OPINIÓN de Emilio Marín, Argentina.- Ayer en la provincia de Santa Cruz hubo un paro general. Se reclamó el pago de haberes y en contra de la represión policial. Hay denuncias cruzadas entre la gobernadora, los gremios y el gobierno nacional.
Las polémicas en Santa Cruz están a la orden del día, extendidas a nivel nacional porque en los hechos del viernes 21 en Río Gallegos estaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Alicia Kirchner. Ambas fueron asediadas por una protesta de empleados públicos en la residencia de la gobernadora, reprimida con la policía provincial. Ambas dirigentes denunciaron haber sido víctimas de un acto planificado. Según ellas fue una maniobra del macrismo, Clarín y grupos de ultra izquierda.
Los aludidos, como era de esperar, negaron las acusaciones, señalando a la gobernadora como responsable del calamitoso estado de la provincia administrada por los Kirchner desde 1991, con intervalos de otros mandatarios con su visto bueno.
En el medio, hubo tres heridos por balas de goma y muchos afectados por los gases disparados por uniformados. En su defensa, la gobernadora y la expresidenta alegaron que los manifestantes quisieron ingresar en la residencia y arrojaron piedras, cuando en su interior había cinco mujeres y la nieta de Cristina, una beba de 18 meses.
La polémica estaba servida: reclamos justos de los estatales, descargos de la mandataria provincial con acusaciones a la administración nacional, protesta que tomó un cariz violento, mujeres que estuvieron en riesgo, heridos por la policía, etc.
En última instancia es más trascendente que, tras ese escándalo, siguió el reclamo con una marcha de entre 5.000 y 7.000 personas el sábado en Río Gallegos, repudiando la represión. Y se hizo un paro provincial el lunes 24, convocado por la Mesa de Unidad Sindical y apoyado por la CTA Autónoma de Pablo Micheli.
Lo que es justo
Vamos por partes, dijo Gonzani. Primero hay que discernir si los reclamos de los trabajadores estatales son justos o no. El cronista cree que sí. Que son elementales, tales como cobrar en tiempo y forma sus haberes. Los docentes no cobran normalmente sus salarios y al 24 de abril los chicos no han tenido clases en el ciclo 2017. Los judiciales están de paro hace veinte días y han ocupado el Palacio de (In) Justicia, como deformaron su nombre para adecuarlo a la realidad. Se quejan de que el Ejecutivo provincial podó 600 millones de pesos del presupuesto de Justicia y no se pagarán los sueldos con enganche a los aumentos que dispusiera la Corte Suprema de Justicia. Los jubilados tampoco perciben a tiempo sus haberes y han instalado carpas ante la Caja de Previsión.
De ese modo está alterada y prácticamente cortada la cadena de pagos. Los empleados públicos no pueden vivir como antes, no pagan sus deudas ni alquileres, el Banco de Santa Cruz les corta sus tarjetas de crédito, el comercio no vende, etc.
El impacto económico es muy grande, porque en la provincia hay 86.000 empleados provinciales y municipales, según informó la gobernadora, tratando de explicar el peso sobre sus espaldas. Eso da un promedio de 115 empleados cada mil habitantes, lo que duplica la media nacional, que es de 50. Esa parte del engorde excesivo de la planta de empleados estatales no debe ser achacado a Mauricio Macri sino a los sucesivos gobiernos locales del Frente para la Victoria-PJ.
De todos modos Macri no puede presumir de ser un modelo opuesto. En un sentido sí, porque despidió a miles de empleados públicos, pero en el fondo no, porque la Fundación Libertad y Progreso, y también FIEL, que son de su palo neoliberal y piden más ajuste, en línea con Orlando Ferreres y otros economistas, denunciaron que “la estructura del Estado creció 25 por ciento en los últimos 15 meses”.
El problema no son los empleados públicos sino las políticas que aplican los gobiernos de provincia y el nacional, sobre todo éste por su envergadura y consecuencias. Caso por caso, en Santa Cruz la responsable central de pagar sueldos y jubilaciones es Alicia Kirchner. Y por eso contra ella se han dirigido todos esos reclamos elementales, hasta ahora sin respuesta positiva.
¿Hay ayuda de Nación?
Además de las acusaciones de CFK y Alicia K, no suficientemente probadas, de que los sucesos del viernes 21 fueron montados de antemano por el macrismo, el descargo de ambas fue que la provincia estaba asfixiada por un gobierno central que no le gira fondos.
La expresidenta hizo suyo un artículo publicado en Página/12 por Sebastián Premici, titulada “El ahogo macrista a Santa Cruz”, donde se asegura: “desde que asumió Cambiemos, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015. El freno a la obra pública provocó una caída de 35 por ciento del empleo en la construcción. En otros rubros como vivienda, se envió cero peso en 16 meses”.
Agrega Premici, y cita CFK: “los adelantos de coparticipación (en el gobierno de Macri) se transformaron en un salvavidas de plomo. En total ingresaron 1634 millones de pesos, de los cuales 871,4 millones fueron retenidos casi automáticamente. El saldo es que el año pasado, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015”.
Esta es una campana, con la que el cronista siente más simpatía personal.
La otra campana -hay que escuchar a las dos-, dice lo opuesto. “Según informaron fuentes oficiales, en lo que va del año el Gobierno envió adelantos por $ 1170 millones; son fondos destinados al pago de sueldos provinciales. El último año se enviaron otros $ 1860 millones. Incluso, la semana pasada se transfirieron otros $ 205 millones por la devolución de lo que se le retuvo en el primer trimestre por el Programa de Desendeudamiento”, se pudo leer en Clarín y “La Nación”.
Los voceros del gobierno dicen que “en 2016, el Gobierno envió más de $ 8.900 millones por coparticipación. Y para este año la provincia recibirá $ 11.200 millones. Estimaron en unos $ 20 mil millones de pesos entre 2016 y 2017, en concepto de coparticipación. A su vez, hubo adelantos financieros este año por unos $ 1.435 millones y todos los meses giraron $ 300 millones -luego devueltos- por el mismo ítem”.
Una parte dice que está asfixiada por el poder central. Y éste jura que cumple con creces sus deberes patagónicos. ¿Quién miente? Si la verdad estuviera en algún punto intermedio de ambas versiones se podría sacar la conclusión de que la Nación ayuda pero insuficientemente. Es muy posible que así sea. Y también debe ser cierto que esa ayuda limitada tiene que ver con una selección política, porque a la ciudad de Buenos Aires de Horacio Larreta y a la provincia de María Eugenia Vidal seguramente la ayuda nacional les llega oportuna y generosamente.
Esa costumbre de dar a los propios y hacer esperar a los ajenos, fue también propia del kirchnerismo en sus doce años. Córdoba con De la Sota y Schiaretti fue puesta última en la cola. San Luis de los Rodríguez Saá también, incluso Santa Cruz del tiempo de Daniel Peralta, que asumió con apoyo del FPV y luego se abrió. Ellos no tenían la suerte de Daniel Scioli o Gerardo Zamora, para poner sólo dos nombres propios y aliados.
El polvorín
Santa Cruz es una provincia rica, con recursos hidrocarburíferos, pesqueros, mineros, etc, con una población acotada al 0,7 por ciento del total nacional y que no debiera tener problemas para pagar sus salarios y funcionar con normalidad.
La historia de sus problemas no puede separarse del apellido Kirchner, como tampoco sus momentos gloriosos. Ni unos ni otros. Ahora que hay dificultades, los K dicen que sólo gobernaron allí hasta 2003, porque luego se fueron al gobierno nacional, y retomaron a fines de 2015 con Alicia K. Una interpretación sesgada, porque tras los mandatos de Néstor entre 1991-1999, siguieron Héctor Icazuriaga en 2003, Sergio Acevedo hasta 2006, Carlos Sancho entre 2006 y 2007 y Daniel Peralta luego, interino primero y con dos mandatos posteriores, quien rompió con sus mentores en 2013.
La lista demuestra que ese fue casi un feudo, parafraseando al libro de Daniel Gatti “Kirchner, el amo del feudo”. Por eso con el 0,7 por ciento de la población argentina recibía el 12 por ciento de la ayuda nacional, casi tanto o en algunos años más que Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento del padrón nacional.
La intención del gobierno de Macri parece ser la de estirar la agonía de Santa Cruz, para explotar el caso contra Cristina Fernández de Kirchner, sin importar el sufrimiento de la gente.
La intención de la gobernadora es, por un lado implorar por más envíos de fondos de Nación, y por el otro endeudarse en 900 millones de pesos en el BNA de Federico Sturzenegger, y por 350 millones de dólares en el extranjero. O sea, una salida típicamente macrista, propia del PRO-Cambiemos.
De gravar la renta financiera, de hacer lo propio con los pulpos petroleros y mineros en Santa Cruz, de eso no se le cae ninguna idea a la mandataria provincial. Ah, cierto que 2007 tanto en Santa Cruz como en Chubut entregaron por 40 años la concesión del yacimiento Cerro Dragón a la Panamerican Energy...
Reflexión final: cinco mujeres cortando clavos, una noche, con una beba, fue un hecho lamentable que no debió ocurrir. ¿Cuántos bebés, niños y viejos sufren horrores todo el mes porque en sus hogares se cobra salteado y desparejo?
Las polémicas en Santa Cruz están a la orden del día, extendidas a nivel nacional porque en los hechos del viernes 21 en Río Gallegos estaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Alicia Kirchner. Ambas fueron asediadas por una protesta de empleados públicos en la residencia de la gobernadora, reprimida con la policía provincial. Ambas dirigentes denunciaron haber sido víctimas de un acto planificado. Según ellas fue una maniobra del macrismo, Clarín y grupos de ultra izquierda.
Los aludidos, como era de esperar, negaron las acusaciones, señalando a la gobernadora como responsable del calamitoso estado de la provincia administrada por los Kirchner desde 1991, con intervalos de otros mandatarios con su visto bueno.
En el medio, hubo tres heridos por balas de goma y muchos afectados por los gases disparados por uniformados. En su defensa, la gobernadora y la expresidenta alegaron que los manifestantes quisieron ingresar en la residencia y arrojaron piedras, cuando en su interior había cinco mujeres y la nieta de Cristina, una beba de 18 meses.
La polémica estaba servida: reclamos justos de los estatales, descargos de la mandataria provincial con acusaciones a la administración nacional, protesta que tomó un cariz violento, mujeres que estuvieron en riesgo, heridos por la policía, etc.
En última instancia es más trascendente que, tras ese escándalo, siguió el reclamo con una marcha de entre 5.000 y 7.000 personas el sábado en Río Gallegos, repudiando la represión. Y se hizo un paro provincial el lunes 24, convocado por la Mesa de Unidad Sindical y apoyado por la CTA Autónoma de Pablo Micheli.
Lo que es justo
Vamos por partes, dijo Gonzani. Primero hay que discernir si los reclamos de los trabajadores estatales son justos o no. El cronista cree que sí. Que son elementales, tales como cobrar en tiempo y forma sus haberes. Los docentes no cobran normalmente sus salarios y al 24 de abril los chicos no han tenido clases en el ciclo 2017. Los judiciales están de paro hace veinte días y han ocupado el Palacio de (In) Justicia, como deformaron su nombre para adecuarlo a la realidad. Se quejan de que el Ejecutivo provincial podó 600 millones de pesos del presupuesto de Justicia y no se pagarán los sueldos con enganche a los aumentos que dispusiera la Corte Suprema de Justicia. Los jubilados tampoco perciben a tiempo sus haberes y han instalado carpas ante la Caja de Previsión.
De ese modo está alterada y prácticamente cortada la cadena de pagos. Los empleados públicos no pueden vivir como antes, no pagan sus deudas ni alquileres, el Banco de Santa Cruz les corta sus tarjetas de crédito, el comercio no vende, etc.
El impacto económico es muy grande, porque en la provincia hay 86.000 empleados provinciales y municipales, según informó la gobernadora, tratando de explicar el peso sobre sus espaldas. Eso da un promedio de 115 empleados cada mil habitantes, lo que duplica la media nacional, que es de 50. Esa parte del engorde excesivo de la planta de empleados estatales no debe ser achacado a Mauricio Macri sino a los sucesivos gobiernos locales del Frente para la Victoria-PJ.
De todos modos Macri no puede presumir de ser un modelo opuesto. En un sentido sí, porque despidió a miles de empleados públicos, pero en el fondo no, porque la Fundación Libertad y Progreso, y también FIEL, que son de su palo neoliberal y piden más ajuste, en línea con Orlando Ferreres y otros economistas, denunciaron que “la estructura del Estado creció 25 por ciento en los últimos 15 meses”.
El problema no son los empleados públicos sino las políticas que aplican los gobiernos de provincia y el nacional, sobre todo éste por su envergadura y consecuencias. Caso por caso, en Santa Cruz la responsable central de pagar sueldos y jubilaciones es Alicia Kirchner. Y por eso contra ella se han dirigido todos esos reclamos elementales, hasta ahora sin respuesta positiva.
¿Hay ayuda de Nación?
Además de las acusaciones de CFK y Alicia K, no suficientemente probadas, de que los sucesos del viernes 21 fueron montados de antemano por el macrismo, el descargo de ambas fue que la provincia estaba asfixiada por un gobierno central que no le gira fondos.
La expresidenta hizo suyo un artículo publicado en Página/12 por Sebastián Premici, titulada “El ahogo macrista a Santa Cruz”, donde se asegura: “desde que asumió Cambiemos, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015. El freno a la obra pública provocó una caída de 35 por ciento del empleo en la construcción. En otros rubros como vivienda, se envió cero peso en 16 meses”.
Agrega Premici, y cita CFK: “los adelantos de coparticipación (en el gobierno de Macri) se transformaron en un salvavidas de plomo. En total ingresaron 1634 millones de pesos, de los cuales 871,4 millones fueron retenidos casi automáticamente. El saldo es que el año pasado, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015”.
Esta es una campana, con la que el cronista siente más simpatía personal.
La otra campana -hay que escuchar a las dos-, dice lo opuesto. “Según informaron fuentes oficiales, en lo que va del año el Gobierno envió adelantos por $ 1170 millones; son fondos destinados al pago de sueldos provinciales. El último año se enviaron otros $ 1860 millones. Incluso, la semana pasada se transfirieron otros $ 205 millones por la devolución de lo que se le retuvo en el primer trimestre por el Programa de Desendeudamiento”, se pudo leer en Clarín y “La Nación”.
Los voceros del gobierno dicen que “en 2016, el Gobierno envió más de $ 8.900 millones por coparticipación. Y para este año la provincia recibirá $ 11.200 millones. Estimaron en unos $ 20 mil millones de pesos entre 2016 y 2017, en concepto de coparticipación. A su vez, hubo adelantos financieros este año por unos $ 1.435 millones y todos los meses giraron $ 300 millones -luego devueltos- por el mismo ítem”.
Una parte dice que está asfixiada por el poder central. Y éste jura que cumple con creces sus deberes patagónicos. ¿Quién miente? Si la verdad estuviera en algún punto intermedio de ambas versiones se podría sacar la conclusión de que la Nación ayuda pero insuficientemente. Es muy posible que así sea. Y también debe ser cierto que esa ayuda limitada tiene que ver con una selección política, porque a la ciudad de Buenos Aires de Horacio Larreta y a la provincia de María Eugenia Vidal seguramente la ayuda nacional les llega oportuna y generosamente.
Esa costumbre de dar a los propios y hacer esperar a los ajenos, fue también propia del kirchnerismo en sus doce años. Córdoba con De la Sota y Schiaretti fue puesta última en la cola. San Luis de los Rodríguez Saá también, incluso Santa Cruz del tiempo de Daniel Peralta, que asumió con apoyo del FPV y luego se abrió. Ellos no tenían la suerte de Daniel Scioli o Gerardo Zamora, para poner sólo dos nombres propios y aliados.
El polvorín
Santa Cruz es una provincia rica, con recursos hidrocarburíferos, pesqueros, mineros, etc, con una población acotada al 0,7 por ciento del total nacional y que no debiera tener problemas para pagar sus salarios y funcionar con normalidad.
La historia de sus problemas no puede separarse del apellido Kirchner, como tampoco sus momentos gloriosos. Ni unos ni otros. Ahora que hay dificultades, los K dicen que sólo gobernaron allí hasta 2003, porque luego se fueron al gobierno nacional, y retomaron a fines de 2015 con Alicia K. Una interpretación sesgada, porque tras los mandatos de Néstor entre 1991-1999, siguieron Héctor Icazuriaga en 2003, Sergio Acevedo hasta 2006, Carlos Sancho entre 2006 y 2007 y Daniel Peralta luego, interino primero y con dos mandatos posteriores, quien rompió con sus mentores en 2013.
La lista demuestra que ese fue casi un feudo, parafraseando al libro de Daniel Gatti “Kirchner, el amo del feudo”. Por eso con el 0,7 por ciento de la población argentina recibía el 12 por ciento de la ayuda nacional, casi tanto o en algunos años más que Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento del padrón nacional.
La intención del gobierno de Macri parece ser la de estirar la agonía de Santa Cruz, para explotar el caso contra Cristina Fernández de Kirchner, sin importar el sufrimiento de la gente.
La intención de la gobernadora es, por un lado implorar por más envíos de fondos de Nación, y por el otro endeudarse en 900 millones de pesos en el BNA de Federico Sturzenegger, y por 350 millones de dólares en el extranjero. O sea, una salida típicamente macrista, propia del PRO-Cambiemos.
De gravar la renta financiera, de hacer lo propio con los pulpos petroleros y mineros en Santa Cruz, de eso no se le cae ninguna idea a la mandataria provincial. Ah, cierto que 2007 tanto en Santa Cruz como en Chubut entregaron por 40 años la concesión del yacimiento Cerro Dragón a la Panamerican Energy...
Reflexión final: cinco mujeres cortando clavos, una noche, con una beba, fue un hecho lamentable que no debió ocurrir. ¿Cuántos bebés, niños y viejos sufren horrores todo el mes porque en sus hogares se cobra salteado y desparejo?
