“La reciente campaña de violencia contra la población rohingya fue precedida de años de discriminación arraigada y de abusos, y para la mayoría de las 650.000 personas refugiadas que huyeron de Myanmar el año pasado, regresar tan pronto será una perspectiva aterradora"
“Con el recuerdo de las violaciones, homicidios y torturas aún recientes en la mente de las personas refugiadas rohingyas, los planes para devolverlas a Myanmar son alarmantemente prematuros. El calendario anunciado hoy se ha hecho sin consultar con las personas afectadas y no ofrece ninguna garantía de que éstas puedan retornar de forma voluntaria.
“La reciente campaña de violencia contra la población rohingya fue precedida de años de discriminación arraigada y de abusos, y para la mayoría de las 650.000 personas refugiadas que huyeron de Myanmar el año pasado, regresar tan pronto será una perspectiva aterradora.
“La actitud de ofuscación y negación de las autoridades de Myanmar no ofrece razones para esperar que se vayan a proteger los derechos de las personas rohingyas que regresen ni de que hayan dejado de existir los motivos por los que huyeron.
“La comunidad rohingya tiene pleno derecho a retornar a Myanmar y a residir en ese país, pero no debe haber precipitación para devolver a personas a un sistema de apartheid. Toda devolución sería una violación del derecho internacional.
“La población refugiada rohingya tiene derecho a seguir buscando asilo en Bangladesh y el gobierno debe centrarse en explorar todas las opciones para garantizar que esta comunidad sigue recibiendo la protección internacional.
“Los retornos no pueden ser seguros ni dignos hasta que haya un cambio fundamental en Myanmar, lo que incluye la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y el final del sistema de apartheid”.
Myanmar y Bangladesh han acordado que el proceso de repatriación comenzará el 23 de enero de 2018.
