18/7/12

La Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos rechaza los recortes

La Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, compuesta por 55 asociaciones, RECHAZA el nuevo Plan de recortes aprobado por el gobierno de Rajoy, porque supone una agresión sin precedentes a la democracia, a las personas y a sus derechos, y llama al conjunto de la ciudadanía y trabajadores a manifestarse el próximo día 19 de julio para exigir políticas sociales y económicas más justas, al servicio de las personas y del interés general.

La Plataforma social rechaza el Plan de recortes por ser una agresión brutal a las personas, a la economía y a la democracia, por ser medidas netamente antisociales e injustas. Se vuelve a eximir de responsabilidades y compromisos al sector financiero, al sector empresarial y a las rentas más altas de este país, mientras se carga contra las personas en paro, pensionistas, personas con dependencia, enfermos, empleadas y empleados públicos, trabajadores y ciudadanía en general, reduciendo derechos y prestaciones sociales. La imposición de estas reformas sociales y laborales acelera el desmantelamiento del Estado de Bienestar y quiebran el pacto constitucional, los fundamentos que hicieron posible la Constitución, y la propia democracia.
Desde el primer día, el Gobierno Rajoy, sumiso y entregado a los mercados, no ha parado de decretar recortes, de despreciar la negociación, el consenso y el diálogo social. Un diálogo social que ha sido una herramienta muy valiosa para defender el Estado de bienestar y el equilibrio de las relaciones laborales. Ha gobernado a golpe de decreto y no ha parado imponer recortes a los derechos de la ciudadanía y los trabajadores. El decretazo publicado en el BOE el pasado 14 de julio constituye un gravísimo ataque a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, que merece una rotunda y masiva respuesta social.
Estas medidas vienen a sumarse a una reforma laboral que vulnera el acuerdo de negociación colectiva, recorta derechos y facilita aún más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero esta sigue estancada y la recesión más fuerte que nunca. “Con estas medidas, la economía se agravará y el paro superará a finales de 2012, los seis millones de personas”.
Denunciamos el camino elegido por el Gobierno, y compartido por la UE, que es el de la confrontación sin límites, el de la demolición del Estado social y de las políticas públicas. Una espiral de recortes y agresiones que presenta un día después de reunirse con los principales empresarios y banqueros del país, y tras rescates millonarios a las entidades financieras, a las que ha concedido cantidades ingentes de dinero público.
Las medidas aprobadas por el Gobierno quieren arruinar el país. El esfuerzo que se exige es desigual e injusto:
 A las entidades financieras se les inyecta 100.000 millones de euros, mientras se les niega a las cuencas mineras 200 millones para su reactivación contemplados en el Plan del Carbón.
 Se reduce la tributación a las rentas más altas y a las rentas del capital y se produce una amplia y generosa amnistía fiscal; se sube espectacularmente el IVA, poniendo en riesgo la evolución del consumo; se sube el recibo de la luz; se castiga a los jóvenes, uno de los colectivos más perjudicados, reduciéndoles la Renta Básica de Emancipación; se rebajan las prestaciones por desempleo; se hurta la paga de Navidad de 2012 de las empleadas y empleados públicos.
 Se incrementa el copago en farmacia, en educación y en dependencia y se recortan las prestaciones sociales. Se paraliza la implantación del Sistema de atención a la Dependencia que dejará a cientos de miles de personas sin protección, y se destruirán miles de empleos públicos.
 Anuncia ajustes inmediatos en el sistema público de pensiones, pero, al mismo tiempo, se bajan las cotizaciones sociales a los empresarios. Esto significa que en 2013 y 2014, la reducción de cotizaciones sociales privará al Estado de ingresar cerca de 8.000 millones de euros, lo que pone en peligro el sistema público de pensiones, justo cuando se anuncia una revisión para garantizar su viabilidad futura.
 Se desmantelan las empresas públicas.
Estos recortes vienen a sumarse a los ya realizados sobre otros derechos sociales como la sanidad, la educación, la vivienda, la justicia…, que a su vez se han visto reducidos y afectados seriamente por el incremento de tasas y fórmulas de repago y privatización, vulnerando los principios de universalidad, suficiencia e igualdad de acceso y cobertura que deben garantizar los servicios públicos.
La destrucción de miles de empleos públicos se traducirá, como ya viene sucediendo, en menos prestación de servicios públicos esenciales, con el único objetivo de aprovechar la crisis para imponer su modelo ideológico, que no es otro que mercantilizar las necesidades sociales y el desmantelamiento de los Servicios Públicos y el Estado de Bienestar.
Argumentan que las medidas son inevitables. NO ES CIERTO. HAY ALTERNATIVAS.
La Plataforma se ratifica en que otras políticas para salir de la crisis son posibles. El balance entre ingresos y gastos no se puede ajustar únicamente reduciendo los gastos, porque cada medida que se toma debilita la economía y el consumo, y por tanto, reduce los ingresos, lo que lleva al Gobierno a decretar nuevos recortes que volverán a provocar menos ingresos. Un círculo vicioso al que más pronto que tarde hay que poner fin. A ello se suman las políticas que ponen el déficit público por encima de las personas y el pago de la mal llamada deuda pública y que en realidad, no es sino un gran negocio de la banca privada Europea en general y alemana en particular.
La crisis no puede llevarse por delante el futuro, no puede sumir a la población en la regresión social y en el empobrecimiento. El Gobierno se ha sacado de la manga un programa oculto con el que no acudió a las elecciones y ha engañado a la ciudadanía. A este paso el Estado, como redistribuidor de riqueza, queda reducido a su mínima expresión. El bienestar es algo a eliminar en Europa y cuenta con demasiadas complicidades. La crisis no puede llevarse por delante nuestro futuro y el de nuestros hijos. La lucha y la rebelión, el sí podemos, está al alcance de nuestras manos.
HAY QUE PARARLO. Y por eso realizamos un llamamiento a todos los ciudadanos a mostrar en la calle el rechazo de la sociedad a las políticas del Gobierno y su empeño por empequeñecer la democracia, anular el estado de bienestar y suprimir los servicios públicos.
La convocatoria del día 19 de julio será un paso más para la Plataforma social, antes de la convocatoria de futuras movilizaciones y actuaciones, si no hay rectificación por parte del Gobierno.
El movimiento sindical ha respondido con firmeza a estas medidas. En la función pública han salido a la calle nada más conocer la tropelía del Gobierno, y prepara acciones de mayor alcance. Y en el ámbito confederal se trabaja, a partir de una amplia red de convergencia social, sindical y cultural, por activar diversas iniciativas de movilización con carácter permanente, también en julio y agosto, que después del verano podrían concretarse en convocatorias generales más ambiciosas, contundentes y acordes a la gravedad de los recortes aprobados.
Sobran los motivos para una masiva movilización ciudadana contra los recortes sociales y laborales. En defensa de nuestros derechos, en defensa de los servicios públicos, en defensa del Estado de bienestar. Todos y todas a la calle el día 19.

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