Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción tras el anuncio del nuevo gobierno provisional tunecino de que ha liberado a presos políticos detenidos durante el gobierno del recientemente destituido presidente Zine El Abidine Ben Ali. Túnez dijo el miércoles que ha puesto en libertad a los últimos prisioneros políticos, mientras el gobierno provisional de unidad afrontaba más llamamientos a una purga más completa de la vieja guardia en la coalición.
El nuevo gobierno de Túnez se formó tras varias semanas de protestas antigubernamentales convocadas por todo el país. Túnez se encuentra en estado de emergencia desde el pasado 14 de enero, cuando Ben Ali huyó del país.
Entre las personas excarceladas el pasado miércoles se encuentran dos hombres a los que Amnistía Internacional consideraba presos de conciencia: el periodista Fahrem Boukadous y el activista Hassan Ben Abdallah.
“La excarcelación de estos presos es un paso significativo y positivo, que debe ir acompañado de las reparaciones pertinentes”, ha declarado Hassiba Hadj Sahrauoi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Sin embargo, según la información recibida por Amnistía Internacional, no se ha excarcelado a todos los presos políticos que inicialmente se dijo que serían puestos en libertad.
Los presos políticos Ali Hirabi, Ali Ben Farhat y Hachemi Ben Taleb, vinculados a la organización islamista prohibida Ennahda, todavía siguen encarcelados.
Amnistía Internacional también ha instado a las autoridades tunecinas a revisar las sentencias de todas aquellas personas que fueron condenadas en aplicación de la polémica y tan criticada legislación contra el terrorismo de 2003.
En dicha legislación se ofrecía una definición tan amplia y poco clara de terrorismo, que en la práctica fue empleada para emprender acciones contra cualquier persona que pudiese ser considerada una amenaza para la seguridad. La organización ha expresado su preocupación ante el hecho de que muchas de estas personas detenidas puedan ser presos de conciencia, arrestadas únicamente por sus creencias.
“Ahora, las autoridades tunecinas tienen que demostrar que se toman realmente en serio acabar con la cultura de abusos contra los derechos humanos que ha existido durante más de dos décadas, y empezar a frenar al aparato de seguridad que ha hostigado y oprimido a los tunecinos corrientes durante tanto tiempo.”
“Pueden comenzar por suprimir de forma inmediata las medidas opresivas contra ex presos políticos, a quienes se somete de forma habitual a una agresiva vigilancia policial.”
Asimismo, los ex presos políticos no tienen acceso a servicios sanitarios, se enfrentan a restricciones de circulación y pueden volver a ser detenidos y encarcelados por el simple hecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y desplazamiento.
El periodista Fahem Boukadous y el activista Hassan Ben Abdallah permanecían en la cárcel desde que fueron detenidos en 2008 por su participación en las protestas de la provincia de Gafsa. Fueron declarados culpables en juicios injustos y condenados a cuatro años de prisión.
Fueron acusados de “pertenencia a una asociación delictiva” y de “participar en un grupo creado para preparar o cometer un ataque contra personas o propiedades”. Fahem Boukadous fue acusado también de “difundir información susceptible de perturbar el orden público” por su trabajo para documentar las protestas para un canal privado de televisión.
Tras su puesta en libertad, Fahem Boukadous, que ya había estado encarcelado entre 1999 y 2001, dijo: “Quiero dar las gracias a todos los miembros de Amnistía Internacional por hacer campaña en favor de mi excarcelación. Me he unido a Amnistía Internacional no solo por mis convicciones, sino también porque la organización me ha ofrecido su apoyo durante el juicio”.
Las manifestaciones no han cesado en Túnez desde mediados de diciembre, tras la muerte de Mohamed Bouazizi, un licenciado desempleado de 26 años, que se inmoló prendiéndose fuego en la ciudad de Sidi Bouzid cuando la policía le confiscó su carro de venta de fruta y verdura, su única fuente de ingresos.
Su suicidio desató las protestas de los tunecinos, incluidas las de los sindicatos, estudiantes, activistas de derechos humanos y abogados, que tomaron las calles para exigir trabajo, mejores condiciones de vida y el fin de la corrupción.
El nuevo gobierno de Túnez se formó tras varias semanas de protestas antigubernamentales convocadas por todo el país. Túnez se encuentra en estado de emergencia desde el pasado 14 de enero, cuando Ben Ali huyó del país.
Entre las personas excarceladas el pasado miércoles se encuentran dos hombres a los que Amnistía Internacional consideraba presos de conciencia: el periodista Fahrem Boukadous y el activista Hassan Ben Abdallah.
“La excarcelación de estos presos es un paso significativo y positivo, que debe ir acompañado de las reparaciones pertinentes”, ha declarado Hassiba Hadj Sahrauoi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Sin embargo, según la información recibida por Amnistía Internacional, no se ha excarcelado a todos los presos políticos que inicialmente se dijo que serían puestos en libertad.
Los presos políticos Ali Hirabi, Ali Ben Farhat y Hachemi Ben Taleb, vinculados a la organización islamista prohibida Ennahda, todavía siguen encarcelados.
Amnistía Internacional también ha instado a las autoridades tunecinas a revisar las sentencias de todas aquellas personas que fueron condenadas en aplicación de la polémica y tan criticada legislación contra el terrorismo de 2003.
En dicha legislación se ofrecía una definición tan amplia y poco clara de terrorismo, que en la práctica fue empleada para emprender acciones contra cualquier persona que pudiese ser considerada una amenaza para la seguridad. La organización ha expresado su preocupación ante el hecho de que muchas de estas personas detenidas puedan ser presos de conciencia, arrestadas únicamente por sus creencias.
“Ahora, las autoridades tunecinas tienen que demostrar que se toman realmente en serio acabar con la cultura de abusos contra los derechos humanos que ha existido durante más de dos décadas, y empezar a frenar al aparato de seguridad que ha hostigado y oprimido a los tunecinos corrientes durante tanto tiempo.”
“Pueden comenzar por suprimir de forma inmediata las medidas opresivas contra ex presos políticos, a quienes se somete de forma habitual a una agresiva vigilancia policial.”
Asimismo, los ex presos políticos no tienen acceso a servicios sanitarios, se enfrentan a restricciones de circulación y pueden volver a ser detenidos y encarcelados por el simple hecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y desplazamiento.
El periodista Fahem Boukadous y el activista Hassan Ben Abdallah permanecían en la cárcel desde que fueron detenidos en 2008 por su participación en las protestas de la provincia de Gafsa. Fueron declarados culpables en juicios injustos y condenados a cuatro años de prisión.
Fueron acusados de “pertenencia a una asociación delictiva” y de “participar en un grupo creado para preparar o cometer un ataque contra personas o propiedades”. Fahem Boukadous fue acusado también de “difundir información susceptible de perturbar el orden público” por su trabajo para documentar las protestas para un canal privado de televisión.
Tras su puesta en libertad, Fahem Boukadous, que ya había estado encarcelado entre 1999 y 2001, dijo: “Quiero dar las gracias a todos los miembros de Amnistía Internacional por hacer campaña en favor de mi excarcelación. Me he unido a Amnistía Internacional no solo por mis convicciones, sino también porque la organización me ha ofrecido su apoyo durante el juicio”.
Las manifestaciones no han cesado en Túnez desde mediados de diciembre, tras la muerte de Mohamed Bouazizi, un licenciado desempleado de 26 años, que se inmoló prendiéndose fuego en la ciudad de Sidi Bouzid cuando la policía le confiscó su carro de venta de fruta y verdura, su única fuente de ingresos.
Su suicidio desató las protestas de los tunecinos, incluidas las de los sindicatos, estudiantes, activistas de derechos humanos y abogados, que tomaron las calles para exigir trabajo, mejores condiciones de vida y el fin de la corrupción.
