OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- No es fácil digerir tantas declaraciones de personajes públicos que hablan con tanta desvergüenza y tanto desprecio hacia los ciudadanos que están atentos a la cosa pública. Dejemos de lado, por descansar un poco, las que podríamos recordar referidas a la situación en Cataluña, que día sí y día también sorprenden, irritan y entristecen, a veces al mismo tiempo.
Tres muestras nada más.
Esta semana hemos oído a un banquero muy principal afirmar que los desahucios son una leyenda urbana y que los bancos han sido en buena medida los paganos de la crisis. Eso, claro está, sin aportar un solo dato que sustente tamaño disparate. Pero lo más llamativo fue escucharle afirmar, sin titubeo perceptible, que “la gente se ha olvidado de algo elemental como es la obligación de pagar las deudas”. Y eso lo dice un ciudadano que representa a una gran entidad bancaria, de aquellas en las que el resto de los contribuyentes hemos enterrado más de sesenta mil millones de euros de los que, por supuesto, no piensan devolver prácticamente nada. Tranquilos, no pasa nada y el caballero sigue en su puesto.
En otro ámbito, hemos conocido que la jueza que representará a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una catedrática de filosofía moral muy vinculada al Opus Dei, sostiene posiciones rematadamente homófobas y otras simplemente absurdas. Dos botones de muestra, respectivamente: afirma que "está claro que la homosexualidad produce patologías" y que "el preservativo puede fomentar los abusos sexuales". Además, se ha sabido que falsificó algunos datos de su currículum, por ejemplo cuando en él afirma que colaboró en la redacción de la Ley de Igualdad del gobierno Zapatero, cosa que ha sido negada por el PSOE. Tranquilos, no pasa nada y todo hace pensar que la señora pronto ocupará su puesto.
Pese a todo, una vez más, ha sido Mariano Rajoy quien ha marcado las cotas más altas desprecio sin complejos hacia la ciudadanía. Entrevistado en una emisora de radio, respondió con su habitual repertorio de sandeces, algunas particularmente hirientes. Destaquemos un par de ellas.
Rajoy fue peguntado por la confesión en sede judicial de quien fuera secretario general del PP valenciano: dijo que su partido se financió de manera estructural con dinero negro procedente de empresarios que obtenían concesiones multimillonarias de obra pública. Esto ocurrió en el contexto del juicio a la llamada Trama Gürtel, y Ricardo Costa le adjudicó la máxima responsabilidad a Francisco Camps, quien fue el presidente autonómico por el que Rajoy declaró en muchas ocasiones su inmensa admiración.
Pues bien, preguntado Rajoy sobre esa trama corrupta en su partido, respondió con desgana: "Yo no sabía lo que pasaba en el PP valenciano". Y así zanjó la cuestión.
En otro momento de la entrevista, requerido para que opinara a propósito de las diferencias salariales entre hombres y mujeres que ocupan puestos iguales, Rajoy respondió, muy en su estilo: "No nos metamos en eso".
Una frase con la cual, además de brindarnos una buena dosis de misoginia, Rajoy se ponía por montera el artículo 35.1 de la Constitución. El texto establece claramente que “Todos los españoles tienen el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Se trata, pues, de un deber de los poderes públicos el hacer cumplir la ley, en este caso ni más ni menos que la Carta constitucional que Rajoy y su partido dicen venerar hasta el punto de haberse convertido en sus guardianes más celosos. Es decir qué, por cuanto hace al estricto cumplimiento de la Constitución, Rajoy solo “se mete” en lo que le interesa. En lo demás, zanja el debate con la displicencia que lo caracteriza. Tranquilos, no pasa nada. La toxicidad de estas declaraciones no parece afectar más que a una parte de la sociedad.
Tres muestras nada más.
Esta semana hemos oído a un banquero muy principal afirmar que los desahucios son una leyenda urbana y que los bancos han sido en buena medida los paganos de la crisis. Eso, claro está, sin aportar un solo dato que sustente tamaño disparate. Pero lo más llamativo fue escucharle afirmar, sin titubeo perceptible, que “la gente se ha olvidado de algo elemental como es la obligación de pagar las deudas”. Y eso lo dice un ciudadano que representa a una gran entidad bancaria, de aquellas en las que el resto de los contribuyentes hemos enterrado más de sesenta mil millones de euros de los que, por supuesto, no piensan devolver prácticamente nada. Tranquilos, no pasa nada y el caballero sigue en su puesto.
En otro ámbito, hemos conocido que la jueza que representará a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una catedrática de filosofía moral muy vinculada al Opus Dei, sostiene posiciones rematadamente homófobas y otras simplemente absurdas. Dos botones de muestra, respectivamente: afirma que "está claro que la homosexualidad produce patologías" y que "el preservativo puede fomentar los abusos sexuales". Además, se ha sabido que falsificó algunos datos de su currículum, por ejemplo cuando en él afirma que colaboró en la redacción de la Ley de Igualdad del gobierno Zapatero, cosa que ha sido negada por el PSOE. Tranquilos, no pasa nada y todo hace pensar que la señora pronto ocupará su puesto.
Pese a todo, una vez más, ha sido Mariano Rajoy quien ha marcado las cotas más altas desprecio sin complejos hacia la ciudadanía. Entrevistado en una emisora de radio, respondió con su habitual repertorio de sandeces, algunas particularmente hirientes. Destaquemos un par de ellas.
Rajoy fue peguntado por la confesión en sede judicial de quien fuera secretario general del PP valenciano: dijo que su partido se financió de manera estructural con dinero negro procedente de empresarios que obtenían concesiones multimillonarias de obra pública. Esto ocurrió en el contexto del juicio a la llamada Trama Gürtel, y Ricardo Costa le adjudicó la máxima responsabilidad a Francisco Camps, quien fue el presidente autonómico por el que Rajoy declaró en muchas ocasiones su inmensa admiración.
Pues bien, preguntado Rajoy sobre esa trama corrupta en su partido, respondió con desgana: "Yo no sabía lo que pasaba en el PP valenciano". Y así zanjó la cuestión.
En otro momento de la entrevista, requerido para que opinara a propósito de las diferencias salariales entre hombres y mujeres que ocupan puestos iguales, Rajoy respondió, muy en su estilo: "No nos metamos en eso".
Una frase con la cual, además de brindarnos una buena dosis de misoginia, Rajoy se ponía por montera el artículo 35.1 de la Constitución. El texto establece claramente que “Todos los españoles tienen el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
Se trata, pues, de un deber de los poderes públicos el hacer cumplir la ley, en este caso ni más ni menos que la Carta constitucional que Rajoy y su partido dicen venerar hasta el punto de haberse convertido en sus guardianes más celosos. Es decir qué, por cuanto hace al estricto cumplimiento de la Constitución, Rajoy solo “se mete” en lo que le interesa. En lo demás, zanja el debate con la displicencia que lo caracteriza. Tranquilos, no pasa nada. La toxicidad de estas declaraciones no parece afectar más que a una parte de la sociedad.
