Las autoridades argentinas niegan a una niña de 11 años su derecho a interrumpir su embarazo forzado
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Las autoridades deben rendir cuentas por hacer que una superviviente de violación de 11 años lleve a término su embarazo forzado en contra de su voluntad y por divulgar información médica confidencial. “Cuando está superviviente de violación de 11 años entró en el hospital solicitando un aborto legal, el deber prioritario de las autoridades era proteger su vida y su salud. En cambio, pusieron a la niña un obstáculo tras otro con el único fin de negarle sus derechos”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Obligar a una niña de 11 años a recurrir a una cesárea de urgencia y que podría haberse evitado es una injusticia cruel, que, por los daños físicos y psicológicos que le causa, podría constituir tortura según el derecho internacional.”
La niña de 11 años, de la provincia de Tucumán, en el noroeste de Argentina, fue ingresada en el hospital en enero, al descubrirse que estaba embarazada de 19 semanas porque había sido agredida sexualmente por el compañero de su abuela.
Tanto ella como su madre solicitaron en seguida un aborto, que es legal en Argentina en los casos violación o cuando la vida de la mujer o la niña corre peligro.
Sin embargo, las autoridades impidieron reiteradamente que se practicara el aborto, valiéndose para ello de diversas tácticas de demora que, en la práctica, obligaban a la niña a llevar a término el embarazo en contra de sus deseos y de los de su madre.
También han divulgado públicamente información médica confidencial sobre la niña, incluidos su estado actual de salud y su decisión de solicitar el acceso a un aborto legal.
“Este terrible caso es sintomático de la violación sistémica de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas por parte de las autoridades argentinas, que silencian sus voces y les niegan su autonomía. Una y otra vez, vemos negar por toda Argentina estos derechos básicos, incluso cuando están protegidos expresamente por normas internacionales”, ha afirmado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
