OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave
¿En qué momento se perdió el muy publicitado programa de la modernización de las cárceles, tanto locales como federales, con el que se iniciaría una verdadera revolución en nuestro país del Derecho Penal?
Esta pregunta, que seguramente ningún funcionario involucrado en estos quehaceres se atreverá a contestar, obvio, por los innumerables intereses en juego, seguirá en el aire.
Dicha reforma penitenciaria, según recordamos, que incluía inclusive las “cárceles de puertas abiertas” fue diseñada por el experto y prestigiado jurisconsulto, doctor Sergio García Ramírez y funcionó por algún tiempo.
Todo esto viene a colación por el Informe Denuncia Pública que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, después de realizar una exhaustiva investigación al interior de los reclusorios en todo el país.
El informe es en verdad alarmante porque además de que como todos sabemos las cárceles son verdaderas universidades de la delincuencia, revela otros elementos que en cualquier otro país ya se estaría en la realización del trabajo fino para solucionar este terrible y bochornoso problema.
Además de la promiscuidad existente, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hace saber que en más del 60 por ciento de las cárceles están bajo el mando de la propia delincuencia.
Para mejor comprensión, los internos más peligrosos aplican a los demás reclusos un disque “autogobierno”, cuando en realidad es una imposición de poder de la más fuertes sobre la mayoría débil.
Si profundizamos en la problemática, según lo dado a conocer, esa minoría de reclusos con su llamado “autogobierno”, imponen una serie de reglas, todas violatorias de los derechos humanos.
Para empezar, todo se cobra al exterior y al interior de los penales. Todas las visitas tienen cuota, las familiares, de amistades y las conyugales; si dentro de éstas últimas se admiten sexoservidoras se aumenta desmesuradamente la paga y la acompañante tiene que ser de las mujeres que los mismos “jefes” controlan.
Además, estos “jefes”, también de acuerdo a la paga distribuyen las celdas, la comida y la que llevan los familiares. Tienen las llaves de los pabellones y de las mismas celdas para su mejor control.
Dejamos para el final lo más grave de esta problemática social: Los verdaderos “dueños” de las cárceles, no es una exageración designarlos así, controlan el pingüe negocio de la venta de drogas y de alcohol, sin faltar los enseres de lujo como radios, celulares, computadoras y pantallas de televisión.
Y desde dentro se dan las órdenes para la comisión de delitos, en forma especial para secuestros, extorsiones, narcotráfico, amenazas, torturas y homicidios.
Tal como empezamos, terminamos con una, sí, maliciosa pregunta: ¿A todo esto son ajenos las autoridades de las cárceles y los jefes de estos que despachan detrás de escritorios suntuosos y con puestos rimbombantes?
¿En qué momento se perdió el muy publicitado programa de la modernización de las cárceles, tanto locales como federales, con el que se iniciaría una verdadera revolución en nuestro país del Derecho Penal?
Esta pregunta, que seguramente ningún funcionario involucrado en estos quehaceres se atreverá a contestar, obvio, por los innumerables intereses en juego, seguirá en el aire.
Dicha reforma penitenciaria, según recordamos, que incluía inclusive las “cárceles de puertas abiertas” fue diseñada por el experto y prestigiado jurisconsulto, doctor Sergio García Ramírez y funcionó por algún tiempo.
Todo esto viene a colación por el Informe Denuncia Pública que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, después de realizar una exhaustiva investigación al interior de los reclusorios en todo el país.
El informe es en verdad alarmante porque además de que como todos sabemos las cárceles son verdaderas universidades de la delincuencia, revela otros elementos que en cualquier otro país ya se estaría en la realización del trabajo fino para solucionar este terrible y bochornoso problema.
Además de la promiscuidad existente, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos hace saber que en más del 60 por ciento de las cárceles están bajo el mando de la propia delincuencia.
Para mejor comprensión, los internos más peligrosos aplican a los demás reclusos un disque “autogobierno”, cuando en realidad es una imposición de poder de la más fuertes sobre la mayoría débil.
Si profundizamos en la problemática, según lo dado a conocer, esa minoría de reclusos con su llamado “autogobierno”, imponen una serie de reglas, todas violatorias de los derechos humanos.
Para empezar, todo se cobra al exterior y al interior de los penales. Todas las visitas tienen cuota, las familiares, de amistades y las conyugales; si dentro de éstas últimas se admiten sexoservidoras se aumenta desmesuradamente la paga y la acompañante tiene que ser de las mujeres que los mismos “jefes” controlan.
Además, estos “jefes”, también de acuerdo a la paga distribuyen las celdas, la comida y la que llevan los familiares. Tienen las llaves de los pabellones y de las mismas celdas para su mejor control.
Dejamos para el final lo más grave de esta problemática social: Los verdaderos “dueños” de las cárceles, no es una exageración designarlos así, controlan el pingüe negocio de la venta de drogas y de alcohol, sin faltar los enseres de lujo como radios, celulares, computadoras y pantallas de televisión.
Y desde dentro se dan las órdenes para la comisión de delitos, en forma especial para secuestros, extorsiones, narcotráfico, amenazas, torturas y homicidios.
Tal como empezamos, terminamos con una, sí, maliciosa pregunta: ¿A todo esto son ajenos las autoridades de las cárceles y los jefes de estos que despachan detrás de escritorios suntuosos y con puestos rimbombantes?
