OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Ahora que algunos banalizan sobre lo que se hizo o lo que no se hizo durante la transición, conviene recordar lo que pasó mañana hará treinta y nueve años. En la noche del 24 de enero de 1977, un comando ultraderechista penetró en un despacho de abogados de Comisiones Obreras (CCOO) y militantes del Partido Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha en Madrid, abriendo fuego contra los que allí quedaban tras una asamblea. Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, esposa de Sahuquillo.
Los terroristas iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon la que llamaban mafia franquista del transporte. Los asesinos, creyéndose inmunes merced a sus contactos políticos, no se tomaron siquiera la molestia de huir de Madrid. Sin embargo, para el gobierno de Suárez era una prioridad capturarlos; y lo hizo. El Tribunal que los juzgó dictó sentencia el 4 de marzo de 1980. El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo a un total de 73 años. No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor responsabilidad como inductor en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los encausados inicialmente.
La Matanza de Atocha es el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose en aquellos meses, y fue un intento de provocar una reacción violenta de la oposición antifranquista, singularmente de los comunistas. En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con organizaciones de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Cabe recordar, además, los atentados de ETA (responsable de 28 muertos en 1977) y del GRAPO (en el mismo mes de enero responsable de la muerte de dos guardias civiles y un policía nacional).
Uno de los heridos en Atocha 55, Miguel Ángel Sarabia, declararía en 2005: “Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980 —pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul, y muchos asistentes también de uniforme falangista—, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada”.
Al entierro asistieron más de cien mil personas, y constituyó la primera manifestación masiva de la izquierda después de la muerte de Franco, y transcurrió sin incidentes. El PCE seguía siendo ilegal. Su secretario general, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de 1976 clandestinamente. Sin embargo, hizo acto de presencia para forzar el reconocimiento y legalización del partido de los comunistas españoles. Al sepelio le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en toda España, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En abril, tres meses después, la legalización del PCE se hizo pública durante el día conocido como Sábado Santo Rojo, porque el gobierno aprovechó esa festividad católica para mitigar la reacción política y militar de los franquistas de estricta observancia.
Los terroristas iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon la que llamaban mafia franquista del transporte. Los asesinos, creyéndose inmunes merced a sus contactos políticos, no se tomaron siquiera la molestia de huir de Madrid. Sin embargo, para el gobierno de Suárez era una prioridad capturarlos; y lo hizo. El Tribunal que los juzgó dictó sentencia el 4 de marzo de 1980. El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo a un total de 73 años. No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor responsabilidad como inductor en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los encausados inicialmente.
La Matanza de Atocha es el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose en aquellos meses, y fue un intento de provocar una reacción violenta de la oposición antifranquista, singularmente de los comunistas. En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con organizaciones de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Cabe recordar, además, los atentados de ETA (responsable de 28 muertos en 1977) y del GRAPO (en el mismo mes de enero responsable de la muerte de dos guardias civiles y un policía nacional).
Uno de los heridos en Atocha 55, Miguel Ángel Sarabia, declararía en 2005: “Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980 —pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul, y muchos asistentes también de uniforme falangista—, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada”.
Al entierro asistieron más de cien mil personas, y constituyó la primera manifestación masiva de la izquierda después de la muerte de Franco, y transcurrió sin incidentes. El PCE seguía siendo ilegal. Su secretario general, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de 1976 clandestinamente. Sin embargo, hizo acto de presencia para forzar el reconocimiento y legalización del partido de los comunistas españoles. Al sepelio le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en toda España, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En abril, tres meses después, la legalización del PCE se hizo pública durante el día conocido como Sábado Santo Rojo, porque el gobierno aprovechó esa festividad católica para mitigar la reacción política y militar de los franquistas de estricta observancia.
