ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) condenaron hoy el asesinato de la activista Meztli Sarabia, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes "28 de Octubre", conocida como UPVA.
Según las autoridades, Sarabia fue atacada mortalmente en la ciudad de Puebla por varios hombres armados en las oficinas de su organización, dedicada a la defensa de los derechos laborales, el pasado 29 de junio.
Tanto la defensora como otros miembros de UPVA, incluido su propio padre, habían denunciado agresiones previas.
En un comunicado, tanto ONU Mujeres como ONU-DH, pidieron a las autoridades mexicanas que investiguen el asesinato agotando todas las posibles líneas de indagación, incluidas aquellas vinculadas a su actividad, con perspectiva de género, y evitando la estigmatización de la víctima.
Ambos organismos de la ONU pidieron también al gobierno mexicano que garantice la protección efectiva de la familia de la defensora y de los integrantes de su organización y reiteraron su compromiso de cooperar con todas las instituciones y autoridades competentes para reforzar las políticas públicas y garantizar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos en ese país.
Según las autoridades, Sarabia fue atacada mortalmente en la ciudad de Puebla por varios hombres armados en las oficinas de su organización, dedicada a la defensa de los derechos laborales, el pasado 29 de junio.
Tanto la defensora como otros miembros de UPVA, incluido su propio padre, habían denunciado agresiones previas.
En un comunicado, tanto ONU Mujeres como ONU-DH, pidieron a las autoridades mexicanas que investiguen el asesinato agotando todas las posibles líneas de indagación, incluidas aquellas vinculadas a su actividad, con perspectiva de género, y evitando la estigmatización de la víctima.
Ambos organismos de la ONU pidieron también al gobierno mexicano que garantice la protección efectiva de la familia de la defensora y de los integrantes de su organización y reiteraron su compromiso de cooperar con todas las instituciones y autoridades competentes para reforzar las políticas públicas y garantizar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos en ese país.
