El Ministerio de Hacienda español tiene ya bajo su control las cuentas catalanas, por lo que tanto la Generalitat de Cataluña como las instituciones que dependen de ella no pueden hacer uso libre de sus depósitos y únicamente pueden hacer efectivos pagos comprometidos previamente.
"La Generalitat de Cataluña está intervenida, las cuentas de débito de las empresas públicas ahora mismo son inaccesibles y las corporaciones no pueden disponer de su dinero", explicó a Sputnik un portavoz de la consejería catalana de Hacienda.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este 21 de septiembre la orden por la que se declara la no disponibilidad de créditos por parte de las instituciones catalanas, lo que supone la consumación de la intervención de sus cuentas.
Esta decisión va en consecuencia con lo acordado el pasado viernes por el Ejecutivo central, que dio a los representantes catalanes un plazo de 48 horas desde el sábado para demostrar que no se estaban dedicando fondos públicos a organizar el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según relata el portavoz de la consejería de Hacienda catalana consultado por esta agencia, este movimiento forma parte de "lo esperado" y simplemente supone la "constatación" y entrada en vigor de lo anunciado por Madrid.
"Se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo", reza la orden publicada en el BOE.
En virtud de esta orden, la Generalitat solo podrá hacer pagos ya comprometidos certificando por escrito que no van destinados a celebrar el referéndum, por lo que podrá seguir realizando los pagos de las nóminas de funcionarios.
La publicación del BOE, que cuenta con la rúbrica del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reserva a éste la capacidad de autorizar la revocación parcial de la orden si concurren "razones urgentes de extraordinaria necesidad".
El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, denunció este 20 de septiembre que los movimientos judiciales, policiales y políticos desplegados por el Estado español en las últimas fechas suponen una suspensión "de facto" de la autonomía catalana en un contexto de "estado de excepción" para impedir la celebración del referéndum.
AFP, Sputnik
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| Foto Quique García, AFP |
"La Generalitat de Cataluña está intervenida, las cuentas de débito de las empresas públicas ahora mismo son inaccesibles y las corporaciones no pueden disponer de su dinero", explicó a Sputnik un portavoz de la consejería catalana de Hacienda.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este 21 de septiembre la orden por la que se declara la no disponibilidad de créditos por parte de las instituciones catalanas, lo que supone la consumación de la intervención de sus cuentas.
Esta decisión va en consecuencia con lo acordado el pasado viernes por el Ejecutivo central, que dio a los representantes catalanes un plazo de 48 horas desde el sábado para demostrar que no se estaban dedicando fondos públicos a organizar el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según relata el portavoz de la consejería de Hacienda catalana consultado por esta agencia, este movimiento forma parte de "lo esperado" y simplemente supone la "constatación" y entrada en vigor de lo anunciado por Madrid.
"Se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo", reza la orden publicada en el BOE.
En virtud de esta orden, la Generalitat solo podrá hacer pagos ya comprometidos certificando por escrito que no van destinados a celebrar el referéndum, por lo que podrá seguir realizando los pagos de las nóminas de funcionarios.
La publicación del BOE, que cuenta con la rúbrica del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reserva a éste la capacidad de autorizar la revocación parcial de la orden si concurren "razones urgentes de extraordinaria necesidad".
El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, denunció este 20 de septiembre que los movimientos judiciales, policiales y políticos desplegados por el Estado español en las últimas fechas suponen una suspensión "de facto" de la autonomía catalana en un contexto de "estado de excepción" para impedir la celebración del referéndum.
AFP, Sputnik
