OPINIÓN de Enric Feliu. - Más allá de la contradicción que supone que la Sentencia publicada hoy sobre el proceso establezca que, por un lado, el proceso fue un camelo asumido por los políticos catalanes, y que, por el otro, en ningún momento estuvo en peligro la integridad del estado español, pero la sentencia acabe imponiendo 13 años de prisión a un vicepresidente de un gobierno legítimamente escogido, entre 10 y 11 a la mayoría de consejeros y 9 años a dos activistas, que se subieron encima de un coche, el Tribunal Supremo aprovecha para fijar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un estado de derecho democrático.
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