En Honduras, la violencia ha generado que muchas personas tengan que dejar sus hogares para buscar lugares seguros dónde vivir. CC BY-NC-ND/CICR/D. Membreño
Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional del CICR para América Central y México.- Las personas migrantes y desplazadas por la violencia no dejan de ser seres humanos con derechos. La afirmación puede parecer obvia pero no lo es tanto el inmenso sufrimiento de quienes están inmersos en alguna de esas situaciones. El CICR identifica y atiende desde hace años las graves consecuencias humanitarias que acarrean el desplazamiento y la migración, y estamos convencidos de que todos podemos hacer mucho más para paliarlas en Centro y Norteamérica.
Muy a menudo, la separación familiar, la falta de acceso a servicios de salud, el abuso, la explotación, e incluso la muerte o la desaparición, forman parte del incierto viaje de migrantes y personas desplazadas a cuyo origen queremos volver la mirada. ¿De dónde vienen esas personas que abandonan su lugar de origen? ¿Quiénes son? ¿Qué las mueve a dejar atrás sus raíces?
En nuestra región existen distintos factores que impulsan las migraciones: desde la exclusión social y la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar, sexual o armada, hasta el deseo de reunirse con familiares que ya viven en otro país. Pudimos comprobarlo de nuevo hace pocos meses, cuando atendimos a quienes viajaban en las llamadas caravanas de migrantes que cruzaron el norte de Centroamérica y México.
Los países de Centroamérica son los primeros afectados por las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, el principal país de destino de la mayoría de los migrantes de la región. En los países de tránsito, como México, pese a haber algunos avances, se dialoga con las autoridades al existir aún margen de mejora en cuanto a condiciones de aprehensión y detención.
Además, para que una persona migrante sea considerada como un refugiado debe demostrar que no puede permanecer en su país de origen debido a un temor fundado de sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, por sus opiniones políticas, o bien sufrir persecución por motivos de violencia generalizada o violaciones masivas de los derechos humanos. Como consecuencia de la escasez de recursos de asistencia legal para atender el alto número de solicitudes y por la existencia de marcos jurídicos que han hecho más complejo el acceso a la condición de refugiado, la mayoría de potenciales beneficiarios de ese estatus no son reconocidos.
Padre en la caravana de migrantes que llegó a la Ciudad de México en octubre de 2018. CC BY-NC-ND/CICR/B. Islas
Las necesidades de protección de quienes migran y la composición de los flujos migratorios van cambiando. Hoy detectamos una movilidad humana que va más allá de la motivada por razones estrictamente económicas y que es atribuible a un mayor abanico de factores, entre los que destacan la reunificación familiar y las persecuciones e inseguridad propiciadas por las pandillas y otros grupos armados. Ya no se migra tanto en busca de alimento o de un mejor salario; cada día vemos más personas que migran para alejarse del peligro del reclutamiento forzado de jóvenes, de la trata de personas y, en los casos más extremos, para salvar la vida.
Nadie disputa el poder soberano de los Estados para determinar sus políticas migratorias, pero esa potestad debe usarse también para salvaguardar la vida y garantizar la dignidad de los cientos de miles de mujeres y hombres, jóvenes y niños que, año tras año, emprenden tan peligrosas rutas.
En 2018 varios Estados hicieron esfuerzos para avanzar hacia políticas más humanas y respetuosas con los migrantes en el marco de la negociación y la adopción del Pacto Global para la Migración, en busca de una migración más segura, basada en el respeto de los derechos humanos, y a fin de incrementar sus capacidades como nuevos países receptores. Sirvan de ejemplo los pasos dados por México hacia una mayor protección de las personas migrantes procedentes de Centroamérica, al brindar una regularización por razones humanitarias de los integrantes de las caravanas.
Fue un esfuerzo puntual, pero que sienta un precedente y muestra buena voluntad y un posible camino a seguir. Esta iniciativa está alineada con los acuerdos del Pacto Mundial para la Migración de diciembre de 2018, que aspira a encontrar un equilibrio entre los derechos de las personas y el poder de los Estados para regular sus políticas migratorias.
El CICR trabaja con los migrantes porque son personas con altos niveles de vulnerabilidad. Nuestra definición de migrante es amplia, e incluye a cualquiera que deja su hogar o huye de él para buscar seguridad o mejores perspectivas y que puede encontrarse en riesgo y necesitar protección o asistencia humanitaria. Los refugiados y los solicitantes de asilo, que también tienen derecho a recibir protección específica en virtud del derecho internacional, están incluidos en esta definición.
Hacen falta más y mejores políticas estatales de apoyo a los familiares de los migrantes desaparecidos, evitar la detención de personas fundada únicamente en su condición migratoria y un compromiso para poner fin a la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes. Y es urgente también dedicar más atención al fenómeno del desplazamiento interno y afrontarlo con un enfoque humanitario.
Sobre la base de nuestra experiencia en el terreno, creemos que los Estados de la región pueden y deben hacer más para respetar sus obligaciones jurídicas, en particular con respecto al principio de no devolución, y para brindar una atención más integral y respetuosa a quienes huyen de la violencia en busca de seguridad y de un futuro.
