OPINIÓN de Javier Suazo.- La crisis agroalimentaria que enfrenta Honduras y la mayor parte de los países de la región centroamericana, es el resultado de la ausencia de políticas agrícolas de largo plazo, que miren más allá del espejismo que generan los tratados comerciales, en especial el CAFTA-RD.
En nombre del libre comercio se desmantelaron los sistemas nacionales de planificación agrícola, servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica, comercialización, crédito solidario y precios de garantía para los pequeños y medianos productores de granos básicos y hortalizas; el resultado, alta ociosidad de la tierra agrícola, abandono del campo, inseguridad y dependencia alimentaria y hambre.
En el caso de Honduras, la política agrícola de gobierno (cada cuatro años) siguió enmarcada en la Política de Estado para el Desarrollo del Sector Agroalimentario elaborada en el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2005) derivada de la Ley Para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), siendo “Pepe” Lobo presidente del Congreso Nacional. Sin embargo, parte de los programas y servicios de Estado se debilitaron y otros como el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnológica Agropecuaria (SNITTA) se cerraron.
En su defecto, el gobierno y parte de las agencias cooperantes usan los enunciados de la Ley y Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras, pero que tiene poco grado de aplicabilidad, y las instituciones sectoriales como la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de Mercadeo Agrícola (IHMA) no se sienten obligadas a cumplir con las responsabilidades asignadas, mucho menos los actores reales como es el caso de las organizaciones campesinas y los .sindicatos del sector salud.
El gobierno de “Pepe” Lobo continúo con la entrega del bono tecnológico (bono solidario) a los productores de subsistencia de granos básicos, pero los recursos asignados fueron inferiores a los entregados por el gobierno de Zelaya Rosales. Los proyectos de competitividad rural se fortalecieron en el marco del programa nacional agroalimentario (PRONAGRO) con un fuerte apoyo de la cooperación internacional, pero siguen funcionando como islas o compartimientos “estanco” ya que no existe un programa marco de competitividad rural de largo plazo que los integre, compatibilice y armonice en cuanto a intervenciones e instrumentos operativos siguiendo los enunciados de la Declaración de Paris sobre armonización de la cooperación externa para el desarrollo.
En 2010, el gobierno de la República a través de la SAG formuló la Estrategia del Sector Público Agropecuario y Plan de Implementación (Honduras Hacia el Desarrollo Sostenible), cuyo objetivo principal y meta era reducir la pobreza rural. Se esperaba reducir la pobreza en un 10% al 2014, al pasar de 72% a 68%; y en igual porcentaje la pobreza extrema de 58% a 48%; lo cual no se logró. También no se lograron otras metas como: Incremento del PIB agropecuario en un 4% promedio anual; incremento en un 70% de las exportaciones agroalimentarias al pasar de 1,663 millones de dólares en 2009 a 2, 827 millones de dólares en 2014; aumento de la producción de granos básicos en un 15%, al pasar de 15.9 millones de quintales en 2009 a 18.4 millones de quintales en 2014; aumento de la reserva estratégica de maíz y frijol en un 10% a pasar de 80,704 quintales en 2009 a 89,000 quintales en 2014. (Ver SAG.2010).
Derivado de lo anterior, otro plan-papel lo fue el Plan Estratégico Operativo del Sector Agroalimentario 2010-2014 (PEAGROH), el cual no se ejecutó por falta de recursos, aun cuando se acompañó de un Plan de Inversión de País para el Sector Agroalimentario (PIPSA) Honduras, 2011-2014 por un monto de 790.3 millones de dólares, y énfasis puesto en la compensación social y el apoyo a proyectos de competitividad rural como COMRURAL, PRONEGOCIOS, PROMECOM, EMPRESUR, HORIZONTES DEL NORTE, ACCESO-USAID pero sin integración a las políticas en materia de planificación territorial, regional y de desarrollo económico local elaboradas por la Secretaria de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN).
El gobierno instalado el 27 de enero de 2014 tiró al cesto de la basura estos y otros documentos, así como dio el tiro de gracia a la SEPLAN al cerrarla, ya que se argumenta por sus voceros que esta institución se politizó y nunca entendió que su competencia fundamental era la evaluación de sector público, en particular el cumplimiento de 80 indicadores de resultado e impacto inventados.
Se anunció en la campaña política por el actual gobierno, un nuevo programa de reactivación del sector agropecuario de Honduras por un monto de 20,000 millones de lempiras destinados a la siembra de palma africana y azúcar, repoblación bobina, porcina y avícola, producción de granos básicos y la mejora del servicio de sanidad agropecuaria; ello complementado con otras intervenciones como las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDEs) y la ampliación del bono diez mil ¿ el programa fraude? y la ejecución del programa Vida Mejor.
Como se sabe, este programa de reactivación agropecuaria que todavía no ha sido oficializado como tal (decreto ejecutivo), debe ser parte de una política de largo plazo para el sector agroalimentario que no existe, lo que restará operatividad al mismo; también parte de un programa multisectorial de inversiones públicas.
Todo apunta a que la LMDSA y sus reglamentos sean de nuevo el marco orientador de las intervenciones de los actores en el sector, aunque dicha legislación después de más de 20 años de vigencia, ya colapsó. Así como urge un nuevo pacto y agenda para el sector agroalimentario, también urge el diseño y aprobación de una nueva política para la transformación estructural del sector de largo plazo sobre la base de un diagnostico sólido y de consenso. Es lo menos que podemos pedirle al llamado gobierno del cambio profundo y a su Presidente.
Tegucigalpa, DC, 25 de Agosto de 2014
