OPINIÓN de Ava Gómez, Bárbara Ester.- Se acerca el 2018 y los liderazgos políticos del país comienzan a posicionarse de cara a los próximos comicios presidenciales, que determinarán el desarrollo de los Acuerdos de Paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Este reposicionamiento de las fuerzas políticas, tanto al interior de los partidos como en el marco de la generación de alianzas externas, se desarrolla con un clima de opinión pública desfavorable, en el que la corrupción, la crisis económica y el desgaste de la imagen de las instituciones públicas vinculadas a la implementación de los acuerdos son determinantes de la particular crisis de credibilidad institucional que vive el país.
De la euforia por la paz al desasosiego
Los resultados de la Encuesta Gallup de febrero de 2017[1] pusieron de manifiesto este clima de hartazgo generalizado entre la ciudadanía. En efecto, desde la firma de los Acuerdos de Paz y, en particular, tras el inicio de su proceso de implementación (hoy ya en fase de concentración de las FARC en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización), se observa un incremento del pesimismo, que se expresa en que la mayor parte de la ciudadanía -el 73%, para ser más exactos- considera que “las cosas están empeorando en Colombia”.
Los temas más preocupantes para los ciudadanos son la situación de la economía (el 82% de los encuestados percibe su desmejora) y el incremento del desempleo (72% opina que está empeorando). Dos percepciones asociadas a las dificultades relativas a la caída de los precios del petróleo y la inflación tras la Reforma Tributaria que entró en vigor en 2017.
La corrupción aparece como otra de las problemáticas que los colombianos consideran en auge: el 85% indica que este factor está empeorando, una situación que se relaciona necesariamente con el caso Odebrecht (el cual vincula a diferentes actores políticos de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe); los sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar) y los escándalos de parapolítica que asolan al partido Cambio Radical, entre otros. En efecto, la corrupción es vista como el principal problema del país, seguida por la caída del poder adquisitivo y la inseguridad.
En cuanto a los Acuerdos de Paz, los colombianos reflejan pocas expectativas. En términos generales, consideran que las promesas de redistribución de la riqueza, la mejora en el clima de seguridad y tranquilidad, la solución al problema del narcotráfico, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas -entre otras- son promesas que no se van a cumplir. La negatividad sobre estas perspectivas va en constante aumento desde septiembre de 2016, en particular, en relación con las instituciones encargadas de implementar los acuerdos: 79% de desfavorabilidad para el Congreso (que aprueba vía fast–track las leyes para desarrollar los acuerdos); un 82% de desfavorabilidad para el Sistema Judicial, que debe conceder las amnistías y un incremento sin precedentes de una imagen desfavorable de la Corte Constitucional, que alcanzó un 56% de imagen negativa.
La derecha: desencuentros y reposicionamientos
Frente a este clima de opinión, la derecha es sin lugar a duda el eje político de mayor afectación, no solo por un incremento del rechazo hacia los liderazgos que surgen del seno del oficialismo (en especial de Germán Vargas Lleras), sino por el descargo de todas las responsabilidades en el Gobierno de Santos[2].
La respuesta no se ha hecho esperar: Germán Vargas Lleras, quien fuera el político mejor posicionado el año pasado para enfrentar los comicios de 2018, avanza a pasos agigantados hacia el desastre. Según la encuesta Gallup sufrió una fuerte caída en cuanto a la percepción de la ciudadanía: si bien en diciembre de 2016 alcanzó un 61% de aprobación, en la última medición la opinión favorable sobre el líder cayó a un 40%. Esta situación se relaciona con la amplia cantidad de políticos de su partido, Cambio Radical, encarcelados por casos de corrupción, asesinatos, parapolítica, entre otros ilícitos. Asimismo, las desafortunadas imágenes del presidenciable maltratando a uno de sus escoltas y el desgaste del propio Gobierno son factores a los que no ha sido ajena la ciudadanía.
En sus más recientes apariciones Vargas Lleras ha sido increpado en el espacio público. En días pasados, en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño al suroccidente del país), fue abucheado hasta tener que abandonar un acto de inauguración de un proyecto. Vargas Lleras, que siempre ha usado como plataformas políticas las inauguraciones de proyectos, dijo, frente a la contundente respuesta de la ciudadanía: “dejemos la politiquería, yo sé que hay unas elecciones pendientes, pero hoy me trae a Tumaco poner en marcha 400 viviendas gratis para la gente más pobre del municipio”[3]. No obstante, el vicepresidente sigue firme en su convicción de ser presidente, por ello su renuncia al actual cargo es inminente.
Los acuerdos de paz y el avance del plebiscito que tuvo lugar el 2 de octubre pusieron al vicepresidente en una encrucijada que resolvió manteniéndose prudente y, ciertamente, lejano de la euforia oficialista por la paz. La decisión de mantenerse al margen, en lo que a movilización de bases partidarias se refiere, incrementó las tensiones, especialmente tras conocerse los resultados del plebiscito. Así, el alejamiento de Vargas Lleras fue más que evidente a finales del 2016.
Ya en 2017 comenzó la implementación de los acuerdos y uno de los grandes debates tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo que permite hacer efectiva la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el post-acuerdo, lo que Juan Manuel Santos denomina “la columna vertebral de los acuerdos”. Las recientes declaraciones de Santos frente a este importante debate marcan un cambio en la dinámica de alejamiento. El presidente ha solicitado recientemente todo el apoyo de Cambio Radical para poder consolidar este mecanismo, haciendo un más que claro guiño al vicepresidente y a sus huestes para que lleven a cabo un movimiento de acercamiento en el presente, que puede perdurar a futuro.
A pesar que su postulación no es definitiva, Humberto de La Calle (Partido Liberal) ha manifestado su intención de construir una coalición que defienda los acuerdos de paz con las FARC y el proceso de diálogos con el ELN. De La Calle, que ha sabido mesurar sus apariciones públicas, aparece como una de las opciones que es bien acogida por la ciudadanía: con un 49% de opinión favorable, con pico de popularidad coincidiendo con el plebiscito de 2016. El posicionamiento de este liderazgo es susceptible de ser arrastrado por un oficialismo en claro retroceso, una situación que hace más evidente el acierto del líder negociador, al promover la aparición de una candidatura enmarcada al interior de una coalición en defensa de la paz, para lograr competir con un uribismo que salió fortalecido después del plebiscito.
La salida a la luz pública del caso Odebrecht dejó al uribismo sin un panorama claro en la selección de los precandidatos, aunque desde el año pasado se habían postulado Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. El paso a un lado de Oscar Iván Zuluaga (a la espera de una decisión judicial sobre su participación en el caso) y las dudas que se ciernen sobre Iván Duque, por su participación en una reunión con José Eduardo ‘Duda’ Mendoça en 2014 y por el rechazo acumulado de los varones de la extrema derecha del partido, dificultan cada vez más la consolidación de un candidato, si bien los dos últimos no están fuera de juego.
Tras la retirada de Oscar Iván Zuluaga, se hizo pública la participación de María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones y una de las más fieles seguidoras de los ideales conservadores de la formación política. La precandidatura de Guerra, proveniente de una acaudalada familia de políticos sincelejanos, se erige en el marco de un refortalecimiento de la presencia del partido en la Región Caribe, un enclave en el que Germán Vargas Lleras (Cambio Radical) tiene a su gran feudo político.
El escenario de coalición con el Partido Conservador es una opción que Uribe también baraja. En efecto no ha desperdiciado oportunidad para realizar reuniones con el exprocurador Ordóñez, siempre cercano al líder de Centro Democrático. En el marco discursivo anticorrupción puede jugar un rol fundamental, haciendo uso de su pasado como procurador. Este liderazgo de extrema derecha puede resultar funcional si se tiene en cuenta que en Colombia todavía persiste un rechazo mayoritario al matrimonio entre parejas del mismo sexo (63% de desfavorabilidad) y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo (76% de desfavorabilidad), dos derechos en contra de los que Ordóñez ha luchado con ahínco. Además, la acogida del discurso anticorrupción de Ordóñez servirá también para dar el pistoletazo de salida a su campaña; el 1 de abril está convocada una marcha anticorrupción que liderará junto con el expresidente Álvaro Uribe.
La alianza del progresismo moderado
Las opciones más moderadas del progresismo colombiano giran en torno de otra alianza ‘anticorrupción’ como demanda convocante luego del decepcionante resultado en el plebiscito y el agotamiento de la ‘paz’ como consigna de campaña. En este contexto, tres dirigentes han conformado una alianza cuyo principal eje es el combate contra la corrupción.
En primer lugar, Jorge Enrique Robledo, candidato por el Polo Democrático Alternativo, se ha mostrado más laxo a la hora de entablar negociaciones con dirigentes ambiguos o autoproclamados independientes. En este sentido se ha reunido tanto con la senadora Claudia López (Alianza Verde), como con el independiente antioqueño, Sergio Fajardo. La indignación y la crítica a la corrupción han oficiado de puente entre ellos.
Robledo (PDA) ha sido elegido en varias oportunidades como el mejor parlamentario por sus continuos debates al Gobierno. En febrero de este año ha anunciado su precandidatura presidencial por el PDA de cara a los comicios de 2018. El Polo se encuentra fragmentado en su interior en dos tendencias, una la que lidera el senador Jorge Robledo, y otra que apoya a la actual ministra de Trabajo, Clara López, a quien la acompaña el sector del senador Iván Cepeda. Cabe destacar que liderazgos más tradicionales en la izquierda perdieron impulso, tal es el caso de Clara López (quien fuera candidata del PDA en 2014), quien ha visto erosionada su imagen a raíz de si participación en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Asimismo, Piedad Córdoba (Partido Liberal) que alcanza un 66% de desaprobación, con un crecimiento exponencial desde 2015.
Frente a la merma de los liderazgos tradicionales, han adquirido peso opciones que se presentan a sí mismas independientes, como la senadora y precandidata del Partido Verde, Claudia López. Ganó notoriedad a partir de sus denuncias en 2006 sobre la “Parapolítica”. Hoy, con un 38% de imagen positiva promueve activamente una campaña llamada “¡vence al corrupto!”. La misma busca recolectar 5 millones de firmas que habiliten una Consulta Anticorrupción, en la que los colombianos deberán votar a favor o en contra de siete mandatos:
Reducir de 40 a 25 salarios mínimos los salarios de los Congresistas
Cárcel común para corruptos, sin ningún tipo de privilegios y con la posibilidad de cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado.
Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.
¡No más ‘mermelada’! Que el presupuesto de inversión de Alcaldías, gobernaciones y nación, se desglose y priorice en Audiencias Públicas.
Los congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política.
Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
Limitar a un máximo tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas, Cámara de Representantes y Senado.
Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia, sin dudas es el más “independiente” de los miembros del Triunvirato. El mismo se proclama como un candidato sin ninguna ideología política -aunque los medios lo ubiquen como un exponente de centro- y ostenta una imagen favorable de 44%.
En conclusión, de cara a 2018 se están posicionando varias figuras políticas
Por el oficialismo, Humberto de la Calle (Partido Liberal – Jefe Negociador), que se articularía con liderazgos dentro del Partido Liberal y de la U. Por su parte, Vargas Lleras, con popularidad desgastada, pero capacidad de movilización de la maquinaria de Cambio Radical, refleja más probabilidades de alianzas al interior del oficialismo que fuera del mismo.
La derecha uribista que desde hace meses anuncia, por medio de dinámicas de participación conjunta, futuras alianzas, en particular, bajo el liderazgo del exprocurador Ordóñez que se enmascara bajo un discurso de anticorrupción.
Una alianza que se está tejiendo desde la ‘independencia’: Claudia López (Verdes); Jorge Robledo (PDA) y Sergio Fajardo (independiente), si bien durante la campaña del plebiscito estos últimos estuvieron a favor del Sí, hoy su marco discursivo es la ‘anticorrupción’.
Frente a estos complejos escenarios sólo el tiempo dirá cómo lograrán articularse las alianzas y cumplir con el mandato histórico de consolidar los Acuerdos de Paz alcanzados. Una misión que se identifica como un proceso complejo que, lejos que reducir las conflictividades en el país, abre las vías para el desarrollo de una diversidad de contradicciones políticas, económicas y sociales que sin lugar a duda van a representar el gran reto de la próxima administración.
Notas
[1] Encuesta Gallup, del 16 al 25 de febrero de 2017; 1.200 encuestas. Márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%
[2] El viacrucis de Juan Manuel Santos en la valoración a su desempeño en el Ejecutivo no es nuevo, desde principios de 2016 las valoraciones negativas a su gestión no han hecho más que aumentar, llegando en 2017 a un 71% de desaprobación de su labor.
[3] http://caracol.com.co/emisora/2017/03/10/pasto/1489119907_968703.html
Ava Gomez (@Ava_GD) y Barbara Ester (@barbaraestereo)
Investigadoras CELAG
Este reposicionamiento de las fuerzas políticas, tanto al interior de los partidos como en el marco de la generación de alianzas externas, se desarrolla con un clima de opinión pública desfavorable, en el que la corrupción, la crisis económica y el desgaste de la imagen de las instituciones públicas vinculadas a la implementación de los acuerdos son determinantes de la particular crisis de credibilidad institucional que vive el país.
De la euforia por la paz al desasosiego
Los resultados de la Encuesta Gallup de febrero de 2017[1] pusieron de manifiesto este clima de hartazgo generalizado entre la ciudadanía. En efecto, desde la firma de los Acuerdos de Paz y, en particular, tras el inicio de su proceso de implementación (hoy ya en fase de concentración de las FARC en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización), se observa un incremento del pesimismo, que se expresa en que la mayor parte de la ciudadanía -el 73%, para ser más exactos- considera que “las cosas están empeorando en Colombia”.
Los temas más preocupantes para los ciudadanos son la situación de la economía (el 82% de los encuestados percibe su desmejora) y el incremento del desempleo (72% opina que está empeorando). Dos percepciones asociadas a las dificultades relativas a la caída de los precios del petróleo y la inflación tras la Reforma Tributaria que entró en vigor en 2017.
La corrupción aparece como otra de las problemáticas que los colombianos consideran en auge: el 85% indica que este factor está empeorando, una situación que se relaciona necesariamente con el caso Odebrecht (el cual vincula a diferentes actores políticos de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe); los sobrecostos de la Refinería de Cartagena (Reficar) y los escándalos de parapolítica que asolan al partido Cambio Radical, entre otros. En efecto, la corrupción es vista como el principal problema del país, seguida por la caída del poder adquisitivo y la inseguridad.
En cuanto a los Acuerdos de Paz, los colombianos reflejan pocas expectativas. En términos generales, consideran que las promesas de redistribución de la riqueza, la mejora en el clima de seguridad y tranquilidad, la solución al problema del narcotráfico, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas -entre otras- son promesas que no se van a cumplir. La negatividad sobre estas perspectivas va en constante aumento desde septiembre de 2016, en particular, en relación con las instituciones encargadas de implementar los acuerdos: 79% de desfavorabilidad para el Congreso (que aprueba vía fast–track las leyes para desarrollar los acuerdos); un 82% de desfavorabilidad para el Sistema Judicial, que debe conceder las amnistías y un incremento sin precedentes de una imagen desfavorable de la Corte Constitucional, que alcanzó un 56% de imagen negativa.
La derecha: desencuentros y reposicionamientos
Frente a este clima de opinión, la derecha es sin lugar a duda el eje político de mayor afectación, no solo por un incremento del rechazo hacia los liderazgos que surgen del seno del oficialismo (en especial de Germán Vargas Lleras), sino por el descargo de todas las responsabilidades en el Gobierno de Santos[2].
La respuesta no se ha hecho esperar: Germán Vargas Lleras, quien fuera el político mejor posicionado el año pasado para enfrentar los comicios de 2018, avanza a pasos agigantados hacia el desastre. Según la encuesta Gallup sufrió una fuerte caída en cuanto a la percepción de la ciudadanía: si bien en diciembre de 2016 alcanzó un 61% de aprobación, en la última medición la opinión favorable sobre el líder cayó a un 40%. Esta situación se relaciona con la amplia cantidad de políticos de su partido, Cambio Radical, encarcelados por casos de corrupción, asesinatos, parapolítica, entre otros ilícitos. Asimismo, las desafortunadas imágenes del presidenciable maltratando a uno de sus escoltas y el desgaste del propio Gobierno son factores a los que no ha sido ajena la ciudadanía.
En sus más recientes apariciones Vargas Lleras ha sido increpado en el espacio público. En días pasados, en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño al suroccidente del país), fue abucheado hasta tener que abandonar un acto de inauguración de un proyecto. Vargas Lleras, que siempre ha usado como plataformas políticas las inauguraciones de proyectos, dijo, frente a la contundente respuesta de la ciudadanía: “dejemos la politiquería, yo sé que hay unas elecciones pendientes, pero hoy me trae a Tumaco poner en marcha 400 viviendas gratis para la gente más pobre del municipio”[3]. No obstante, el vicepresidente sigue firme en su convicción de ser presidente, por ello su renuncia al actual cargo es inminente.
Los acuerdos de paz y el avance del plebiscito que tuvo lugar el 2 de octubre pusieron al vicepresidente en una encrucijada que resolvió manteniéndose prudente y, ciertamente, lejano de la euforia oficialista por la paz. La decisión de mantenerse al margen, en lo que a movilización de bases partidarias se refiere, incrementó las tensiones, especialmente tras conocerse los resultados del plebiscito. Así, el alejamiento de Vargas Lleras fue más que evidente a finales del 2016.
Ya en 2017 comenzó la implementación de los acuerdos y uno de los grandes debates tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo que permite hacer efectiva la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el post-acuerdo, lo que Juan Manuel Santos denomina “la columna vertebral de los acuerdos”. Las recientes declaraciones de Santos frente a este importante debate marcan un cambio en la dinámica de alejamiento. El presidente ha solicitado recientemente todo el apoyo de Cambio Radical para poder consolidar este mecanismo, haciendo un más que claro guiño al vicepresidente y a sus huestes para que lleven a cabo un movimiento de acercamiento en el presente, que puede perdurar a futuro.
A pesar que su postulación no es definitiva, Humberto de La Calle (Partido Liberal) ha manifestado su intención de construir una coalición que defienda los acuerdos de paz con las FARC y el proceso de diálogos con el ELN. De La Calle, que ha sabido mesurar sus apariciones públicas, aparece como una de las opciones que es bien acogida por la ciudadanía: con un 49% de opinión favorable, con pico de popularidad coincidiendo con el plebiscito de 2016. El posicionamiento de este liderazgo es susceptible de ser arrastrado por un oficialismo en claro retroceso, una situación que hace más evidente el acierto del líder negociador, al promover la aparición de una candidatura enmarcada al interior de una coalición en defensa de la paz, para lograr competir con un uribismo que salió fortalecido después del plebiscito.
La salida a la luz pública del caso Odebrecht dejó al uribismo sin un panorama claro en la selección de los precandidatos, aunque desde el año pasado se habían postulado Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. El paso a un lado de Oscar Iván Zuluaga (a la espera de una decisión judicial sobre su participación en el caso) y las dudas que se ciernen sobre Iván Duque, por su participación en una reunión con José Eduardo ‘Duda’ Mendoça en 2014 y por el rechazo acumulado de los varones de la extrema derecha del partido, dificultan cada vez más la consolidación de un candidato, si bien los dos últimos no están fuera de juego.
Tras la retirada de Oscar Iván Zuluaga, se hizo pública la participación de María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones y una de las más fieles seguidoras de los ideales conservadores de la formación política. La precandidatura de Guerra, proveniente de una acaudalada familia de políticos sincelejanos, se erige en el marco de un refortalecimiento de la presencia del partido en la Región Caribe, un enclave en el que Germán Vargas Lleras (Cambio Radical) tiene a su gran feudo político.
El escenario de coalición con el Partido Conservador es una opción que Uribe también baraja. En efecto no ha desperdiciado oportunidad para realizar reuniones con el exprocurador Ordóñez, siempre cercano al líder de Centro Democrático. En el marco discursivo anticorrupción puede jugar un rol fundamental, haciendo uso de su pasado como procurador. Este liderazgo de extrema derecha puede resultar funcional si se tiene en cuenta que en Colombia todavía persiste un rechazo mayoritario al matrimonio entre parejas del mismo sexo (63% de desfavorabilidad) y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo (76% de desfavorabilidad), dos derechos en contra de los que Ordóñez ha luchado con ahínco. Además, la acogida del discurso anticorrupción de Ordóñez servirá también para dar el pistoletazo de salida a su campaña; el 1 de abril está convocada una marcha anticorrupción que liderará junto con el expresidente Álvaro Uribe.
La alianza del progresismo moderado
Las opciones más moderadas del progresismo colombiano giran en torno de otra alianza ‘anticorrupción’ como demanda convocante luego del decepcionante resultado en el plebiscito y el agotamiento de la ‘paz’ como consigna de campaña. En este contexto, tres dirigentes han conformado una alianza cuyo principal eje es el combate contra la corrupción.
En primer lugar, Jorge Enrique Robledo, candidato por el Polo Democrático Alternativo, se ha mostrado más laxo a la hora de entablar negociaciones con dirigentes ambiguos o autoproclamados independientes. En este sentido se ha reunido tanto con la senadora Claudia López (Alianza Verde), como con el independiente antioqueño, Sergio Fajardo. La indignación y la crítica a la corrupción han oficiado de puente entre ellos.
Robledo (PDA) ha sido elegido en varias oportunidades como el mejor parlamentario por sus continuos debates al Gobierno. En febrero de este año ha anunciado su precandidatura presidencial por el PDA de cara a los comicios de 2018. El Polo se encuentra fragmentado en su interior en dos tendencias, una la que lidera el senador Jorge Robledo, y otra que apoya a la actual ministra de Trabajo, Clara López, a quien la acompaña el sector del senador Iván Cepeda. Cabe destacar que liderazgos más tradicionales en la izquierda perdieron impulso, tal es el caso de Clara López (quien fuera candidata del PDA en 2014), quien ha visto erosionada su imagen a raíz de si participación en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Asimismo, Piedad Córdoba (Partido Liberal) que alcanza un 66% de desaprobación, con un crecimiento exponencial desde 2015.
Frente a la merma de los liderazgos tradicionales, han adquirido peso opciones que se presentan a sí mismas independientes, como la senadora y precandidata del Partido Verde, Claudia López. Ganó notoriedad a partir de sus denuncias en 2006 sobre la “Parapolítica”. Hoy, con un 38% de imagen positiva promueve activamente una campaña llamada “¡vence al corrupto!”. La misma busca recolectar 5 millones de firmas que habiliten una Consulta Anticorrupción, en la que los colombianos deberán votar a favor o en contra de siete mandatos:
Reducir de 40 a 25 salarios mínimos los salarios de los Congresistas
Cárcel común para corruptos, sin ningún tipo de privilegios y con la posibilidad de cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado.
Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.
¡No más ‘mermelada’! Que el presupuesto de inversión de Alcaldías, gobernaciones y nación, se desglose y priorice en Audiencias Públicas.
Los congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política.
Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
Limitar a un máximo tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas, Cámara de Representantes y Senado.
Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia, sin dudas es el más “independiente” de los miembros del Triunvirato. El mismo se proclama como un candidato sin ninguna ideología política -aunque los medios lo ubiquen como un exponente de centro- y ostenta una imagen favorable de 44%.
En conclusión, de cara a 2018 se están posicionando varias figuras políticas
Por el oficialismo, Humberto de la Calle (Partido Liberal – Jefe Negociador), que se articularía con liderazgos dentro del Partido Liberal y de la U. Por su parte, Vargas Lleras, con popularidad desgastada, pero capacidad de movilización de la maquinaria de Cambio Radical, refleja más probabilidades de alianzas al interior del oficialismo que fuera del mismo.
La derecha uribista que desde hace meses anuncia, por medio de dinámicas de participación conjunta, futuras alianzas, en particular, bajo el liderazgo del exprocurador Ordóñez que se enmascara bajo un discurso de anticorrupción.
Una alianza que se está tejiendo desde la ‘independencia’: Claudia López (Verdes); Jorge Robledo (PDA) y Sergio Fajardo (independiente), si bien durante la campaña del plebiscito estos últimos estuvieron a favor del Sí, hoy su marco discursivo es la ‘anticorrupción’.
Frente a estos complejos escenarios sólo el tiempo dirá cómo lograrán articularse las alianzas y cumplir con el mandato histórico de consolidar los Acuerdos de Paz alcanzados. Una misión que se identifica como un proceso complejo que, lejos que reducir las conflictividades en el país, abre las vías para el desarrollo de una diversidad de contradicciones políticas, económicas y sociales que sin lugar a duda van a representar el gran reto de la próxima administración.
Notas
[1] Encuesta Gallup, del 16 al 25 de febrero de 2017; 1.200 encuestas. Márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%
[2] El viacrucis de Juan Manuel Santos en la valoración a su desempeño en el Ejecutivo no es nuevo, desde principios de 2016 las valoraciones negativas a su gestión no han hecho más que aumentar, llegando en 2017 a un 71% de desaprobación de su labor.
[3] http://caracol.com.co/emisora/2017/03/10/pasto/1489119907_968703.html
Ava Gomez (@Ava_GD) y Barbara Ester (@barbaraestereo)
Investigadoras CELAG
