OPINIÓN de Alberto Orgulloso Martínez
El 10 de Noviembre (10-N) marcó el nuevo hito del movimiento estudiantil colombiano y abrió el debate sobre la universidad. Los estudiantes universitarios tumbaron el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992 que el Gobierno Nacional insistía en tramitar, a pesar de los reparos de la comunidad universitaria, inclusive de los rectores. La movilización social es el mejor síntoma de vivificación de las sociedades democráticas. Expresa la vocación de cambio y de resistencia civil frente al descontento social y las aspiraciones sentidas de los ciudadanos o grupos de interés.
La protesta social es un derecho constitucionalizado regulado por la ley que impone límites. Por su puesto, siempre habrá emotividad, efervescencia y radicalidad en toda manifestación, máxime cuando no se atienden las peticiones y mucho más de parte de los jóvenes que están dispuestos a darlo todo por un ideal justo.
En varios países se realizan fulgurantes movilizaciones por ciudadanos llamados los indignados contra el sistema financiero internacional debido al estado de crisis y el desempleo en Europa y Estados Unidos, lo mismo pasa en el Oriente donde reclaman mayor democracia. En Chile y Argentina los estudiantes también protestan contra la privatización de la educación. Por primera vez, en muchos años, se realiza una jornada de protesta de estudiantes en varios países de América Latina. Los ciudadanos del mundo cada vez se expresan públicamente y reclaman por derechos fundamentales, incluso a través de las redes sociales.
Las protestas masivas, pacíficas y festivas de los estudiantes universitarios en todo el país que culminaron con la gran jornada del 10 de noviembre, dieron el mejor ejemplo de civilidad y vocación democrática. Mostraron un nuevo lenguaje y modelo de acción política estudiantil más participativo en la dirección del movimiento. Lograron hacer sentir sus puntos de vista ante el Presidente de la República, el Congreso y la opinión pública nacional, advirtiendo la inconveniencia del proyecto de ley mediante el cual se reforma el sistema de educación superior, que permite la financiación privada de la universidad con criterio de lucro como mecanismo que posibilite la ampliación de la cobertura, según el Gobierno. Los estudiantes reclaman mayor financiación estatal de las universidades públicas para garantizar el acceso de los sectores populares, mejor calidad en todas las dimensiones y una verdadera autonomía universitaria en términos de participación de la comunidad universitaria en los órganos de dirección.
El 10 de Noviembre (10-N) marcó el nuevo hito del movimiento estudiantil colombiano y abrió el debate sobre la universidad. Los estudiantes universitarios tumbaron el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992 que el Gobierno Nacional insistía en tramitar, a pesar de los reparos de la comunidad universitaria, inclusive de los rectores. La movilización social es el mejor síntoma de vivificación de las sociedades democráticas. Expresa la vocación de cambio y de resistencia civil frente al descontento social y las aspiraciones sentidas de los ciudadanos o grupos de interés.
La protesta social es un derecho constitucionalizado regulado por la ley que impone límites. Por su puesto, siempre habrá emotividad, efervescencia y radicalidad en toda manifestación, máxime cuando no se atienden las peticiones y mucho más de parte de los jóvenes que están dispuestos a darlo todo por un ideal justo.
En varios países se realizan fulgurantes movilizaciones por ciudadanos llamados los indignados contra el sistema financiero internacional debido al estado de crisis y el desempleo en Europa y Estados Unidos, lo mismo pasa en el Oriente donde reclaman mayor democracia. En Chile y Argentina los estudiantes también protestan contra la privatización de la educación. Por primera vez, en muchos años, se realiza una jornada de protesta de estudiantes en varios países de América Latina. Los ciudadanos del mundo cada vez se expresan públicamente y reclaman por derechos fundamentales, incluso a través de las redes sociales.
Las protestas masivas, pacíficas y festivas de los estudiantes universitarios en todo el país que culminaron con la gran jornada del 10 de noviembre, dieron el mejor ejemplo de civilidad y vocación democrática. Mostraron un nuevo lenguaje y modelo de acción política estudiantil más participativo en la dirección del movimiento. Lograron hacer sentir sus puntos de vista ante el Presidente de la República, el Congreso y la opinión pública nacional, advirtiendo la inconveniencia del proyecto de ley mediante el cual se reforma el sistema de educación superior, que permite la financiación privada de la universidad con criterio de lucro como mecanismo que posibilite la ampliación de la cobertura, según el Gobierno. Los estudiantes reclaman mayor financiación estatal de las universidades públicas para garantizar el acceso de los sectores populares, mejor calidad en todas las dimensiones y una verdadera autonomía universitaria en términos de participación de la comunidad universitaria en los órganos de dirección.
Los estudiantes cuestionan la privatización del derecho a la educación, convertido en servicio en la Constitución de 1991, inclusive con ánimo de lucro, que puede ser prestado por particulares, tal como se da en otras partes del mundo. Chile y EEUU son ejemplos de privatización de la educación superior. No está mal que el mercado actúe en el servicio educativo, lo malo es que el Estado deje de funcionar donde y como le compete y en este caso garantizar el acceso a la educación superior, asegurar la calidad, la financiación sostenida y regular muy bien al sector privado para que no cometa excesos.
En otras épocas los movimientos estudiantiles pedían lo inalcanzable. Sin embargo, la educación se democratizó y pudo estar al alcance de la clase media y sectores populares, la autonomía universitaria se constitucionalizó y el Gobierno asumió el compromiso de la financiación estatal. El conocimiento adquirió mayor importancia social y económica con la globalización. Más jóvenes quieren estudiar, las mujeres se volcaron al sistema educativo y al mercado laboral. El asunto es que hay más pobres y quieren estudiar porque han entendido que para salir de la pobreza y lograr mejores oportunidades laborales se requiere un título universitario, o al menos técnico.
¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! Fue la consigna del movimiento estudiantil de mayo de 1968 en Francia. En otras épocas los movimientos estudiantiles pedían lo inalcanzable más sin embargo, se lograron muchos avances durante el siglo XX. La educación se democratizó y pudo estar al alcance de muchos sectores de bajos estratos, la autonomía universitaria se constitucionalizó y el Gobierno asumió el compromiso de la financiación de la educación estatal. Las sociedades cambiaron y el conocimiento adquirió mayor importancia social y económica con la globalización. Más jóvenes quieren acceder a la universidad y a la técnica. Las mujeres se volcaron al sistema educativo y al mercado laboral. No acceder al conocimiento, ni al saber conlleva formas de exclusión, discriminación y pobreza. El problema actual es que hay más pobres informados y quieren estudiar porque han entendido que para salir de la pobreza y lograr mejores oportunidades laborales se requiere un título universitario, o al menos técnico. Pero no hay cupos ¡pa´ tanta gente! Sólo el 37% de la población bachiller accede a las instituciones de educación superior, incluyendo las universidades.
Según la Ley 30/92 hacen parte de las instituciones de educación superior (IES) las Instituciones Técnicas Profesionales (programas técnico profesionales), las Instituciones Universitarias, las Escuelas Tecnológicas y las Universidades (pueden ofrecer todos los programas profesionales y especializaciones, maestrías y doctorados). Del total de la oferta de las IES a 2010, un millón 691 estudiantes acceden a la educación postsecundaria, de los cuales el 62% asiste a las universidades y el 26% a las instituciones tecnológica, el resto a las demás modalidades. El 55.4% del total de la matrícula se concentra en entidades públicas y el 44.6% en instituciones privadas. El 63% de la oferta se concentra en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Atlántico, según datos del MEN.
El debate de la reforma pasa por la resolver los problemas de la cobertura, la deserción, la financiación de las universidades públicas, incluyendo la perspectiva territorial o regional, los estímulos a la oferta de las instituciones privadas de calidad, el acceso y permanencia en el sistema educativo de los sectores populares, de los pobres. También los retos de la universidad respecto al desarrollo humano y la generación de conocimiento para el progreso científico de la nación y la innovación que contribuya a las soluciones de problemas y los desafíos esenciales del ser humano. La calidad de la formación es un atributo inherente a la búsqueda del conocimiento y la prestación del servicio educativo y debe ser exigible.
Se requiere una regulación a la educación privada que controle el alto costo de las matrículas como lo advirtió el vicepresidente de la República Angelino Garzón. También urgen políticas eficaces de equidad que promuevan el talento de los jóvenes, en especial de los sectores populares, de indígenas y afrocolombianos. Hoy la realidad indica que si las familias pobres que quieren hacer profesional a uno de sus hijos, cuando no accede a un cupo en una universidad pública, les resulta imposible pagar entre 5 y 12 millones de pesos por un semestre en una universidad privada. Habrá que pensar en nuevos esquemas de financiación directa por oferta y por demanda con recursos públicos para aquellos jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que cumplan los requisitos de ingreso, teniendo en cuenta la estructura regional del sistema de universidades. Se necesita un rediseño al sistema de crédito educativo del Icetex y nuevos instrumentos como los fondos de becas territoriales y el aporte de las empresas, a fin de garantizar mayor cobertura y la disminución de la deserción de los jóvenes de la provincia. Si el mercado laboral requiere personal más calificado, la formación superior no puede ser un privilegio de unos cuantos. En promedio un recién graduado de técnica profesional gana 2,3 veces más el ingreso de un bachiller, según el Observatorio Laboral para la Educación Superior.
El gasto público en educación superior pasó de 0.90% del PIB en el 2002 al 1,08% en el 2010 (sólo creció el 0,13% del Producto Interno Bruto). El presupuesto promedio por universidad asciende a 3.52 millones de pesos por estudiante. Sin embargo, de los recursos que la nación transfiere a las universidades oficiales, el 48% se concentra en tres universidades (Nacional, Antioquia y Atlántico) y el 52% a las 29 restantes instituciones regionales. Con la reforma se adicionaban 428 mil millones de pesos corrientes para el periodo 2012-2014 y cerca de 30 billones hasta 2022, con los cuales se ampliaría en 600 nuevos cupos en programas de pregrado. El Gobierno debe realizar un mayor esfuerzo fiscal para garantizar la financiación de la educación superior, pensar en un esquema similar al sistema general de participación para las universidades que les garantice su funcionamiento y los premie por mayor cobertura y aseguramiento de la calidad. Por su parte el Sena tendrá que repensarse, garantizar mayor cobertura y mejor calidad de su oferta de formación, que sea más flexible y pertinente a los requerimientos del sector productivo y las comunidades. Para ello bien podría permitir el uso de sus instalaciones para ampliar la oferta de programas de educación superior, en convenio con las IES, contemplando la modalidad virtual.
El Gobierno Nacional tienen la mejor oportunidad de convocar un comisión de alto nivel de expertos en educación, representantes gremiales de estudiantes y docentes, del sector productivo y el Gobierno, para que estudien la problemática y presenten un nuevo proyecto de ley concertado y líneas de política pública que respondan a los asuntos más sensibles de la educación superior en el país, pensado en los más altos intereses de la nación y de las aspiraciones legítimas de realización del derecho a la educación de los jóvenes. Se hizo para el caso de la justicia y las transferencias, ¿por qué no hacerlo ahora a favor de la educación superior, si éste Gobierno ha mostrado un talante democrático y progresista?
La Misión de Sabios de principios de los años 90´ aportó muchas luces acerca de los desafíos de la educación superior en su tarea sobre la ciencia y la tecnología. Dijo Rodolfo Llinás, comisionado de la Misión que “El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación, la hija de la educación: la ciencia y la hija de la ciencia: la tecnología. Sin la menor duda, este entrelazamiento será uno de los ejes principales del futuro de nuestro país en el siglo XXI”.
La universidad y su función social, debe ser motivo de un nuevo debate nacional con todos los sectores. Se requiere examinar la razón de ser del alma mater como centro de pensamiento del ser humano, las dinámicas sociales y económicas, su contexto, su historia y su cultura. Inclusive urge definir políticas y articulaciones eficaces de la educación superior con la educación media y básica. Supone la búsqueda de la epistem como conocimiento y del sentido de la formación integral, de las premisas de los valores éticos y la formación para la vida, la convivencia y la democracia. De la misma manera la función de la universidad en la producción, apropiación y difusión del conocimiento y de la técnica, para crear y adoptar la innovación al servicio del ser humano y de su tiempo.
La preocupación por la igualdad de oportunidades para el acceso, es una cuestión planteada a las políticas económicas, sociales y a las políticas educativas. El problema del acceso a la educación se ha intentado resolver, pero nunca en forma duradera, considerando los problemas de calidad en la educación media, advirtió el Informe Mundial de la Educación de la Unesco. Veamos los resultados de las pruebas SABER o del ICFES por departamentos y municipios. Amén de los pésimos resultados del Chocó y Magdalena, de los municipios más pobres.
Los estudiantes a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- dieron lecciones desde el movimiento universitario emergente: enseñaron que es mejor deliberar, repensar y concertar la ley de educación superior. También que la política pública de educación es un asunto de tal importancia que no se resuelve sólo con una ley no concertada. En todo caso, los estudiantes como sujetos de derecho o como usuarios, también cuentan a la hora de tomar decisiones sobre el sector educativo, de igual manera habrá que consultar a los docentes y directivos. El diálogo y la concertación deben ser la mejor estrategia para resolver los conflictos y atender las reclamaciones de los sectores sociales y de los ciudadanos. El Gobierno tendrá que tomar la mejor decisión en función de los intereses de la nación y los derechos a la educación y al desarrollo de las regiones.
La deliberación democrática vuelve a la universidad con el levantamiento del paro. Tiene la palabra señora Ministra. “Qué vivan los estudiantes jardín de las alegrías…”, como dice la bella trova inmortalizada por Mercedes Sosa.
*Alberto Orgulloso Martínez es Decano Facultad de Humanidades - Universidad del Magdalena
En otras épocas los movimientos estudiantiles pedían lo inalcanzable. Sin embargo, la educación se democratizó y pudo estar al alcance de la clase media y sectores populares, la autonomía universitaria se constitucionalizó y el Gobierno asumió el compromiso de la financiación estatal. El conocimiento adquirió mayor importancia social y económica con la globalización. Más jóvenes quieren estudiar, las mujeres se volcaron al sistema educativo y al mercado laboral. El asunto es que hay más pobres y quieren estudiar porque han entendido que para salir de la pobreza y lograr mejores oportunidades laborales se requiere un título universitario, o al menos técnico.
¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! Fue la consigna del movimiento estudiantil de mayo de 1968 en Francia. En otras épocas los movimientos estudiantiles pedían lo inalcanzable más sin embargo, se lograron muchos avances durante el siglo XX. La educación se democratizó y pudo estar al alcance de muchos sectores de bajos estratos, la autonomía universitaria se constitucionalizó y el Gobierno asumió el compromiso de la financiación de la educación estatal. Las sociedades cambiaron y el conocimiento adquirió mayor importancia social y económica con la globalización. Más jóvenes quieren acceder a la universidad y a la técnica. Las mujeres se volcaron al sistema educativo y al mercado laboral. No acceder al conocimiento, ni al saber conlleva formas de exclusión, discriminación y pobreza. El problema actual es que hay más pobres informados y quieren estudiar porque han entendido que para salir de la pobreza y lograr mejores oportunidades laborales se requiere un título universitario, o al menos técnico. Pero no hay cupos ¡pa´ tanta gente! Sólo el 37% de la población bachiller accede a las instituciones de educación superior, incluyendo las universidades.
Según la Ley 30/92 hacen parte de las instituciones de educación superior (IES) las Instituciones Técnicas Profesionales (programas técnico profesionales), las Instituciones Universitarias, las Escuelas Tecnológicas y las Universidades (pueden ofrecer todos los programas profesionales y especializaciones, maestrías y doctorados). Del total de la oferta de las IES a 2010, un millón 691 estudiantes acceden a la educación postsecundaria, de los cuales el 62% asiste a las universidades y el 26% a las instituciones tecnológica, el resto a las demás modalidades. El 55.4% del total de la matrícula se concentra en entidades públicas y el 44.6% en instituciones privadas. El 63% de la oferta se concentra en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Atlántico, según datos del MEN.
El debate de la reforma pasa por la resolver los problemas de la cobertura, la deserción, la financiación de las universidades públicas, incluyendo la perspectiva territorial o regional, los estímulos a la oferta de las instituciones privadas de calidad, el acceso y permanencia en el sistema educativo de los sectores populares, de los pobres. También los retos de la universidad respecto al desarrollo humano y la generación de conocimiento para el progreso científico de la nación y la innovación que contribuya a las soluciones de problemas y los desafíos esenciales del ser humano. La calidad de la formación es un atributo inherente a la búsqueda del conocimiento y la prestación del servicio educativo y debe ser exigible.
Se requiere una regulación a la educación privada que controle el alto costo de las matrículas como lo advirtió el vicepresidente de la República Angelino Garzón. También urgen políticas eficaces de equidad que promuevan el talento de los jóvenes, en especial de los sectores populares, de indígenas y afrocolombianos. Hoy la realidad indica que si las familias pobres que quieren hacer profesional a uno de sus hijos, cuando no accede a un cupo en una universidad pública, les resulta imposible pagar entre 5 y 12 millones de pesos por un semestre en una universidad privada. Habrá que pensar en nuevos esquemas de financiación directa por oferta y por demanda con recursos públicos para aquellos jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que cumplan los requisitos de ingreso, teniendo en cuenta la estructura regional del sistema de universidades. Se necesita un rediseño al sistema de crédito educativo del Icetex y nuevos instrumentos como los fondos de becas territoriales y el aporte de las empresas, a fin de garantizar mayor cobertura y la disminución de la deserción de los jóvenes de la provincia. Si el mercado laboral requiere personal más calificado, la formación superior no puede ser un privilegio de unos cuantos. En promedio un recién graduado de técnica profesional gana 2,3 veces más el ingreso de un bachiller, según el Observatorio Laboral para la Educación Superior.
El gasto público en educación superior pasó de 0.90% del PIB en el 2002 al 1,08% en el 2010 (sólo creció el 0,13% del Producto Interno Bruto). El presupuesto promedio por universidad asciende a 3.52 millones de pesos por estudiante. Sin embargo, de los recursos que la nación transfiere a las universidades oficiales, el 48% se concentra en tres universidades (Nacional, Antioquia y Atlántico) y el 52% a las 29 restantes instituciones regionales. Con la reforma se adicionaban 428 mil millones de pesos corrientes para el periodo 2012-2014 y cerca de 30 billones hasta 2022, con los cuales se ampliaría en 600 nuevos cupos en programas de pregrado. El Gobierno debe realizar un mayor esfuerzo fiscal para garantizar la financiación de la educación superior, pensar en un esquema similar al sistema general de participación para las universidades que les garantice su funcionamiento y los premie por mayor cobertura y aseguramiento de la calidad. Por su parte el Sena tendrá que repensarse, garantizar mayor cobertura y mejor calidad de su oferta de formación, que sea más flexible y pertinente a los requerimientos del sector productivo y las comunidades. Para ello bien podría permitir el uso de sus instalaciones para ampliar la oferta de programas de educación superior, en convenio con las IES, contemplando la modalidad virtual.
El Gobierno Nacional tienen la mejor oportunidad de convocar un comisión de alto nivel de expertos en educación, representantes gremiales de estudiantes y docentes, del sector productivo y el Gobierno, para que estudien la problemática y presenten un nuevo proyecto de ley concertado y líneas de política pública que respondan a los asuntos más sensibles de la educación superior en el país, pensado en los más altos intereses de la nación y de las aspiraciones legítimas de realización del derecho a la educación de los jóvenes. Se hizo para el caso de la justicia y las transferencias, ¿por qué no hacerlo ahora a favor de la educación superior, si éste Gobierno ha mostrado un talante democrático y progresista?
La Misión de Sabios de principios de los años 90´ aportó muchas luces acerca de los desafíos de la educación superior en su tarea sobre la ciencia y la tecnología. Dijo Rodolfo Llinás, comisionado de la Misión que “El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación, la hija de la educación: la ciencia y la hija de la ciencia: la tecnología. Sin la menor duda, este entrelazamiento será uno de los ejes principales del futuro de nuestro país en el siglo XXI”.
La universidad y su función social, debe ser motivo de un nuevo debate nacional con todos los sectores. Se requiere examinar la razón de ser del alma mater como centro de pensamiento del ser humano, las dinámicas sociales y económicas, su contexto, su historia y su cultura. Inclusive urge definir políticas y articulaciones eficaces de la educación superior con la educación media y básica. Supone la búsqueda de la epistem como conocimiento y del sentido de la formación integral, de las premisas de los valores éticos y la formación para la vida, la convivencia y la democracia. De la misma manera la función de la universidad en la producción, apropiación y difusión del conocimiento y de la técnica, para crear y adoptar la innovación al servicio del ser humano y de su tiempo.
La preocupación por la igualdad de oportunidades para el acceso, es una cuestión planteada a las políticas económicas, sociales y a las políticas educativas. El problema del acceso a la educación se ha intentado resolver, pero nunca en forma duradera, considerando los problemas de calidad en la educación media, advirtió el Informe Mundial de la Educación de la Unesco. Veamos los resultados de las pruebas SABER o del ICFES por departamentos y municipios. Amén de los pésimos resultados del Chocó y Magdalena, de los municipios más pobres.
Los estudiantes a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- dieron lecciones desde el movimiento universitario emergente: enseñaron que es mejor deliberar, repensar y concertar la ley de educación superior. También que la política pública de educación es un asunto de tal importancia que no se resuelve sólo con una ley no concertada. En todo caso, los estudiantes como sujetos de derecho o como usuarios, también cuentan a la hora de tomar decisiones sobre el sector educativo, de igual manera habrá que consultar a los docentes y directivos. El diálogo y la concertación deben ser la mejor estrategia para resolver los conflictos y atender las reclamaciones de los sectores sociales y de los ciudadanos. El Gobierno tendrá que tomar la mejor decisión en función de los intereses de la nación y los derechos a la educación y al desarrollo de las regiones.
La deliberación democrática vuelve a la universidad con el levantamiento del paro. Tiene la palabra señora Ministra. “Qué vivan los estudiantes jardín de las alegrías…”, como dice la bella trova inmortalizada por Mercedes Sosa.
*Alberto Orgulloso Martínez es Decano Facultad de Humanidades - Universidad del Magdalena
