AI pide al Consejo de Seguridad de la ONU que remita a Siria a la CPI
El Subsecretario General de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad la violencia empleada por el Gobierno sirio para reprimir las protestas populares, en su mayoría pacíficas, que exigen libertad y democracia para el país. Pascoe indicó que, según diversas fuentes, el número de muertos, desde que empezaron las revueltas a mitad de marzo, puede ascender a entre trescientas cincuenta y cuatrocientas personas.
“La represión no es la solución. Un diálogo global y unas reformas genuinas deben adoptarse para satisfacer las aspiraciones legítimas del pueblo de Siria”, dijo Pascoe.
El embajador sirio, Bashar Ja’afari, señaló, por su parte, que la Policía estaba mostrando la máxima contención y culpó a grupos armados y agentes extranjeros de la violencia que se registra en el país.
AI
El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, en plena escalada de violencia gubernamental contra los manifestantes que piden reformas.
El llamamiento se emite mientras el Consejo de Seguridad estudia su respuesta a la brutal represión que ha causado la muerte de unas 400 personas desde mediados de marzo. “Es evidente que el gobierno sirio está tratando de aplastar mediante bombardeos, disparos y encierros a quienes expresan pacíficamente su disidencia”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El gobierno sirio y sus fuerzas de seguridad llevan mucho tiempo sintiendo que pueden actuar con total impunidad, y ahora nos encontramos ante el resultado: los actos sangrientos que, en los últimos días, vienen perpetrando en las calles de Siria.”
“El presidente El Asad y quienes le rodean deben comprender que sus actos tendrán consecuencias, es decir, que, si matan a tiros a sus propios ciudadanos, la comunidad internacional los considerará responsables penalmente a título individual ante la CPI o los tribunales nacionales de los Estados que ejercen la jurisdicción universal.”
La organización ha pedido también que se imponga un embargo de armas general a Siria y que se congelen los bienes del presidente Bachar el Asad y otras personas implicadas en ordenar o perpetrar abusos graves contra los derechos humanos.
Desde que comenzaron las protestas en marzo, los ciudadanos sirios desarmados que se reúnen para pedir una mayor libertad han sido atacados sistemáticamente por las fuerzas de seguridad, que han disparado munición real directamente contra la multitud de manifestantes pacíficos.
La semana pasada, el gobierno anunció el levantamiento del estado de excepción –que duraba ya 48 años–, pero desde entonces la violencia ha ido en aumento: el viernes, el día más sangriento hasta el momento, murieron al menos 120 personas.
Amnistía Internacional ha recibido los nombres de 393 personas muertas desde el inicio de las protestas, pero es probable que la cifra real sea más alta.
En una serie de incidentes, según fuentes de Amnistía Internacional, los francotiradores han disparado contra personas que yacían heridas en la calle y contra quienes trataban de ayudarlas.
La organización ha rechazado las afirmaciones del gobierno sirio de que muchos de los homicidios han sido cometidos por grupos armados antigubernamentales, ya que no ha visto ningún indicio que las respalde.
Tras el despliegue del ejército sirio en Deraa el 25 de abril, se utilizaron, según los informes, tanques para bombardear edificios residenciales sin que hubiera indicios de que las personas en su interior estaban armadas.
Varios centenares de personas han sido detenidas en todo el país, y la gran mayoría permanecen recluidas en régimen de incomunicación sin que se conozca su paradero. Muchos de los que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido torturados bajo custodia.
El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió por unanimidad remitir la situación de Libia al fiscal de la Corte Penal Internacional.
“El Consejo de Seguridad debe ahora obrar en consecuencia y mostrar una posición de liderazgo respecto a Siria, tal y como hizo respecto a Libia”, ha manifestado Salil Shetty.
“Una política constante de tolerancia cero para los crímenes contra la humanidad transmitirá a todos los gobiernos la señal de que la impunidad por los delitos de derecho internacional ya no es aceptable.”
Las violaciones de derechos humanos cometidas, según los informes, por las autoridades sirias en las últimas semanas incluyen asesinatos y tortura, y parecen haber sido perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de un ataque generalizado –y también sistemático– contra la población civil. De ser así, estas violaciones constituirían crímenes contra la humanidad.
El Subsecretario General de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad la violencia empleada por el Gobierno sirio para reprimir las protestas populares, en su mayoría pacíficas, que exigen libertad y democracia para el país. Pascoe indicó que, según diversas fuentes, el número de muertos, desde que empezaron las revueltas a mitad de marzo, puede ascender a entre trescientas cincuenta y cuatrocientas personas.
El embajador sirio, Bashar Ja’afari, señaló, por su parte, que la Policía estaba mostrando la máxima contención y culpó a grupos armados y agentes extranjeros de la violencia que se registra en el país.
AI
El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, en plena escalada de violencia gubernamental contra los manifestantes que piden reformas.
El llamamiento se emite mientras el Consejo de Seguridad estudia su respuesta a la brutal represión que ha causado la muerte de unas 400 personas desde mediados de marzo. “Es evidente que el gobierno sirio está tratando de aplastar mediante bombardeos, disparos y encierros a quienes expresan pacíficamente su disidencia”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El gobierno sirio y sus fuerzas de seguridad llevan mucho tiempo sintiendo que pueden actuar con total impunidad, y ahora nos encontramos ante el resultado: los actos sangrientos que, en los últimos días, vienen perpetrando en las calles de Siria.”
“El presidente El Asad y quienes le rodean deben comprender que sus actos tendrán consecuencias, es decir, que, si matan a tiros a sus propios ciudadanos, la comunidad internacional los considerará responsables penalmente a título individual ante la CPI o los tribunales nacionales de los Estados que ejercen la jurisdicción universal.”
La organización ha pedido también que se imponga un embargo de armas general a Siria y que se congelen los bienes del presidente Bachar el Asad y otras personas implicadas en ordenar o perpetrar abusos graves contra los derechos humanos.
Desde que comenzaron las protestas en marzo, los ciudadanos sirios desarmados que se reúnen para pedir una mayor libertad han sido atacados sistemáticamente por las fuerzas de seguridad, que han disparado munición real directamente contra la multitud de manifestantes pacíficos.
La semana pasada, el gobierno anunció el levantamiento del estado de excepción –que duraba ya 48 años–, pero desde entonces la violencia ha ido en aumento: el viernes, el día más sangriento hasta el momento, murieron al menos 120 personas.
Amnistía Internacional ha recibido los nombres de 393 personas muertas desde el inicio de las protestas, pero es probable que la cifra real sea más alta.
En una serie de incidentes, según fuentes de Amnistía Internacional, los francotiradores han disparado contra personas que yacían heridas en la calle y contra quienes trataban de ayudarlas.
La organización ha rechazado las afirmaciones del gobierno sirio de que muchos de los homicidios han sido cometidos por grupos armados antigubernamentales, ya que no ha visto ningún indicio que las respalde.
Tras el despliegue del ejército sirio en Deraa el 25 de abril, se utilizaron, según los informes, tanques para bombardear edificios residenciales sin que hubiera indicios de que las personas en su interior estaban armadas.
Varios centenares de personas han sido detenidas en todo el país, y la gran mayoría permanecen recluidas en régimen de incomunicación sin que se conozca su paradero. Muchos de los que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido torturados bajo custodia.
El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió por unanimidad remitir la situación de Libia al fiscal de la Corte Penal Internacional.
“El Consejo de Seguridad debe ahora obrar en consecuencia y mostrar una posición de liderazgo respecto a Siria, tal y como hizo respecto a Libia”, ha manifestado Salil Shetty.
“Una política constante de tolerancia cero para los crímenes contra la humanidad transmitirá a todos los gobiernos la señal de que la impunidad por los delitos de derecho internacional ya no es aceptable.”
Las violaciones de derechos humanos cometidas, según los informes, por las autoridades sirias en las últimas semanas incluyen asesinatos y tortura, y parecen haber sido perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad como parte de un ataque generalizado –y también sistemático– contra la población civil. De ser así, estas violaciones constituirían crímenes contra la humanidad.
