Por Salvador Briceño
Continúan las artimañas con el asuntito ese de Rápido y furioso desde Estados Unidos, que cada vez se desnuda más como un proyecto intervencionista y para contribuir a desestabilizar con acciones violentas a México en su frontera norte alentadas por el buen vecino, que para ubicar a delincuentes en posesión de las armas toleradas y rastreadas por dicho programa, cuya indagatoria estaba en manos de la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de dicho país.
Pues ahora resulta que el director en funciones de la ATF, Kennet Melson —mediante una suerte pésima de Operación Pilatos—, en declaraciones a investigadores del Congreso lanzó la bolita contra la Agencia Antinarcóticos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), argumentando que “no compartieron información clave que ya tenían sobre los mismos traficantes de armas (que eran) buscadas por su dependencia”.
Luego entonces, el tema es tan grave, como que se permitió la compra y el ingreso de armamento, previamente identificado, a manos de los delincuentes del crimen organizado de México, dizque con el pretexto de ubicarlos. Pero ni siquiera el mismo Melson, según confiesa, vigiló o revisó los detalles del operativo sino hasta después de que se convirtió en un escándalo en la prensa estadounidense luego del asesinato del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry.
De ahí deriva, según lo admitió el director de la ATF, el mencionado Kennet Melson, que se cometieron “serios errores” con el programa Rápido y furioso. Pero entonces, como dejan entrever los legisladores que dirigieron la investigación, el republicano Charles Grassley del Comité Judicial del Senado y el representante Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la cámara baja, había conocimiento del Procurador General Eric Holder.
Por eso ambos legisladores dirigieron una carta a Holder. También porque, según relató Melson, él habría informado de Rápido y furioso a dos operadores del Departamento de Justicia, al inspector general y al subprocurador general. Y las indagaciones confirman que Holder estaba igualmente enterado. Así lo dicen los legisladores Grassley e Issa: “Si su versión de Melson es precisa, entonces el liderazgo de la ATF parece haber sido efectivamente amordazada, mientras que el Departamento de Justicia nos envió desmentidos falsos y enterró la cabeza en la arena. Esa forma de hacer las cosas distorsionó la verdad y obstruyó nuestra investigación”.
O lo que es lo mismo, la autoridad de la ATF se vio controlada y “amordazada” desde otras instancias superiores, como es el caso del Departamento de Justicia que encabeza Holder.
Pero dejemos a los legisladores hablar: “La evidencia que hemos reunido crea la preocupante posibilidad de que el Departamento de Justicia no sólo permitió que criminales traficaran armas, sino que dólares de contribuyentes de otras agencias podrían haber financiado tales actividades… Una cosa es argumentar que los fines justifican los medios, en un intento para exculpar una política que pone un caso por encima de evitar que conocidos criminales obtengan armas. Pero es un asunto mucho más serio ocultar al Congreso la posible participación de otras agencias [DEA y FBI] en identificar, y tal vez hasta trabajar, con los mismos criminales que el operativo Rápido y furioso buscaba identificar”.
Y, pues vista así la cosa, si para los mismos legisladores estadounidenses es grave que se le oculte información al Congreso —como reclaman Charles Grassley y Darrell Issa a Holder—, cuantimás lo es, o debería, ser para el gobierno mexicano, para los legisladores mexicanos principalmente el Senado, para la diplomacia mexicana con su titular Patricia Espinosa que no da pie con bola en el asunto de las relaciones internacionales, y para el pueblo mexicano la amenaza intervencionista y desestabilizadora operada desde las más elevadas instancias del gobierno de Estados Unidos contra México.
Es más, el propio Senado mexicano debería generar sus propias indagatorias, y no únicamente pedírselas al gobierno de Felipe Calderón, por lo delicado del tema. Porque Estados Unidos hace política en función de sus intereses, o geopolítica con geoestrategia para la preservación de sus prioridades puestas como de seguridad nacional, que para eso se inventa ardides como el terrorismo internacional. Y luego actúa en función de sus propios monstruos de autoconspiración.
Dicho sea con otras palabras, a ver quién les cree a los gringos que de un programa tan delicado como Rápido y furioso no estuviesen enteradas las más altas esferas del poder o del propio Estado de Estados Unidos. El caso es que, cabe la pregunta: ¿Hasta dónde llegará la investigación del operativo intervencionista contra México? E igualmente salta la respuesta: hasta donde los intereses de los republicanos —Grassley es republicano— lo permitan en estos tiempos electorales para contener todavía más a Barack Obama en su posible reelección.
Porque, ¿acaso en México habrá quien muerda el anzuelo con la ingenuidad debida para pensar que las indagatorias acabarán en pesquisas de los funcionarios involucrados en Rápido y furioso, si a estas alturas apenas han sido removidos de sus cargos? O será que el gobierno mexicano de verdad se pondrá las pilas y exigirá a EU no sólo esclarecer los fines oscuros del operativo, cuanto un replanteamiento de las relaciones de los dos países que coloque en la mesa asuntos como el mismísimo mal negociado Tratado de Libre Comercio para América del Norte, entre otros muchos asuntos de la intrincada relación bilateral que más bien son gravosos del vecino del sur?
Luego entonces, el asunto de Rápido y furioso alcanza hasta las más elevadas autoridades de EU. No podría ser de otra manera, siendo de un alcance tan grave y peligroso. Porque simplemente es una constante de EU alentar la violencia en otros países o hacerles la guerra, siempre bajo sus preceptos geoestratégicos y geopolíticos. México no tendría por qué ser la excepción. Y mucho menos ahora, con un gobierno como el panista que resultó todavía más entreguista frente al imperio gringo. A ver si desde México alguno cree todavía que se trata de una Operación Pilatos, la de Kenneth Melson.
Continúan las artimañas con el asuntito ese de Rápido y furioso desde Estados Unidos, que cada vez se desnuda más como un proyecto intervencionista y para contribuir a desestabilizar con acciones violentas a México en su frontera norte alentadas por el buen vecino, que para ubicar a delincuentes en posesión de las armas toleradas y rastreadas por dicho programa, cuya indagatoria estaba en manos de la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de dicho país.
Pues ahora resulta que el director en funciones de la ATF, Kennet Melson —mediante una suerte pésima de Operación Pilatos—, en declaraciones a investigadores del Congreso lanzó la bolita contra la Agencia Antinarcóticos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), argumentando que “no compartieron información clave que ya tenían sobre los mismos traficantes de armas (que eran) buscadas por su dependencia”.
Luego entonces, el tema es tan grave, como que se permitió la compra y el ingreso de armamento, previamente identificado, a manos de los delincuentes del crimen organizado de México, dizque con el pretexto de ubicarlos. Pero ni siquiera el mismo Melson, según confiesa, vigiló o revisó los detalles del operativo sino hasta después de que se convirtió en un escándalo en la prensa estadounidense luego del asesinato del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry.
De ahí deriva, según lo admitió el director de la ATF, el mencionado Kennet Melson, que se cometieron “serios errores” con el programa Rápido y furioso. Pero entonces, como dejan entrever los legisladores que dirigieron la investigación, el republicano Charles Grassley del Comité Judicial del Senado y el representante Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la cámara baja, había conocimiento del Procurador General Eric Holder.
Por eso ambos legisladores dirigieron una carta a Holder. También porque, según relató Melson, él habría informado de Rápido y furioso a dos operadores del Departamento de Justicia, al inspector general y al subprocurador general. Y las indagaciones confirman que Holder estaba igualmente enterado. Así lo dicen los legisladores Grassley e Issa: “Si su versión de Melson es precisa, entonces el liderazgo de la ATF parece haber sido efectivamente amordazada, mientras que el Departamento de Justicia nos envió desmentidos falsos y enterró la cabeza en la arena. Esa forma de hacer las cosas distorsionó la verdad y obstruyó nuestra investigación”.
O lo que es lo mismo, la autoridad de la ATF se vio controlada y “amordazada” desde otras instancias superiores, como es el caso del Departamento de Justicia que encabeza Holder.
Pero dejemos a los legisladores hablar: “La evidencia que hemos reunido crea la preocupante posibilidad de que el Departamento de Justicia no sólo permitió que criminales traficaran armas, sino que dólares de contribuyentes de otras agencias podrían haber financiado tales actividades… Una cosa es argumentar que los fines justifican los medios, en un intento para exculpar una política que pone un caso por encima de evitar que conocidos criminales obtengan armas. Pero es un asunto mucho más serio ocultar al Congreso la posible participación de otras agencias [DEA y FBI] en identificar, y tal vez hasta trabajar, con los mismos criminales que el operativo Rápido y furioso buscaba identificar”.
Y, pues vista así la cosa, si para los mismos legisladores estadounidenses es grave que se le oculte información al Congreso —como reclaman Charles Grassley y Darrell Issa a Holder—, cuantimás lo es, o debería, ser para el gobierno mexicano, para los legisladores mexicanos principalmente el Senado, para la diplomacia mexicana con su titular Patricia Espinosa que no da pie con bola en el asunto de las relaciones internacionales, y para el pueblo mexicano la amenaza intervencionista y desestabilizadora operada desde las más elevadas instancias del gobierno de Estados Unidos contra México.
Es más, el propio Senado mexicano debería generar sus propias indagatorias, y no únicamente pedírselas al gobierno de Felipe Calderón, por lo delicado del tema. Porque Estados Unidos hace política en función de sus intereses, o geopolítica con geoestrategia para la preservación de sus prioridades puestas como de seguridad nacional, que para eso se inventa ardides como el terrorismo internacional. Y luego actúa en función de sus propios monstruos de autoconspiración.
Dicho sea con otras palabras, a ver quién les cree a los gringos que de un programa tan delicado como Rápido y furioso no estuviesen enteradas las más altas esferas del poder o del propio Estado de Estados Unidos. El caso es que, cabe la pregunta: ¿Hasta dónde llegará la investigación del operativo intervencionista contra México? E igualmente salta la respuesta: hasta donde los intereses de los republicanos —Grassley es republicano— lo permitan en estos tiempos electorales para contener todavía más a Barack Obama en su posible reelección.
Porque, ¿acaso en México habrá quien muerda el anzuelo con la ingenuidad debida para pensar que las indagatorias acabarán en pesquisas de los funcionarios involucrados en Rápido y furioso, si a estas alturas apenas han sido removidos de sus cargos? O será que el gobierno mexicano de verdad se pondrá las pilas y exigirá a EU no sólo esclarecer los fines oscuros del operativo, cuanto un replanteamiento de las relaciones de los dos países que coloque en la mesa asuntos como el mismísimo mal negociado Tratado de Libre Comercio para América del Norte, entre otros muchos asuntos de la intrincada relación bilateral que más bien son gravosos del vecino del sur?
Luego entonces, el asunto de Rápido y furioso alcanza hasta las más elevadas autoridades de EU. No podría ser de otra manera, siendo de un alcance tan grave y peligroso. Porque simplemente es una constante de EU alentar la violencia en otros países o hacerles la guerra, siempre bajo sus preceptos geoestratégicos y geopolíticos. México no tendría por qué ser la excepción. Y mucho menos ahora, con un gobierno como el panista que resultó todavía más entreguista frente al imperio gringo. A ver si desde México alguno cree todavía que se trata de una Operación Pilatos, la de Kenneth Melson.
