"Hasta tres de los cuatro hombres condenados a muerte en la capital de Bielorrusia, Minsk, han sido ejecutados en una vergonzosa purga llevada a cabo desde el 5 de noviembre·, ha revelado Amnistía Internacional tras haberlo confirmado con activistas locales.
Justo después de esta noticia, la organización lanza una nueva petición online y un vídeodirigidos a erradicar el uso de la pena de muerte en Bielorrusia, el último país de Europa y de la antigua Unión Soviética que aún lleva a cabo ejecuciones.
“El realizar una purga entre los presos condenados a muerte constituye una medida atroz para cualquier país. Pero resulta aún más vergonzoso en Bielorrusia, donde las ejecuciones suelen estar rodeadas de secreto y se llevan a cabo en cualquier momento”, ha manifestado Aisha Jung, responsable de Campañas sobre Bielorrusia para Amnistía Internacional, que regresó recientemente de Minsk.
El realizar una purga entre los presos condenados a muerte constituye una medida atroz para cualquier país. Pero resulta aún más vergonzoso en Bielorrusia, donde las ejecuciones suelen estar rodeadas de secreto y se llevan a cabo en cualquier momento.Aisha Jung, responsable de Campañas sobre Bielorrusia para Amnistía Internacional
“Este repentino aumento de las ejecuciones resulta especialmente sorprendente en Bielorrusia, la frontera final de la pena de muerte en Europa, ya que muchas personas creían que el país estaba en vías de eliminar la pena capital para siempre.”
Según la ONG bielorrusa Viasna, desde el 5 de noviembre Siarhei Khmialeuski, Ivan Kulesh y, posiblemente, Hyanadz Yakavitski han sido ejecutados de un disparo en la nuca. El último de los cuatro condenados a muerte, Siarhei Vostrykau, pende de un hilo tras haber sido condenado a muerte el 19 de mayo.
El 29 de noviembre, los familiares de Siarhei Khmialeuski, de 31 años, llegaron a la prisión SIZO Núm.1 de Minsk para visitarlo en el pabellón de los condenados a muerte, y allí les informaron de que había sido ejecutado en una fecha no facilitada, en las últimas semanas. Llevaban sin recibir cartas suyas más de un mes, pero la administración de la prisión había aceptado un pago a su nombre la semana anterior. Su condena a muerte había sido confirmada por el Tribunal Supremo el 6 de mayo, por el asesinato de al menos dos personas en la capital, Minsk.
La ejecución de Siarhei Khmialeuski se llevó a cabo rápidamente, precedida de otras dos, en las últimas semanas.
Ivan Kulesh, cuya condena a muerte había sido confirmada el 29 de marzo por asesinato y robo, fue ejecutado el 5 de noviembre. Se cree que Hyanadz Yakavitski, condenado a muerte el 5 de enero por el asesinato de su pareja, también fue ejecutado este mes: su suerte se revelará en los próximos días, cuando su hija intente visitarlo en el corredor de la muerte.
Esta repentina cadena de ejecuciones ha tenido lugar tras un largo paréntesis en Bielorrusia. Antes de este mes, sólo se había ejecutado a una persona desde noviembre de 2014: Siarhei Ivanou, el 18 de abril de 2016.
En Bielorrusia, a los familiares de los condenados a muerte normalmente no se les avisa de antemano ni se les concede una reunión final con sus seres queridos antes de que se lleve a cabo la ejecución. Según la ley bielorrusa, los cadáveres de las personas ejecutadas no son devueltos a sus familiares para ser enterrados, y tampoco se revela el lugar del entierro.
En muchos casos, la primera noticia que las familias tienen de la muerte de sus seres queridos es cuando reciben un paquete con las botas y el uniforme de condenado a muerte del ejecutado. Luego deben recoger los certificados de defunción de manos de las autoridades bielorrusas.
Los datos sobre el uso de la pena de muerte en Bielorrusia están clasificados como secreto de Estado. El secreto que rodea el uso de la pena de muerte constituye trato cruel, inhumano o degradante tanto para la persona condenada como para su familia.
“Las autoridades bielorrusas llevan la injusticia inherente de la pena de muerte a extremos atroces. El sistema de justicia somete a los familiares de las personas a las que condena a muerte a una tensión psicológica inmensa”, ha manifestado Aisha Jung.
Las autoridades bielorrusas llevan la injusticia inherente de la pena de muerte a extremos atroces.
“Nuestra campaña pide a las autoridades bielorrusas que se unan al resto de Europa y a la mayoría de los países del mundo introduciendo una moratoria inmediata de las ejecuciones, con vistas a la abolición de la pena de muerte.”
Se desconoce la cifra exacta de ejecuciones en Bielorrusia, pero los periodistas y las personas que defienden localmente los derechos humanos han trabajado incansablemente para revelar cierta información sobre las condenas a muerte y las ejecuciones.
Según el Ministerio de Justicia de Bielorrusia, 245 personas fueron condenadas a muerte entre 1994 y 2014. Las ONG de derechos humanos creen que se ha ejecutado a unas 400 personas en el país desde que éste obtuvo su independencia en 1991.
En 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el secreto en torno a la pena de muerte en el país constituye trato inhumano para las familias, y una violación del artículo 7 (prohibición de la tortura o las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Bielorrusia es Estado Parte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias. La pena de muerte viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
