El programa de protección de periodistas de Colombia cumplió 15 años en agosto de 2015, ocasión en la que la Fundación para la Libertad de
Prensa (FLIP) consideró importante evaluar el funcionamiento e impacto que ha tenido dicho mecanismo en la libertad de prensa del país.
CERIGUA.- La entidad recordó que fue el 24 de agosto de 2000 cuando se publicó el decreto 1599 de 2000, que dio vida al programa de protección de periodistas y comunicadores en riesgo, en razón de su oficio.
Para el efecto la FLIP publicó el informe “15 años de protección a periodista en Colombia: esquivando la violencia sin justicia”, elaborado con el fin de que sirva de insumo para debatir qué se puede mejorar y hacia dónde se debe orientar un programa que garantice una protección a periodistas en riesgo, el documento revela datos claves sobre los costos, resultados y errores de la protección estatal a periodistas.
El estudio detalla que los mecanismos para garantizar la participación en la toma de decisiones se han debilitado con el tiempo; en el 2003 la mayoría de los miembros debían estar presentes para deliberar y tomar decisiones; el quórum se disminuyó a cuatro miembros en 2010 y a tres desde 2011.
Desde 2010 las organizaciones representantes de los periodistas, como la FLIP, sólo tienen voz en los comités en los que participan; antes tenían voz y voto.
Sobre los aspectos positivos, refiere que el programa de protección ha dejado clara la responsabilidad del Estado para proteger a los periodistas; el costo político de no proteger a la prensa ha aumentado.
Desde el año 2003 los homicidios a periodistas por razones de oficio han disminuido notablemente. Este fenómeno puede tener múltiples causas, el programa de protección es sólo una de ellas.
Pese a las fallas en implementación e idoneidad de las medidas, en general los periodistas se sienten más seguros con las medidas de protección que les brinda el Estado.
Por otro lado, Las estrategias de prevención de riesgo no han resultado en una disminución de las agresiones contra la prensa; sin embargo, los periodistas protegidos son hoy menos.
Hoy se promueve el periodismo bajo custodia, escoltado y blindado a largo plazo. Hace 15 años se promovían medidas inmediatas y a corto plazo, enviando el mensaje de que el riesgo tenía que desaparecer pronto.
La Fiscalía ha sido la gran ausente del programa de protección; la impunidad en los casos de amenazas contra periodistas perpetúa el riesgo; desde 2014 la Fiscalía no ha estado en el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de periodistas, obligando a que se otorguen medidas sin tener información completa sobre el nivel de riesgo de los periodistas.
En sus reflexiones generales, el documento de la FLIP señala que el programa de protección estatal a periodistas ha crecido en el transcurso de sus 15 años, pero no por eso es hoy más fuerte: El nivel de responsabilidad de los actores involucrados y los mecanismos de toma de decisiones se han debilitado; la complejidad ha permitido que cada vez el programa se tarde más en responder.
La protección a periodistas debe partir de la prevención y mitigación del riesgo; escoltar a la prensa no la libera; un periodista amenazado no estará seguro mientras sus persecutores estén libres; la Fiscalía es el eslabón débil del sistema de protección.
Finalmente, subraya que en los últimos 3 años, 3 periodistas han muerto aun cuando las autoridades locales o la UNP conocían del riesgo; es imperante que se fortalezca la relación entre la UNP y las regiones así como que se aclaren los criterios para desmontar esquemas.
