OPINIÓN de Rachel Knaebel.- Alemania recibe los días 7 y 8 de julio al G20 en Hamburgo, con su lote de autócratas y regímenes autoritarios. La propia UE no está al abrigo de derivas absolutistas más o menos duras, como demuestran la situación en Hungría, donde una derecha extrema xenófoba gobierna desde hace siete años. O en Polonia, donde la ultraderecha está en el poder desde hace dos. Turquía, candidata a la adhesión, se dirige progresivamente hacia un régimen dictatorial. Siempre dispuesta a castigar a países que no respeten ciertos dogmas económicos, ¿dispone la Unión Europea de los medios jurídicos y de la voluntad política para sancionar a gobiernos que violarían alegremente sus valores fundamentales, basados en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el Estado de derecho? Respuesta.
La Unión Europea está dispuesta a recordar sus estrictas reglas en materia de economía y de gastos públicos, aunque sea a costa de imponer brutales reformas a los países, como Grecia, que no se adaptarían. Cuando se trata de ceder en sus valores fundamentales, basados en el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, ¿qué ocurre? ¿Un gobierno europeo que suprime contrapoderes e instituciones que garantizan el buen funcionamiento de la democracia es sancionado tan secamente como si superara el déficit público autorizado? ¿Poner en marcha políticas discriminatorias y xenófobas, que atacan la dignidad humana, o meter en la cárcel a numerosos opositores puede llevar a un Estado europeo, o candidato a la adhesión, a una cuasi quiebra a causa de las sanciones económicas? Ni mucho menos.
Turquía, miembro del Consejo de Europa, se plantea volver a introducir la pena de muerte en su código penal, cuando no es aplicada desde 1984 y fue formalmente abolida en 2004. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan evoca la posibilidad de un referéndum sobre este tema. Desde el golpe de Estado fracasado de julio de 2016, el jefe del Estado turco se desliza cada vez más hacia el autoritarismo: más de 40 000 personas han sido detenidas provisionalmente a la espera de proceso en el espacio de seis meses de estado de urgencia, miles de funcionarios han sido despedidos, centenares de medios y de ONGs cerradas, periodistas, escritores, militantes y parlamentarios detenidos; también ha habido alcaldes electos reemplazados por administradores nombrados por el gobierno.
La victoria del “si” en el referéndum constitucional en abril abre aún más el camino para una verdadera autocracia. Aunque la victoria del campo presidencial haya sido corta (51,4%) y la validez del escrutinio muy discutida. El caso es que la reforma constitucional transforma el Estado turco en un régimen presidencial y dará a Erdogan más poder aún.
El Consejo de Europa alerta, a Erdogan le importa casi nada
Los observadores internacionales del escrutinio han subrayado sin embargo todas las razones para juzgar el resultado del referéndum del 16 de abril como dudoso: reglas de validez de las papeletas modificadas el día mismo de la votación, escrutinio organizado en un contexto represivo en el que periodistas y electos de oposición son masivamente encarcelados… Ya, a mediados de marzo, el órgano del Consejo de Europa encargado de las cuestiones constitucionales (la llamada Comisión de Venecia) alertaba sobre los riesgos que hacía correr el referéndum a la democracia turca: “La Comisión de Venecia estima que el contenido de las modificaciones propuestas constituye un peligroso paso atrás en la tradición constitucional democrática de Turquía. Subraya que el sistema propuesto contiene un peligro de deriva autoritaria y monocrática”. En los dos casos, a Erdogan no le importa.
A finales de abril, una vez pasado el referéndum, con el “si” oficialmente ganador, la asamblea del Consejo de Europa votó la puesta en vigilancia de Turquía hasta que “las profundas preocupaciones” sobre el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho “sean tratadas de forma satisfactoria”. La resolución demanda a las autoridades turcas que levanten el estado de urgencia, abandonen la práctica de los decretos-ley -que permiten despedir a miles de funcionarios y cerrar medios- y liberen a todos los parlamentarios y periodistas en detención provisional a la espera de su proceso. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno turco? Juzgando la decisión “injusta”.
Apoyo a la oposición y a la sociedad civil
De hecho, el Consejo de Europa no tiene ningún poder real de sanción frente a Turquía. La institución, organización intergubernamental formalmente independiente de la Unión Europea, existe desde 1949. Vigila por el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en el continente. A partir de 1989, ha sido ampliado a los países de Europa del Este, incluyendo Rusia. Turquía forma parte de ella desde 1950. Su asamblea parlamentaria reúne electos provenientes de 47 países miembros. Su papel solo es consultivo, pero el Consejo abriga también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Falta un poder de acción en el Consejo de Europa, constata Elena Crespi, responsable de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La asamblea parlamentaria tiene solo la posibilidad de suspender a un Estado miembro. Pero en los hechos, hay a menudo bloqueos políticos”.
“El Consejo de Europa está en contacto constante con el gobierno turco. Este diálogo es ininterrumpido. No somos una organización que intenta castigar, sino que intenta hacer avanzar las cosas a través del diálogo”, subraya un portavoz del Consejo de Europa. “Cuando hay una deriva autoritaria -y no solo se produce en Turquía, sino también en Polonia y en Hungría- el mismo proceso de diálogo prevalece, atrayendo la atención de las autoridades sobre los puntos que plantean problemas”. Incluso sin poder de sancionar, este diálogo y la existencia de estas instituciones juegan un papel político, en particular en apoyo a los partidos de oposición y a la sociedad civil.
El partido turco progresista y prokurdo HDP quiere, por ejemplo, denunciar el resultado del referéndum del 16 de abril ante el Tribunal europeo. Sobre el tema de la reintroducción de la pena de muerte también, la participación de Turquía en el Consejo de Europa puede representar un freno. Pues los dos son absolutamente incompatibles: la pena de muerte es contraria a la Convención europea de derechos humanos, a la que se han sumado todos los países miembros del Consejo de Europa.
Turquía: la UE prisionera del acuerdo sobre los migrantes
Turquía es candidata a la entrada en la Unión Europea (UE) desde 1987. Las relaciones económicas y políticas son numerosas. ¿No dispone la UE de medios de acción para presionar al gobierno turco? “No hay muchos instrumentos que la UE pueda activar contra Turquía”, responde Elena Crespi. “Es cierto que los recientes acontecimientos ponen en cuestión las negociaciones de adhesión de Turquía. Al mismo tiempo, no es preciso que la suspensión del proceso de adhesión se traduzca en un aislamiento aún mayor de la sociedad civil, ya amenazada”.
El Parlamento Europeo ha votado el 6 de julio una suspensión formal de las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Pero, ¿qué hay de posibles sanciones económicas? La Unión Europea ha adoptado ya tales sanciones contra el régimen autoritario vecino de Bielorrusia, durante más de diez años. Y en 2014, en contra de Rusia como consecuencia del conflicto ucraniano y la anexión no aceptada de Crimea. En estos dos casos, la UE ha decidido, por ejemplo, congelar los bienes financieros de empresas y personalidades, prohibirles la entrada en su territorio, poner en pie embargos, en particular sobre las armas, o restringir las relaciones económicas.
Nada semejante ha sido decidido para Turquía, igualmente miembro de la OTAN, incluso después de la severa represión que ha seguido al golpe fallido de julio. ¿Porqué? “La UE y Turquía han concluido en marzo un acuerdo para impedir a los migrantes en situación irregular su llegada a la UE desde Turquía. Este acuerdo también ha tenido como efecto poner en sordina las críticas de la UE sobre los ataques a los derechos humanos perpetrados en Turquía”, subraya Amnistía Internacional en su último informe anual(https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017SPANISH.PDF)
Contra Hungría, procedimientos repetidos de infracción
¿Actúa la UE con más firmeza cuando los ataques al Estado de derecho, a la democracia y a los derechos humanos tienen lugar en sus países miembros? Frente a Hungría, donde desde 2010 Victor Orban instala un poder cada vez más autoritario y xenófobo, Bruselas ha efectivamente reaccionado… Pero de forma bastante tímida. Desde 2012, la Comisión ha abierto numerosos procedimientos de infracción a los tratados sobre las reformas de la justicia o del derecho de asilo, por ejemplo. El último procedimiento, de abril, apunta a la nueva ley sobre las universidades, que podría conllevar el cierre de la universidad americana de Europa Central (la Central Europe University), basada en Budapest.
Estos procedimientos de infracción pueden llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si los Estados no modifican las leyes en controversia. “Desde que hay un no respeto de las legislaciones europeas, la Comisión puede emprender un procedimiento de infracción”, explica Elena Crespi, de la FIDH. “Hay diferentes etapas en el procedimiento. La primera es un requerimiento, es decir una demanda de proporcionar explicaciones. La última, si un Estado miembro no ha respondido de forma satisfactoria, es el Tribunal de Justicia. Si un Estado no se conforma a la decisión del Tribunal, entonces puede haber sanción financiera”. No más.
Frente al Estado húngaro que ha vaciado de sus poderes al tribunal constitucional, jubilado anticipadamente al 10% de su magistratura, tomado el control de una parte de los medios, cerrado sus fronteras y que ha decidido considerar como criminales a los demandantes de asilo que llegan a su territorio, ¿es suficiente este tipo de reacción para proteger la democracia y los derechos humanos? “Los pocos procedimientos de infracción, no todos han seguido adelante, han conducido al Estado húngaro a operar algunos ajustes cosméticos”, lamenta Elena Crespi. “El problema es que no hay voluntad política de sancionar estas derivas. Los instrumentos jurídicos están ahí. Pero es necesaria una reacción fuerte, que tenga en cuenta el conjunto de las violaciones”.
La suspensión de un Estado miembro jamás empleada
Existe sin duda una herramienta jurídica que toma en cuenta una amenaza global del Estado de derecho en un país miembro. Es el artículo 7 del tratado de Lisboa, entrado en vigor en 2003 en el momento en que, en Austria, la extrema derecha de Jörg Haider participaba en un gobierno de coalición. En caso de “riesgo claro de violación grave por un Estado miembro de los valores fundamentales de la Unión Europea”, la adhesión del país en cuestión puede ser suspendida por el Parlamento europeo y con la aprobación de las cuatro quintas partes de los Estados miembros. Estos “valores fundamentales” son el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, incluyendo derechos de las personas que pertenecen a minorías. Por el momento, el artículo 7 nunca ha sido utilizado.
Sin embargo, su activación puede como mucho llevar a la suspensión de ciertos derechos del Estado en cuestión, incluyendo su derecho de voto en el seno del Consejo Europeo. Pero jamás la exclusión del país de la Unión Europea. Para llegar a una suspensión de ciertos derechos del Estado miembro, es precisa previamente una decisión por unanimidad de los miembros del Consejo, menos el Estado concernido. Basta, pues, con que dos de los 28 Estados miembros se deslicen hacia la extrema derecha, y se pongan de acuerdo, para que la puesta en marcha de este procedimiento quede bloqueada.
Polonia, bajo vigilancia desde hace más de un año
“En el seno del grupo Izquierdas unidas Europeas del Parlamento, estimamos que esta disposición es casi inutilizable y inaplicable”, precisa Marie-Christine Vergiat, diputada francesa del Frente de Izquierdas en el Parlamento Europeo. “En realidad, ha sido creada para no ser utilizada. Hay que mirar las cosas de frente: En Hungría la cosa dura ya siete años!”. Y no se ha hecho nada. Un tercer mecanismo, a medio camino entre los simples procedimientos de infracción y el artículo 7, ha sido creado en 2014. Es el “marco de la Unión Europea para el Estado de Derecho” (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_es.htm). “Hace tres años que existe, pero todavía no ha sido utilizado en el caso de Hungría”, lamenta Elena Crespi. Sin embargo, la Comisión Europea emprendió este mecanismo de vigilancia sobre Polonia en enero de 2016.
En ese país, el gobierno de ultraderecha del partido Derecho y Justicia goza desde las elecciones de 2015 de una mayoría absoluta en el Parlamento. La utiliza para aprobar leyes que han llevado a debilitar el Tribunal Constitucional, a la toma de control de una parte de los medios, o a ataques a la independencia de la justicia. “El procedimiento de seguimiento no ha tenido ningún resultado hasta hoy. El gobierno polaco ha dicho que no tenía la intención de adaptarse a las recomendaciones que se le habían hecho”, informa la responsable de ONG.
Entre valores fundamentales y economía: dos pesos, dos medidas
“Tenemos una situación en la que Estados violan de forma manifiesta las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos, de democracia y de Estado de derecho. Frente a estas violaciones, no hay voluntad política de reaccionar. Esto debería sin embargo ser más evidente cuando se trata de países entrados recientemente en la UE, como Hungría y Polonia. Sabemos que las instituciones europeas están aún menos inclinadas a reaccionar a las violaciones de los derechos humanos cuando ocurren en países como Francia”, añade.
De hecho, las violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos de base no son exclusivas , en Europa, de algunos Estados del Este gobernados por la extrema derecha. Los ciudadanos que viven en una Francia bajo el estado de urgencia desde hace un año y medio saben algo sobre este tema. “Sería preciso un mecanismo que protegiera realmente los derechos humanos en la Unión Europea. Incluso cuando, en Francia, el gobierno mantiene eternamente el estado de urgencia, o cuando viola los derechos de las personas migrantes en la frontera franco-italiana”, reclama la diputada Marie-Chritine Vergiat. “Lo que reprocho a la UE es el dos pesos/dos medidas entre las cuestiones económicas y las de los valores. Cuando hay una infracción a la legislación económica, la Comisión instruye los expedientes. Mientras que sobre las cuestiones de los valores democráticos y de los derechos humanos, no quiere en absoluto ofender a los gobiernos. Hay mucha hipocresía y esto alimenta la crisis institucional”.
Elena Crespi, de la FIDH, va en el mismo sentido: “La UE es estricta sobre los criterios democráticos con los candidatos a la entrada en la UE. Pero hay una laguna para los miembros, una incapacidad para asegurar el mantenimiento de estos mismos estándares para sus propios Estados. Esto crea un problema de credibilidad política de la Unión Europea”. Tanto más cuando esta misma UE subcontrata la gestión de los migrantes a países en plena deriva antidemocrática, como Turquía.
https://www.bastamag.net/Pologne-Hongrie-Turquie-l-Union-europeenne-peut-elle-encore-faire-barrage-aux
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
La Unión Europea está dispuesta a recordar sus estrictas reglas en materia de economía y de gastos públicos, aunque sea a costa de imponer brutales reformas a los países, como Grecia, que no se adaptarían. Cuando se trata de ceder en sus valores fundamentales, basados en el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, ¿qué ocurre? ¿Un gobierno europeo que suprime contrapoderes e instituciones que garantizan el buen funcionamiento de la democracia es sancionado tan secamente como si superara el déficit público autorizado? ¿Poner en marcha políticas discriminatorias y xenófobas, que atacan la dignidad humana, o meter en la cárcel a numerosos opositores puede llevar a un Estado europeo, o candidato a la adhesión, a una cuasi quiebra a causa de las sanciones económicas? Ni mucho menos.
Turquía, miembro del Consejo de Europa, se plantea volver a introducir la pena de muerte en su código penal, cuando no es aplicada desde 1984 y fue formalmente abolida en 2004. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan evoca la posibilidad de un referéndum sobre este tema. Desde el golpe de Estado fracasado de julio de 2016, el jefe del Estado turco se desliza cada vez más hacia el autoritarismo: más de 40 000 personas han sido detenidas provisionalmente a la espera de proceso en el espacio de seis meses de estado de urgencia, miles de funcionarios han sido despedidos, centenares de medios y de ONGs cerradas, periodistas, escritores, militantes y parlamentarios detenidos; también ha habido alcaldes electos reemplazados por administradores nombrados por el gobierno.
La victoria del “si” en el referéndum constitucional en abril abre aún más el camino para una verdadera autocracia. Aunque la victoria del campo presidencial haya sido corta (51,4%) y la validez del escrutinio muy discutida. El caso es que la reforma constitucional transforma el Estado turco en un régimen presidencial y dará a Erdogan más poder aún.
El Consejo de Europa alerta, a Erdogan le importa casi nada
Los observadores internacionales del escrutinio han subrayado sin embargo todas las razones para juzgar el resultado del referéndum del 16 de abril como dudoso: reglas de validez de las papeletas modificadas el día mismo de la votación, escrutinio organizado en un contexto represivo en el que periodistas y electos de oposición son masivamente encarcelados… Ya, a mediados de marzo, el órgano del Consejo de Europa encargado de las cuestiones constitucionales (la llamada Comisión de Venecia) alertaba sobre los riesgos que hacía correr el referéndum a la democracia turca: “La Comisión de Venecia estima que el contenido de las modificaciones propuestas constituye un peligroso paso atrás en la tradición constitucional democrática de Turquía. Subraya que el sistema propuesto contiene un peligro de deriva autoritaria y monocrática”. En los dos casos, a Erdogan no le importa.
A finales de abril, una vez pasado el referéndum, con el “si” oficialmente ganador, la asamblea del Consejo de Europa votó la puesta en vigilancia de Turquía hasta que “las profundas preocupaciones” sobre el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho “sean tratadas de forma satisfactoria”. La resolución demanda a las autoridades turcas que levanten el estado de urgencia, abandonen la práctica de los decretos-ley -que permiten despedir a miles de funcionarios y cerrar medios- y liberen a todos los parlamentarios y periodistas en detención provisional a la espera de su proceso. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno turco? Juzgando la decisión “injusta”.
Apoyo a la oposición y a la sociedad civil
De hecho, el Consejo de Europa no tiene ningún poder real de sanción frente a Turquía. La institución, organización intergubernamental formalmente independiente de la Unión Europea, existe desde 1949. Vigila por el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en el continente. A partir de 1989, ha sido ampliado a los países de Europa del Este, incluyendo Rusia. Turquía forma parte de ella desde 1950. Su asamblea parlamentaria reúne electos provenientes de 47 países miembros. Su papel solo es consultivo, pero el Consejo abriga también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “Falta un poder de acción en el Consejo de Europa, constata Elena Crespi, responsable de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La asamblea parlamentaria tiene solo la posibilidad de suspender a un Estado miembro. Pero en los hechos, hay a menudo bloqueos políticos”.
“El Consejo de Europa está en contacto constante con el gobierno turco. Este diálogo es ininterrumpido. No somos una organización que intenta castigar, sino que intenta hacer avanzar las cosas a través del diálogo”, subraya un portavoz del Consejo de Europa. “Cuando hay una deriva autoritaria -y no solo se produce en Turquía, sino también en Polonia y en Hungría- el mismo proceso de diálogo prevalece, atrayendo la atención de las autoridades sobre los puntos que plantean problemas”. Incluso sin poder de sancionar, este diálogo y la existencia de estas instituciones juegan un papel político, en particular en apoyo a los partidos de oposición y a la sociedad civil.
El partido turco progresista y prokurdo HDP quiere, por ejemplo, denunciar el resultado del referéndum del 16 de abril ante el Tribunal europeo. Sobre el tema de la reintroducción de la pena de muerte también, la participación de Turquía en el Consejo de Europa puede representar un freno. Pues los dos son absolutamente incompatibles: la pena de muerte es contraria a la Convención europea de derechos humanos, a la que se han sumado todos los países miembros del Consejo de Europa.
Turquía: la UE prisionera del acuerdo sobre los migrantes
Turquía es candidata a la entrada en la Unión Europea (UE) desde 1987. Las relaciones económicas y políticas son numerosas. ¿No dispone la UE de medios de acción para presionar al gobierno turco? “No hay muchos instrumentos que la UE pueda activar contra Turquía”, responde Elena Crespi. “Es cierto que los recientes acontecimientos ponen en cuestión las negociaciones de adhesión de Turquía. Al mismo tiempo, no es preciso que la suspensión del proceso de adhesión se traduzca en un aislamiento aún mayor de la sociedad civil, ya amenazada”.
El Parlamento Europeo ha votado el 6 de julio una suspensión formal de las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Pero, ¿qué hay de posibles sanciones económicas? La Unión Europea ha adoptado ya tales sanciones contra el régimen autoritario vecino de Bielorrusia, durante más de diez años. Y en 2014, en contra de Rusia como consecuencia del conflicto ucraniano y la anexión no aceptada de Crimea. En estos dos casos, la UE ha decidido, por ejemplo, congelar los bienes financieros de empresas y personalidades, prohibirles la entrada en su territorio, poner en pie embargos, en particular sobre las armas, o restringir las relaciones económicas.
Nada semejante ha sido decidido para Turquía, igualmente miembro de la OTAN, incluso después de la severa represión que ha seguido al golpe fallido de julio. ¿Porqué? “La UE y Turquía han concluido en marzo un acuerdo para impedir a los migrantes en situación irregular su llegada a la UE desde Turquía. Este acuerdo también ha tenido como efecto poner en sordina las críticas de la UE sobre los ataques a los derechos humanos perpetrados en Turquía”, subraya Amnistía Internacional en su último informe anual(https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017SPANISH.PDF)
Contra Hungría, procedimientos repetidos de infracción
¿Actúa la UE con más firmeza cuando los ataques al Estado de derecho, a la democracia y a los derechos humanos tienen lugar en sus países miembros? Frente a Hungría, donde desde 2010 Victor Orban instala un poder cada vez más autoritario y xenófobo, Bruselas ha efectivamente reaccionado… Pero de forma bastante tímida. Desde 2012, la Comisión ha abierto numerosos procedimientos de infracción a los tratados sobre las reformas de la justicia o del derecho de asilo, por ejemplo. El último procedimiento, de abril, apunta a la nueva ley sobre las universidades, que podría conllevar el cierre de la universidad americana de Europa Central (la Central Europe University), basada en Budapest.
Estos procedimientos de infracción pueden llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si los Estados no modifican las leyes en controversia. “Desde que hay un no respeto de las legislaciones europeas, la Comisión puede emprender un procedimiento de infracción”, explica Elena Crespi, de la FIDH. “Hay diferentes etapas en el procedimiento. La primera es un requerimiento, es decir una demanda de proporcionar explicaciones. La última, si un Estado miembro no ha respondido de forma satisfactoria, es el Tribunal de Justicia. Si un Estado no se conforma a la decisión del Tribunal, entonces puede haber sanción financiera”. No más.
Frente al Estado húngaro que ha vaciado de sus poderes al tribunal constitucional, jubilado anticipadamente al 10% de su magistratura, tomado el control de una parte de los medios, cerrado sus fronteras y que ha decidido considerar como criminales a los demandantes de asilo que llegan a su territorio, ¿es suficiente este tipo de reacción para proteger la democracia y los derechos humanos? “Los pocos procedimientos de infracción, no todos han seguido adelante, han conducido al Estado húngaro a operar algunos ajustes cosméticos”, lamenta Elena Crespi. “El problema es que no hay voluntad política de sancionar estas derivas. Los instrumentos jurídicos están ahí. Pero es necesaria una reacción fuerte, que tenga en cuenta el conjunto de las violaciones”.
La suspensión de un Estado miembro jamás empleada
Existe sin duda una herramienta jurídica que toma en cuenta una amenaza global del Estado de derecho en un país miembro. Es el artículo 7 del tratado de Lisboa, entrado en vigor en 2003 en el momento en que, en Austria, la extrema derecha de Jörg Haider participaba en un gobierno de coalición. En caso de “riesgo claro de violación grave por un Estado miembro de los valores fundamentales de la Unión Europea”, la adhesión del país en cuestión puede ser suspendida por el Parlamento europeo y con la aprobación de las cuatro quintas partes de los Estados miembros. Estos “valores fundamentales” son el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, incluyendo derechos de las personas que pertenecen a minorías. Por el momento, el artículo 7 nunca ha sido utilizado.
Sin embargo, su activación puede como mucho llevar a la suspensión de ciertos derechos del Estado en cuestión, incluyendo su derecho de voto en el seno del Consejo Europeo. Pero jamás la exclusión del país de la Unión Europea. Para llegar a una suspensión de ciertos derechos del Estado miembro, es precisa previamente una decisión por unanimidad de los miembros del Consejo, menos el Estado concernido. Basta, pues, con que dos de los 28 Estados miembros se deslicen hacia la extrema derecha, y se pongan de acuerdo, para que la puesta en marcha de este procedimiento quede bloqueada.
Polonia, bajo vigilancia desde hace más de un año
“En el seno del grupo Izquierdas unidas Europeas del Parlamento, estimamos que esta disposición es casi inutilizable y inaplicable”, precisa Marie-Christine Vergiat, diputada francesa del Frente de Izquierdas en el Parlamento Europeo. “En realidad, ha sido creada para no ser utilizada. Hay que mirar las cosas de frente: En Hungría la cosa dura ya siete años!”. Y no se ha hecho nada. Un tercer mecanismo, a medio camino entre los simples procedimientos de infracción y el artículo 7, ha sido creado en 2014. Es el “marco de la Unión Europea para el Estado de Derecho” (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_es.htm). “Hace tres años que existe, pero todavía no ha sido utilizado en el caso de Hungría”, lamenta Elena Crespi. Sin embargo, la Comisión Europea emprendió este mecanismo de vigilancia sobre Polonia en enero de 2016.
En ese país, el gobierno de ultraderecha del partido Derecho y Justicia goza desde las elecciones de 2015 de una mayoría absoluta en el Parlamento. La utiliza para aprobar leyes que han llevado a debilitar el Tribunal Constitucional, a la toma de control de una parte de los medios, o a ataques a la independencia de la justicia. “El procedimiento de seguimiento no ha tenido ningún resultado hasta hoy. El gobierno polaco ha dicho que no tenía la intención de adaptarse a las recomendaciones que se le habían hecho”, informa la responsable de ONG.
Entre valores fundamentales y economía: dos pesos, dos medidas
“Tenemos una situación en la que Estados violan de forma manifiesta las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos, de democracia y de Estado de derecho. Frente a estas violaciones, no hay voluntad política de reaccionar. Esto debería sin embargo ser más evidente cuando se trata de países entrados recientemente en la UE, como Hungría y Polonia. Sabemos que las instituciones europeas están aún menos inclinadas a reaccionar a las violaciones de los derechos humanos cuando ocurren en países como Francia”, añade.
De hecho, las violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos de base no son exclusivas , en Europa, de algunos Estados del Este gobernados por la extrema derecha. Los ciudadanos que viven en una Francia bajo el estado de urgencia desde hace un año y medio saben algo sobre este tema. “Sería preciso un mecanismo que protegiera realmente los derechos humanos en la Unión Europea. Incluso cuando, en Francia, el gobierno mantiene eternamente el estado de urgencia, o cuando viola los derechos de las personas migrantes en la frontera franco-italiana”, reclama la diputada Marie-Chritine Vergiat. “Lo que reprocho a la UE es el dos pesos/dos medidas entre las cuestiones económicas y las de los valores. Cuando hay una infracción a la legislación económica, la Comisión instruye los expedientes. Mientras que sobre las cuestiones de los valores democráticos y de los derechos humanos, no quiere en absoluto ofender a los gobiernos. Hay mucha hipocresía y esto alimenta la crisis institucional”.
Elena Crespi, de la FIDH, va en el mismo sentido: “La UE es estricta sobre los criterios democráticos con los candidatos a la entrada en la UE. Pero hay una laguna para los miembros, una incapacidad para asegurar el mantenimiento de estos mismos estándares para sus propios Estados. Esto crea un problema de credibilidad política de la Unión Europea”. Tanto más cuando esta misma UE subcontrata la gestión de los migrantes a países en plena deriva antidemocrática, como Turquía.
https://www.bastamag.net/Pologne-Hongrie-Turquie-l-Union-europeenne-peut-elle-encore-faire-barrage-aux
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
