OPINIÓN de Bruno Peron Loureiro.-
Hay dos causas de los desalojos: naturales y forzadas. La primera sucede por condiciones ambientales como la erosión de suelos, la caída de árboles, las excesivas lluvias y las inundaciones. Aquí abordaré la segunda, como un aspecto de la falta de conciliación entre la “maquinaria” brasilera y los desalojados, que sustentan luchas históricas por una mayor inserción social.
La modernidad estableció una incompatibilidad entre los medios rural y urbano: se adoptaron prácticas agrícolas modernas en el campo y se crearon distritos industriales. En esta relación, miles de personas cambian su forma de vida o se mudan a otro lugar. Las mayores víctimas del desalojo son los pueblos originarios y las comunidades ribereñas donde se construyen represas, campesinos y pequeños productores rurales que sienten la presión del agronegocio, habitantes de las favelas y moradores en áreas irregulares que incomodan la lucratividad del sector inmobiliario.
No hay casas para todos ni condiciones para que todos tengan una casa propia debido al incremento poblacional desmedido y a la falta de planeamiento urbano en Brasil. Dentro de este panorama poco animador, el gobierno traza algunas políticas que ablandan la marginalización, tales como su programa de financiamiento habitacional Mi casa, Mi vida.
La esencia del problema de los desalojos en Brasil está en la división entre aquellos que tienen mucho poder y aquellos que tienen poco poder para dialogar y negociar con la “maquinaria” brasilera. De ahí que el gobierno tienta a ablandar el déficit habitacional y las luchas nacionales por la reforma agraria con las fuerzas policiales y con la defenestración de los que no se insertan plenamente en el sistema moderno que funciona sin ningún consentimiento. Se anulan los derechos del otro y del marginalizado y se inhabilitan sus luchas debido a la reproducción de un modelo enfermizo e insustentable de protección a la propiedad privada. La defensa de la propiedad privada no es insana cuando se hace con antecedentes consentidos y justificados, pero se reduce su legitimidad cuando ella nace de la especulación inmobiliaria en la ciudad y del avance del latifundio en el campo.
El problema de los desalojos en Brasil asume dimensiones transnacionales. Los “brasiguayos” cercan a los pueblos de descendencia guaraní en el Paraguay de la misma forma que mantienen los bueyes en sus corrales esperando la matanza. Igualmente la situación de los desalojos de los indígenas en los territorios brasileros llamados “sin ley” es más severa, ya que la prensa alternativa y los “bloqueros” son los únicos que transmiten noticias fieles de los acontecimientos a los pocos lectores que no digieren lo que dicen las agencias de noticias de la prensa hegemónica.
Las obras de preparación de Brasil para la Copa del Mundo (2014) y las Olimpíadas(2016) han sido responsables del desalojo de 170 mil personas según la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa y las Olimpíadas. Copa del Mundo y Olimpíadas son dos marcas internacionales que hacen muy poca justicia a la reorganización forzada de la infraestructura del país sede de estos eventos. Estas reformas no acostumbraran partir de una necesidad interna, sino de la exigencia internacional para organizar eventos de este porte. De allí el desperdicio oportunista del dinero y el desalojo de moradores de áreas que sufren la readecuación infraestructural.
Lo que más preocupa sobre las políticas de desalojo forzado en Brasil es su falta de visibilidad en los medios de (des)información y el tratamiento violento dado por las fuerzas de seguridad. La retirada obligatoria de personas de un lugar intensifica el problema habitacional (sobre todo el déficit de viviendas) y sacia el apetito individual y egoísta del gran agente que instiga el desalojo (ejemplo son los propietarios de una fábrica que desaloja habitantes de un barrio para realizar sus actividades industriales). Peor que esto, la política del garrote acumula deuda social en el país y aumenta el descontento con las decisiones de la “maquinaria” brasilera.
Las consecuencias infaustas de los desalojos forzados no solamente afectan a los desalojados, sino a todos nosotros. Hoy son ellos, mañana seremos nosotros. Es necesario revaluar los derechos y garantías sobre la propiedad privada y el modelo de gestión inconsecuente de la “maquinaria” brasilera.
Hay dos causas de los desalojos: naturales y forzadas. La primera sucede por condiciones ambientales como la erosión de suelos, la caída de árboles, las excesivas lluvias y las inundaciones. Aquí abordaré la segunda, como un aspecto de la falta de conciliación entre la “maquinaria” brasilera y los desalojados, que sustentan luchas históricas por una mayor inserción social.
La modernidad estableció una incompatibilidad entre los medios rural y urbano: se adoptaron prácticas agrícolas modernas en el campo y se crearon distritos industriales. En esta relación, miles de personas cambian su forma de vida o se mudan a otro lugar. Las mayores víctimas del desalojo son los pueblos originarios y las comunidades ribereñas donde se construyen represas, campesinos y pequeños productores rurales que sienten la presión del agronegocio, habitantes de las favelas y moradores en áreas irregulares que incomodan la lucratividad del sector inmobiliario.
No hay casas para todos ni condiciones para que todos tengan una casa propia debido al incremento poblacional desmedido y a la falta de planeamiento urbano en Brasil. Dentro de este panorama poco animador, el gobierno traza algunas políticas que ablandan la marginalización, tales como su programa de financiamiento habitacional Mi casa, Mi vida.
La esencia del problema de los desalojos en Brasil está en la división entre aquellos que tienen mucho poder y aquellos que tienen poco poder para dialogar y negociar con la “maquinaria” brasilera. De ahí que el gobierno tienta a ablandar el déficit habitacional y las luchas nacionales por la reforma agraria con las fuerzas policiales y con la defenestración de los que no se insertan plenamente en el sistema moderno que funciona sin ningún consentimiento. Se anulan los derechos del otro y del marginalizado y se inhabilitan sus luchas debido a la reproducción de un modelo enfermizo e insustentable de protección a la propiedad privada. La defensa de la propiedad privada no es insana cuando se hace con antecedentes consentidos y justificados, pero se reduce su legitimidad cuando ella nace de la especulación inmobiliaria en la ciudad y del avance del latifundio en el campo.
El problema de los desalojos en Brasil asume dimensiones transnacionales. Los “brasiguayos” cercan a los pueblos de descendencia guaraní en el Paraguay de la misma forma que mantienen los bueyes en sus corrales esperando la matanza. Igualmente la situación de los desalojos de los indígenas en los territorios brasileros llamados “sin ley” es más severa, ya que la prensa alternativa y los “bloqueros” son los únicos que transmiten noticias fieles de los acontecimientos a los pocos lectores que no digieren lo que dicen las agencias de noticias de la prensa hegemónica.
Las obras de preparación de Brasil para la Copa del Mundo (2014) y las Olimpíadas(2016) han sido responsables del desalojo de 170 mil personas según la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa y las Olimpíadas. Copa del Mundo y Olimpíadas son dos marcas internacionales que hacen muy poca justicia a la reorganización forzada de la infraestructura del país sede de estos eventos. Estas reformas no acostumbraran partir de una necesidad interna, sino de la exigencia internacional para organizar eventos de este porte. De allí el desperdicio oportunista del dinero y el desalojo de moradores de áreas que sufren la readecuación infraestructural.
Lo que más preocupa sobre las políticas de desalojo forzado en Brasil es su falta de visibilidad en los medios de (des)información y el tratamiento violento dado por las fuerzas de seguridad. La retirada obligatoria de personas de un lugar intensifica el problema habitacional (sobre todo el déficit de viviendas) y sacia el apetito individual y egoísta del gran agente que instiga el desalojo (ejemplo son los propietarios de una fábrica que desaloja habitantes de un barrio para realizar sus actividades industriales). Peor que esto, la política del garrote acumula deuda social en el país y aumenta el descontento con las decisiones de la “maquinaria” brasilera.
Las consecuencias infaustas de los desalojos forzados no solamente afectan a los desalojados, sino a todos nosotros. Hoy son ellos, mañana seremos nosotros. Es necesario revaluar los derechos y garantías sobre la propiedad privada y el modelo de gestión inconsecuente de la “maquinaria” brasilera.
