El PP rechaza en el Congreso la propuesta de IU para que los licenciados en derecho no tengan que hacer un examen final y prácticas para poder ejercer
Gaspar Llamazares señala en la Comisión de Justicia que la norma que respalda el PP, consecuencia de la que en su día aprobó el Gobierno del PSOE, “va a generar que las próximas promociones de estudiantes de Derecho sean discriminadas y paguen las consecuencias de una reforma precipitada, discriminatoria, desproporcionada, en la que los alumnos van a convertirse en una suerte de experimento”
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares, por la que se instaba al Gobierno a que los licenciados en Derecho pudieran “colegiarse libremente” para ejercer como abogados y procuradores sin necesidad de tener que superar un periodo de prácticas y un examen final. El rechazo se ha producido tras el voto negativo del Grupo Popular y la abstención del PSOE, que finalmente decidió no dar su voto favorable a la iniciativa de IU.
Llamazares advirtió durante la defensa de su iniciativa sobre la “discriminación absolutamente injustificada” que sufren los licenciados en Derecho, al verse obligados finalmente a tener que superar el periodo de prácticas y el examen final que impone la Ley de acceso a la Abogacía y la Procura, sin que ni el anterior gobierno del PSOE ni el actual del PP hayan mostrado un especial interés por evitarlo.
Gaspar Llamazares criticó por parciales los reiterados anuncios propagandísticos hechos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dirigidos sólo a excluir a los alumnos que se matricularon en la Licenciatura de Derecho de cursar el posgrado previsto en la Ley 34/2006 pero sí les obliga a superar la prueba final.
Para el parlamentario de IU, la ‘vacatio legis’ de cinco años resulta “insufciente” dado que muchas universidades aún no han solicitado preparar el curso de acceso y buena parte del resto han ofertado un escaso número de plazas. “La gravedad de este hecho no puede ser ignorada”, apostilló.
Desde IU se ha criticado también la falta de becas y ayudas, así como el hecho cada vez más claro de que esta norma “va a generar que las próximas promociones de estudiantes de Derecho sean discriminadas y paguen las consecuencias de una reforma precipitada, discriminatoria, desproporcionada, en la que los alumnos van a convertirse en una suerte de experimento”.
Llamazares rechazó la enmienda presentada por IU que trataba de edulcorar el verdadero alcance de la propuesta de IU y no ofrecía una solución adecuada a las demandas de los estudiantes y futuros licenciados.
(A continuación se incluye el texto íntegro de la intervención de Gaspar Llamazares en la Comisión de Justicia del Congreso)
"Señorías, como el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, hemos presentado iniciativas similares pretendiendo la exclusión del régimen previsto en la Ley 34/2006 de todos aquellos que hubieran obtenido u obtengan el título universitario de licenciados en Derecho. Es verdad, señorías, que con posterioridad el Gobierno ha intentando subsanar este problema con el Real Decreto-ley 5/2012. Sin embargo, soluciona este problema de manera parcial; deja pendiente todo lo relativo a la formación práctica y algo muy importante también como es el examen o la evaluación de estos ciudadanos.
Esta situación discriminatoria, como decía antes, la han advertido todos los grupos parlamentarios que presentaron iniciativas en esta Cámara que pretendían no una solución parcial, sino una solución total del problema, planteando que este problema tenía que ser abordado desde una exclusión del conjunto de los licenciados. En ese sentido, la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, veda el establecimiento de restricciones injustificadas y desproporcionadas para el acceso al ejercicio de profesiones, incluidas las tituladas y sometidas a colegiación obligatoria.
Asimismo, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 4/2007, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades plantea que el título de licenciado, así como los restantes títulos a extinguir, mantendrán su plena vigencia académica y profesional en los mismos términos que se establecieron en su origen.
Por todo ello, tiene sentido que la modificación de las condiciones de acceso a las profesiones tituladas incida sobre los nuevos títulos de grado y no sobre los antiguos de licenciado, so pena de incurrir en la vulneración de varios preceptos constitucionales, máxime cuando se trata de una regulación que resulta excepcional en nuestro país, pues las de abogado y procurador serán las únicas profesiones tituladas para las que se exija un título adicional al universitario.
Además, queremos hacer notar en esta Comisión que la justificación de la nueva regulación en la necesidad de garantizar derechos fundamentales no permite establecer una diferencia entre licenciados en función del momento en que comiencen o acaben sus estudios. La nueva regulación también supone, en nuestra opinión, una situación de desigualdad para los licenciados con respecto a los nuevos graduados, cuya formación, no solo en años, sino sobre todo en contenidos, es muy diferente. En este sentido la reforma operada por el real decreto-ley supone que quienes obtengan el título con posterioridad a la entrada en vigor la ley y no lo hubieran comenzado antes de la publicación de la misma quedan exentos de la parte teórica.
Por tanto, la solución planteada por el Gobierno no solo supone una contradicción con la proposición no de ley del Grupo Popular que está pendiente de tramitación en esta Cámara y una discriminación absolutamente injustificada sino que, además, genera una serie de problemas nuevos, primero, porque escinde la fase de prácticas externas de la fase teórica, con la que formaban un todo y, segundo, porque pretende llevar a cabo un examen muy específico a quienes no se han preparado para ello.
Además, en las últimas conversaciones con el señor Gallardón ya no es que hablemos de exceptuar la fase teórica, sino que hemos dado un paso más y ya no hablamos de examen, sino que hablamos de evaluación. Señorías, nos queda el elemento de la fase práctica, con lo cual prácticamente estamos en una moratoria, de nuevo ampliada con respecto a la moratoria inicial de la ley. Los que estamos aquí deberemos reconocer que esa moratoria se ha mostrado insuficiente. La vacatio legis de cinco años, seis años en el anteproyecto y proyecto de ley original, no ha servido para solucionar los problemas del colectivo porque en los cursos 2011, 2012 y probablemente en el 2013 tendremos miles, no cientos, miles de licenciados que no tienen solución a sus problemas. Y nosotros no hemos establecido los mecanismos adecuados para que tengan alguna garantía de formación práctica ni tampoco una garantía en relación a los exámenes.
¿Por qué esta iniciativa? Porque la adaptación del reglamento a todos los supuestos contemplados en el real decreto-ley será costosa, lógicamente se prolongará en el tiempo. Hay que tener en cuenta que es preciso contar de nuevo con el Consejo de la Abogacía y la Procura, las universidades, los ministerios, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Además, en esta ocasión deberá darse audiencia a los representantes de los afectados y a la Comisión Nacional de la Competencia, que ha hecho un informe durísimo sobre esta materia.
Por tanto, en primer lugar, insuficiencia de la vacatio legis. En segundo lugar, falta de implantación de los cursos de formación previstos. En la actualidad no existe ni un solo curso de formación acreditado por el Ministerio de Justicia o por la Aneca u órganos autonómicos de evaluación. Y se conoce, por ejemplo, que Castilla y León no tiene preparados ni piensa preparar cursos; Canarias tampoco. En la Comunidad de Madrid sólo hay dos universidades que han implantado el máster o postgrado con una oferta de 400 plazas con un máximo de 6.000 estudiantes que prevé obtengan en el curso 2001-2012 la licenciatura en Derecho. Situación en la que ni se pueden colegiar todos estos licenciados ni pueden iniciar los trámites para la obtención de los títulos profesionales que les permitan la colegiación. La gravedad de este hecho no puede ser ignorada por el legislador y por sí sola justificaría la necesidad de una moratoria, puesto que su vigencia en estas condiciones fácilmente comprobables hacen imposible su eficacia.
En tercer lugar, retraso en la convocatoria de evaluación de aptitud profesional incumpliendo lo establecido en la Ley 30/2006 y su reglamento de desarrollo. Señorías, a tener de lo establecido en la ley y en su reglamento, el examen para el acceso a la Abogacía y la Procura tendrá una periodicidad mínima anual, por lo que debería tener lugar antes del 31 de octubre de 2012 y publicarse la convocatoria con una antelación de tres meses en el Boletín Oficial del Estado. Las primeras pruebas de evaluación estaban previstas para celebrarse en el 2014; por eso no es posible con la modificación aprobada por real decreto-ley, y si se retrasara, los alumnos que obtengan la licenciatura de Derecho en 2012 no tendrían acceso al ejercicio de la abogacía o procuraduría hasta que se celebren dichos exámenes.
En cuarto lugar, ausencia de becas y ayudas. Asimismo se aprecia la ausencia todavía de un sistema de becas y ayudas para aquellos licenciados en Derecho que tuvieran que obtener el título profesional de abogado o procurador que tuvieran que realizar las prácticas y hacer el examen. En quinto lugar, el incumplimiento por parte de la administración de todos estos requisitos, puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Termino. Todos estos argumentos, expuestos anteriormente, ponen de relieve la necesidad de retrasar la entrada en vigor de la modificación introducida en el Real-decreto 5/2012, en la Ley de acceso a la profesión de abogado y procurador, la obligación del Gobierno de pararse, pensar y actuar con responsabilidad anteponiendo la calidad de la formación y el acceso a las condiciones de igualdad a los estudiantes, a la profesión del Colegio de Abogados e instituciones privadas antes de poner en marcha la reforma en las condiciones actuales. De lo contrario va a generar que las próximas promociones de estudiantes de Derecho sean discriminadas y paguen las consecuencias de una reforma precipitada, discriminatoria, desproporcionada, en la que los alumnos van a convertirse en una suerte de experimento.
Como decíamos anteriormente, el real decreto ofrece más problemas que soluciones: porque no se dan las condiciones mínimas para garantizar una formación de calidad acreditada anclada en lo público, ni un sistema de becas ni un sistema de acceso a la profesión de abogado y procurador en condiciones de igualdad. Acabo con una frase que acabo de leer: Dicen que mire al futuro para que no vea cómo se cargan el presente. Yo creo que debemos solucionar el presente."
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares, por la que se instaba al Gobierno a que los licenciados en Derecho pudieran “colegiarse libremente” para ejercer como abogados y procuradores sin necesidad de tener que superar un periodo de prácticas y un examen final. El rechazo se ha producido tras el voto negativo del Grupo Popular y la abstención del PSOE, que finalmente decidió no dar su voto favorable a la iniciativa de IU.
Llamazares advirtió durante la defensa de su iniciativa sobre la “discriminación absolutamente injustificada” que sufren los licenciados en Derecho, al verse obligados finalmente a tener que superar el periodo de prácticas y el examen final que impone la Ley de acceso a la Abogacía y la Procura, sin que ni el anterior gobierno del PSOE ni el actual del PP hayan mostrado un especial interés por evitarlo.
Gaspar Llamazares criticó por parciales los reiterados anuncios propagandísticos hechos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dirigidos sólo a excluir a los alumnos que se matricularon en la Licenciatura de Derecho de cursar el posgrado previsto en la Ley 34/2006 pero sí les obliga a superar la prueba final.
Para el parlamentario de IU, la ‘vacatio legis’ de cinco años resulta “insufciente” dado que muchas universidades aún no han solicitado preparar el curso de acceso y buena parte del resto han ofertado un escaso número de plazas. “La gravedad de este hecho no puede ser ignorada”, apostilló.
Desde IU se ha criticado también la falta de becas y ayudas, así como el hecho cada vez más claro de que esta norma “va a generar que las próximas promociones de estudiantes de Derecho sean discriminadas y paguen las consecuencias de una reforma precipitada, discriminatoria, desproporcionada, en la que los alumnos van a convertirse en una suerte de experimento”.
Llamazares rechazó la enmienda presentada por IU que trataba de edulcorar el verdadero alcance de la propuesta de IU y no ofrecía una solución adecuada a las demandas de los estudiantes y futuros licenciados.
(A continuación se incluye el texto íntegro de la intervención de Gaspar Llamazares en la Comisión de Justicia del Congreso)
"Señorías, como el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, hemos presentado iniciativas similares pretendiendo la exclusión del régimen previsto en la Ley 34/2006 de todos aquellos que hubieran obtenido u obtengan el título universitario de licenciados en Derecho. Es verdad, señorías, que con posterioridad el Gobierno ha intentando subsanar este problema con el Real Decreto-ley 5/2012. Sin embargo, soluciona este problema de manera parcial; deja pendiente todo lo relativo a la formación práctica y algo muy importante también como es el examen o la evaluación de estos ciudadanos.
Esta situación discriminatoria, como decía antes, la han advertido todos los grupos parlamentarios que presentaron iniciativas en esta Cámara que pretendían no una solución parcial, sino una solución total del problema, planteando que este problema tenía que ser abordado desde una exclusión del conjunto de los licenciados. En ese sentido, la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, veda el establecimiento de restricciones injustificadas y desproporcionadas para el acceso al ejercicio de profesiones, incluidas las tituladas y sometidas a colegiación obligatoria.
Asimismo, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 4/2007, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades plantea que el título de licenciado, así como los restantes títulos a extinguir, mantendrán su plena vigencia académica y profesional en los mismos términos que se establecieron en su origen.
Por todo ello, tiene sentido que la modificación de las condiciones de acceso a las profesiones tituladas incida sobre los nuevos títulos de grado y no sobre los antiguos de licenciado, so pena de incurrir en la vulneración de varios preceptos constitucionales, máxime cuando se trata de una regulación que resulta excepcional en nuestro país, pues las de abogado y procurador serán las únicas profesiones tituladas para las que se exija un título adicional al universitario.
Además, queremos hacer notar en esta Comisión que la justificación de la nueva regulación en la necesidad de garantizar derechos fundamentales no permite establecer una diferencia entre licenciados en función del momento en que comiencen o acaben sus estudios. La nueva regulación también supone, en nuestra opinión, una situación de desigualdad para los licenciados con respecto a los nuevos graduados, cuya formación, no solo en años, sino sobre todo en contenidos, es muy diferente. En este sentido la reforma operada por el real decreto-ley supone que quienes obtengan el título con posterioridad a la entrada en vigor la ley y no lo hubieran comenzado antes de la publicación de la misma quedan exentos de la parte teórica.
Por tanto, la solución planteada por el Gobierno no solo supone una contradicción con la proposición no de ley del Grupo Popular que está pendiente de tramitación en esta Cámara y una discriminación absolutamente injustificada sino que, además, genera una serie de problemas nuevos, primero, porque escinde la fase de prácticas externas de la fase teórica, con la que formaban un todo y, segundo, porque pretende llevar a cabo un examen muy específico a quienes no se han preparado para ello.
Además, en las últimas conversaciones con el señor Gallardón ya no es que hablemos de exceptuar la fase teórica, sino que hemos dado un paso más y ya no hablamos de examen, sino que hablamos de evaluación. Señorías, nos queda el elemento de la fase práctica, con lo cual prácticamente estamos en una moratoria, de nuevo ampliada con respecto a la moratoria inicial de la ley. Los que estamos aquí deberemos reconocer que esa moratoria se ha mostrado insuficiente. La vacatio legis de cinco años, seis años en el anteproyecto y proyecto de ley original, no ha servido para solucionar los problemas del colectivo porque en los cursos 2011, 2012 y probablemente en el 2013 tendremos miles, no cientos, miles de licenciados que no tienen solución a sus problemas. Y nosotros no hemos establecido los mecanismos adecuados para que tengan alguna garantía de formación práctica ni tampoco una garantía en relación a los exámenes.
¿Por qué esta iniciativa? Porque la adaptación del reglamento a todos los supuestos contemplados en el real decreto-ley será costosa, lógicamente se prolongará en el tiempo. Hay que tener en cuenta que es preciso contar de nuevo con el Consejo de la Abogacía y la Procura, las universidades, los ministerios, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Además, en esta ocasión deberá darse audiencia a los representantes de los afectados y a la Comisión Nacional de la Competencia, que ha hecho un informe durísimo sobre esta materia.
Por tanto, en primer lugar, insuficiencia de la vacatio legis. En segundo lugar, falta de implantación de los cursos de formación previstos. En la actualidad no existe ni un solo curso de formación acreditado por el Ministerio de Justicia o por la Aneca u órganos autonómicos de evaluación. Y se conoce, por ejemplo, que Castilla y León no tiene preparados ni piensa preparar cursos; Canarias tampoco. En la Comunidad de Madrid sólo hay dos universidades que han implantado el máster o postgrado con una oferta de 400 plazas con un máximo de 6.000 estudiantes que prevé obtengan en el curso 2001-2012 la licenciatura en Derecho. Situación en la que ni se pueden colegiar todos estos licenciados ni pueden iniciar los trámites para la obtención de los títulos profesionales que les permitan la colegiación. La gravedad de este hecho no puede ser ignorada por el legislador y por sí sola justificaría la necesidad de una moratoria, puesto que su vigencia en estas condiciones fácilmente comprobables hacen imposible su eficacia.
En tercer lugar, retraso en la convocatoria de evaluación de aptitud profesional incumpliendo lo establecido en la Ley 30/2006 y su reglamento de desarrollo. Señorías, a tener de lo establecido en la ley y en su reglamento, el examen para el acceso a la Abogacía y la Procura tendrá una periodicidad mínima anual, por lo que debería tener lugar antes del 31 de octubre de 2012 y publicarse la convocatoria con una antelación de tres meses en el Boletín Oficial del Estado. Las primeras pruebas de evaluación estaban previstas para celebrarse en el 2014; por eso no es posible con la modificación aprobada por real decreto-ley, y si se retrasara, los alumnos que obtengan la licenciatura de Derecho en 2012 no tendrían acceso al ejercicio de la abogacía o procuraduría hasta que se celebren dichos exámenes.
En cuarto lugar, ausencia de becas y ayudas. Asimismo se aprecia la ausencia todavía de un sistema de becas y ayudas para aquellos licenciados en Derecho que tuvieran que obtener el título profesional de abogado o procurador que tuvieran que realizar las prácticas y hacer el examen. En quinto lugar, el incumplimiento por parte de la administración de todos estos requisitos, puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Termino. Todos estos argumentos, expuestos anteriormente, ponen de relieve la necesidad de retrasar la entrada en vigor de la modificación introducida en el Real-decreto 5/2012, en la Ley de acceso a la profesión de abogado y procurador, la obligación del Gobierno de pararse, pensar y actuar con responsabilidad anteponiendo la calidad de la formación y el acceso a las condiciones de igualdad a los estudiantes, a la profesión del Colegio de Abogados e instituciones privadas antes de poner en marcha la reforma en las condiciones actuales. De lo contrario va a generar que las próximas promociones de estudiantes de Derecho sean discriminadas y paguen las consecuencias de una reforma precipitada, discriminatoria, desproporcionada, en la que los alumnos van a convertirse en una suerte de experimento.
Como decíamos anteriormente, el real decreto ofrece más problemas que soluciones: porque no se dan las condiciones mínimas para garantizar una formación de calidad acreditada anclada en lo público, ni un sistema de becas ni un sistema de acceso a la profesión de abogado y procurador en condiciones de igualdad. Acabo con una frase que acabo de leer: Dicen que mire al futuro para que no vea cómo se cargan el presente. Yo creo que debemos solucionar el presente."
