OPINIÓN de Emilio Marín.-
En dieciséis provincias no comenzaron las clases por paros docentes, en algunos casos por 48 horas y en otros más extendidos. Además de los gremios provinciales, fueron cinco las entidades con actuación nacional que coincidieron en la medida. La Ctera reclamaba al gobierno nacional un salario mínimo de 3.650 pesos y lo planteó en audiencias con el ministro Alberto Sileoni, quien empezó ofreciendo 17 por ciento. Luego se estiró un poco, pero se clavó en el 22 por ciento en tres tramos, comenzando con algo más de 3.200.
Stella Maldonado, titular de Ctera, y sus colegas de las otras parcialidades, no aceptaron ese ultimátum y el ministro cerró unilateralmente la paritaria. No nos sirve un aumento que "recién llegará al 22 por ciento en enero próximo", dijeron los maestros. Y a partir de esa conclusión, era previsible que convocaran a huelgas; la Ctera lo decidió en su congreso del sábado pasado. Tratando de minimizar este paro en la mayor parte del territorio nacional, Sileoni adujo que el diferendo de la paritaria nacional afectaba a sólo el 8 por ciento del personal docente, pues el resto cobra sus salarios luego de negociar las pautas con los respectivos gobiernos provinciales.
Un pobre argumento ministerial. Bien podría volverse en su contra: si sólo abona al 8 por ciento del personal, ¿por qué no aprobó un aumento digno?
Hacia abajo
De todas maneras, al transferir el problema hacia abajo y los costados, o sea hacia las administraciones provinciales, el PEN forma una especie de bola de nieve. La imagen puede servir sólo en que su volumen se engrosa, cuesta abajo. En cambio, la temperatura de esa masa no será precisamente fría. Hay mucha bronca e insatisfacción en la docencia, y este es un dato político que Cristina Fernández no debería pasar por alto. Es que Maldonado, de Ctera, y Roberto Baradel, de la poderosa Suteba bonaerense, son dirigentes de la CTA de Hugo Yasky. O sea, sindicalistas muy próximos a las líneas gruesas de la política del oficialismo.
La pregunta que queda picando es: si estos gremialistas amigos lanzan paros de 48 horas o más, ¿qué no harán las otras facciones que se alinean con la oposición conservadora, caso de las CGT de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y su aliada, la CTA de Pablo Micheli? La dirigencia docente aclaró que estas primeras medidas de fuerza no serán aisladas y podrían continuar con esas u otras modalidades la semana entrante.
Uno de los cuellos de botella más estrechos lo tiene Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires. Ya avisó que los aumentos del 22 por ciento, rechazados por los maestros, le demandan 10.000 millones de pesos que aduce no tener en su caja provincial. Si el "primer estado argentino", adolece de recursos insuficientes, qué podrán decir sus colegas de provincias más pobres.
Que pongan los sojeros
El Estado nacional y los provinciales afirmaron que no pueden pagar un salario inicial de 3.650 pesos a sus maestros y las consecuencias están a la vista con un conflictivo comienzo del año lectivo, donde salen perdiendo todas las partes.
En principio, los alumnos, que no pueden aprender, y sus familias. Los docentes, que verán descontados los días de paro y sienten que su labor no es reconocida por el Estado (ni las patronales privadas). Los gobernadores, cuyo capital político será erosionado. Y, en menor o mayor medida, la misma presidenta de la Nación, responsable última (o primera, según se mire) de resolver este drama no meramente gremial sino más bien social.
Habiendo quedado clara la necesidad del Estado de contar con más ingresos para atender a la inversión en Educación -además de tantas otras cosas- y en infraestructura para el desarrollo, las miradas se vuelven hacia el campo. Más específicamente hacia la fracción más concentrada de los sojeros, unos pocos miles de productores y pools de siembra que detentan el 70 por ciento de la producción. Estas capas se llevan la tajada del león de la cosecha, junto con las cerealeras que se la compran y la comercializan en el exterior, cobrando en dólares.
La cosecha de soja fue de 39,9 millones de toneladas en 2011-2012 y se estima en más de 50 millones para la temporada 2012-2013. Los precios vienen en alza: la última cotización en Chicago fue de 540 dólares la tonelada.
Mucha información confirma aquello de que estos sectores favorecidos del agro "juntan la plata en pala", pero los dirigentes de la Mesa de Enlace, en cambio, alegan vivir en una "mala situación". Los más exagerados, como Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina, dicen que "el campo no da para más".
Otro capitoste que agita en dirección al lock out es Luis M. Etchevehere, que reemplazó a Hugo Biolcati en la Sociedad Rural. El hombre anda muy enojado por la decisión de la presidenta CFK de recuperar para el Estado el predio rural de Palermo, malvendido a la entidad por el menemo-cavallismo en 1991. Sin embargo, gracias la justicia colonizada por estas corporaciones empresarias, los ruralistas ya lograron su cautelar en la órbita civil y comercial. El pleito para que desocupen el valioso inmueble pinta para largo. Etchevehere, Buzzi, Carlos Garetto (Coninagro) y Rubén Ferrero (CRA) fueron los convocantes de la reunión del 15 de febrero en Pehuajó. En medio de airadas protestas contra el gobierno por las retenciones a la exportación de soja, se evaluó en concreto decretar un cese de comercialización de la oleaginosa en marzo o abril. El argumento de la Mesa de Enlace es que el nivel de retenciones a la soja (35 por ciento) sería exageradamente alto. Cabe recordar dos cosas: 1) esos productores son los que en 2008 rechazaron la resolución 125 que las tornaba móviles, adecuadas a la suba o baja de la cotización del poroto; y 2) esa Mesa se queja de una situación prácticamente de quebranto, pero sus niveles de rentabilidad siguen siendo consideradamente elevados.
Más sobre los que más tienen
La amenaza de cesar la comercialización de soja a partir de marzo-abril no son sólo palabras. Ya se nota en la tendencia de los productores a vender en cuenta-gotas, acumulando en silos lo más lejos posible de los ojos de la AFIP y los rastreos satelitales. Se dice que hay silos subterráneos y que otros, aún en bolsas, son colocados entre hileras de árboles (ideal los eucaliptos, por altos y plantados uno cerca del otro), que dificultan su localización.
Según Clarín, defensor a ultranza de la Mesa de Enlace, "Los productores demoran la venta de soja: cayó 35 por ciento" (Matías Longoni, 18 de febrero). Sólo vendieron el 13 por ciento de la cosecha que comienza en marzo. Si no venden es porque pueden aguantar y tienen espaldas suficientes, algo que lógicamente no caracteriza a miles de pequeños productores. Sí a la capa superior.
El motivo que los lleva a retacear y hasta interrumpir la comercialización no es nada "patriótico". Longoni, que los alaba, explica: "piensan habrá una corrección del tipo de cambio". Léase, apuestan a la devaluación, a vender a un dólar cercano a lo que hoy cotiza el "blue".
Sus discursos quejumbrosos no se los cree nadie, ni siquiera ellos, que saben perfectamente, porque lo difundió la Sociedad Rural en diciembre pasado, que las inversiones en el campo habían aumentado un 27 por ciento respecto a 2011, llegando a los 236.000 millones de pesos. Los dirigentes de la Mesa de Enlace ya lo sabían cuando hicieron su asamblea de Pehuajó, pero siguieron con la teatralización de una crisis inexistente.
Ganancias
El 19 de febrero, Sebastián Premici, en Página/12, desnudó la alta cotización de las tierras, desde la zona núcleo hasta las menos valiosas de cría de ganado. Demostraba que en todos los casos está 150 por ciento por encima del promedio de los últimos diez años. En muchas provincias, caso Córdoba, no se actualiza la valuación fiscal de las mismas desde 1991, con la consiguiente merma de la recaudación. Premici aseguraba que "la rentabilidad de los productores sojeros, más allá de los aumentos de costos, se ubica entre 50 y 200 por ciento, en función de si son propietarios o arrendatarios del campo". Otras que deberían aportar más a las arcas del Estado son las cerealeras y exportadoras multinacionales: ADM, Cargill, Nidera, Dreyfus, Bunge y Toepfer. En otra nota de Premici, el 20 de febrero, se celebra que éstas habrían caído "en su participación entre uno y dos puntos porcentuales". El colega, contento con ese fenómeno, tituló: "Menos
concentración en las exportaciones".
No hay tal desconcentración. Uno o dos puntos menos no implican el fin del monopolio cerealero sino más bien su continuidad. Si el Estado nacional tiene necesidad de recaudar más, como quedó patentizado con el conflicto docente, entonces debería no sólo mantener el 35 por ciento de retenciones a la soja sino también las provincias actualizar el valor de los campos y cobrar los impuestos que correspondan a ese precio de la hectárea. Y en cuanto a las exportadoras, el Estado tendría que acotar ese negocio mediante la recreación de una Junta Nacional de Granos y un nuevo IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.
