Madrid. AmecoPress.- La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha presidido la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado miércoles, 3 de abril. En ella se ha acordado el modelo de acreditación para reconocer a las víctimas de violencia machista denunciantes o no que será expedido por profesionales de los servicios sociales. El objetivo de esta medida es ofrecer mayor accesibilidad a prestaciones sociolaborales hasta ahora restringidas.
El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia. En este sentido, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio, según fuentes del Gobierno.
Una medida acordada dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que trata de ampliar la cobertura social y económica para víctimas de violencia que no obtienen el reconocimiento judicial de la violencia, bien porque no interponen denuncia o porque una vez interpuesta se encuentran con dificultades o pruebas de otra índole para que se reconozca judicialmente la existencia de esa violencia, explica la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
El objetivo, establecido por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad “es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso”.
A partir de ahora se reconocerá la validez de los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones sociolaborales previstos en la anterior Ley de Violencia de Género de 2004, y que hasta ahora solo podían acceder las denunciantes con sentencia condenatoria.
“Se trata de que puedan acceder a los derechos laborales y ayudas económicas que existen sin eliminar esas condiciones de dependencia económica que hacen que las mujeres efectivamente no puedan vivir de la situación de violencia separándose del agresor”, declara Mª Ángeles Jaime, presidenta de Themis. Entre ellos, el derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto o a la justificación de las faltas de puntualidad.
De esta manera, las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida.
Pacto de Estado contra la violencia de género en las CCAA
La Conferencia Sectorial de Igualdad también ha acordado los criterios de reparto y objetivos de los 100 millones de euros del Pacto de Estado destinados a las comunidades autónomas. La distribución del crédito responde a criterios territoriales y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años, con discapacidad, con trabajo temporal o en situación de desempleo. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.
Así pues, el dinero será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento a mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a menores hijas e hijos y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
Por último, la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha dispuesto el reparto de 9.5 millones de euros. De ellos, 6,5 se destinarán a programas para la asistencia social integral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores; y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
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El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia. En este sentido, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio, según fuentes del Gobierno.
Una medida acordada dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que trata de ampliar la cobertura social y económica para víctimas de violencia que no obtienen el reconocimiento judicial de la violencia, bien porque no interponen denuncia o porque una vez interpuesta se encuentran con dificultades o pruebas de otra índole para que se reconozca judicialmente la existencia de esa violencia, explica la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
El objetivo, establecido por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad “es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso”.
A partir de ahora se reconocerá la validez de los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones sociolaborales previstos en la anterior Ley de Violencia de Género de 2004, y que hasta ahora solo podían acceder las denunciantes con sentencia condenatoria.
“Se trata de que puedan acceder a los derechos laborales y ayudas económicas que existen sin eliminar esas condiciones de dependencia económica que hacen que las mujeres efectivamente no puedan vivir de la situación de violencia separándose del agresor”, declara Mª Ángeles Jaime, presidenta de Themis. Entre ellos, el derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto o a la justificación de las faltas de puntualidad.
De esta manera, las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida.
Pacto de Estado contra la violencia de género en las CCAA
La Conferencia Sectorial de Igualdad también ha acordado los criterios de reparto y objetivos de los 100 millones de euros del Pacto de Estado destinados a las comunidades autónomas. La distribución del crédito responde a criterios territoriales y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años, con discapacidad, con trabajo temporal o en situación de desempleo. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.
Así pues, el dinero será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento a mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a menores hijas e hijos y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
Por último, la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha dispuesto el reparto de 9.5 millones de euros. De ellos, 6,5 se destinarán a programas para la asistencia social integral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores; y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
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