OPINIÓN de Juan Camilo Medina Scarpetta, Isaías Cifuentes.- El pasado 16 de mayo, la ciudad de Buenaventura, se declaró un PARO CÍVICO que duró 22 días, debido a la sistemática violación de derechos humanos que se presenta en el territorio. Este momento puede ser el definitivo, el que logre canjear promesas por otras realidades, con el que se logre recuperar el fuego para desterrar los males.
Foto: Ángel Montaño
Vamos a enfocarnos en la dimensión económica y la dimensión política, que en buena medida explican la generación y profundización de la catástrofe social en la que se halla la ciudad con puerto más importante en el Pacífico colombiano.
Foto: Ángel Montaño
Buenaventura es el enclave portuario más importante para Colombia. Funcional para los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados, incluyendo los suscritos y ratificados con EEUU y la Unión Europea, así como los Acuerdos de la Alianza Pacífico. Su importancia geoestratégica ha generado una gran presión sobre el territorio, toda vez que se han planificado y desarrollado megaproyectos que apuntan hacia cuatro direcciones:
(i) Portuarios: que iniciaron la expansión de grandes plataformas de embarque y desembarque de mercancías creando un nodo portuario, que está conformado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), el recientemente inaugurado Puerto Industrial de Aguadulce, y el proyectado Puerto Delta del Río Dagua y Puerto Solo;
(ii) Logísticos : que se planificaron en documentos como el Master Plan Buenaventura 20501, creando un Centro Logístico (almacenamiento y parque industrial) en una superficie más de 1200 hectáreas, que atraviesa dos Consejos Comunitarios de comunidades negras: Gamboa y Caucanita;
(iii) Turísticos: como el Bulevar y el Malecón Bahía de la Cruz, pensados y desarrollados para fortalecer la infraestructura hotelera y turística, imponiendo sobre la isla Cascajal una vocación complementaria al creciente sector portuario, desalojando de zonas de alta concentración habitacional;
(iv) Reubicación: que es el resultado del despojo, desplazando a miles de personas a la periferia como ha sucedido con la Ciudadela San Antonio. Todos estos megaproyectos están articulados y son complementarios los unos a los otros, ha sido puesta en marcha la visión de ciudad neoliberal, es decir una ciudad diseñada para la explotación portuaria moviendo anualmente una carga aproximada de veinte millones de toneladas de mercancías, recaudando unos seis billones de pesos (más de dos mil millones de dólares), pese a ello el 80% de la población se encuentra empobrecida y más del 40% en situación de indigencia.
Texto completo en el PDF adjunto
Foto: Ángel Montaño
Vamos a enfocarnos en la dimensión económica y la dimensión política, que en buena medida explican la generación y profundización de la catástrofe social en la que se halla la ciudad con puerto más importante en el Pacífico colombiano.
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Buenaventura es el enclave portuario más importante para Colombia. Funcional para los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados, incluyendo los suscritos y ratificados con EEUU y la Unión Europea, así como los Acuerdos de la Alianza Pacífico. Su importancia geoestratégica ha generado una gran presión sobre el territorio, toda vez que se han planificado y desarrollado megaproyectos que apuntan hacia cuatro direcciones:
(i) Portuarios: que iniciaron la expansión de grandes plataformas de embarque y desembarque de mercancías creando un nodo portuario, que está conformado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), el recientemente inaugurado Puerto Industrial de Aguadulce, y el proyectado Puerto Delta del Río Dagua y Puerto Solo;
(ii) Logísticos : que se planificaron en documentos como el Master Plan Buenaventura 20501, creando un Centro Logístico (almacenamiento y parque industrial) en una superficie más de 1200 hectáreas, que atraviesa dos Consejos Comunitarios de comunidades negras: Gamboa y Caucanita;
(iii) Turísticos: como el Bulevar y el Malecón Bahía de la Cruz, pensados y desarrollados para fortalecer la infraestructura hotelera y turística, imponiendo sobre la isla Cascajal una vocación complementaria al creciente sector portuario, desalojando de zonas de alta concentración habitacional;
(iv) Reubicación: que es el resultado del despojo, desplazando a miles de personas a la periferia como ha sucedido con la Ciudadela San Antonio. Todos estos megaproyectos están articulados y son complementarios los unos a los otros, ha sido puesta en marcha la visión de ciudad neoliberal, es decir una ciudad diseñada para la explotación portuaria moviendo anualmente una carga aproximada de veinte millones de toneladas de mercancías, recaudando unos seis billones de pesos (más de dos mil millones de dólares), pese a ello el 80% de la población se encuentra empobrecida y más del 40% en situación de indigencia.
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*Juan Camilo Medina Scarpetta e Isaías Cifuentes son integrantes de la Fundación Nueva Ciudadanía
