OPINIÓN de Antonio Liz
El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél es la gota que colma el vaso, nos recuerda de una manera cruda el límite de las “libertades” políticas individuales existentes en el Régimen del 78, es decir, en el régimen político actual que, recordémoslo, es producto del tránsito político conscientemente meditado y medido de la “democracia orgánica” franquista a la “democracia plena” actual.
Que un rapero vaya a la cárcel por la letra de sus canciones y comentarios que, dicho sea de paso, sólo manifiestan el hartazgo de una parte de la sociedad con esta “democracia para ricos”, cuando la corrupción ha enlodado tanto a la casta política que una parte de esta hasta quiere abandonar su emblemática sede en un ejercicio de blanqueo, cuando la precarización permanente de las capas sociales más bajas de la clase trabajadora es un fenómeno social, cuando a la juventud trabajadora no se le ofrece un futuro social digno, cuando el rey emérito ha salido zumbando para intentar salvaguardar la corona de sus trapicheos de corrupto millonario, cuando su nieta la princesa de Asturias se va a un colegio al extranjero para aprender los rudimentos de la justica social por el módico precio de 76.000€, cuando presidentes de tribunales supremos de comunidades autónomas se permiten manifestaciones públicas vulgarmente antidemocráticas, cuando sus “señorías” son una casta política que goza de elevados salarios y seguros propios, cuando se le vende armamento a la “democrática” Arabia Saudí que utiliza para masacrar a los yemenís, cuando se niega un referendo al pueblo catalán para que pueda decidir su destino político, cuando pasa esto y mucho más y se manda a un rapero a la cárcel por sus comentarios y canciones de desesperanza social es que esta “democracia para ricos” venida directamente del franquismo no puede ni tan siquiera controlar a su reaccionaria judicatura, esa que da vivas al rey y no a la democracia.
Para poder superar esta “democracia para ricos”, donde la igualdad formal nada tiene que ver con la igualdad real, es imperativo luchar socialmente por un programa político que conste de medidas democráticas que nos permitan transitar un camino que nos lleve a una democracia social, a una República de trabajadoras y trabajadores. A modo de ejemplo, algunas de estas medidas serían:
-Referéndum Monarquía o República: Felipe VI es el heredero del heredero de Franco, es decir, no sólo representa una institución medieval obsoleta sino la cínica mutación de la “democracia orgánica” en “monarquía parlamentaria”.
-Derogación del Tribunal Constitucional: un puñado de jueces no pueden estar legitimados para imponerle a un Parlamento su propio criterio. No se puede judicializar la vida política.
-Ilegalización de Vox: la casta política viene prostituyendo de forma permanente conceptos como “democracia” y “justicia social” pero la ultraderecha de Vox ha dado un paso adelante e inocula el odio en forma de xenofobia, machismo y racismo como algo “normal”, como una postura política más. Hay que impedir que el virus del fascismo postmoderno circule con normalidad por instituciones y medios de comunicación de masas.
-Nacionalización de los sectores estratégicos: todas las fuentes de energía tienen que estar en manos públicas, empezando por las eléctricas. El agua y el transporte colectivo también son un bien social por lo que tienen que ser propiedad pública.
-Creación de una Banca Pública: para poder financiar las prestaciones sociales.
-Plan de viviendas sociales: cada trabajadora y trabajador tiene que tener el derecho real a una vivienda que no suponga más que el 30 por 100 de su salario.
-Derogación de la contrarreforma laboral: hay que evitar que las empresas se puedan saltar los convenios colectivos y que se recorten las indemnizaciones.
-Prohibición del despido en empresas con beneficios: ninguna empresa con beneficios podrá acogerse a medida alguna para recortar sus plantillas.
-Prohibición de los contratos basura: cada trabajadora, cada trabajador, tiene el derecho de poder planificar su vida por lo que se prohibirán los contratos precarios.
-Cobertura de desempleo integral: el derecho al trabajo deber ser un derecho real y no formal y, por lo tanto, mientras una trabajadora o un trabajador no tenga empleo debe ser protegido con una prestación económica permanente por desempleo.
-Jubilación a los 60 años: cada trabajador o trabajadora se jubilará como máximo a esta edad para que pueda disfrutar a su modo de la última parte de su vida.
-Jornada laboral de 35 horas semanales: el objeto de la existencia no es vivir para trabajar sino trabajar para poder vivir, es decir, para disfrutar de la existencia y poder participar en la vida social y política.
-Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€: es lo mínimo que puede ganar una trabajadora, un trabajador, para tener una básica vida material digna aquí y ahora.
-Salario de los políticos equivalente al salario medio de las trabajadoras y trabajadores cualificados: un “servidor público”, como gustan decir los políticos profesionales, no puede tener un salario superior del que cobran las trabajadoras y trabajadores especializados.
-Seguridad Social Universal: todas y todos los ciudadanos deben de gozar de la misma Seguridad Social por lo que sólo a ella se dedicarán los presupuestos públicos.
-Enseñanza Pública Universal: la cultura científica, la cultura técnica y la cultura política son la base de una sociedad democrática por lo que las administraciones del Estado sólo financiarán la enseñanza pública y sólo sus títulos tendrán valor académico.
-Derecho a decidir: las naciones del Estado español tendrán el derecho de organizar un referendo vinculante para decidir si quieren o no quieren seguir siendo parte del Estado español.
-Ley LGTBI: la libertad empieza por el uso y disfrute del propio cuerpo y por la identidad con la que cada quien se sienta bien.
-Derogación de la Ley Mordaza: para cercenar los abusos policiales y judiciales legales.
-Ley de la Magistratura: elección de jueces y fiscales por criterios democráticos.
Para conseguir estas y otras medidas democráticas básicas es imprescindible la constante movilización social. Pero siendo esto imprescindible aún es insuficiente ya que hay que canalizar políticamente esa energía social potencialmente liberadora. Para ello la izquierda social se tiene que organizar políticamente. Las movilizaciones sociales tienen que ser mucho más que manifestaciones de hartazgo social puntuales. Este régimen de “monarquía parlamentaria” puede soportar cientos de manifestaciones que sean simplemente estallidos sociales sin objetivos políticos, como ya demostró hace bien poco el 15M. Hay que darles a las movilizaciones en contra de las injusticias sociales y políticas un camino político. Las movilizaciones sociales tienen que tener como objetivo primerizo implementar ya, aquí y ahora, la aprobación de leyes verdaderamente democráticas en las Cortes.
La izquierda social si se quiere convertir en una izquierda revolucionaria, esto es, en portadora y partera de un mundo sustentado en la justicia social, tiene que organizarse ya que de otra forma la energía social se dilapidará una y otra vez lo que a su vez acarrea desgaste y desilusión en el pueblo trabajador y perpetúa la “democracia para ricos” como la única y exclusiva alternativa socio-política. Por lo tanto, los colectivos sociales contestatarios, los grupos políticos de la izquierda revolucionaria y las personas no organizadas con un universo liberador se tienen que organizar en un Frente de Izquierda Anticapitalista. Esta forma de organizarse aglutinaría de forma no partidaria a la izquierda social y se convertiría en un Parlamento del Pueblo Trabajador que decidiría su programa y elegiría a sus representantes políticos. Tendría como meta política inmediata canalizar la energía social dotándola de programa y llevando a las instituciones de la monarquía parlamentaria a mujeres y hombres que serían las y los portavoces de las movilizaciones sociales y de las necesidades del pueblo trabajador.
No es suficiente con tener la razón, no es suficiente con demostrar ira en las manifestaciones contra las injusticias sociales, hay que canalizar la energía política del pueblo trabajador para empezar a transitar el camino que nos lleve a una democracia social. Que el encarcelamiento de Pablo Hasél no sólo nos recuerde la permanente injusticia social y política en la que se sustenta el régimen político en el que vivimos sino que también nos recuerde la imperiosa necesidad de oponernos a él políticamente para poder traer una República de trabajadoras y trabajadores.
El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél es la gota que colma el vaso, nos recuerda de una manera cruda el límite de las “libertades” políticas individuales existentes en el Régimen del 78, es decir, en el régimen político actual que, recordémoslo, es producto del tránsito político conscientemente meditado y medido de la “democracia orgánica” franquista a la “democracia plena” actual.
Que un rapero vaya a la cárcel por la letra de sus canciones y comentarios que, dicho sea de paso, sólo manifiestan el hartazgo de una parte de la sociedad con esta “democracia para ricos”, cuando la corrupción ha enlodado tanto a la casta política que una parte de esta hasta quiere abandonar su emblemática sede en un ejercicio de blanqueo, cuando la precarización permanente de las capas sociales más bajas de la clase trabajadora es un fenómeno social, cuando a la juventud trabajadora no se le ofrece un futuro social digno, cuando el rey emérito ha salido zumbando para intentar salvaguardar la corona de sus trapicheos de corrupto millonario, cuando su nieta la princesa de Asturias se va a un colegio al extranjero para aprender los rudimentos de la justica social por el módico precio de 76.000€, cuando presidentes de tribunales supremos de comunidades autónomas se permiten manifestaciones públicas vulgarmente antidemocráticas, cuando sus “señorías” son una casta política que goza de elevados salarios y seguros propios, cuando se le vende armamento a la “democrática” Arabia Saudí que utiliza para masacrar a los yemenís, cuando se niega un referendo al pueblo catalán para que pueda decidir su destino político, cuando pasa esto y mucho más y se manda a un rapero a la cárcel por sus comentarios y canciones de desesperanza social es que esta “democracia para ricos” venida directamente del franquismo no puede ni tan siquiera controlar a su reaccionaria judicatura, esa que da vivas al rey y no a la democracia.
Para poder superar esta “democracia para ricos”, donde la igualdad formal nada tiene que ver con la igualdad real, es imperativo luchar socialmente por un programa político que conste de medidas democráticas que nos permitan transitar un camino que nos lleve a una democracia social, a una República de trabajadoras y trabajadores. A modo de ejemplo, algunas de estas medidas serían:
-Referéndum Monarquía o República: Felipe VI es el heredero del heredero de Franco, es decir, no sólo representa una institución medieval obsoleta sino la cínica mutación de la “democracia orgánica” en “monarquía parlamentaria”.
-Derogación del Tribunal Constitucional: un puñado de jueces no pueden estar legitimados para imponerle a un Parlamento su propio criterio. No se puede judicializar la vida política.
-Ilegalización de Vox: la casta política viene prostituyendo de forma permanente conceptos como “democracia” y “justicia social” pero la ultraderecha de Vox ha dado un paso adelante e inocula el odio en forma de xenofobia, machismo y racismo como algo “normal”, como una postura política más. Hay que impedir que el virus del fascismo postmoderno circule con normalidad por instituciones y medios de comunicación de masas.
-Nacionalización de los sectores estratégicos: todas las fuentes de energía tienen que estar en manos públicas, empezando por las eléctricas. El agua y el transporte colectivo también son un bien social por lo que tienen que ser propiedad pública.
-Creación de una Banca Pública: para poder financiar las prestaciones sociales.
-Plan de viviendas sociales: cada trabajadora y trabajador tiene que tener el derecho real a una vivienda que no suponga más que el 30 por 100 de su salario.
-Derogación de la contrarreforma laboral: hay que evitar que las empresas se puedan saltar los convenios colectivos y que se recorten las indemnizaciones.
-Prohibición del despido en empresas con beneficios: ninguna empresa con beneficios podrá acogerse a medida alguna para recortar sus plantillas.
-Prohibición de los contratos basura: cada trabajadora, cada trabajador, tiene el derecho de poder planificar su vida por lo que se prohibirán los contratos precarios.
-Cobertura de desempleo integral: el derecho al trabajo deber ser un derecho real y no formal y, por lo tanto, mientras una trabajadora o un trabajador no tenga empleo debe ser protegido con una prestación económica permanente por desempleo.
-Jubilación a los 60 años: cada trabajador o trabajadora se jubilará como máximo a esta edad para que pueda disfrutar a su modo de la última parte de su vida.
-Jornada laboral de 35 horas semanales: el objeto de la existencia no es vivir para trabajar sino trabajar para poder vivir, es decir, para disfrutar de la existencia y poder participar en la vida social y política.
-Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€: es lo mínimo que puede ganar una trabajadora, un trabajador, para tener una básica vida material digna aquí y ahora.
-Salario de los políticos equivalente al salario medio de las trabajadoras y trabajadores cualificados: un “servidor público”, como gustan decir los políticos profesionales, no puede tener un salario superior del que cobran las trabajadoras y trabajadores especializados.
-Seguridad Social Universal: todas y todos los ciudadanos deben de gozar de la misma Seguridad Social por lo que sólo a ella se dedicarán los presupuestos públicos.
-Enseñanza Pública Universal: la cultura científica, la cultura técnica y la cultura política son la base de una sociedad democrática por lo que las administraciones del Estado sólo financiarán la enseñanza pública y sólo sus títulos tendrán valor académico.
-Derecho a decidir: las naciones del Estado español tendrán el derecho de organizar un referendo vinculante para decidir si quieren o no quieren seguir siendo parte del Estado español.
-Ley LGTBI: la libertad empieza por el uso y disfrute del propio cuerpo y por la identidad con la que cada quien se sienta bien.
-Derogación de la Ley Mordaza: para cercenar los abusos policiales y judiciales legales.
-Ley de la Magistratura: elección de jueces y fiscales por criterios democráticos.
Para conseguir estas y otras medidas democráticas básicas es imprescindible la constante movilización social. Pero siendo esto imprescindible aún es insuficiente ya que hay que canalizar políticamente esa energía social potencialmente liberadora. Para ello la izquierda social se tiene que organizar políticamente. Las movilizaciones sociales tienen que ser mucho más que manifestaciones de hartazgo social puntuales. Este régimen de “monarquía parlamentaria” puede soportar cientos de manifestaciones que sean simplemente estallidos sociales sin objetivos políticos, como ya demostró hace bien poco el 15M. Hay que darles a las movilizaciones en contra de las injusticias sociales y políticas un camino político. Las movilizaciones sociales tienen que tener como objetivo primerizo implementar ya, aquí y ahora, la aprobación de leyes verdaderamente democráticas en las Cortes.
La izquierda social si se quiere convertir en una izquierda revolucionaria, esto es, en portadora y partera de un mundo sustentado en la justicia social, tiene que organizarse ya que de otra forma la energía social se dilapidará una y otra vez lo que a su vez acarrea desgaste y desilusión en el pueblo trabajador y perpetúa la “democracia para ricos” como la única y exclusiva alternativa socio-política. Por lo tanto, los colectivos sociales contestatarios, los grupos políticos de la izquierda revolucionaria y las personas no organizadas con un universo liberador se tienen que organizar en un Frente de Izquierda Anticapitalista. Esta forma de organizarse aglutinaría de forma no partidaria a la izquierda social y se convertiría en un Parlamento del Pueblo Trabajador que decidiría su programa y elegiría a sus representantes políticos. Tendría como meta política inmediata canalizar la energía social dotándola de programa y llevando a las instituciones de la monarquía parlamentaria a mujeres y hombres que serían las y los portavoces de las movilizaciones sociales y de las necesidades del pueblo trabajador.
No es suficiente con tener la razón, no es suficiente con demostrar ira en las manifestaciones contra las injusticias sociales, hay que canalizar la energía política del pueblo trabajador para empezar a transitar el camino que nos lleve a una democracia social. Que el encarcelamiento de Pablo Hasél no sólo nos recuerde la permanente injusticia social y política en la que se sustenta el régimen político en el que vivimos sino que también nos recuerde la imperiosa necesidad de oponernos a él políticamente para poder traer una República de trabajadoras y trabajadores.
https://antonioliz.wordpress.com/2021/02/18/pablo-hasel-la-necesidad-de-una-republica-de-trabajadoras-y-trabajadores/
