¿Seguiremos caminos tóxicos?
Por Fran Paula, Iris Pacheco e Naiara Bittencourt
El gobierno brasileño cuestionó las recomendaciones del informe sobre residuos tóxicos en la ONU.
En medio de las candentes e incontables consecuencias del covid-19, Brasil va en contra de los lineamientos de los organismos internacionales para hacer frente a las tragedias. No por casualidad, el lunes 21 de este mes se puso en condiciones de enfrentar las recomendaciones del informe sobre residuos tóxicos de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado por Marcos Orellana.
En medio de los discursos de la sociedad civil, en apoyo del documento internacional, cuatro organizaciones hablaron sobre Brasil, entre las diez admitidas.
Invirtiendo y cambiando los hechos, el presidente Jair Bolsonaro, habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), este martes 22, donde dijo ser víctima de una campaña de «desinformación» y por ello culpó a indígenas, prensa y ONGs. Sin embargo, no mencionó que, hasta este martes, más de 137 mil brasileños habían muerto como consecuencia del covid-19.
Aspectos como este destacan entre los datos señalados por el informe sobre residuos tóxicos. El documento señala que Brasil está en un colapso en la protección de los bienes comunes y los derechos humanos, con la expansión de la flexibilización normativa y la desregulación de plaguicidas, ya constatada en la visita del ex relator Baskut Tuncak al país en 2019, pero acalorada durante la pandemia del covid. -19, especialmente en pesticidas.
Además, el informe es enfático en criticar el cierre de espacios de diálogo con la sociedad civil y en la persecución a defensores de derechos humanos, ambientalistas y científicos. Tanto es así que recomienda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizar una investigación en el país sobre desechos tóxicos y violaciones.
Entre las recomendaciones específicas sobre plaguicidas mencionadas, el informe trae la necesidad de desarrollar planes con plazos para reducir urgentemente el uso y exposición a plaguicidas, incluyendo la prohibición de la fumigación aérea de plaguicidas, especialmente en áreas habitadas; la eliminación gradual del uso de plaguicidas de alta peligrosidad; la creación de zonas de protección / amortiguamiento y la instalación de dispositivos de monitoreo obligatorios alrededor de escuelas y hogares y en vehículos de aspersión; la alineación del marco regulatorio con los estándares y mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la eliminación gradual de la importación de sustancias peligrosas prohibidas para su uso en el país exportador.
Además, se recomienda fortalecer los órganos técnicos de científicos independientes; garantizar que la toma de decisiones sobre sustancias peligrosas se base en pruebas y principios como la prevención y la precaución; que exista publicidad e información sobre plaguicidas y su aplicación a las comunidades (cuáles, cuándo y dónde fueron o serán aplicados) y la protección de los pueblos indígenas, quilombolas, pobres y comunidades en riesgo.
El documento también llama al diálogo del gobierno con representantes de la sociedad civil e indica la necesidad de proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas e instrumentos de acceso a la justicia, como la creación de salvaguardas contra captura empresarial, corrupción y conflictos de interés dentro de la gobierno, incluida la investigación de tales denuncias y una mayor protección de los denunciantes, así como una mejor rendición de cuentas para los infractores y reparación a las víctimas.
Sin embargo, ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno brasileño presentó una posición de contestación u oposición, calificando el informe de “político”, en lugar de demostrar lo que ha hecho para garantizar la salud y seguridad de la población frente a la aprobación desenfrenada de pesticidas. La descalificación del documento, cuestionando su innegable carácter técnico, demuestra la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Los datos del relator se basan en documentos elaborados tanto en Brasil como por organismos internacionales que demuestran que el país se ha convertido en un vertedero tóxico de productos prohibidos en otros países, clasificados por PAN (Red de Acción contra Plaguicidas) como altamente tóxicos.
Si sumamos la cantidad de pesticidas liberados solo en el gobierno de Bolsonaro, esa cifra ya alcanza los 787 nuevos registros, muchos de los cuales están prohibidos en la Unión Europea.
No es posible afirmar, como lo hizo el gobierno brasileño, que tenemos una fuerte legislación de protección ambiental. Vemos legislación, o incluso disposiciones constitucionales, siendo desmanteladas por el “ganado” del veneno.
Solo en el caso de los plaguicidas, existen muchos instrumentos de flexibilidad que han avanzado mucho en los últimos años, como las Resoluciones Colegiadas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de 2019 que cambian la clasificación toxicológica de plaguicidas y la Ordenanza 43 / 2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), que apuntó al “registro tácito de plaguicidas”.
Además, el informe incide de manera concreta en las decisiones que pronto tomarán los tres poderes de la república. Por ejemplo, la tramitación de la Política Nacional de Reducción de Plaguicidas, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional (Proyecto de Ley 6670/2016), lista para votación en plenario, que es similar a los planes recomendados en el informe.
Al mismo tiempo, el informe recomienda abandonar el “Paquete de Envenenamiento”, Proyecto de Ley 6299/2002, que también puede ser sometido a votación en el Congreso y tiene como objetivo reducir varios mecanismos de precaución de la Ley 7.802 / 1989.
En cuanto al Ejecutivo, vemos la recomendación de la eliminación gradual de plaguicidas de alta peligrosidad o prohibidos para su uso en el país exportador. Un ejemplo fue el paraquat, cuya prohibición confirmó Anvisa. Pero el informe advierte sobre los riesgos del glifosato y la atrazina, por ejemplo. Otra alerta apunta a la disponibilidad de datos sobre el tema, que es cada vez menos accesible.
El Tribunal Supremo Federal (STF), en el Poder Judicial, juzgará también en los próximos meses, asuntos relacionados con el informe, como ADPF 221 y ADI 5553. El primero sobre legislación gaúcha (Ley del Estado nº 7.747 / 1982), que indica la prohibición de uso de plaguicidas prohibidos en los países exportadores.
El segundo sobre exenciones fiscales o beneficios para plaguicidas (ICMS e IPI). El STF (ADI 6137) también está evaluando la constitucionalidad de la Ley del Estado de Ceará (Ley Estatal 16.820 / 2019) que prohíbe la fumigación aérea de plaguicidas, recomendación expresada en el informe de la ONU.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿Brasil, con base en la posición de sus tres poderes de gobierno, ignorará o cumplirá las recomendaciones internacionales y de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos por las violaciones causadas por el uso de plaguicidas?
(Naiara Bittencourt es abogada popular (Terra de Direitos), Fran Paula es agrónoma (FASE MT), Iris Pacheco es periodista y comunicadora popular (MST-MG). Todos participan en la Campaña Permanente Contra Plaguicidas y Por la Vida).
Fuente: Brasil de Fato
Foto: Agência Brasil
El gobierno brasileño cuestionó las recomendaciones del informe sobre residuos tóxicos en la ONU.
En medio de las candentes e incontables consecuencias del covid-19, Brasil va en contra de los lineamientos de los organismos internacionales para hacer frente a las tragedias. No por casualidad, el lunes 21 de este mes se puso en condiciones de enfrentar las recomendaciones del informe sobre residuos tóxicos de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado por Marcos Orellana.
En medio de los discursos de la sociedad civil, en apoyo del documento internacional, cuatro organizaciones hablaron sobre Brasil, entre las diez admitidas.
Invirtiendo y cambiando los hechos, el presidente Jair Bolsonaro, habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), este martes 22, donde dijo ser víctima de una campaña de «desinformación» y por ello culpó a indígenas, prensa y ONGs. Sin embargo, no mencionó que, hasta este martes, más de 137 mil brasileños habían muerto como consecuencia del covid-19.
Aspectos como este destacan entre los datos señalados por el informe sobre residuos tóxicos. El documento señala que Brasil está en un colapso en la protección de los bienes comunes y los derechos humanos, con la expansión de la flexibilización normativa y la desregulación de plaguicidas, ya constatada en la visita del ex relator Baskut Tuncak al país en 2019, pero acalorada durante la pandemia del covid. -19, especialmente en pesticidas.
Además, el informe es enfático en criticar el cierre de espacios de diálogo con la sociedad civil y en la persecución a defensores de derechos humanos, ambientalistas y científicos. Tanto es así que recomienda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizar una investigación en el país sobre desechos tóxicos y violaciones.
Entre las recomendaciones específicas sobre plaguicidas mencionadas, el informe trae la necesidad de desarrollar planes con plazos para reducir urgentemente el uso y exposición a plaguicidas, incluyendo la prohibición de la fumigación aérea de plaguicidas, especialmente en áreas habitadas; la eliminación gradual del uso de plaguicidas de alta peligrosidad; la creación de zonas de protección / amortiguamiento y la instalación de dispositivos de monitoreo obligatorios alrededor de escuelas y hogares y en vehículos de aspersión; la alineación del marco regulatorio con los estándares y mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la eliminación gradual de la importación de sustancias peligrosas prohibidas para su uso en el país exportador.
Además, se recomienda fortalecer los órganos técnicos de científicos independientes; garantizar que la toma de decisiones sobre sustancias peligrosas se base en pruebas y principios como la prevención y la precaución; que exista publicidad e información sobre plaguicidas y su aplicación a las comunidades (cuáles, cuándo y dónde fueron o serán aplicados) y la protección de los pueblos indígenas, quilombolas, pobres y comunidades en riesgo.
El documento también llama al diálogo del gobierno con representantes de la sociedad civil e indica la necesidad de proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas e instrumentos de acceso a la justicia, como la creación de salvaguardas contra captura empresarial, corrupción y conflictos de interés dentro de la gobierno, incluida la investigación de tales denuncias y una mayor protección de los denunciantes, así como una mejor rendición de cuentas para los infractores y reparación a las víctimas.
Sin embargo, ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno brasileño presentó una posición de contestación u oposición, calificando el informe de “político”, en lugar de demostrar lo que ha hecho para garantizar la salud y seguridad de la población frente a la aprobación desenfrenada de pesticidas. La descalificación del documento, cuestionando su innegable carácter técnico, demuestra la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Los datos del relator se basan en documentos elaborados tanto en Brasil como por organismos internacionales que demuestran que el país se ha convertido en un vertedero tóxico de productos prohibidos en otros países, clasificados por PAN (Red de Acción contra Plaguicidas) como altamente tóxicos.
Si sumamos la cantidad de pesticidas liberados solo en el gobierno de Bolsonaro, esa cifra ya alcanza los 787 nuevos registros, muchos de los cuales están prohibidos en la Unión Europea.
No es posible afirmar, como lo hizo el gobierno brasileño, que tenemos una fuerte legislación de protección ambiental. Vemos legislación, o incluso disposiciones constitucionales, siendo desmanteladas por el “ganado” del veneno.
Solo en el caso de los plaguicidas, existen muchos instrumentos de flexibilidad que han avanzado mucho en los últimos años, como las Resoluciones Colegiadas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de 2019 que cambian la clasificación toxicológica de plaguicidas y la Ordenanza 43 / 2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), que apuntó al “registro tácito de plaguicidas”.
Además, el informe incide de manera concreta en las decisiones que pronto tomarán los tres poderes de la república. Por ejemplo, la tramitación de la Política Nacional de Reducción de Plaguicidas, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional (Proyecto de Ley 6670/2016), lista para votación en plenario, que es similar a los planes recomendados en el informe.
Al mismo tiempo, el informe recomienda abandonar el “Paquete de Envenenamiento”, Proyecto de Ley 6299/2002, que también puede ser sometido a votación en el Congreso y tiene como objetivo reducir varios mecanismos de precaución de la Ley 7.802 / 1989.
En cuanto al Ejecutivo, vemos la recomendación de la eliminación gradual de plaguicidas de alta peligrosidad o prohibidos para su uso en el país exportador. Un ejemplo fue el paraquat, cuya prohibición confirmó Anvisa. Pero el informe advierte sobre los riesgos del glifosato y la atrazina, por ejemplo. Otra alerta apunta a la disponibilidad de datos sobre el tema, que es cada vez menos accesible.
El Tribunal Supremo Federal (STF), en el Poder Judicial, juzgará también en los próximos meses, asuntos relacionados con el informe, como ADPF 221 y ADI 5553. El primero sobre legislación gaúcha (Ley del Estado nº 7.747 / 1982), que indica la prohibición de uso de plaguicidas prohibidos en los países exportadores.
El segundo sobre exenciones fiscales o beneficios para plaguicidas (ICMS e IPI). El STF (ADI 6137) también está evaluando la constitucionalidad de la Ley del Estado de Ceará (Ley Estatal 16.820 / 2019) que prohíbe la fumigación aérea de plaguicidas, recomendación expresada en el informe de la ONU.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿Brasil, con base en la posición de sus tres poderes de gobierno, ignorará o cumplirá las recomendaciones internacionales y de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos por las violaciones causadas por el uso de plaguicidas?
(Naiara Bittencourt es abogada popular (Terra de Direitos), Fran Paula es agrónoma (FASE MT), Iris Pacheco es periodista y comunicadora popular (MST-MG). Todos participan en la Campaña Permanente Contra Plaguicidas y Por la Vida).
Fuente: Brasil de Fato
Foto: Agência Brasil
