El Proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Parlamento de Dinamarca contiene iniciativas que —de convertirse en ley en 2019— hará más difícil la vida de las personas que buscan seguridad en Dinamarca, ha dicho Amnistía Internacional.
El Parlamento de Dinamarca aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019. La intención que subyace a este proyecto de ley es, entre otras cosas, hacer lo más difícil posible las condiciones de las mujeres, hombres, niños y niñas que buscan seguridad en Dinamarca. Una de las modificaciones generales que presenta el acuerdo existente tras el Proyecto de Ley de Presupuestos es mantener a las personas refugiadas en un estado de provisionalidad, modificando así el enfoque, que pasa de la integración a la repatriación.
Amnistía Internacional considera que estas iniciativas en materia de inmigración no proporcionarán apoyo a las personas refugiadas para que un día puedan formar parte de la reconstrucción de sus países, sino que por el contrario, si adquiren rango de ley, sus consecuencias serán demoledoras para ellas.
“Amnistía Internacional es sumamente crítica con respecto a los planes de Dinamarca de utilizar la ‘provisionalidad’ como carta blanca para dificultar al máximo las condiciones de vida de las personas que buscan seguridad en el país”, ha dicho Trine Christensen, directora de Amnistía Internacional Dinamarca.
La desposesión como medida de disuasión
El gobierno y el Partido Popular Danés desean que se reduzca el importe de las prestaciones sociales para las personas refugiadas que viven en Dinamarca, lo que potencialmente supondría una reducción de 2.000 coronas danesas mensuales para las familias monoparentales y 1.000 coronas danesas mensuales para parejas, todo ello partiendo de unas prestaciones sociales ya bajas. Además, desde enero de 2019 los ayuntamientos no tendrán la obligación de garantizar un alojamiento permanente a las personas refugiadas, lo cual añade la angustia de poder ser trasladadas.
“Si estas iniciativas se convierten en ley, las personas refugiadas se verán obligadas a vivir en la pobreza y la inseguridad constante. Esto será demoledor para personas que tienen derecho a recibir apoyo de Dinamarca, especialmente si el gobierno desea que algún día regresen para participar en la reconstrucción de sus países asolados por la guerra”, afirma Trine Christensen.
Es un dato bien documentado que con las ya escasas prestaciones sociales que reciben, a las personas a quienes se ha reconocido como refugiadas en Dinamarca les resulta difícil cubrir las necesidades básicas. El gobierno danés afirma que el cambio que proponen en política de inmigración incrementará su empleo y su autosuficiencia.
El centro de deportación para personas extranjeras indeseadas estará en una isla
Otra problemática iniciativa es la creación en la isla danesa de Lindholm de un centro de deportación para personas extranjeras en situación de “residencia tolerada”. Esto incluye a las personas que han sido declaradas culpables de graves delitos en Dinamarca o en el extranjero y que no pueden ser extraditadas por correr peligro de que en su país les sea aplicada la pena de muerte o sean perseguidas, torturadas, etc.
También serán llevadas a la isla de Lindholm las personas solicitantes de asilo que han sido condenadas por violación del Código Penal, así como las personas extranjeras que han sido expulsadas de Dinamarca por haber cometido un delito o por razones de seguridad del Estado, y cuyos países se niegan a aceptarlas de vuelta.
“El gobierno y el Partido Popular Danés afirman varias veces en el texto definitivo del acuerdo político que Dinamarca desea respetar los convenios de derechos humanos. A Amnistía esa actitud le parece positiva, pero se pregunta cómo será posible llevarla a la práctica cuando en realidad en la isla de Lindholm la gente verá restringida su libertad y no podrá mantener su vida familiar”, afirma Trine Christensen.
A todos los efectos prácticos, las condiciones serán de detención, pues quienes residan en la isla tendrán un acceso muy limitado al ferry para ir al continente. Esto significa que les será difícil visitar a su familia y sus amistades, pues además deberán presentarse diariamente en la isla. Actualmente la isla es utilizada por la Universidad Técnica de Dinamarca para realizar investigaciones y experimentos sobre virus y enfermedades similares con animales, motivo por el cual no estará lista para albergar el centro hasta 2021. Según esta iniciativa, el centro podrá albergar hasta 125 personas y su coste será de unos 100 millones de euros en los próximos cuatro años.
Separación de las familias
La tercera iniciativa de inmigración que Amnistía Internacional encuentra problemática es la que permitirá al Ministerio de Integración instituir un tope para el número total de personas que podrán reunirse con sus familiares en Dinamarca cada mes. La propuesta es muy poco específica respecto qué condiciones deben darse para que el Ministerio decrete administrativamente ese tope, pero hace referencia a situaciones con una elevada afluencia de solicitantes de asilo o “cuando la cohesión social se vea amenazada”.
“Si se decidiera llevarla a la práctica, sería una medida muy arbitraria y problemática con respecto a los convenios internacionales firmados por Dinamarca. Según el actual plan, estas facultades se darían únicamente al ministro/ministra, lo cual nos parece muy problemático, especialmente si no se basa en definiciones jurídicas predefinidas y objetivas”, afirma Trine Christensen.
Con la votación de hoy en el Parlamento danés del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 se ha votado la distribución general del dinero, no las iniciativas concretas que se hallan en los acuerdos políticos subyacentes. Las iniciativas concretas que se indican en este texto se debatirán independientemente a comienzos de 2019.
