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Sólo un 1% de estudiantes pobres completa la universidad

La UNESCO ha presentado un nuevo informe sobre la situación de la educación universitaria que muestra grandes disparidades en el acceso frente a un rápido crecimiento de la demanda y la incapacidad de los gobiernos de lidiar con ello.

Estudiantes en la biblioteca de una universidad de Rabat, Marruecos. Foto: Arne Hoel/World Bank



La cantidad de estudiantes universitarios se duplicó y ascendió a 207 millones entre los años 2.000 y 2014, revela un estudio de la UNESCO publicado este jueves.

El documento explica que muchos gobiernos no han podido hacer frente a esta creciente demanda lo que ha dado lugar a grandes disparidades en el acceso. Finalmente, el costo recae en las familias, muchas de las cuales no tienen capacidad de pago.

En el análisis de estas tendencias globales, el informe muestra que sólo el 1% de los estudiantes pobres puede completar cuatro años de educación universitaria, en comparación con el 20% de los que son ricos.

Por ejemplo, en México, menos del 1% de la población indígena acude a la universidad.

Los colegios y las universidades privadas han crecido exponencialmente y están absorbiendo la gran demanda. A nivel global inscriben a un 30% de los estudiantes. Pero, en América Latina, esa cifra es del 50%.

La UNESCO indicó que frente a este fenómeno los gobiernos no han podido dar abasto financieramente, dejando que esa pesada carga recaiga en manos de las familias. En el caso de la región latinoamericana, el informe menciona la situación de Chile e indica que en ese país el 55% cubre el costo de los estudios universitarios.

El organismo de la ONU señaló que existen políticas para solucionar este problema y acabar con los altos costos y préstamos que deben afrontar las familias.

Una de las sugerencias del estudio es que los créditos no excedan el 15% del ingreso mensual de los alumnos, además, plantea ofrecer ayuda financiera a los que más la necesitan.

Otra propuesta es crear una agencia que ofrezca ayuda estudiantil.
También propone, entre otros, crear legislación y marcos regulatorios que garanticen la equidad de acceso.




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