"Falta voluntad pol铆tica de las autoridades para proteger derecho de las mujeres a una vida sin violencia"
•elmercuriodigital ▫ Louisa Reynolds.- “Papi, ya voy para la casa”. Las 煤ltimas palabras que escuch贸 de su hija obsesionan a Jorge Vel谩squez y las tiene grabadas en la mente. Claudina Isabel Vel谩squez, estudiante de leyes de 19 a帽os, nunca regres贸 a su casa de la fiesta a la que asisti贸 con su novio la noche del 12 de agosto del 2005 en Ciudad de Guatemala.
Claudina llam贸 a sus padres a las 11:45 pm para decir que regresar铆a poco despu茅s de la medianoche. Para las 3 am, cuando no hab铆a regresado, sus padres llamaron a la Polic铆a que les respondi贸 que deb铆an esperar 24 horas antes de denunciar su desaparici贸n.La ma帽ana siguiente recibieron la llamada de un amigo cercano: el cuerpo no identificado de una joven parecida a Claudina se encontraba en la morgue. La v铆ctima hab铆a sido golpeada, violada y recibido un disparo en la cabeza.
Luego que los padres de Claudina identificaran a la joven como su hija, les informaron que expertos forenses ya hab铆an examinado el cuerpo y que pod铆an proceder con el entierro. Sin embargo, para su rabia e incredulidad, investigadores policiales se presentaron durante el velorio para tomar las huellas digitales de la v铆ctima.
Eso marc贸 el inicio de una ineficiente investigaci贸n sobre el crimen. Pasaron 40 d铆as antes que los investigadores entrevistaran a los padres, no lograron ubicar a testigos claves, no se hab铆a registrado los nombres de los agentes que llevaron el cuerpo a la morgue, y las ropas de la v铆ctima no hab铆an sigo guardados como evidencia, entre otros desaciertos.
Una de las principales razones por las que la escena del crimen fue tratada con tan poco rigor, se帽al贸 la familia Vel谩squez, era que el cuerpo de Claudina fue encontrado en un barrio pobre y el hecho de que llevara sandalias y un piercing en el ombligo llev贸 a los investigadores a asumir que era una trabajadora sexual o integrante de una pandilla, “que era responsable de su propia muerte” y que no val铆a la pena investigar el caso —una serie de presunciones profundamente enraizadas en la cultura guatemalteca de violencia de g茅nero usada com煤nmente por las autoridades para justificar su falta de diligencia.
Dos a帽os despu茅s del asesinato de Claudina, la investigaci贸n continuaba estancada, por lo cual sus padres llevaron el caso ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado de Guatemala era acusado de no haber protegido la vida e integridad f铆sica de Claudina y de haber incumplido una serie de tratados y convenciones internacionales que el pa铆s hab铆a ratificado, incluyendo la Convenci贸n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convenci贸n de Bel茅m do Par谩, que establece que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia y que la violencia contra la mujer constituye una violaci贸n a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
La CIDH recomend贸 al Estado completar la investigaci贸n de manera oportuna, juzgar a los responsables y adoptar protocolos para la investigaci贸n de la violencia contra la mujer. En los 煤ltimos a帽os se han dado importantes pasos en t茅rminos de abordar la violencia contra la mujer, incluyendo la creaci贸n de tribunales especiales sobre violencia de g茅nero. Sin embargo, los responsables de la violaci贸n y asesinato de Claudina no han sido llevados ante la justicia, principalmente porque se perdi贸 la evidencia al inicio de la investigaci贸n. Por tanto, en marzo del 2014 la CIDH determin贸 que Guatemala no hab铆a cumplido con sus recomendaciones y envi贸 el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Femicidio y feminicidio
En 1992, la feminista sudafricana Diana Russell, autora del libro Feminicidio: La pol铆tica del homicidio de mujeres, acu帽贸 el t茅rmino “femicidio” para el asesinato de mujeres por motivo de g茅nero, enfatizando que se trata de cr铆menes de odio enraizados en la opresi贸n y violencia patriarcal, y que deber铆an ser tratadas de manera separada de otros homicidios.
Dos a帽os despu茅s, la antrop贸loga mexicana Marcela Lagarde busc贸 adaptar el t茅rmino al contexto latinoamericano donde los asesinatos de mujeres hab铆an alcanzado proporciones epid茅micas. Acu帽贸 el vocablo “feminicidio” para referirse a casos como el de Claudina en los que el Estado es acusado de violar sus obligaciones internacionales y cometer un crimen de lesa humanidad al no investigar los asesinatos por motivo de g茅nero.
“Marcela Lagarde ampl铆a el t茅rmino desarrollado por Russell, incorporando en 茅l las consecuencias de car谩cter pol铆tico de las omisiones y negligencias de las autoridades, hecho que quebranta los principios del Estado de derecho; la falta de voluntad pol铆tica de los Estados para enfrentar la violencia contra las mujeres y la impunidad constituyen un problema de car谩cter estructural que se manifiesta en la ausencia de investigaci贸n y sanci贸n de la mayor铆a de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso de la funci贸n disuasoria y sancionadora del sistema penal y a la consecuente perpetuaci贸n de un contexto de violencia contra la mujer”, explic贸 a Noticias Aliadas Ana Grace Cabrera, experta de ONU Mujer sobre violencia de g茅nero.
Seg煤n Cabrera, tener leyes espec铆ficas que definen el femicidio y/o el feminicidio ayuda a que los perpetradores individuales asuman su culpa y a los Estados a hacerse responsables por esos cr铆menes, aunque se帽ala que a煤n si un pa铆s no tiene una legislaci贸n espec铆fica sobre el tema, igual puede ser procesado por no cumplir con la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (CEDAW), as铆 como la Convenci贸n de Bel茅m do Par谩.
Fallo incumplido
Si la Corte IDH falla en contra de Guatemala en el caso de Claudina Vel谩squez, ser谩 la segunda vez que un pa铆s latinoamericano es sancionado por no proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En el 2009, el tribunal encontr贸 culpable a M茅xico por negar justicia a Claudia Gonz谩lez (20), Esmeralda Herrera (15) y Berenice Ramos (17), cuyos cuerpos fueron encontrados junto a los de otras cinco mujeres en noviembre del 2001 en un lugar conocido como Campo Algodonero en las afueras de Ciudad Ju谩rez, ciudad industrial en la frontera con EEUU plagada de violencia.
El Estado mexicano fue considerado responsable por “la falta de medidas de protecci贸n a las v铆ctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevenci贸n de estos cr铆menes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patr贸n de violencia de g茅nero que hab铆a dejado centenares de mujeres y ni帽as asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparici贸n (…); la falta de debida diligencia en la investigaci贸n de los asesinatos (…), as铆 como la denegaci贸n de justicia y la falta de reparaci贸n adecuada”.
La Corte IDH orden贸 a las autoridades mexicanas investigar los cr铆menes, llevar a cabo una ceremonia para pedir perd贸n por las muertes, construir un monumento para las tres j贸venes en Ciudad Ju谩rez y capacitar a la Polic铆a en derechos humanos y violencia de g茅nero. Tambi茅n dispuso la creaci贸n de un sitio web sobre las mujeres y ni帽as asesinadas desde 1993 en Ciudad Ju谩rez, intensificar los esfuerzos para encontrar a las mujeres desaparecidas e investigar las amenazas de muerte y acoso contra sus familiares.
Sin embargo, la 煤nica acci贸n realizada por el gobierno hasta el momento ha sido la publicaci贸n del fallo en el diario oficial y en un diario de circulaci贸n nacional. —Noticias Aliadas.