La Secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ha afirmado que las cifras de siniestralidad laboral del último año “son intolerables. Han disminuido por la crisis, ya que la mayoría de accidentes laborales mortales se daban en el sector de la construcción”, actividad que ha sufrido un fuerte descenso con motivo de la actual situación económica, pero, “aún así, las cifras son inaceptables”.
En este sentido, ha asegurado que, desde las organizaciones sindicales, “vamos a perseguir a todos los empresarios que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, y queremos que se sienten en el banquillo y que se depuren las responsabilidades hasta el final”.
Marisa Rufino ha realizado estas declaraciones tras la reunión de UGT y CCOO con el Fiscal de Sala y Coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña Navarro, para analizar los últimos datos de siniestralidad laboral con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará mañana 28 de abril.
La Secretaria de Salud Laboral de UGT ha valorado la reunión como “positiva” porque “los convenios de colaboración firmados con la Fiscalía evolucionan en este sentido, no solamente a nivel de accidentes profesionales, sino también en los delitos de riesgo, que previenen estos accidentes”.
En este sentido, el Fiscal de Sala y Coordinador de Siniestralidad Laboral ha señalado que, durante el año 2010, “se formularon 33 delitos de acusación, dentro de los delitos de riesgo sin accidente lesivo (cuando lo habitual es que no hubiera ninguna causa) y 30 sentencias dictadas por el juzgado de lo penal, 18 de ellas condenatorias”, además de aumentar, en cinco años, más de 500 escritos de acusación del Ministerio Fiscal.
Con unas cifras de 1.400.000 accidentes de trabajo el pasado año, de los cuales 737 acabaron en muerte, y con más de 16.000 enfermedades derivadas de la actividad laboral, este 28 de abril “conmemoramos también el recuerdo a todos estos trabajadores que han fallecido o han tenido un accidente de trabajo. Tenemos una deuda social con ellos, ya que no tienen todo el apoyo necesario cuando sufren un accidente de trabajo de cara a su posterior recuperación, rehabilitación y ayuda psicológica y jurídica”.
Por ello, Marisa Rufino ha considerado necesaria una “mayor vigilancia y control del cumplimiento de la norma y una mayor formación interna, ya que el 40% de empresas no forman a sus trabajadores en materia de prevención”.
Además, ha demandado una mayor especialización de jueces y una mayor agilización en los procesos judiciales, ya que “no pueden pasar cinco años desde que produce el accidente profesional hasta que se dicta la sentencia”, y ha reclamado una mayor concienciación y sensibilización social, porque los accidentes laborales “hay que equipararlos al nivel de los accidentes de tráfico, de cara a la sensibilización social, o incluso a la violencia de género”.
En este sentido, ha asegurado que, desde las organizaciones sindicales, “vamos a perseguir a todos los empresarios que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, y queremos que se sienten en el banquillo y que se depuren las responsabilidades hasta el final”.
Marisa Rufino ha realizado estas declaraciones tras la reunión de UGT y CCOO con el Fiscal de Sala y Coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña Navarro, para analizar los últimos datos de siniestralidad laboral con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará mañana 28 de abril.
La Secretaria de Salud Laboral de UGT ha valorado la reunión como “positiva” porque “los convenios de colaboración firmados con la Fiscalía evolucionan en este sentido, no solamente a nivel de accidentes profesionales, sino también en los delitos de riesgo, que previenen estos accidentes”.
En este sentido, el Fiscal de Sala y Coordinador de Siniestralidad Laboral ha señalado que, durante el año 2010, “se formularon 33 delitos de acusación, dentro de los delitos de riesgo sin accidente lesivo (cuando lo habitual es que no hubiera ninguna causa) y 30 sentencias dictadas por el juzgado de lo penal, 18 de ellas condenatorias”, además de aumentar, en cinco años, más de 500 escritos de acusación del Ministerio Fiscal.
Con unas cifras de 1.400.000 accidentes de trabajo el pasado año, de los cuales 737 acabaron en muerte, y con más de 16.000 enfermedades derivadas de la actividad laboral, este 28 de abril “conmemoramos también el recuerdo a todos estos trabajadores que han fallecido o han tenido un accidente de trabajo. Tenemos una deuda social con ellos, ya que no tienen todo el apoyo necesario cuando sufren un accidente de trabajo de cara a su posterior recuperación, rehabilitación y ayuda psicológica y jurídica”.
Por ello, Marisa Rufino ha considerado necesaria una “mayor vigilancia y control del cumplimiento de la norma y una mayor formación interna, ya que el 40% de empresas no forman a sus trabajadores en materia de prevención”.
Además, ha demandado una mayor especialización de jueces y una mayor agilización en los procesos judiciales, ya que “no pueden pasar cinco años desde que produce el accidente profesional hasta que se dicta la sentencia”, y ha reclamado una mayor concienciación y sensibilización social, porque los accidentes laborales “hay que equipararlos al nivel de los accidentes de tráfico, de cara a la sensibilización social, o incluso a la violencia de género”.
