mujeres (CIAM), denunciados por la Red municipal contra la violencia machista, el Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga, cerrado desde hace cuatro años o la drástica reducción de fondos de los centros de información a la mujer en Pontevedra, entre otros.
No podemos olvidar el escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía, el reflejo de los estragos de la privatización de la sanidad pública orquestada por la Junta de Andalucía, que firma contratos millonarios con clínicas privadas vinculadas a órdenes religiosas como San Juan de Dios y pone en riesgo nuestra salud, no notificando a las pacientes. Pese a la responsabilidad de Moreno-Bonilla en este despropósito, no podemos dejar de señalar que estos planes de privatización se dan a escala estatal, y que si se puede privatizar la sanidad es porque sigue vigente la Ley 15/97, una ley que el gobierno no está dispuesto a derogar. Seguimos denunciando que recortar en sanidad también es violencia contra las mujeres. Recortar en sanidad MATA.
Además, los discursos reaccionarios de personajes públicos como Vito Quiles y Alvise Pérez, que niegan la violencia machista y la tildan de invento ideológico, se escurren en las redes sociales y se ganan a amplias capas de jóvenes que los ven como rebeldes que se levantan frente al feminismo progre. En realidad, estos personajes representan a quienes defienden que solo se puede ser mujer o hombre de una forma muy concreta y anhelan la vuelta de la feminidad y la masculinidad de la época franquista. En este contexto, la izquierda institucional como Sumar, que abandera los discursos feministas, nos hace un flaco favor a quienes luchamos contra el machismo ya que, por mucha retórica feminista que le echen a sus discursos, se quedan solamente en eso, en discursos.
El poder judicial: un muro de togas frente a los agresores
La triste realidad de este país es que, a pesar de los cientos de campañas del Ministerio de Igualdad contra la violencia machista, a pesar de la Ley del solo Sí es Sí, a pesar de que las mujeres nos hemos movilizado desde hace años en defensa de nuestros derechos y contra la violencia machista, la justicia sigue sin estar de nuestro lado. Hace 9 años que la jueza Carmen Molina preguntaba a una mujer víctima de agresiones sexuales si había cerrado bien las piernas. 7 años desde que el juez Ricardo González vio un “ambiente de jolgorio” en el sometimiento de cinco hombres a una mujer en un portal. 9 meses desde que el juez Carretero le preguntó a Mouliaá si se había bajado las bragas. 8 meses desde que la jueza Aurora Angulo no vio indicio alguno de violencia de género en los más de 90 mensajes intimidatorios y amenazantes a Juana Rivas. Y cinco meses desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza absolvió a Alejandro Míguez, uno de los asesinos de Samuel Luiz. ¡Esto es insoportable! y evidencia que no basta con cambiar las leyes, hace falta depurar los tribunales y la judicatura de jueces y juezas machistas y retrógrados, pues son la herencia viva del franquismo, que sigue anclado en la base del Estado español.
25-N: Para acabar con la violencia machista hay que enfrentar la política de los gobiernos y al sistema que la genera
Este 25 de noviembre viene precedido por una efeméride, los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. En este contexto, el gobierno PSOE-Sumar han usado su campaña para aparecer como el bloque progresista que resiste al avance de la derecha y la ultraderecha, y también para legitimar instituciones como la Casa Real, el poder judicial, el Parlamento y el Senado, instituciones que, lejos de haber roto con todo rastro del franquismo, en los hechos, siguen su estela.
Pese a los discursos y las “buenas intenciones” de gobiernos como el de PSOE-Sumar, sabemos bien que la violencia contra las mujeres y los sectores oprimidos es la cara más cruel del capitalismo y que, por lo tanto, nuestra lucha para erradicarla tiene que ir estrechamente ligada con una lucha más amplia de toda la clase trabajadora para construir una sociedad nueva, libre de toda opresión y explotación.
Para acabar con la violencia contra las mujeres y les oprimides, para acabar con el ascenso de la ultraderecha y para garantizar una ruptura REAL con la dictadura que nos precede, es imprescindible enfrentar a los gobiernos que dicen ser del pueblo pero son la cara amable del capital; es imprescindible que las organizaciones políticas, sindicales y sociales desenmascaremos el Régimen del 78 como lo que es, una herencia del franquismo, y caminemos para construir un movimiento con la clase obrera a la cabeza que haga frente a las agresiones machistas y lgtbifóbicas, al racismo, al genocidio en Palestina, que entre con voz propia y camine para cuestionar el régimen y, esta vez sí, derribarlo.
¡Ni una menos! ¡Recursos para prevenir y combatir la violencia machista!
¡Sigamos movilizándonos para defender nuestros derechos y denunciar la violencia machista, venga de donde venga!
¡Fuera la Iglesia Católica de la Sanidad y la Educación!
¡Aborto libre, seguro y gratuito en la sanidad pública! ¡Fuera jueces y juezas machistas y franquistas!