OPINIÓN de Alejandro Dausá
La IX Marcha Indígena ha comenzado. ¿Funcionará como el catalizador del descontento social que se viene expresando de múltiples modos? Según la Fundación UNIR, en el año 2011 se contabilizaron alrededor de 1300 conflictos en el país.
A riesgo de simplificar, se puede afirmar que prácticamente todos fueron y son sectoriales y parciales. Sectoriales porque se trata de reivindicaciones de tipo salarial, tarifario, limítrofe, o relacionadas a actividades económicas informales, pago de bonos a sectores vulnerables, etc. Parciales porque son escasísimas las que proponen cambios estructurales.
De acuerdo a la politóloga cruceña Helena Argirakis, el conflicto interhegemónico (sectores subalternos vs. grupos tradicionales de poder) que caracterizó el panorama hasta el año 2009, se trasladó al interior del campo popular (lucha intrahegemónica). Es lo que el Vicepresidente ha calificado con cierto candor como “tensiones creativas”.
Una administración responsable, prudente pero conservadora en lo macroeconómico, excelentes precios de productos primarios como soya, minerales e hidrocarburos, reservas inéditas en la historia del país (más de 12.000.000 de dólares) atizan en el imaginario de algunos sectores la idea de que es hora de reclamar la parte que consideran suya. Ciertas señales públicas del gobierno han operado como aceleradores de demandas. Aunque se trata de un ejemplo extremo, la reciente legalización de 120.000 vehículos introducidos vía contrabando funcionó como guiño cómplice para casi cualquier reclamo.
El ex ministro Alfredo Rada, que suele hacer reflexiones agudas dentro de la apuesta por profundizar el proceso de cambio, indica que una de las fallas del gobierno es el cortoplacismo en la resolución de conflictos, abandonando el análisis estratégico y las grandes pautas planteadas en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo del 2006. Una muestra de lo anterior es la variedad de posiciones y estrategias gubernamentales contradictorias y erráticas en torno al conflicto por el Tramo II de la carretera por el TIPNIS.
¿Cuál es el escenario?
A diferencia de la VIII Marcha Indígena, la que se inicia ahora encabezada por la CIDOB no cuenta con el respaldo de algunas de sus propias afiliadas. Esa merma se puede explicar, entre otros fenómenos, por su propia situación de crisis interna, y paralelamente por el despliegue de una estrategia más avispada del gobierno, que ha venido estableciendo convenios bilaterales con sectores indígenas de tierras bajas, condicionando su participación activa en la IX Marcha. Otro elemento es el desprestigio de dirigentes de la CIDOB, que han firmado acuerdos con sectores de la derecha del Departamento de Santa Cruz. Incluso una connotada lideresa, ex ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas (CNAMIB) aceptó un cargo de sub-alcaldesa de manos del burgomaestre de la ciudad de Santa Cruz, personaje conocido por su gestión favorecedora de los grupos de poder, y además por una administración muy poco transparente.
Paradójicamente, la IX Marcha Indígena amenaza incendiar el ámbito urbano, donde se agudiza la movilización de diferentes sectores, con enorme apoyo del empresariado mediático. No parece casual que uno de las corporaciones más activas sea la de la salud. Luego de un decreto que obliga al personal sanitario a trabajar ocho horas en establecimientos públicos, se desató la furia de este poderoso gremio; una verdadera mafia cuya premisa es la mercantilización de la salud y la producción de billetes, que entre otros mecanismos recurre a la derivación de pacientes de hospitales públicos a clínicas o consultas privadas, donde sí se trabaja ocho horas y más sin inconveniente ni queja alguna. En su protesta han logrado arrastrar a grupos de estudiantes de medicina como tropas de choque, cuyas exhibiciones de fuerza incluyeron la quema de una bandera cubana en la UPEA de El Alto, porque sin dudas simboliza otro tipo de política y ética médica, aborrecida y sistemáticamente vilipendiada por la aristocracia de los galenos.
Fracasados los variados intentos para derrocar al gobierno en años anteriores, todo indica que la derecha apuesta ahora al desgaste desde varios frentes. Recurrir a la memoria histórica es arribar necesariamente a los tiempos del gobierno popular de la UPD (1982-85) cuando las constantes presiones y demandas acabaron echando por la borda más de veinticinco años de acumulación política, abriendo paso al neoliberalismo.
El tiempo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha perdido descuidando el fortalecimiento del instrumento político, obviando planes para la formación de la conciencia crítica informada, y confundiendo participación con masividad, pudiera comenzar a pasarle factura.
La IX Marcha Indígena ha comenzado. ¿Funcionará como el catalizador del descontento social que se viene expresando de múltiples modos? Según la Fundación UNIR, en el año 2011 se contabilizaron alrededor de 1300 conflictos en el país.
A riesgo de simplificar, se puede afirmar que prácticamente todos fueron y son sectoriales y parciales. Sectoriales porque se trata de reivindicaciones de tipo salarial, tarifario, limítrofe, o relacionadas a actividades económicas informales, pago de bonos a sectores vulnerables, etc. Parciales porque son escasísimas las que proponen cambios estructurales.
De acuerdo a la politóloga cruceña Helena Argirakis, el conflicto interhegemónico (sectores subalternos vs. grupos tradicionales de poder) que caracterizó el panorama hasta el año 2009, se trasladó al interior del campo popular (lucha intrahegemónica). Es lo que el Vicepresidente ha calificado con cierto candor como “tensiones creativas”.
Una administración responsable, prudente pero conservadora en lo macroeconómico, excelentes precios de productos primarios como soya, minerales e hidrocarburos, reservas inéditas en la historia del país (más de 12.000.000 de dólares) atizan en el imaginario de algunos sectores la idea de que es hora de reclamar la parte que consideran suya. Ciertas señales públicas del gobierno han operado como aceleradores de demandas. Aunque se trata de un ejemplo extremo, la reciente legalización de 120.000 vehículos introducidos vía contrabando funcionó como guiño cómplice para casi cualquier reclamo.
El ex ministro Alfredo Rada, que suele hacer reflexiones agudas dentro de la apuesta por profundizar el proceso de cambio, indica que una de las fallas del gobierno es el cortoplacismo en la resolución de conflictos, abandonando el análisis estratégico y las grandes pautas planteadas en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo del 2006. Una muestra de lo anterior es la variedad de posiciones y estrategias gubernamentales contradictorias y erráticas en torno al conflicto por el Tramo II de la carretera por el TIPNIS.
¿Cuál es el escenario?
A diferencia de la VIII Marcha Indígena, la que se inicia ahora encabezada por la CIDOB no cuenta con el respaldo de algunas de sus propias afiliadas. Esa merma se puede explicar, entre otros fenómenos, por su propia situación de crisis interna, y paralelamente por el despliegue de una estrategia más avispada del gobierno, que ha venido estableciendo convenios bilaterales con sectores indígenas de tierras bajas, condicionando su participación activa en la IX Marcha. Otro elemento es el desprestigio de dirigentes de la CIDOB, que han firmado acuerdos con sectores de la derecha del Departamento de Santa Cruz. Incluso una connotada lideresa, ex ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas (CNAMIB) aceptó un cargo de sub-alcaldesa de manos del burgomaestre de la ciudad de Santa Cruz, personaje conocido por su gestión favorecedora de los grupos de poder, y además por una administración muy poco transparente.
Paradójicamente, la IX Marcha Indígena amenaza incendiar el ámbito urbano, donde se agudiza la movilización de diferentes sectores, con enorme apoyo del empresariado mediático. No parece casual que uno de las corporaciones más activas sea la de la salud. Luego de un decreto que obliga al personal sanitario a trabajar ocho horas en establecimientos públicos, se desató la furia de este poderoso gremio; una verdadera mafia cuya premisa es la mercantilización de la salud y la producción de billetes, que entre otros mecanismos recurre a la derivación de pacientes de hospitales públicos a clínicas o consultas privadas, donde sí se trabaja ocho horas y más sin inconveniente ni queja alguna. En su protesta han logrado arrastrar a grupos de estudiantes de medicina como tropas de choque, cuyas exhibiciones de fuerza incluyeron la quema de una bandera cubana en la UPEA de El Alto, porque sin dudas simboliza otro tipo de política y ética médica, aborrecida y sistemáticamente vilipendiada por la aristocracia de los galenos.
Fracasados los variados intentos para derrocar al gobierno en años anteriores, todo indica que la derecha apuesta ahora al desgaste desde varios frentes. Recurrir a la memoria histórica es arribar necesariamente a los tiempos del gobierno popular de la UPD (1982-85) cuando las constantes presiones y demandas acabaron echando por la borda más de veinticinco años de acumulación política, abriendo paso al neoliberalismo.
El tiempo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha perdido descuidando el fortalecimiento del instrumento político, obviando planes para la formación de la conciencia crítica informada, y confundiendo participación con masividad, pudiera comenzar a pasarle factura.
