El Supremo absuelve a Garzón de la acusación de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo
*AI: La sentencia sobre Baltasar Garzón es una buena noticia, pero los delitos siguen sin abordarse
EMD/ AGENCIAS.- El Tribunal Supremo ha absuelto a Baltasar Garzón, por seis votos a uno, del delito de prevaricación del que se le acusaba por investigar los crímenes y desapariciones del franquismo careciendo presuntamente de competencia legal para ello, según han informado fuentes jurídicas.
El voto particular lo ha emitido el magistrado José Manuel Maza. El alto tribunal pone fin así al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional, a quien recientemente condenó a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las escuchas de la 'trama Gürtel'. El Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, ha dado a conocer este lunes la sentencia, que tiene como ponente al juez Andrés Martínez Arrieta. La Sala enjuiciadora ha estado completada por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero. Éste último redactó la resolución en la que se condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas del 'caso Gürtel'.
En este procedimiento, la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, solicitaban que Garzón fuera multado e inhabilitado por 20 años, la máxima pena prevista en el Código Penal para este delito. A su entender, vulneró "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra el franquismo.
Tanto el fiscal Luis Navajas como su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidieron durante el juicio su libre absolución y el archivo del procedimiento. Entre otras cuestiones, aludieron a la doctrina 'Botín', aplicada por primera vez al presidente del banco Santander y según la cual la apertura del juicio no procedía si actúa en solitario la acusación popular.
En la séptima y última sesión del juicio, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aprovechó el turno de última palabra para asegurar que su "conciencia está tranquila porque tomó las decisiones" que creyó "ajustadas a Derecho" para "perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos" de desapariciones forzadas y actuó en defensa de las víctimas del "desamparo".
Esta causa abierta contra Garzón, conocido mundialmente por su lucha contra ETA y la apertura de causas de justicia universal, como la que permitió la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet, ha levantado una gran expectación internacional. Un grupo de observadores internacionales relacionados con organizaciones de derechos humanos asistió a la sala de vistas, mientras que a las puertas del Supremo se celebraron numerosas manifestaciones de apoyo a Garzón al grito de "¡Justicia!" y "¡vergüenza!".
AI
"La decisión del Tribunal Supremo español de absolver al juez Baltasar Garzón del cargo que se le imputaba por investigar violaciones de derechos humanos es una buena noticia, pero es preciso hacer mucho más para garantizar la justicia en España", ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización ha pedido a las autoridades de España que emprendan sin demora investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil española y el gobierno de Francisco Franco, unos abusos que incluyen homicidios extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
“Es una vergüenza que España aún no haya abordado su oscuro pasado”, ha manifestado Marek Marczynski, director de Justicia Internacional en Amnistía Internacional.
“La noticia sobre el juez Garzón constituye un paso adelante. Sin embargo, lo que queremos ver ahora es una investigación exhaustiva sobre la serie de abusos que se cometieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista. No debe haber impunidad en España para esos atroces crímenes”.
Amnistía Internacional aún no ha podido valorar el texto completo de la sentencia. No obstante, basándose en la información disponible hasta el momento, la organización teme que la interpretación del principio de legalidad expuesta en la resolución judicial pueda impedir a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado acceder a la justicia.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que cumplan con su obligación internacional e investiguen los delitos de derecho internacional cometidos en el pasado; en particular, deben dejar de lado la Ley de Amnistía de 1977 y las normas sobre prescripción.
El voto particular lo ha emitido el magistrado José Manuel Maza. El alto tribunal pone fin así al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional, a quien recientemente condenó a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las escuchas de la 'trama Gürtel'. El Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, ha dado a conocer este lunes la sentencia, que tiene como ponente al juez Andrés Martínez Arrieta. La Sala enjuiciadora ha estado completada por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero. Éste último redactó la resolución en la que se condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas del 'caso Gürtel'.
En este procedimiento, la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, solicitaban que Garzón fuera multado e inhabilitado por 20 años, la máxima pena prevista en el Código Penal para este delito. A su entender, vulneró "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra el franquismo.
Tanto el fiscal Luis Navajas como su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidieron durante el juicio su libre absolución y el archivo del procedimiento. Entre otras cuestiones, aludieron a la doctrina 'Botín', aplicada por primera vez al presidente del banco Santander y según la cual la apertura del juicio no procedía si actúa en solitario la acusación popular.
En la séptima y última sesión del juicio, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aprovechó el turno de última palabra para asegurar que su "conciencia está tranquila porque tomó las decisiones" que creyó "ajustadas a Derecho" para "perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos" de desapariciones forzadas y actuó en defensa de las víctimas del "desamparo".
Esta causa abierta contra Garzón, conocido mundialmente por su lucha contra ETA y la apertura de causas de justicia universal, como la que permitió la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet, ha levantado una gran expectación internacional. Un grupo de observadores internacionales relacionados con organizaciones de derechos humanos asistió a la sala de vistas, mientras que a las puertas del Supremo se celebraron numerosas manifestaciones de apoyo a Garzón al grito de "¡Justicia!" y "¡vergüenza!".
AI
"La decisión del Tribunal Supremo español de absolver al juez Baltasar Garzón del cargo que se le imputaba por investigar violaciones de derechos humanos es una buena noticia, pero es preciso hacer mucho más para garantizar la justicia en España", ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización ha pedido a las autoridades de España que emprendan sin demora investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil española y el gobierno de Francisco Franco, unos abusos que incluyen homicidios extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
“Es una vergüenza que España aún no haya abordado su oscuro pasado”, ha manifestado Marek Marczynski, director de Justicia Internacional en Amnistía Internacional.
“La noticia sobre el juez Garzón constituye un paso adelante. Sin embargo, lo que queremos ver ahora es una investigación exhaustiva sobre la serie de abusos que se cometieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista. No debe haber impunidad en España para esos atroces crímenes”.
Amnistía Internacional aún no ha podido valorar el texto completo de la sentencia. No obstante, basándose en la información disponible hasta el momento, la organización teme que la interpretación del principio de legalidad expuesta en la resolución judicial pueda impedir a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado acceder a la justicia.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que cumplan con su obligación internacional e investiguen los delitos de derecho internacional cometidos en el pasado; en particular, deben dejar de lado la Ley de Amnistía de 1977 y las normas sobre prescripción.
