OPINIÓN de Jorge Majfud
Tal vez alguien piense que caigo en contradicción luego que a lo largo de tantos años he escrito tanto contra la opresión y la discriminación de minorías, de mayorías débiles o de grupos despojados de alguno de sus derechos humanos y civiles, como el de los homosexuales. Sin embargo entiendo que no me contradigo cuando me opongo a que la recientemente electa rectora de la Universidad de Montevideo sea procesada o penalizada por la justicia civil de su país por sus declaraciones homofóbicas en una publicación local. Aunque condenables y fácilmente rebatibles (sobre todo esa tradicionalmente inconsistente idea de la homosexualidad como “contra natura”, que más bien se encuentra en la naturaleza, a diferencia de otras anormalidades humanas como el celibato, la autoflagelación, el uso de ropa, de Internet, el proselitismo, el odio basado en el amor de algún dios o la ingesta de vino y Coca-Cola), las expresiones homofóbicas de la profesora Mercedes Rovira caen dentro de su derecho de libertad de expresión.
Por otra parte, la discriminación que hace o podría hacer ella o su institución en la contratación de profesores según su orientación sexual, también puede ser entendida como un derecho institucional o sectario, aunque nos choque a quienes estamos en contra. Y si realmente agrede algún derecho humano, como el derecho a no ser discriminado laboralmente por su religión, sexo o raza, de hecho, respetadas sectas e instituciones con millones de seguidores se fundamentan en el ejercicio de discriminaciones de varios tipos. ¿No es una discriminación que las mujeres no puedan ser sacerdotes? ¿No es discriminación el hecho de que los santos oficiales son blancos casi por unanimidad a pesar de que, no de ahora, la mayoría de los católicos son africanos, caribeños y latinoamericanos? ¿No es discriminación el hecho de que en algunas sectas legales los matrimonios interreligiosos son malvenidos y a veces directamente prohibidos? ¿No es discriminación contra otras instituciones y contra los negocios honestos que dan trabajo a mucha gente mientras luchan por sobrevivir el hecho de que las iglesias en casi todo el mundo no pagan impuestos? Etcétera. Ninguna de estas discriminaciones se basa en el mérito de los individuos, precisamente.
También en materia de discriminación las sectas cristianas, las marginadas y las institucionalizadas, repetidamente contradicen el espíritu y las mismas palabras del carpintero de Nazaret, pero eso no tiene importancia para ninguna iglesia cristiana y es materia (infinita) de discusión. Lo que define una secta o a una institución religiosa es el respeto y la directa sumisión de sus miembros a sus propias reglas y dogmas. Lo mismo vale para otras sectas islámicas, judías o cientificistas.
Ahora, si la iglesia católica no acepta la homosexualidad, un homosexual convencido simplemente debería abstenerse de ser católico, al menos hasta que sus santos gobernantes decidan cambiar de criterio y dejen de jugar con el silogismo interruptus de que no aceptan la homosexualidad pero sí aceptan a los homosexuales (calladito, claro). Un creyente se define por su fe, pero alguien que “pertenece” a una religión no. Un católico, por ejemplo, se define por la aceptación de las reglas de una institución llamada Iglesia católica y quienes no pertenecen a ella aunque puedan criticar pero no cambiar sus reglas. De hecho ni siquiera los mismos católicos pueden hacerlo, excepto los obispos en algún concilio, una o dos veces por siglo. Al fin y al cabo, si alguien realmente cree en Dios no necesita ninguna religión o, en el peor de los casos, puede buscarse una que se le acomode, ya que no son religiones lo que falta en este mundo.
Por lo tanto, y aunque en lo personal nos parezca un primitivismo o una posición propia de los tiempos de la Inquisición, creo que el resto de la sociedad no debe ir más allá de la crítica y abstenerse de penalizar a través de la justicia civil a alguien por ejercer su libertad de expresión. Por supuesto que los jueces determinarán si sus expresiones violan alguna ley en vigencia del Estado uruguayo. Pero si así fuese, entiendo que esa ley estaría violando un derecho humano fundamental, como lo es la libertad de expresión.
Es mucho más discutible el hecho de si un empleador puede abstenerse de emplear a alguien por su condición sexual. Más allá de lo establecido por las leyes, tiendo a pensar que aunque la conducta es éticamente reprobable, todavía cae en el derecho individual de un empleador privado.
Por otro lado, la institución en la que trabaja la profesora Rovira sabrá si cumple con sus propios códigos de ética y si le conviene o no mantener su nombramiento como rectora. Los estudiantes, por su parte, deberán decidir su matriculación o el abandono de dicha institución basado en la libertad de conciencia de cada uno.
Como hemos sostenido mucho antes, cuando la ley de un país no reconoce a una pareja homosexual estrictamente todos y cada uno de los derechos que tenemos los heterosexuales, la ley no sólo se está metiendo en la vida privada de una persona sino que además está violando otro derecho, un derecho humano, un derecho natural que preexiste a cualquier derecho, como es el derecho a la igualdad fundamental. Pero ninguna ley puede obligar a nadie a reconocer que la homosexualidad es parte de la naturaleza humana y del resto de las especies animales también. Ninguna ley debería condenar a alguien por afirmar categóricamente que la homosexualidad es una anormalidad. Si así lo hiciere, no estaría protegiendo ningún derecho de los homosexuales; estaría violando un derecho de los homofóbicos, sean éstos homosexuales o heterosexuales. Y el resto de la población estaría ejerciendo una antigua práctica que se parece en algo a los tiempos de la Inquisición, contra la cual el humanismo y la ilustración lucharon durante siglos: el silenciamiento y el escarnio social de quienes sostienen ideas políticamente incorrectas.
Por el contrario, la protección de la libertad de expresión, aún en los peores casos, lleva, además, agregado el beneficio de que los más desprevenidos tienen alguna oportunidad de enterarse con quienes tratan o dónde se meten. Lo demás cae dentro de la responsabilidad de cada uno, no del Estado ni de la moral pública, sea ésta una moralina pasada de rancia o verde de más.
Tal vez alguien piense que caigo en contradicción luego que a lo largo de tantos años he escrito tanto contra la opresión y la discriminación de minorías, de mayorías débiles o de grupos despojados de alguno de sus derechos humanos y civiles, como el de los homosexuales. Sin embargo entiendo que no me contradigo cuando me opongo a que la recientemente electa rectora de la Universidad de Montevideo sea procesada o penalizada por la justicia civil de su país por sus declaraciones homofóbicas en una publicación local. Aunque condenables y fácilmente rebatibles (sobre todo esa tradicionalmente inconsistente idea de la homosexualidad como “contra natura”, que más bien se encuentra en la naturaleza, a diferencia de otras anormalidades humanas como el celibato, la autoflagelación, el uso de ropa, de Internet, el proselitismo, el odio basado en el amor de algún dios o la ingesta de vino y Coca-Cola), las expresiones homofóbicas de la profesora Mercedes Rovira caen dentro de su derecho de libertad de expresión.
Por otra parte, la discriminación que hace o podría hacer ella o su institución en la contratación de profesores según su orientación sexual, también puede ser entendida como un derecho institucional o sectario, aunque nos choque a quienes estamos en contra. Y si realmente agrede algún derecho humano, como el derecho a no ser discriminado laboralmente por su religión, sexo o raza, de hecho, respetadas sectas e instituciones con millones de seguidores se fundamentan en el ejercicio de discriminaciones de varios tipos. ¿No es una discriminación que las mujeres no puedan ser sacerdotes? ¿No es discriminación el hecho de que los santos oficiales son blancos casi por unanimidad a pesar de que, no de ahora, la mayoría de los católicos son africanos, caribeños y latinoamericanos? ¿No es discriminación el hecho de que en algunas sectas legales los matrimonios interreligiosos son malvenidos y a veces directamente prohibidos? ¿No es discriminación contra otras instituciones y contra los negocios honestos que dan trabajo a mucha gente mientras luchan por sobrevivir el hecho de que las iglesias en casi todo el mundo no pagan impuestos? Etcétera. Ninguna de estas discriminaciones se basa en el mérito de los individuos, precisamente.
También en materia de discriminación las sectas cristianas, las marginadas y las institucionalizadas, repetidamente contradicen el espíritu y las mismas palabras del carpintero de Nazaret, pero eso no tiene importancia para ninguna iglesia cristiana y es materia (infinita) de discusión. Lo que define una secta o a una institución religiosa es el respeto y la directa sumisión de sus miembros a sus propias reglas y dogmas. Lo mismo vale para otras sectas islámicas, judías o cientificistas.
Ahora, si la iglesia católica no acepta la homosexualidad, un homosexual convencido simplemente debería abstenerse de ser católico, al menos hasta que sus santos gobernantes decidan cambiar de criterio y dejen de jugar con el silogismo interruptus de que no aceptan la homosexualidad pero sí aceptan a los homosexuales (calladito, claro). Un creyente se define por su fe, pero alguien que “pertenece” a una religión no. Un católico, por ejemplo, se define por la aceptación de las reglas de una institución llamada Iglesia católica y quienes no pertenecen a ella aunque puedan criticar pero no cambiar sus reglas. De hecho ni siquiera los mismos católicos pueden hacerlo, excepto los obispos en algún concilio, una o dos veces por siglo. Al fin y al cabo, si alguien realmente cree en Dios no necesita ninguna religión o, en el peor de los casos, puede buscarse una que se le acomode, ya que no son religiones lo que falta en este mundo.
Por lo tanto, y aunque en lo personal nos parezca un primitivismo o una posición propia de los tiempos de la Inquisición, creo que el resto de la sociedad no debe ir más allá de la crítica y abstenerse de penalizar a través de la justicia civil a alguien por ejercer su libertad de expresión. Por supuesto que los jueces determinarán si sus expresiones violan alguna ley en vigencia del Estado uruguayo. Pero si así fuese, entiendo que esa ley estaría violando un derecho humano fundamental, como lo es la libertad de expresión.
Es mucho más discutible el hecho de si un empleador puede abstenerse de emplear a alguien por su condición sexual. Más allá de lo establecido por las leyes, tiendo a pensar que aunque la conducta es éticamente reprobable, todavía cae en el derecho individual de un empleador privado.
Por otro lado, la institución en la que trabaja la profesora Rovira sabrá si cumple con sus propios códigos de ética y si le conviene o no mantener su nombramiento como rectora. Los estudiantes, por su parte, deberán decidir su matriculación o el abandono de dicha institución basado en la libertad de conciencia de cada uno.
Como hemos sostenido mucho antes, cuando la ley de un país no reconoce a una pareja homosexual estrictamente todos y cada uno de los derechos que tenemos los heterosexuales, la ley no sólo se está metiendo en la vida privada de una persona sino que además está violando otro derecho, un derecho humano, un derecho natural que preexiste a cualquier derecho, como es el derecho a la igualdad fundamental. Pero ninguna ley puede obligar a nadie a reconocer que la homosexualidad es parte de la naturaleza humana y del resto de las especies animales también. Ninguna ley debería condenar a alguien por afirmar categóricamente que la homosexualidad es una anormalidad. Si así lo hiciere, no estaría protegiendo ningún derecho de los homosexuales; estaría violando un derecho de los homofóbicos, sean éstos homosexuales o heterosexuales. Y el resto de la población estaría ejerciendo una antigua práctica que se parece en algo a los tiempos de la Inquisición, contra la cual el humanismo y la ilustración lucharon durante siglos: el silenciamiento y el escarnio social de quienes sostienen ideas políticamente incorrectas.
Por el contrario, la protección de la libertad de expresión, aún en los peores casos, lleva, además, agregado el beneficio de que los más desprevenidos tienen alguna oportunidad de enterarse con quienes tratan o dónde se meten. Lo demás cae dentro de la responsabilidad de cada uno, no del Estado ni de la moral pública, sea ésta una moralina pasada de rancia o verde de más.
