OPINIÓN de Bruno Lima Rocha.- 17.08.13.
Amarildo Días de Souza es albañil, 47 años, residente de la comunidad de la Rocinha, Son Conrado, Zona Sur de la ciudad de Río de Janeiro. Este trabajador, padre de seis hijos y casado hace veinte años se encuentra desaparecido desde 14 de julio. Las circunstancias de su desaparición indican fuertes indicios de participación de policías militares con puestos en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) local. Las UPPs son instalaciones permanentes que la Policía Militar del Estado del Río de Janeiro (PMERJ) mantiene en decenas de favelas que –como se dice en la jerga militar– fueron o están siendo “pacificadas”. En estas localidades, el tráfico no anda más con armamento ostensivo y/o se desplazó hacia otras áreas, o actúa de forma silenciosa, muchas veces con la complacencia de los agentes de la ley. Este trabajador ejemplar, fue “desaparecido” y lo que era antes un hecho trivial, se hace hecho político en el Brasil de las protestas.
Infelizmente, Amarildo no es un caso aislado. Según Amnistía Internacional, sólo en los últimos veinte años desaparecieron más de 90 mil personas en el Brasil. La democracia realmente existente trata a la base de la pirámide social de la misma forma que la dictadura militar trataba la disidencia política. La “novedad” no es la posibilidad de crimen por parte de un agente de la ley y sí la reacción popular, y la incorporación de esta pauta en movimientos de tipo político.
Aparentemente, el país se transforma de abajo hacia arriba. Las instituciones estatales no vienen sufriendo alteraciones substantivas y menos aún la promiscua relación entre el agente económico y los gobiernos federal, estadual y municipal. Dos casos ejemplifican el concepto. Primero, el triste episodio del “papódromo”, un área enorme que fue terraplenada con recursos del ayuntamiento y pertenecía a un empresario conocido como el rey de los autobuses en Río. Apenas la obra fue hecha, llovió mucho en Río durante la visita de Jorge Mario Bergoglio (Francisco I) y el local terminó conocido como el “mar de lama de Guaratiba”, nombre de una región en la Zona Oeste de la ciudad del Río. Otro caso es el supuesto cartel formado por empresas ejecutoras de contratos junto al sistema de transporte público del gobierno del estado de São Paulo.
Éste incluye al Metro de la ciudad de São Paulo y a la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos, y el esquema sólo salió a la luz porque la transnacional Siemens acabó declarandolo al Ministerio Público a través de algunos de sus ejecutivos locales. Finalmente, la 5ª economía del mundo no está cambiando porque en el tope de la pirámide, gobernantes de todo tipo –sean tanto los del actual gobierno de centro, Lula–Dilma, como en la Era Fernando Henrique Cardoso, derechista privatizadora –estén alterando sus prácticas. Los cambios que cito son perceptibles en la capacidad de reaccionar, volviendo indignación lo que antes era visto como “natural”, politizando temas básicos.
Algunos analistas caracterizan la violencia policial sólo como parte del “basurero autoritario”, una forma de maldición antidemocrática, resquicio de la dictadura. Desacuerdo. La violación de derechos en el país, en específico de derechos humanos, es parte de la injusticia estructural sufrida por la mayor parte de los brasileños. Las dos películas brasileños del director José Padilha, Tropa de Élite 1 y 2, fueron éxitos de taquilla, con públicos enormes tanto en los cines como en la TV y en la reproducción ilegal de DVDs. Por primera vez, los brasileños no iniciados en la política o que no pertenezcan ni al mundo del crimen ni las fuerzas de seguridad, pudieron conocer un poco de lo cotidiano de más de 2 millones de habitantes de Río de Janeiro y su Región Metropolitana. Las dos películas explicitaron las entrañas del aparato policial fluminense (del estado del Río de Janeiro, modelo límite de corrupción institucional) así como la relación promiscua entre crímenes de Estado y oportunismo político.
Como saben los especialistas en seguridad pública, la misma policía que mata de forma indiscriminada es muy corrupta y actúa en la represión política sin ningún tipo de vergüenza o cautela. Cuando la policía es violenta e ideológica, ahí estamos al borde del fascismo o del autoritarismo de Estado. En Brasil siempre hubo una separación simbólica entre quien enfrentaba a la policía en la reivindicación de derechos y las víctimas del abuso policial en función de los altos índices de criminalidad aislada, actuando de manera predatoria en la base de la pirámide. Parece que, a partir de las protestas de junio, las pautas por los derechos se unificaron.
En el Río de Janeiro, la desaparición de Amarildo materializa la franja llevada en las protestas contra las relaciones poco republicanas (en la jerga de la política brasileña, esto implica sospecha de corrupción) del gobernador Sérgio Cabral Hijo (PMDB), cuyo gobierno estadual también está compuesto por miembros del PT, siendo que la alianza fue creada por Lula. En el panorama general, la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia dice: “La policía que reprime en la avenida es la misma que mata en la favela!” Debería ser usual la reacción popular y política contra el hecho de un ciudadano humilde desaparecido estando bajo custodia de un agente de Estado. Pero no lo es. Se trata de una poderosa novedad, implicando en un cambio cualitativo tanto para la ciudadanía como para la militancia popular brasileña.
Amarildo Días de Souza es albañil, 47 años, residente de la comunidad de la Rocinha, Son Conrado, Zona Sur de la ciudad de Río de Janeiro. Este trabajador, padre de seis hijos y casado hace veinte años se encuentra desaparecido desde 14 de julio. Las circunstancias de su desaparición indican fuertes indicios de participación de policías militares con puestos en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) local. Las UPPs son instalaciones permanentes que la Policía Militar del Estado del Río de Janeiro (PMERJ) mantiene en decenas de favelas que –como se dice en la jerga militar– fueron o están siendo “pacificadas”. En estas localidades, el tráfico no anda más con armamento ostensivo y/o se desplazó hacia otras áreas, o actúa de forma silenciosa, muchas veces con la complacencia de los agentes de la ley. Este trabajador ejemplar, fue “desaparecido” y lo que era antes un hecho trivial, se hace hecho político en el Brasil de las protestas.
Infelizmente, Amarildo no es un caso aislado. Según Amnistía Internacional, sólo en los últimos veinte años desaparecieron más de 90 mil personas en el Brasil. La democracia realmente existente trata a la base de la pirámide social de la misma forma que la dictadura militar trataba la disidencia política. La “novedad” no es la posibilidad de crimen por parte de un agente de la ley y sí la reacción popular, y la incorporación de esta pauta en movimientos de tipo político.
Aparentemente, el país se transforma de abajo hacia arriba. Las instituciones estatales no vienen sufriendo alteraciones substantivas y menos aún la promiscua relación entre el agente económico y los gobiernos federal, estadual y municipal. Dos casos ejemplifican el concepto. Primero, el triste episodio del “papódromo”, un área enorme que fue terraplenada con recursos del ayuntamiento y pertenecía a un empresario conocido como el rey de los autobuses en Río. Apenas la obra fue hecha, llovió mucho en Río durante la visita de Jorge Mario Bergoglio (Francisco I) y el local terminó conocido como el “mar de lama de Guaratiba”, nombre de una región en la Zona Oeste de la ciudad del Río. Otro caso es el supuesto cartel formado por empresas ejecutoras de contratos junto al sistema de transporte público del gobierno del estado de São Paulo.
Éste incluye al Metro de la ciudad de São Paulo y a la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos, y el esquema sólo salió a la luz porque la transnacional Siemens acabó declarandolo al Ministerio Público a través de algunos de sus ejecutivos locales. Finalmente, la 5ª economía del mundo no está cambiando porque en el tope de la pirámide, gobernantes de todo tipo –sean tanto los del actual gobierno de centro, Lula–Dilma, como en la Era Fernando Henrique Cardoso, derechista privatizadora –estén alterando sus prácticas. Los cambios que cito son perceptibles en la capacidad de reaccionar, volviendo indignación lo que antes era visto como “natural”, politizando temas básicos.
Algunos analistas caracterizan la violencia policial sólo como parte del “basurero autoritario”, una forma de maldición antidemocrática, resquicio de la dictadura. Desacuerdo. La violación de derechos en el país, en específico de derechos humanos, es parte de la injusticia estructural sufrida por la mayor parte de los brasileños. Las dos películas brasileños del director José Padilha, Tropa de Élite 1 y 2, fueron éxitos de taquilla, con públicos enormes tanto en los cines como en la TV y en la reproducción ilegal de DVDs. Por primera vez, los brasileños no iniciados en la política o que no pertenezcan ni al mundo del crimen ni las fuerzas de seguridad, pudieron conocer un poco de lo cotidiano de más de 2 millones de habitantes de Río de Janeiro y su Región Metropolitana. Las dos películas explicitaron las entrañas del aparato policial fluminense (del estado del Río de Janeiro, modelo límite de corrupción institucional) así como la relación promiscua entre crímenes de Estado y oportunismo político.
Como saben los especialistas en seguridad pública, la misma policía que mata de forma indiscriminada es muy corrupta y actúa en la represión política sin ningún tipo de vergüenza o cautela. Cuando la policía es violenta e ideológica, ahí estamos al borde del fascismo o del autoritarismo de Estado. En Brasil siempre hubo una separación simbólica entre quien enfrentaba a la policía en la reivindicación de derechos y las víctimas del abuso policial en función de los altos índices de criminalidad aislada, actuando de manera predatoria en la base de la pirámide. Parece que, a partir de las protestas de junio, las pautas por los derechos se unificaron.
En el Río de Janeiro, la desaparición de Amarildo materializa la franja llevada en las protestas contra las relaciones poco republicanas (en la jerga de la política brasileña, esto implica sospecha de corrupción) del gobernador Sérgio Cabral Hijo (PMDB), cuyo gobierno estadual también está compuesto por miembros del PT, siendo que la alianza fue creada por Lula. En el panorama general, la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia dice: “La policía que reprime en la avenida es la misma que mata en la favela!” Debería ser usual la reacción popular y política contra el hecho de un ciudadano humilde desaparecido estando bajo custodia de un agente de Estado. Pero no lo es. Se trata de una poderosa novedad, implicando en un cambio cualitativo tanto para la ciudadanía como para la militancia popular brasileña.
