Desaparecidos, secuestrados, explotados o simplemente
humillados. Este parece ser el destino de miles de niños, niñas, adolescentes y
mujeres jóvenes cuando han caído en las redes de tratantes y traficantes de
personas. La esclavitud del siglo XXI tiene una expresión clara: la crisis
estatal y la imposibilidad institucional para enfrentar este problema dentro de
las actuales democracias. Si bien la defensa de los derechos humanos al
interior de un sistema democrático representa un hecho elemental, hoy día esto
puede parecer ilusorio al haberse desarrollado una serie de amenazas que
destruyen casi por completo la seguridad de los ciudadanos. En algunos casos,
se atenta contra la integridad física de cualquier individuo debido a la
creciente ola de criminalidad en todo el país y, en otras situaciones,
sencillamente la administración de la justicia se muestra incapaz en el momento
de hacer respetar las leyes. Éste es uno de los factores más preocupantes al
evidenciarse que el Estado boliviano en su conjunto, atraviesa por una crisis
estructural donde las relaciones entre la aplicación de las normas, el
funcionamiento de la policía, la corrupción y los obstáculos institucionales
que retardan la justicia en Bolivia, se encuentran en decadencia.
Si bien el ordenamiento jurídico intenta adaptarse
constantemente a una realidad cambiante y ha tratado de modernizarse en
diferentes momentos a lo largo de la historia del sistema democrático entre
1982 y 2013, las brechas entre lo establecido por la ley y diversas formas que
impiden su obediencia son sumamente grandes. Una cosa es lo que está prescrito
en el derecho y otra, muy diferente, es lo que el Estado puede hacer desde sus
instituciones en materia de ejercicio del poder político para castigar una
serie de delitos. En Bolivia persiste un vacío de autoridad estatal al tratar
de imponer el orden del Estado de Derecho;
además, la sociedad civil se acomodó, de una manera muy lamentable a la
vejación de sus derechos humanos y a la ausencia de eficacia estatal para
preservar el orden social. Es como si cualquier ciudadano estuviera
acostumbrado a pensar que la injusticia predomine, además de actuar con total
indiferencia cuando es testigo de diferentes hechos delincuenciales.
Una de las expresiones más claras de violación a los
derechos humanos dentro de la democracia en Bolivia es la trata y tráfico de personas. Es por esto que llama la atención y,
al mismo tiempo, indigna la difusión de fotografías de niños y jóvenes
desaparecidos a través de los diferentes medios de comunicación y las mismas
calles en toda Bolivia. Estas fotos marcan una crisis de los derechos humanos
en el país, junto con la aparición de diversas situaciones de violencia
estructural en los ámbitos urbanos. El tráfico con fines de explotación sexual
es lo que determina al crimen organizado en el siglo XXI a lo largo de las
Américas y Europa occidental, creándose de esta manera un nuevo tipo de
aceptación social muy proclive a la legitimación de la prostitución como
negocio global.
Muchos de los casos de trata tienen como origen
algunos conflictos dentro del seno familiar pero gran parte de las denuncias
sobre jóvenes desparecidos, permanecen en la incertidumbre y a la espera de una
intervención efectiva por parte de la policía que, en varias circunstancias,
posterga e inclusive obstaculiza las investigaciones judiciales. El aumento de
la prostitución como negocio urbano floreciente, junto con la persistencia de
una serie de secuestros y abusos para la explotación laboral, indica la
urgencia de responder eficazmente a la trata de personas. En el terreno
internacional, la trata es parte de algunas redes continentales del crimen
organizado, lo cual dificulta todavía más las investigaciones transnacionales,
así como la formulación de políticas públicas eficaces para ejecutar un control
más drástico entre diferentes países.
La trata de personas fue convirtiéndose en un símbolo
que representa el deterioro cosificado de los derechos humanos en Bolivia. Esto
significa que cualquier delincuente relacionado con la venta de personas, el
ejercicio del proxenetismo o los hombres que buscan su satisfacción sexual
aprovechándose de la trata, han reducido toda consideración humana al estatus
de una cosa u objeto que puede ser comerciado en el mercado, no solamente como
una mercancía más, sino con el aditamento de evitar que la ley y el accionar
del Estado protejan los derechos de las víctimas de este delito. La trata de
personas es un delito de discriminación y contiene varios aspectos pero,
básicamente, se refiere a la comercialización de los seres humanos, ya sean
hombres, mujeres o niños donde se evidencia una sistemática crueldad con
diferentes tipos de violencia. En varias situaciones, dicha comercialización
abre el paso para tratar de desbaratar diferentes mecanismos de trata, desde la
captación de personas hasta el transporte, acogida o recepción de las víctimas.
Prácticamente todos los fenómenos de trata y tráfico
humano afectan particularmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres
jóvenes, aproximadamente entre los ocho y veinticinco años de edad,
transformándolos en objetos de lo indigno. La degradación sexual a la que son
sometidas las víctimas es, de hecho, una cosificación
y los engaños para la esclavitud laboral les quita todo valor como personas con
un derecho mínimo a condiciones de vida favorables, sujetas a un salario que
sea el reconocimiento del valor de su trabajo. Estas condiciones verifican la
violación sistemática de los derechos humanos, junto con el mantenimiento de
diversas formas de servidumbre.
La trata de personas expresa, simultáneamente, una
profunda crisis institucional y
problemas de credibilidad existentes en organismos representativos como el
Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
(APDHB), que tampoco actúan clara y oportunamente para responder a los casos de
desapariciones, las cuales van multiplicándose de manera incesante. La trata y
tráfico cosifica a cualquier ser humano,
perdiéndose de vista o destruyéndose el reconocimiento previo de su calidad
como personas. La cosificación de los
ciudadanos significa la negación misma de su situación como seres humanos.
El
nudo central del problema para comprender la trata y tráfico de personas en
Bolivia, reside en la incapacidad
institucional del Estado al efectivizar el cumplimiento de la ley, lo cual
reproduce actividades delincuenciales que operan con violencia estructural; ésta es causada por un
conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas, que no satisfacen
las necesidades individuales para el ejercicio de derechos y responsabilidades. Si
bien existe una ley integral aprobada
en julio del año 2012, con antecedentes que se remiten a 2006, ni la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ni el Ministerio Público pueden llevar
adelante investigaciones constantes que aseguren la recuperación de las
víctimas, la reparación de daños en caso de procesar a los delincuentes, ni
tampoco prever futuras acciones para evitar el surgimiento de otros casos que
conectan la trata de personas con la explotación sexual y diferentes trabajos
forzosos.
Los graves problemas estatales en Bolivia,
caracterizados por una desinstitucionalización
que estimula la comisión de varios delitos, apuntan principalmente a la pérdida de autoridad política e ideológica
para conducir adecuadamente la defensa de los derechos humanos fundamentales,
como por ejemplo, el derecho a la vida y las libertades de los ciudadanos. La desinstitucionalización, en el asunto de
esta investigación, representa una completa incapacidad para regular el orden
social-legal mediante la interpretación y uso efectivo de las leyes, de manera
que irrumpen múltiples procesos de indefensión, terminando por destruirse
diferentes estructuras de integración social y confianza en el derecho positivo.
El hecho de que prosigan varias formas de linchamiento en Bolivia, abusando
inclusive de algunas personas inocentes que fueron confundidas con ladrones o
malhechores, da pábulo a que los ciudadanos desconfíen de cualquier patrón de
justicia.
De manera directa, entendemos por desinstitucionalización la acelerada pérdida de respeto por las normas
básicas que están establecidas en el derecho vigente de un país y la
descomposición de las reglas de funcionamiento interno para cualquier institución. Si se pierde el respeto por las
normas, entonces la violación de éstas es un rasgo permanente que termina por
instaurar la arbitrariedad como código de conducta en la vida cotidiana. Todos
se aprovechan y alteran las reglas de convivencia, se atacan mutuamente y
resuelven cualquier conflicto de intereses o agresiones de manera unilateral,
sesgada y directa, sin la participación de las autoridades policiales, judiciales o estatales en general. La desinstitucionalización es la prueba más
clara de desorden e injusticias constantes que cualquier persona puede cometer en contra de otra, o ser también afectada por la misma arbitrariedad de aquellos que son más
fuertes, influyentes o avezados. En síntesis, la desinstitucionalización sirve para sacar ventaja del incumplimiento
de las normas, practicar la llamada viveza criolla,
al intentar resolver una serie de problemas y
manipular las instituciones para fines estrictamente particulares. Es, además,
la consecuencia inmediata del Estado anómico.
Asimismo,
los hechos de violencia contra las mujeres quedan constantemente impunes. A pesar de existir una ley para evitar la violencia hacia las mujeres, en
Bolivia todo cambio es demasiado lento porque aún persisten formas extremas de
feminicidio. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz son las metrópolis más
agresivas contra las mujeres por parte de sus cónyuges o concubinos; por lo
tanto, la ley no hizo más que poner en marcha publicidad política, sin
profundizar en cómo incidir en las estructuras profundas de una cultura
patriarcal que menosprecia constantemente a la mujer como ser humano. En
Bolivia, tiene lugar un feminicidio cada tres días, una de las cifras más altas
en América Latina. Estos delitos violentos son pruebas evidentes sobre
la ineficacia estatal para hacer respetar el conjunto de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política. En consecuencia, la
sociedad es víctima de la anomia, es
decir, de una casi completa ausencia de reglas claras de conducta, orientación
y esquemas de integración que dan como resultado una explosión de conductas
desviadas, las cuales ponen en vilo la seguridad personal de los ciudadanos,
aún cuando exista un régimen democrático donde se pregone la preponderancia del
Estado de Derecho.
De
manera central, la trata y tráfico hacen que la desinstitucionalización adquiera un perfil especial porque el
negocio ilegal de servidumbre humana y vejación de derechos, ha impulsado una
lógica mercantil donde la prostitución en las principales capitales de Bolivia
como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, está ampliamente difundida y aceptada en
la conciencia colectiva de la sociedad civil. Al legitimarse la prostitución,
se genera un caldo de cultivo ideal para la trata de personas que funciona sin
muchas limitaciones, además de aprovechar la indiferencia existente por parte
de las autoridades judiciales y policiales.
La
trata y tráfico de personas es una de las representaciones más claras de
distintas disfunciones en el sistema democrático. La defensa de los derechos
humanos de aquellos ciudadanos sometidos a la explotación sexual y laboral se
torna en un esfuerzo débil, ambiguo y contradictorio. Por una parte, se
diseminan diferentes estereotipos, como por ejemplo, los ideales de éxito
inmediato y dinero fácil que los tratantes difunden para engañar a sus
víctimas, sobre todo menores de edad. De esta manera, la prostitución de niñas
y niños en el país tiene connotaciones que se identifica con actividades de sobrevivencia, pero que cuando se
vincula con la trata de personas, los niños o menores son reducidos a objetos
de placer, manipulación y burla que la misma sociedad no puede contrarrestar.
En entrevistas con familiares de niños desparecidos, se recalcaba
constantemente que la pobreza y falta de ingresos, aparentemente habría impulsado
a las víctimas a recurrir a cualquier estrategia que, probablemente, atrajo la
atención de tratantes.
Por
otra parte, el aprovecharse de las condiciones de pobreza, destrucción familiar
y marginalidad, hace que los contactos entre los clientes y las menores
prostituidas tengan la forma de relaciones
de mercado, de lo cual las niñas son las víctimas. La trata de seres
humanos, en consecuencia, es una miserable actividad de supervivencia que
refuerza la exclusión, discriminación y desórdenes sociales mayores. Los
menores son prostituidos como un juego de la calle que en Bolivia empieza a ser
considerado inevitable o de baja calaña,
dadas las condiciones de crisis económica, moral y familiar.
La desinstitucionalización también marca el
nacimiento de un modelo de comportamiento inestable y socialmente amenazador
que se halla imposibilitado de poner en funcionamiento la legalidad y la fuerza
política del Estado como conjunto de instituciones organizadas. La fuente
básica de dicha inestabilidad es la imposibilidad de generar compromisos
sociales. En la trata y tráfico de seres humanos, algunas víctimas que
escaparon al suplicio de la prostitución y otros familiares cuyas hijas o hijos
aún están perdidos, afirman de manera contundente que ni el Defensor del Pueblo,
ni la Fiscalía, las Defensorías de la Niñez, u otras organizaciones pro
derechos humanos, han manifestado un compromiso abierto y real para solucionar
punitivamente el delito.
Si bien la mayoría de lo que hacemos en la vida
cotidiana debería estar regulado por las leyes, cuando las conductas colectivas
se enfrentan a la violencia y el tráfico de personas, las instituciones que por
mandato están obligadas a defender los derechos humanos dejan de trabajar como
redes de protección y previsión. Esto destroza la protección estatal y la
ciudadanía no se siente resguardada.
En Bolivia, la protección de los
derechos humanos está desinstitucionalizándose aceleradamente y se ha
distorsionado al mismo tiempo todo objetivo de respeto básico a las garantías
fundamentales de libertad y reproducción de la vida; por lo tanto, la trata y
tráfico de personas arruina el normal funcionamiento de los patrones
predecibles de administración de justicia, especialmente en la defensa de los
derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres entre ocho y veinticinco
años de edad.
La característica principal de dicha
distorsión se concentra en las pautas de comportamiento de parte de la Policía
Boliviana y el Ministerio Público, instituciones encargadas de sancionar
drásticamente los delitos de trata de personas. Tanto el accionar de los
policías como de los jueces responsables de aplicar la ley, dan lugar a
conductas anómalas y abusivas que amplifican la inseguridad de las víctimas de
la trata y tráfico. Si bien la institucionalidad democrática supone el
ejercicio pleno de las garantías constitucionales, en la
desinstitucionalización dominan las normas ilegítimas y autoritarias,
posibilitándose la declinación, degradación y posterior desaparición de los
Derechos Humanos.
Actualmente se constata un grupo de problemas institucionales, resaltando la
politización surgida al interior del Defensor del Pueblo y la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Si bien estas instituciones
tienen un largo trabajo, éste no siempre se caracterizó por la calidad pues
existen indicios donde el activismo a favor de los derechos humanos ha sido
suplantado por rasgos clientelares, con el objetivo de ganar un espacio de
trabajo en el Estado o expresar posiciones ideológicas alineadas alrededor de
partidos políticos y ciertos liderazgos, juzgados como la expresión de una
opción revolucionaria o progresista.
El
fenómeno de la trata en las ciudades del eje central de Bolivia: La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, presenta un conjunto de fronteras movibles que mezclan
el comercio de los seres humanos con la prostitución
como nueva legitimidad social, admitiendo el ejercicio de la ilegalidad,
junto a la delincuencia ligada a los abusos sexuales abiertamente consentidos.
Esto hace muy difícil toda campaña o acciones para salvaguardar los derechos
humanos desde las organizaciones públicas y civiles que tratan de combatir la
discriminación y las injusticias cometidas por el tráfico de mujeres jóvenes,
niños y niñas.
En
Bolivia deben replantearse algunas propuestas concretas de política pública
para mitigar los problemas de trata de personas que ahondan constantemente los
lados más oscuros y endebles de la democracia. Se necesita identificar las
mejores formas que hagan posible devolver credibilidad y efectividad, tanto al
Ministerio de Justicia, la Policía Boliviana, el Defensor del Pueblo, como a la
APDHB. El hecho de persistir un mal funcionamiento institucional que
obstaculiza el cumplimiento de los objetivos centrales para los cuales fueron
fundadas aquellas instituciones, genera una serie de incentivos negativos que prolongan la impunidad al surgir nuevas
formas de esclavitud sexual y explotación infantil.
En la
medida en que la Policía Boliviana continúa siendo calificada como una
institución ineficiente, cargada de escándalos de corrupción, entonces la
delincuencia vinculada a la trata y tráfico de personas encuentra un aliciente
para operar con seguridad, mediante amenazas a las víctimas y la captura de
nuevas personas que convierten el negocio en una actividad muy lucrativa al
encontrar pocos límites policiales y judiciales.
Al
mismo tiempo, el funcionamiento aparentemente incompetente del Ministerio
Público hace que se produzcan otros incentivos negativos porque la justicia no
interviene oportunamente para proteger a las víctimas o prever los delitos. La
excesiva burocracia e indiferencia en la mayor parte de los casos, se
transforman en estímulos para que la Policía Nacional siga actuando de forma
improductiva, sentándose las bases para legitimar el delito de trata de
personas en todo el país.
Las
condiciones de pobreza y carestías materiales nublan las percepciones de
algunos grupos sociales que consideran que el
negocio de la trata es pragmática, económica, social y moralmente legítimo.
La investigación comprobó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) apenas puede esclarecer entre el dos y cinco por ciento de los casos
denunciados y, por lo tanto, este fenómeno queda injustamente operando junto
con la deslegitimación de los derechos
humanos y la desinstitucionalización que está sujeta a una violencia, abierta o
soterrada, pero permanente en Bolivia.
Los Gobiernos Municipales, en general, no tienen instrumentos legales y
penales para el control de una serie de lenocinios donde se ejerce la
prostitución. En algunos casos, una serie de prostíbulos cuentan con la
autorización de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) y en otras
situaciones, las alcaldías son contradichas por resoluciones judiciales y
acciones que inhiben una regulación más eficiente. Lo peor radica en que no se
sabe claramente en cuántos lenocinios se cometen abiertamente los delitos de
trata y tráfico de personas.
Asimismo y durante algún tiempo, la defensa de los
derechos humanos en el país se caracterizó por un conjunto de labores
específicas para la recuperación del sistema democrático, debido a la lucha
contra los regímenes dictatoriales cuya violencia constituía la destrucción
completa de todo el Estado de Derecho. Poco a poco, el panorama del activismo a
favor de los derechos humanos fue ampliándose hasta incorporar otras
dimensiones relacionadas con la superación de la pobreza, la erradicación de la
discriminación racial y otro tipo de políticas que impulsen la inclusión
social, la ampliación de más derechos y el fomento de la igualdad entre los
ciudadanos.
En la
teoría de los derechos humanos, son fácilmente perceptibles las perspectivas
propicias para la expansión de los sistemas democráticos luego de la
desaparición del comunismo, así como las posibilidades de intervención en el
terreno internacional por razones humanitarias. En estos casos, el objetivo
final es evitar crímenes contra la humanidad como los genocidios o la explosión
de guerras civiles donde ciertas minorías étnicas y religiosas son sometidas a
una serie de vejámenes. Simultáneamente, los derechos humanos agregaron una
nueva mirada a todo lo que significa el crimen organizado dentro de los
sistemas democráticos, lo cual afecta el ordenamiento jurídico en los ámbitos
domésticos de varios países. Es aquí donde emerge la trata de personas y las migraciones internacionales, involucrando
problemas económicos y otros aspectos como la seguridad en diferentes Estados.
Estos problemas condujeron, sin embargo, al descuido
de los derechos básicos de las personas porque se incorporaron factores de
riesgo y desconfianza: muchos extranjeros son equiparados a un tipo de enemigo,
y justamente por esta razón el tráfico humano está siendo entendido como un
negocio altamente provechoso que también abusa de las expectativas por una
mejor situación de vida para muchos jóvenes y niños de aquellas familias con
problemas de desempleo y búsqueda de oportunidades.
La crisis de los derechos humanos en Bolivia tiende a agigantarse con la trata de personas. A pesar
del reconocimiento de múltiples derechos de carácter económico, político y
social presentes en la Constitución del Estado Plurinacional (2009), la protección
de los mismos choca con la negligencia institucional que hoy caracteriza a la
Policía, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y la APDHB. Estos
organismos tienen graves problemas de capacidad de gestión en la práctica,
además de estar influenciados por una sobrepolitización,
partidización y sesgos de carácter ideológico que perjudican una
comprensión más abarcadora de los derechos humanos, así como un nuevo activismo
para la defensa de éstos. El Defensor del Pueblo y la APDHB han sido cooptados
como agencias de empleo e identificación con el partido de gobierno, el
Movimiento Al Socialismo (MAS), hipotecando, por lo tanto, varias de sus
acciones como instituciones imparciales que tendrían que privilegiar la defensa
de la sociedad civil, que hoy está abandonada en la humillación sutil de los
derechos humanos. La trata de personas se transfigura en un indicador de baja
calidad de la democracia fomentando
la existencia de una doble moral para
enfrentar el problema: por un lado, la policía y la sociedad en general aceptan
la prostitución en los hechos aunque la condenen por medio de un discurso
moralista; por otro lado, la repetición de los delitos de trata hace que las
propias víctimas sean vistas, en un principio, como culpables.
Por crisis de los derechos humanos se tiene
que identificar al conjunto de procesos reiterativos de violencia y amenazas a
la seguridad personal de los ciudadanos, quienes se ven imposibilitados de
confiar en el sistema judicial para llevar adelante una serie de debidos
procesos en la búsqueda de justicia, ejercicio pleno de sus derechos
reconocidos en la Constitución y protección de parte de los órganos policiales.
En la trata y tráfico de personas existe un factor
adicional de dicha crisis porque la explotación sexual y laboral, muchas veces
es pensada como una aceptación voluntaria, cuando en el fondo brota una
indefensión por parte de las mujeres jóvenes, niños, niñas y adolescentes que
son víctimas la manipulación y la arbitrariedad. Frente a estas circunstancias,
el miedo a denunciar los hechos, junto con la retardación de justicia, hace que
se refuercen los prejuicios hacia los seres humanos traficados y explotados, al
considerárselos como malvivientes o lacra social (especialmente para los
niños y jóvenes de la calle), cuando en realidad son solamente el resultado de
una sociedad y Estado anómicos.
