OPINIÓN de Emilio Marín.- La derecha venezolana no atraviesa por su mejor momento político. Y busca el protagonismo de la administración Trump y la OEA, para sancionar a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro se defiende y moviliza el domingo 26 de marzo.
Aún los diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y que desinforman a sus lectores desde Venezuela, admiten el mal trance de la oposición conservadora. El 16 de marzo Daniel Lozano, que escribe para “La Nación”, publicó desde Caracas: “la oposición recibió con alivio la iniciativa de Almagro, en uno de sus peores momentos desde su abrumadora victoria electoral en las elecciones de 2015”.
La situación embarazosa de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) salta a la vista porque no logró derribar a Nicolás Maduro. No pudo con la campaña “La Salida” en base a guarimbas (violencia callejera) en 2014, ni con la truchada de millones de firmas para alcanzar el piso de la Constitución para un plebiscito revocatorio del presidente. Querían elecciones antes de fines de 2016, para votar de nuevo e interrumpir el mandato de Maduro, que llega hasta enero de 2019. No las consiguieron, por tamaña cantidad de irregularidades y delitos en la recolección de firmas, sancionados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Y tampoco les interesó un plebiscito más tarde porque completaría el mandato de Maduro su vicepresidente, Tareck El Aissami.
Tuvieron otro traspié político-institucional. En base a su triunfo en las legislativas de diciembre de 2015, la MUD tomó el control de la Asamblea Nacional. Pero se fueron de mambo y pretendieron desconocer al presidente, declarando que éste había “hecho abandono del cargo”. Incurrieron en otras irregularidades como funcionar con tres diputados del estado de Amazonas cuyos títulos estaban impugnados y rechazados por la justicia.
El resultado fue que el TSJ le dio la razón al Ejecutivo y desconoció la validez de los procederes de la Asamblea Nacional que desde enero de 2017 preside Julio Borges en sustitución de Henry Ramos Allup.
Frente a esos pasos atrás estallaron los viejos conflictos al interior de la MUD. Los partidarios de Leopoldo López, preso en el penal de Ramo Verde y con una condena a casi 14 años de prisión, resultaron los más exaltados. Su partido, “Voluntad Popular”, obviamente no respeta esa voluntad y quiere volver a un programa golpista callejero, como el de 2014 que provocó 43 muertos, con juicio y condena posterior a su líder. Hay corrientes opositoras que exploran otros caminos igualmente destituyentes, pero apostando a un mayor desgaste del presidente, su aislamiento internacional y con expectativa de que afloren divergencias dentro del gobierno.
En esa tesis no tan violenta en lo inmediato puede inscribirse el varias veces candidato a presidente por la MUD, Henrique Capriles Radonski, derrotado primero por Hugo Chávez y luego por Maduro.
Ayuda de los amigos
Con esos fracasos a cuestas, se entiende que la oposición haya buscado el apoyo de los gobiernos regionales más de derecha, como el de Mauricio Macri, la OEA, históricamente inscripta en ese extremo del arco político, y la administración Trump, que en lo tocante a Venezuela implica continuidad de las líneas trazadas por Barack Obama.
El que golpeó primero con un falaz informe contra Venezuela fue Luis Almagro, secretario general de la OEA, presentado en mayo de 2016 a los 34 países miembros. En las reuniones del organismo de junio de ese año no hubo consenso para la dirección que proponía el ex canciller uruguayo, de debatir para aplicar la Cláusula Democrática Interamericana al país bolivariano.
Tal cláusula fue aprobada por la OEA en su reunión de Perú, en 2001, y prevé la separación de los países donde se produzcan golpes de Estado y surjan dictaduras. Hasta ahora sólo se había aplicado contra las autoridades de Honduras, tras el golpe en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
No se aplicaron contra Paraguay, donde se derrocó en 2011 al presidente Fernando Lugo, considerando el suceso como un resorte del Senado. Y mucho menos se sancionó a Brasil, donde en agosto pasado se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, tras un impeachment con gruesas irregularidades y ninguna prueba.
En esos casos la OEA miró para otro lado. Ahora Almagro publicó una columna de opinión en “La Nación”, el 22 de marzo, titulada “No se puede mirar al costado ante una dictadura en la región”. Su declaración de guerra contra Venezuela comienza así: “no se puede seguir mirando hacia el costado. Hoy mientras usted lee estas líneas, en un país sudamericano de más de 30 millones de personas hay una dictadura”.
Ese artículo periodístico, por llamarlo de alguna manera, es la versión sintética de las 75 páginas que presentó a los países de la OEA el pasado 14 de marzo, reclamando sanciones contra Caracas.
Es una jugada más peligrosa que la de mayo del año pasado. Ahora propone como consigna de acción, no meramente como de agitación y propaganda, la aplicación de sanciones contra lo que es presentado como una de las peores dictaduras latinoamericanas, según esa falsificación.
El secretario general de la OEA recuerda que el artículo 20 de la carta de la entidad permite analizar si un país es pasible de sanciones por violentar su orden democrático. Para que le den la razón en este tópico, el uruguayo necesita 18 votos, la mitad más uno de las naciones integrantes.
Y también apeló al artículo 21, para que en una reunión de cancilleres se pueda votar la exclusión del país en cuestión se necesitan 24 votos de una mayoría especial, que en este momento la derecha regional no tiene. Podría, en el mejor de sus expectativas, sumar los 18 para la primera parte del trámite sancionatorio, sin llegar a la mayoría de dos tercios.
Trump también
Como la derecha no atiende razones sino que todo lo reduce a plata, la explicación dada a esa dificultad para sumar los 24 votos fue que el chavismo con Petrocaribe-PDVSA tendría asegurados los apoyos de países caribeños a los que estos años proveyó petróleo.
Esa ayuda bolivariana es un hecho cierto, pero el resquemor con el plan de Almagro no sería sólo devolución de solidaridad sino que varios de esos gobiernos, comenzando por Cuba, tienen afinidades políticas con el gobierno de Maduro. La isla socialista no forma parte de la OEA porque fue expulsada en 1962 a instancias del imperio. Eso es lo que quieren hacer ahora con Venezuela. La historia se repite dos veces. Lo de la OEA contra Caracas no es tragedia sino comedia...
Luego del primer intento de golpe de Almagro en mayo y junio de 2016, y antes de su segunda embestida del 14 de marzo pasado, quien quiso hacer tronar el escarmiento fue la administración Trump. El 14 de febrero de este año sancionó a Venezuela en la figura de su vicepresidente El Aissami, acusado de peligroso narcotraficante internacional cuando ese funcionario, en sus tiempos de ministro del interior (2007-2012), tuvo un récord positivo de 75 detenciones de narcos, con deportaciones de varios a EE UU.
Las acusaciones que la MUD hace al gobierno como si se tratara de una dictadura, y que reiteran sus sponsors internacionales Almagro y Trump, son falsas, de falsedad absoluta.
Venezuela es un país soberano y democrático, con control de sus recursos naturales -sobre todo sus reservas petroleras las más importantes del planeta- y con leyes acordes a un sistema social avanzado, gracias al curso bolivariano que abrió Chávez con su primer triunfo en 1998. Y que se refrendó en sucesivas victorias legislativas y presidenciales, con una excepción en su intento de modificar partes de la constitución, cuando perdió por dos puntos y lo admitió rápidamente. Esa excepción se reiteró, y dejó de ser tal, con la apuntada derrota en las legislativas de 2015.
Sí es un país con muchos problemas económicos y de abastecimiento, con alta inflación, de más del 600 por ciento anual. Sin embargo hay que aclarar que no todos los problemas de ese rubro son por culpa del gobierno; las burguesías, las multinacionales y también la burocracia y el lumpenismo al interior del campo popular, como factores secundarios, tienen que ver con la inflación, desabastecimiento, bachaqueo o contrabando, fuga de divisas, etc.
Y allí radica una de las mejorías sensibles que viene implementando el presidente Maduro, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Esa es la vía novedosa y con apoyatura social directa para la distribución de los alimentos a la población, sin desvíos, burocracia ni contrabando.
Podrán inventar ahora “la guerra del pan” pero el gobierno está abasteciendo mejor a la población, incautando las mercaderías e incluso interviniendo las panaderías que especulan con el alimento.
Es notable el doble o triple discurso de esa derecha y el imperio. Hablan de democracia pero fueron los autores del golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez. Invocan los derechos humanos pero EE UU dejó sus asientos vacíos en la reciente audiencia de la Comisión Interamericana de DD HH de la OEA que trataba los decretos de Trump contra los inmigrantes, el Muro con México y el gasoducto Dakota Access denunciado por afectación medioambiental por la tribu sioux Standing Rock.
¿Y estos políticos de las democracias restringidas quieren dar cátedra de democracia y sancionar a Venezuela?
Aún los diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y que desinforman a sus lectores desde Venezuela, admiten el mal trance de la oposición conservadora. El 16 de marzo Daniel Lozano, que escribe para “La Nación”, publicó desde Caracas: “la oposición recibió con alivio la iniciativa de Almagro, en uno de sus peores momentos desde su abrumadora victoria electoral en las elecciones de 2015”.
La situación embarazosa de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) salta a la vista porque no logró derribar a Nicolás Maduro. No pudo con la campaña “La Salida” en base a guarimbas (violencia callejera) en 2014, ni con la truchada de millones de firmas para alcanzar el piso de la Constitución para un plebiscito revocatorio del presidente. Querían elecciones antes de fines de 2016, para votar de nuevo e interrumpir el mandato de Maduro, que llega hasta enero de 2019. No las consiguieron, por tamaña cantidad de irregularidades y delitos en la recolección de firmas, sancionados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Y tampoco les interesó un plebiscito más tarde porque completaría el mandato de Maduro su vicepresidente, Tareck El Aissami.
Tuvieron otro traspié político-institucional. En base a su triunfo en las legislativas de diciembre de 2015, la MUD tomó el control de la Asamblea Nacional. Pero se fueron de mambo y pretendieron desconocer al presidente, declarando que éste había “hecho abandono del cargo”. Incurrieron en otras irregularidades como funcionar con tres diputados del estado de Amazonas cuyos títulos estaban impugnados y rechazados por la justicia.
El resultado fue que el TSJ le dio la razón al Ejecutivo y desconoció la validez de los procederes de la Asamblea Nacional que desde enero de 2017 preside Julio Borges en sustitución de Henry Ramos Allup.
Frente a esos pasos atrás estallaron los viejos conflictos al interior de la MUD. Los partidarios de Leopoldo López, preso en el penal de Ramo Verde y con una condena a casi 14 años de prisión, resultaron los más exaltados. Su partido, “Voluntad Popular”, obviamente no respeta esa voluntad y quiere volver a un programa golpista callejero, como el de 2014 que provocó 43 muertos, con juicio y condena posterior a su líder. Hay corrientes opositoras que exploran otros caminos igualmente destituyentes, pero apostando a un mayor desgaste del presidente, su aislamiento internacional y con expectativa de que afloren divergencias dentro del gobierno.
En esa tesis no tan violenta en lo inmediato puede inscribirse el varias veces candidato a presidente por la MUD, Henrique Capriles Radonski, derrotado primero por Hugo Chávez y luego por Maduro.
Ayuda de los amigos
Con esos fracasos a cuestas, se entiende que la oposición haya buscado el apoyo de los gobiernos regionales más de derecha, como el de Mauricio Macri, la OEA, históricamente inscripta en ese extremo del arco político, y la administración Trump, que en lo tocante a Venezuela implica continuidad de las líneas trazadas por Barack Obama.
El que golpeó primero con un falaz informe contra Venezuela fue Luis Almagro, secretario general de la OEA, presentado en mayo de 2016 a los 34 países miembros. En las reuniones del organismo de junio de ese año no hubo consenso para la dirección que proponía el ex canciller uruguayo, de debatir para aplicar la Cláusula Democrática Interamericana al país bolivariano.
Tal cláusula fue aprobada por la OEA en su reunión de Perú, en 2001, y prevé la separación de los países donde se produzcan golpes de Estado y surjan dictaduras. Hasta ahora sólo se había aplicado contra las autoridades de Honduras, tras el golpe en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
No se aplicaron contra Paraguay, donde se derrocó en 2011 al presidente Fernando Lugo, considerando el suceso como un resorte del Senado. Y mucho menos se sancionó a Brasil, donde en agosto pasado se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, tras un impeachment con gruesas irregularidades y ninguna prueba.
En esos casos la OEA miró para otro lado. Ahora Almagro publicó una columna de opinión en “La Nación”, el 22 de marzo, titulada “No se puede mirar al costado ante una dictadura en la región”. Su declaración de guerra contra Venezuela comienza así: “no se puede seguir mirando hacia el costado. Hoy mientras usted lee estas líneas, en un país sudamericano de más de 30 millones de personas hay una dictadura”.
Ese artículo periodístico, por llamarlo de alguna manera, es la versión sintética de las 75 páginas que presentó a los países de la OEA el pasado 14 de marzo, reclamando sanciones contra Caracas.
Es una jugada más peligrosa que la de mayo del año pasado. Ahora propone como consigna de acción, no meramente como de agitación y propaganda, la aplicación de sanciones contra lo que es presentado como una de las peores dictaduras latinoamericanas, según esa falsificación.
El secretario general de la OEA recuerda que el artículo 20 de la carta de la entidad permite analizar si un país es pasible de sanciones por violentar su orden democrático. Para que le den la razón en este tópico, el uruguayo necesita 18 votos, la mitad más uno de las naciones integrantes.
Y también apeló al artículo 21, para que en una reunión de cancilleres se pueda votar la exclusión del país en cuestión se necesitan 24 votos de una mayoría especial, que en este momento la derecha regional no tiene. Podría, en el mejor de sus expectativas, sumar los 18 para la primera parte del trámite sancionatorio, sin llegar a la mayoría de dos tercios.
Trump también
Como la derecha no atiende razones sino que todo lo reduce a plata, la explicación dada a esa dificultad para sumar los 24 votos fue que el chavismo con Petrocaribe-PDVSA tendría asegurados los apoyos de países caribeños a los que estos años proveyó petróleo.
Esa ayuda bolivariana es un hecho cierto, pero el resquemor con el plan de Almagro no sería sólo devolución de solidaridad sino que varios de esos gobiernos, comenzando por Cuba, tienen afinidades políticas con el gobierno de Maduro. La isla socialista no forma parte de la OEA porque fue expulsada en 1962 a instancias del imperio. Eso es lo que quieren hacer ahora con Venezuela. La historia se repite dos veces. Lo de la OEA contra Caracas no es tragedia sino comedia...
Luego del primer intento de golpe de Almagro en mayo y junio de 2016, y antes de su segunda embestida del 14 de marzo pasado, quien quiso hacer tronar el escarmiento fue la administración Trump. El 14 de febrero de este año sancionó a Venezuela en la figura de su vicepresidente El Aissami, acusado de peligroso narcotraficante internacional cuando ese funcionario, en sus tiempos de ministro del interior (2007-2012), tuvo un récord positivo de 75 detenciones de narcos, con deportaciones de varios a EE UU.
Las acusaciones que la MUD hace al gobierno como si se tratara de una dictadura, y que reiteran sus sponsors internacionales Almagro y Trump, son falsas, de falsedad absoluta.
Venezuela es un país soberano y democrático, con control de sus recursos naturales -sobre todo sus reservas petroleras las más importantes del planeta- y con leyes acordes a un sistema social avanzado, gracias al curso bolivariano que abrió Chávez con su primer triunfo en 1998. Y que se refrendó en sucesivas victorias legislativas y presidenciales, con una excepción en su intento de modificar partes de la constitución, cuando perdió por dos puntos y lo admitió rápidamente. Esa excepción se reiteró, y dejó de ser tal, con la apuntada derrota en las legislativas de 2015.
Sí es un país con muchos problemas económicos y de abastecimiento, con alta inflación, de más del 600 por ciento anual. Sin embargo hay que aclarar que no todos los problemas de ese rubro son por culpa del gobierno; las burguesías, las multinacionales y también la burocracia y el lumpenismo al interior del campo popular, como factores secundarios, tienen que ver con la inflación, desabastecimiento, bachaqueo o contrabando, fuga de divisas, etc.
Y allí radica una de las mejorías sensibles que viene implementando el presidente Maduro, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Esa es la vía novedosa y con apoyatura social directa para la distribución de los alimentos a la población, sin desvíos, burocracia ni contrabando.
Podrán inventar ahora “la guerra del pan” pero el gobierno está abasteciendo mejor a la población, incautando las mercaderías e incluso interviniendo las panaderías que especulan con el alimento.
Es notable el doble o triple discurso de esa derecha y el imperio. Hablan de democracia pero fueron los autores del golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez. Invocan los derechos humanos pero EE UU dejó sus asientos vacíos en la reciente audiencia de la Comisión Interamericana de DD HH de la OEA que trataba los decretos de Trump contra los inmigrantes, el Muro con México y el gasoducto Dakota Access denunciado por afectación medioambiental por la tribu sioux Standing Rock.
¿Y estos políticos de las democracias restringidas quieren dar cátedra de democracia y sancionar a Venezuela?
