OPINIÓN de Laura Zamarriego.- Su destino podría haber sido otro. Afirmar que su muerte la provocó la vela que calcinó su colchón mientras dormía es pervertir la verdad, prescindir del contexto: hacía dos meses que Rosa P.V., de 81 años, vivía sin luz; la compañía eléctrica le había cortado el suministro por impago. Fue la pobreza la que creó las condiciones. La vela con la que se alumbraba se encargó del resto.
La vecina de la ciudad de Reus (Tarragona, España) que falleció en su piso de alquiler de la calle Santa Anna el pasado 14 de noviembre es la última víctima de la pobreza energética. Un informe reciente del colectivo de Bomberos ya alertaba de que 6 de cada 10 incendios con víctimas mortales en los hogares de Cataluña podrían atribuirse a esta causa.
Portavoces del gobierno, grandes empresarios e inversores hablan de florecimiento económico. Pero olvidan que la espiral de la exclusión nunca concluye a la vez que lo hacen las crisis. Han transcurrido ocho años del pinchazo de aquella burbuja inmobiliaria que proyectó un escenario de especulación, créditos fáciles para la compra de viviendas, cierta euforia colectiva y una amplia oferta laboral. En 2007, había menos de dos millones de personas en paro en nuestro país. Por aquel entonces, la pobreza energética era un concepto no inventado.
Hoy, más de 5 millones de personas (el 11% de los hogares españoles) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, de acuerdo con los últimos datos registrados por Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, el 8% de los hogares (4,2 millones de personas) declara tener retrasos en el pago de las facturas; y el 15% (6,2 millones de personas) afirma destinar más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para su vivienda. Es preciso recordar que el precio de la luz ha aumentado un 70% en los últimos 10 años, lo que sitúa a España como el cuarto país con la electricidad más cara de Europa, según Eurostat.
Al endeudamiento permanente hay que sumar los efectos sobre la salud derivados de no poder encender la calefacción o no tener acceso a agua caliente, especialmente en niños, ancianos y enfermos crónicos. La OMS advierte de que pobreza energética podría estar causando en España unas 7.000 muertes prematuras al año.
“El caso de la vecina de Reus no es un hecho aislado, no es solo en invierno, ni es un error puntual de comunicación entre empresas y administración. Es una negativa constante de las empresas suministradoras a asumir responsabilidad ante las familias vulnerables, acompañada de la poca valentía de la administración para poner límites y garantizar que situaciones así no se vuelvan a repetir”, denuncia Mónica Guiteras, miembro de Alianzas contra la Pobreza Energética (APE), en declaraciones a eldiario.es. “No olvidemos las muertes de los niños de 4 y 6 años en un incendio en el barrio del Besós en julio pasado, también asociadas a la pobreza energética”, recuerda.
Permitir una situación así no solo es inmoral; es también ilegal. La Ley 24/2015no deja lugar a dudas en su artículo 6.4: “Cuando la empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial”.
“Sanciones, sí, pero de las ejemplares. Firma de convenios, también, pero con un Gobierno que marque líneas rojas y pare los pies a quien lleva tanto tiempo convirtiendo el derecho a los suministros básicos en un privilegio fuera del alcance de muchas personas”, considera Guiteras.
Cuentan los medios que la fallecida no informó de sus circunstancias a las autoridades municipales. No pagaba el alquiler desde hacía 10 meses. También cuentan que la familia afectada ya había sido atendida por los servicios sociales desde el año 2013 y que el agua la pagaba el ayuntamiento a partir de un fondo social. El Gobierno autonómico impulsará un expediente sancionador contra Gas Natural, la compañía en el ojo del huracán, si se demuestra que no aplicó correctamente “los protocolos” cuando cortó la luz a la anciana. Enzarzados en una guerra de culpas, la compañía suministradora, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que la víctima no figuraba entre las relaciones de clientes vulnerables comunicadas por el ayuntamiento de Reus.
Los servicios de emergencias que accedieron a la vivienda por la llamada de alarma de los vecinos han declarado que la casa ofrecía un aspecto de austeridad extrema. Una de sus nietas –relatan las crónicas– vivía con ella. No estaba allí cuando el colchón empezó a prender. Rosa murió en silencio. Ahora son otras las velas encendidas: las que se han depositado en su recuerdo.
Laura Zamarriego
Periodista
Twitter: @LZamarriego
La vecina de la ciudad de Reus (Tarragona, España) que falleció en su piso de alquiler de la calle Santa Anna el pasado 14 de noviembre es la última víctima de la pobreza energética. Un informe reciente del colectivo de Bomberos ya alertaba de que 6 de cada 10 incendios con víctimas mortales en los hogares de Cataluña podrían atribuirse a esta causa.
Portavoces del gobierno, grandes empresarios e inversores hablan de florecimiento económico. Pero olvidan que la espiral de la exclusión nunca concluye a la vez que lo hacen las crisis. Han transcurrido ocho años del pinchazo de aquella burbuja inmobiliaria que proyectó un escenario de especulación, créditos fáciles para la compra de viviendas, cierta euforia colectiva y una amplia oferta laboral. En 2007, había menos de dos millones de personas en paro en nuestro país. Por aquel entonces, la pobreza energética era un concepto no inventado.
Hoy, más de 5 millones de personas (el 11% de los hogares españoles) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, de acuerdo con los últimos datos registrados por Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, el 8% de los hogares (4,2 millones de personas) declara tener retrasos en el pago de las facturas; y el 15% (6,2 millones de personas) afirma destinar más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para su vivienda. Es preciso recordar que el precio de la luz ha aumentado un 70% en los últimos 10 años, lo que sitúa a España como el cuarto país con la electricidad más cara de Europa, según Eurostat.
Al endeudamiento permanente hay que sumar los efectos sobre la salud derivados de no poder encender la calefacción o no tener acceso a agua caliente, especialmente en niños, ancianos y enfermos crónicos. La OMS advierte de que pobreza energética podría estar causando en España unas 7.000 muertes prematuras al año.
“El caso de la vecina de Reus no es un hecho aislado, no es solo en invierno, ni es un error puntual de comunicación entre empresas y administración. Es una negativa constante de las empresas suministradoras a asumir responsabilidad ante las familias vulnerables, acompañada de la poca valentía de la administración para poner límites y garantizar que situaciones así no se vuelvan a repetir”, denuncia Mónica Guiteras, miembro de Alianzas contra la Pobreza Energética (APE), en declaraciones a eldiario.es. “No olvidemos las muertes de los niños de 4 y 6 años en un incendio en el barrio del Besós en julio pasado, también asociadas a la pobreza energética”, recuerda.
Permitir una situación así no solo es inmoral; es también ilegal. La Ley 24/2015no deja lugar a dudas en su artículo 6.4: “Cuando la empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial”.
“Sanciones, sí, pero de las ejemplares. Firma de convenios, también, pero con un Gobierno que marque líneas rojas y pare los pies a quien lleva tanto tiempo convirtiendo el derecho a los suministros básicos en un privilegio fuera del alcance de muchas personas”, considera Guiteras.
Cuentan los medios que la fallecida no informó de sus circunstancias a las autoridades municipales. No pagaba el alquiler desde hacía 10 meses. También cuentan que la familia afectada ya había sido atendida por los servicios sociales desde el año 2013 y que el agua la pagaba el ayuntamiento a partir de un fondo social. El Gobierno autonómico impulsará un expediente sancionador contra Gas Natural, la compañía en el ojo del huracán, si se demuestra que no aplicó correctamente “los protocolos” cuando cortó la luz a la anciana. Enzarzados en una guerra de culpas, la compañía suministradora, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que la víctima no figuraba entre las relaciones de clientes vulnerables comunicadas por el ayuntamiento de Reus.
Los servicios de emergencias que accedieron a la vivienda por la llamada de alarma de los vecinos han declarado que la casa ofrecía un aspecto de austeridad extrema. Una de sus nietas –relatan las crónicas– vivía con ella. No estaba allí cuando el colchón empezó a prender. Rosa murió en silencio. Ahora son otras las velas encendidas: las que se han depositado en su recuerdo.
Laura Zamarriego
Periodista
Twitter: @LZamarriego
