ESPA脩A-COLOMBIA - Con motivo de la visita a Espa帽a del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Amnist铆a Internacional recuerda que no habr谩 una paz duradera si la justicia y los derechos humanos no forman parte del proceso
•elmercuriodigital ▫ Amnist铆a Internacional se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Y al Jefe del Estado, Felipe VI, para hacerle llegar sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia, con motivo de la visita que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, realiza este lunes 3 de noviembre a Espa帽a, en el marco de una visita a varios pa铆ses europeos como Alemania, Reino Unido, Portugal, B茅lgica y Francia para solicitar apoyo en el proceso de paz. Asimismo, en el marco de las relaciones econ贸micas de Espa帽a en Colombia, la organizaci贸n se ha puesto en contacto con empresas espa帽olas que tienen inversiones en el pa铆s para que tambi茅n tengan en cuenta estas recomendaciones.La organizaci贸n es consciente de que las actuales conversaciones de paz en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en las que tambi茅n podr铆a participar el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN) son la mejor oportunidad para la paz presentada en m谩s de diez a帽os. Sin embargo, aunque ambas partes reconocen su responsabilidad en los abusos, la declaraci贸n conjunta emitida el pasado 7 de junio, no contiene ning煤n compromiso para llevar ante la justicia a dichos responsables. Algunas medidas legislativas que garantizar谩n la impunidad para las personas responsables de violaciones de derechos humanos, como la ampliaci贸n del Fuero Militar, o la situaci贸n de riesgo en la que viven cientos de defensores y defensoras de derechos humanos son las principales preocupaciones para Amnist铆a Internacional, que insiste en que todav铆a no se puede hablar de “postconflicto” en el pa铆s. En algunos aspectos las consecuencias del conflicto en la actualidad siguen siendo igual de graves y, en algunas regiones, incluso mayores, como en el caso de la ciudad portuaria de Buenaventura, donde las comunidades de afrodescendientes y quienes las defienden han sido v铆ctimas de una creciente ola de violencia a manos de paramilitares, a pesar de la fuerte presencia policial y militar en la zona.
A lo largo de los 煤ltimos a帽os, el gobierno colombiano, respaldado por un poderoso grupo de presi贸n de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad, est谩 promoviendo una serie de iniciativas legislativas para ampliar el sistema de justicia militar. En ese sentido, AI muestra su preocupaci贸n por los intentos del gobierno de reforzar dicho sistema, permitiendo que las fuerzas de seguridad responsables de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales y cr铆menes sexuales, sean investigadas en tribunales militares, en lugar de civiles. Este hecho podr铆a acrecentar la impunidad existente: el sistema de justicia militar en el pa铆s ha fallado constantemente a la hora de hacer justicia.
Otras de esas iniciativas ya est谩n aprobadas, como el C贸digo Penal Militar, que se mantiene desde agosto de 2010 y que contiene disposiciones que garantizan igualmente que muchos casos de violaciones de derechos humanos permanezcan en el sistema de justicia militar. El gobierno colombiano ha respaldado tambi茅n otras medidas recientes, como el Marco Legal para la Paz y la reforma de la Ley de Justicia y Paz, que podr铆a permitir que los autores -militares, guerrilleros y paramilitares- de abusos contra los derechos humanos eludieran la acci贸n de la justicia. Por ejemplo, hasta abril de 2014 s贸lo 22 paramilitares de los 30.000 que han dejado las armas han sido condenados.
Adem谩s, el gobierno contin煤a insistiendo en que ya no hay grupos paramilitares tras el proceso de desmovilizaci贸n patrocinado por el gobierno que comenz贸 en 2005. Esto no es cierto. Los grupos paramilitares siguen atacando a la poblaci贸n civil. El gobierno los llama ahora bandas criminales (bacrim), y afirma que se trata de delincuentes comunes. Sin embargo, el modus operandi y las v铆ctimas de estos grupos coinciden extraordinariamente con los de los grupos paramilitares antes de la desmovilizaci贸n. Los informes sugieren que muchos de estos grupos "post-desmovilizaci贸n" est谩n dirigidos por mandos intermedios de los grupos paramilitares antes de la desmovilizaci贸n. Tambi茅n hay que subrayar que muchas de sus actuaciones se realizan en connivencia con las fuerzas de seguridad.
Defensores en peligro
Las amenazas y los asesinatos de quienes defienden las tierras, de los periodistas y de los activistas pol铆ticos siguen siendo una realidad en Colombia. Amnist铆a Internacional, que ha pedido al gobierno colombiano que ponga fin a esta situaci贸n,ha denunciado que al menos 80 defensores y defensoras, activistas pol铆ticos y periodistas, recibieron amenazas de muerte en el D铆a de los Derechos Humanos, que se celebra el 9 de septiembre, y otros 100 de ellos durante este mes de octubre, entre los que se encuentran Jos茅 Aristaz谩bal y Fernando Hern谩ndez Valencia, quienes fueron acogidos al programa de protecci贸n temporal de defensores de Amnist铆a Internacional Espa帽a y que acababa de regresar a su pa铆s despu茅s de una d茅cada de exilio. Adem谩s, la ONG Somos Defensores inform贸 tambi茅n de que en los seis primeros meses de 2014, unos 30 defensores fueron v铆ctimas de homicidio. Otros 70 lo fueron en 2013.
Exportaciones de armas
En 2012 y 2013, el Gobierno espa帽ol autoriz贸 exportaciones de armas a Colombia por importe de 76 millones de euros y realiz贸 exportaciones de armas por importe de 68 millones de euros. En un dilatado conflicto en el que todas las partes implicadas, son responsables de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, los aviones de transporte, la munici贸n de artiller铆a y obuses son susceptibles de ser utilizados para cometer o facilitar la comisi贸n de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Amnist铆a Internacional conf铆a en que tanto el Rey como el presidente espa帽ol transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situaci贸n de derechos humanos en Colombia. 脡stas son las recomendaciones que la organizaci贸n les ha trasladado:
 |
| Ind铆genas se enfrentan a la polic铆a antidisturbios durante una protesta en la carretera Panamericana, en Mondomo, departamento del Cauca, Colombia AFP PHOTO / Luis ROBAYO (Photo credit should read LUIS ROBAYO / AFP / Getty Images) |
Pida al Presidente Santos que garantice que los casos de violaciones de derechos humanos se mantienen en los tribunales civiles y no son transferidos al sistema de justicia militar, y que el gobierno colombiano se abstenga de seguir intentando reforzar el sistema de justicia militar, ya que estas acciones ser铆an contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obligaci贸n internacional del Estado de Colombia de poner fin a los abusos y violaciones de derechos humanos y las reiteradas recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Condene p煤blicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los actores armados en el conflicto, y apoye de forma p煤blica la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, activistas y l铆deres de las comunidades de ind铆genas, afrodescendientes y campesinos, y de personas involucradas en campa帽as en favor de la restituci贸n de tierras que han sido amenazados y, muchos de ellos, han fallecido en el ejercicio de su activismo.
Pida al Presidente Santos el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de forma reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques, poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los v铆nculos que mantienen con las fuerzas de seguridad.
Respecto al tema de las exportaciones de material de defensa, el gobierno espa帽ol deber铆a facilitar informaci贸n detallada el tipo de productos y las unidades militares concretas usuarias finales del material exportado; proporcionar informaci贸n detallada sobre el proceso de evaluaci贸n del riesgo de uso indebido de las armas exportadas y las garant铆as y mecanismos adoptados para mitigarlo; e informar a la Comisi贸n de Defensa del Congreso sobre el seguimiento que hace sobre el terreno del uso final del material exportado.
Amnist铆a Internacional ha seguido de cerca la situaci贸n del pa铆s, inmerso en un conflicto desde hace casi cinco d茅cadas y ha publicado numerosos informes basados en investigaciones sobre terreno, que denuncian que, aunque ha habido avances, todav铆a queda mucho camino por recorrer.
Seg煤n el informe “¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad”, publicado en 2013 por el gubernamental Centro Nacional de Memoria Hist贸rica de Colombia, entre 1985 2012 ha habido casi 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, el 80% de ellos v铆ctimas civiles, y al menos 25.000 despariciones forzadas. Casi seis millones de personas han sido desplazadas entre esos a帽os. Asimismo, un total de 27.000 personas fueron secuestradas entre 1970 y 2010. Las comunidades ind铆genas, campesinas y afrodescendientes son las peor paradas. Tambi茅n las mujeres y las ni帽as, v铆ctimas adem谩s de violencia sexual. Aunque se cree que el n煤mero podr铆a ser mayor, m谩s de 1.700 mujeres y ni帽as han sido v铆ctimas de violencia sexual a causa del conflicto entre 1985 y 2012.
Amnist铆a Internacional considera que aunque se han dado pasos importantes para conseguir la paz en el pa铆s, es muy importante que este proceso se lleve a cabo con justicia. Por eso, la organizaci贸n ha instado a la Uni贸n Europea a comprometerse con Colombia en un momento tan crucial como 茅ste haciendo del respeto de los derechos humanos el requisito previo para todas las negociaciones, y asegurando que la sociedad civil tiene el espacio necesario para participar en el proceso y que cualquier acuerdo firmado es sostenible.