OPINIÓN de Sergio Ortiz
Por ejercer el gobierno es inevitable criticar las cosas mal hechas o a medias por Alberto Fernández. No hay que ser chupamedias del oficialismo. Lo que sí, no perder de vista al enemigo principal, el macrismo.
En la web de Clarín el sábado la última noticia decía que Argentina registraba 3.29 millones de contagios y 70.253 muertes por COVID-19. Puntualizaba que en la segunda ola hubo 14.000 muertos y que “uno de cada cinco fallecidos se registró en los últimos 45 días”.
En este caso, raro, Clarín no miente. Y de modo involuntario dejó al descubierto sus mentiras respecto a la pandemia, donde jugó para Juntos por el Cambio, monopolios como Techint y la Corte Suprema de Injusticia.
Aquellos números planteaban con crudeza la necesidad de medidas de restricción, incluyendo suspensión de clases presenciales. Y ese equipo de la derecha y medios concentrados, más el quinteto supremo, se opuso con uñas, dientes, editoriales y sentencias, a adoptar aquellas medidas. El mascarón del PROa fue el “moderado” Horacio Rodríguez Larreta, que desde entonces no disimula que volvió a sus peores actuaciones del “Guasón”. Según el gremio docente Ademys, por coronavirus murieron 13 docentes y auxiliares en la Capital Federal. No es que Rodríguez Larreta los mató en forma directa, pero generó el escenario del crimen y dejó abiertas las puertas para que entrara el virus mortal.
Aquellas vidas perdidas (en todo el país 85 docentes fallecidos) eran suficiente argumento para el decreto presidencial que suspendió las clases presenciales hasta fines de abril. Lo único que se le puede reprochar a Alberto Fernández, y en especial a su ministro de Educación Nicolás Trotta, es que hasta el día anterior estaban de acuerdo con la continuidad de las escuelas abiertas.
La suspensión fue tardía pero correcta, aunque limitada a las escuelas del AMBA, no así las del país, cuando esta batalla, sanitaria y en la educación, se libra en todo el territorio.
La cantidad de enfermos y muertos en Capital y conurbano también es una acusación tremenda que llevarán hasta su día final los cuatro cortesanos que salieron en auxilio del Gobierno porteño. Según su fallo no estaba demostrada la gravedad pandémica para “avasallar la autonomía” porteña. La nota de Clarín citada al comienzo es una cachetada al cuarteto o mejor una fuerte patada en los respectivos traseros.
En esa línea de obstrucción, Juntos por el Cambio no quiere tratar el proyecto de ley para que el gobierno nacional pueda tomar medidas sanitarias. Lo de las autonomías provinciales es un verso. Dicen que AF sería un dictador en busca de “superpoderes”, cuando el profesor de Derecho Penal es un socialdemócrata al que le tiembla el pulso para tomar medidas conducentes en medio de la crisis.
NACIÓN Y MUNDO
La batalla contra el COVID-19 no se puede librar dentro de una provincia sino que requiere de un gobierno nacional y un plan ídem, más allá de los matices disímiles en cada zona concreta según las condiciones.
Por eso son desafortunadas y aún criminales las tendencias separatistas que en su momento lideraron los radicales de Mendoza, amagando formar un país aparte. En esa línea se inscribe el jefe de gobierno de CABA, como si los porteños quisieran una republiqueta de bandera amarilla.
La pandemia requiere de muchos miles de millones de pesos para afrontar los gastos en salud y el parate económico. Y eso requiere un gobierno nacional, no de provincias que se cortan solas. También demanda articular políticas sanitarias porque entre una provincia y otra la divisoria es una calle o puente transitados por tantísima gente.
Sólo un gobierno central puede comprar vacunas para 44 millones de argentinos y argentinas. Y no sólo por el dinero de esas compras, que provincias más pobres no tienen, sino para lidiar con los laboratorios que fabrican las vacunas y las destinan a países ricos, en detrimento de los tercermundistas.
Esas multinacionales demoraron las vacunas y violaron sus contratos ya abonados, como AstraZeneca, provocando juicios de gobiernos europeos.
En este punto la derecha macrista embiste mal contra el gobierno, acusándolo de negligente. Falso. Fernández y el ministerio de Salud, antes con GGG y luego Carla Vizzotti, firmó contratos con varios laboratorios para adquirir 56 millones de dosis. Y luego siguió golpeando puertas y evaluando posibilidades, incluso para fabricarlas acá, como la Sputnik, la de Sinopharm y las cubanas.
Lo conseguido no es poca cosa: más de 12 millones de dosis arribaron desde Rusia, China, India, etc.
Estuvo bien el gobierno, en tiempos de Ginés, de no ceder al chantaje de Pfizer, que pidió una ley para ponerse a cubierto de demandas por problemas con sus vacunas. Y luego pasó a exigir cauciones, como edificios de embajadas, reservas del Banco Central y, aunque no las solicitó, le fueron ofrecidas las Malvinas (Patricia Bullrich dixit).
Era necesario un gobierno central fuerte para negociar con las multis; para ellas sus vacunas son mercancías y no un bien público global.
Y no son el único enemigo a doblegar. Detrás de esos laboratorios están los países imperialistas que acaparan vacunas en cantidades muy superiores a sus poblaciones. Ya lo dijo la OMS y lo reiteramos: 10 países amarrocaron el 75 por ciento de las vacunas. A la cabeza de esos miserables, los EE UU, con 1.300 millones de vacunas y 330 millones de habitantes.
Eso no se borra con la reciente postura de Joe Biden, favorable a liberar las patentes de las vacunas, durante la pandemia. El daño ya fue hecho y ese trámite ante la Organización Mundial de Comercio llevará un año o más. Y habrá más contagios y muertes irreversibles en ese lapso.
Ese panorama desolador requiere un gobierno nacional de signo popular que tome medidas firmes contra la crisis. No hay lugar para republiquetas de Macri, Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Carlos Rosenkrantz, etc. Estos personajes, si fueran atrás en el tiempo, habrían votado en contra de la formación de un gobierno patrio en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, como lo hizo José Martínez de Hoz, antecesor del maldito superministro de la dictadura de 1976.
CANTÁLO DE NUEVO, ANDRÉS
La otra gran batalla, donde también se juegan vidas, es económica. Y hasta ahora en este frente no vienen ganando los patriotas sino las multinacionales y las oligarquías con DNI argentino pero asociadas con aquéllas.
Un dato es la persistencia de la inflación, que castiga a quienes tienen ingresos fijos en pesos y mucho más a quienes los han visto menguar en pandemia.
El 4,1 de inflación en abril y del 17,6 en el primer cuatrimestre es un termómetro que marca las altas temperaturas en los cuerpos que laboran y más en los que hacen changas o cobran jubilación mínima o planes sociales.
Aquellos porcentajes son más altos en alimentos, donde más gastan los sectores populares, a diferencia de los que van a Miami para vacunarse o bien llegan allí para cónclaves del neoliberalismo fascistoide, como Mauricio Macri, y ya que estaba, aprovechó la oferta para vacunarse.
Que la crisis no se aguanta más en las fábricas, escuelas, hospitales y barriadas populares, lo patentiza un gran número de conflictos que generalmente los grandes medios no visibilizan, salvo cuando lo aconsejan sus intereses políticos de pegar en las costillas de Alberto y Cristina. Maestros, médicos y enfermeras, choferes de UTA, trabajadores del Estado, periodistas y muchos otros trabajadores han adoptado medidas de fuerza y marchado en Capital, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Chubut, Santa Fe, etc.
La situación es más desesperante entre los desocupados y quienes cobran ingresos mínimos. Los movimientos sociales, muchos afines al gobierno como la CTEP, Evita, CCC; y otros opositores, como el Polo Obrero, MTR, Barrios de Pie, La Dignidad, FOL, etc, hicieron cortes de calles prolongados. Sus reclamos eran tres: por los 50.000 planes sociales dados de baja, comida para 11.000 merenderos y 70.000 vacunas para quienes sostienen esos comedores.
Estaba prevista una movida nacional muy fuerte para el jueves 13 de mayo y sobre el inicio de la medida el gobierno convocó a las organizaciones y les prometió una respuesta positiva. Si el gobierno no cumple en tiempo y forma tendrá un conflicto social de alta combatividad. O atiende los reclamos o pondrá a Sergio Berni a hacer lo de Guernica en alta escala. Y de algo así no se vuelve…
Se necesita subir los salarios, jubilaciones y planes; aumentar los gastos de la pandemia y cubrir las restricciones con nuevos IFE y ATP, que el gobierno nacional no quiere aprobar.
En vez de estar enfrascado en estos debates para adoptar medidas de ese tipo, el presidente y sus ministros siguen enfocados en legalizar la deuda externa, negociando con el FMI y el Club de París una postergación de pagos y quita de sobrecargos. Ese fue el sentido de su promocionada gira europea y reunión con el Papa.
AF no quiere meter mano en los banqueros. Dice ser rockero, pero olvidó lo que cantaba Andrés Calamaro en Alta Suciedad: “señor banquero, devuélvame el dinero, estoy cansado de los que vienen de amigos y lo único que quieren es llenarme el agujero”. Cantálo de nuevo Andrés.
Por ejercer el gobierno es inevitable criticar las cosas mal hechas o a medias por Alberto Fernández. No hay que ser chupamedias del oficialismo. Lo que sí, no perder de vista al enemigo principal, el macrismo.
En la web de Clarín el sábado la última noticia decía que Argentina registraba 3.29 millones de contagios y 70.253 muertes por COVID-19. Puntualizaba que en la segunda ola hubo 14.000 muertos y que “uno de cada cinco fallecidos se registró en los últimos 45 días”.
En este caso, raro, Clarín no miente. Y de modo involuntario dejó al descubierto sus mentiras respecto a la pandemia, donde jugó para Juntos por el Cambio, monopolios como Techint y la Corte Suprema de Injusticia.
Aquellos números planteaban con crudeza la necesidad de medidas de restricción, incluyendo suspensión de clases presenciales. Y ese equipo de la derecha y medios concentrados, más el quinteto supremo, se opuso con uñas, dientes, editoriales y sentencias, a adoptar aquellas medidas. El mascarón del PROa fue el “moderado” Horacio Rodríguez Larreta, que desde entonces no disimula que volvió a sus peores actuaciones del “Guasón”. Según el gremio docente Ademys, por coronavirus murieron 13 docentes y auxiliares en la Capital Federal. No es que Rodríguez Larreta los mató en forma directa, pero generó el escenario del crimen y dejó abiertas las puertas para que entrara el virus mortal.
Aquellas vidas perdidas (en todo el país 85 docentes fallecidos) eran suficiente argumento para el decreto presidencial que suspendió las clases presenciales hasta fines de abril. Lo único que se le puede reprochar a Alberto Fernández, y en especial a su ministro de Educación Nicolás Trotta, es que hasta el día anterior estaban de acuerdo con la continuidad de las escuelas abiertas.
La suspensión fue tardía pero correcta, aunque limitada a las escuelas del AMBA, no así las del país, cuando esta batalla, sanitaria y en la educación, se libra en todo el territorio.
La cantidad de enfermos y muertos en Capital y conurbano también es una acusación tremenda que llevarán hasta su día final los cuatro cortesanos que salieron en auxilio del Gobierno porteño. Según su fallo no estaba demostrada la gravedad pandémica para “avasallar la autonomía” porteña. La nota de Clarín citada al comienzo es una cachetada al cuarteto o mejor una fuerte patada en los respectivos traseros.
En esa línea de obstrucción, Juntos por el Cambio no quiere tratar el proyecto de ley para que el gobierno nacional pueda tomar medidas sanitarias. Lo de las autonomías provinciales es un verso. Dicen que AF sería un dictador en busca de “superpoderes”, cuando el profesor de Derecho Penal es un socialdemócrata al que le tiembla el pulso para tomar medidas conducentes en medio de la crisis.
NACIÓN Y MUNDO
La batalla contra el COVID-19 no se puede librar dentro de una provincia sino que requiere de un gobierno nacional y un plan ídem, más allá de los matices disímiles en cada zona concreta según las condiciones.
Por eso son desafortunadas y aún criminales las tendencias separatistas que en su momento lideraron los radicales de Mendoza, amagando formar un país aparte. En esa línea se inscribe el jefe de gobierno de CABA, como si los porteños quisieran una republiqueta de bandera amarilla.
La pandemia requiere de muchos miles de millones de pesos para afrontar los gastos en salud y el parate económico. Y eso requiere un gobierno nacional, no de provincias que se cortan solas. También demanda articular políticas sanitarias porque entre una provincia y otra la divisoria es una calle o puente transitados por tantísima gente.
Sólo un gobierno central puede comprar vacunas para 44 millones de argentinos y argentinas. Y no sólo por el dinero de esas compras, que provincias más pobres no tienen, sino para lidiar con los laboratorios que fabrican las vacunas y las destinan a países ricos, en detrimento de los tercermundistas.
Esas multinacionales demoraron las vacunas y violaron sus contratos ya abonados, como AstraZeneca, provocando juicios de gobiernos europeos.
En este punto la derecha macrista embiste mal contra el gobierno, acusándolo de negligente. Falso. Fernández y el ministerio de Salud, antes con GGG y luego Carla Vizzotti, firmó contratos con varios laboratorios para adquirir 56 millones de dosis. Y luego siguió golpeando puertas y evaluando posibilidades, incluso para fabricarlas acá, como la Sputnik, la de Sinopharm y las cubanas.
Lo conseguido no es poca cosa: más de 12 millones de dosis arribaron desde Rusia, China, India, etc.
Estuvo bien el gobierno, en tiempos de Ginés, de no ceder al chantaje de Pfizer, que pidió una ley para ponerse a cubierto de demandas por problemas con sus vacunas. Y luego pasó a exigir cauciones, como edificios de embajadas, reservas del Banco Central y, aunque no las solicitó, le fueron ofrecidas las Malvinas (Patricia Bullrich dixit).
Era necesario un gobierno central fuerte para negociar con las multis; para ellas sus vacunas son mercancías y no un bien público global.
Y no son el único enemigo a doblegar. Detrás de esos laboratorios están los países imperialistas que acaparan vacunas en cantidades muy superiores a sus poblaciones. Ya lo dijo la OMS y lo reiteramos: 10 países amarrocaron el 75 por ciento de las vacunas. A la cabeza de esos miserables, los EE UU, con 1.300 millones de vacunas y 330 millones de habitantes.
Eso no se borra con la reciente postura de Joe Biden, favorable a liberar las patentes de las vacunas, durante la pandemia. El daño ya fue hecho y ese trámite ante la Organización Mundial de Comercio llevará un año o más. Y habrá más contagios y muertes irreversibles en ese lapso.
Ese panorama desolador requiere un gobierno nacional de signo popular que tome medidas firmes contra la crisis. No hay lugar para republiquetas de Macri, Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Carlos Rosenkrantz, etc. Estos personajes, si fueran atrás en el tiempo, habrían votado en contra de la formación de un gobierno patrio en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, como lo hizo José Martínez de Hoz, antecesor del maldito superministro de la dictadura de 1976.
CANTÁLO DE NUEVO, ANDRÉS
La otra gran batalla, donde también se juegan vidas, es económica. Y hasta ahora en este frente no vienen ganando los patriotas sino las multinacionales y las oligarquías con DNI argentino pero asociadas con aquéllas.
Un dato es la persistencia de la inflación, que castiga a quienes tienen ingresos fijos en pesos y mucho más a quienes los han visto menguar en pandemia.
El 4,1 de inflación en abril y del 17,6 en el primer cuatrimestre es un termómetro que marca las altas temperaturas en los cuerpos que laboran y más en los que hacen changas o cobran jubilación mínima o planes sociales.
Aquellos porcentajes son más altos en alimentos, donde más gastan los sectores populares, a diferencia de los que van a Miami para vacunarse o bien llegan allí para cónclaves del neoliberalismo fascistoide, como Mauricio Macri, y ya que estaba, aprovechó la oferta para vacunarse.
Que la crisis no se aguanta más en las fábricas, escuelas, hospitales y barriadas populares, lo patentiza un gran número de conflictos que generalmente los grandes medios no visibilizan, salvo cuando lo aconsejan sus intereses políticos de pegar en las costillas de Alberto y Cristina. Maestros, médicos y enfermeras, choferes de UTA, trabajadores del Estado, periodistas y muchos otros trabajadores han adoptado medidas de fuerza y marchado en Capital, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Chubut, Santa Fe, etc.
La situación es más desesperante entre los desocupados y quienes cobran ingresos mínimos. Los movimientos sociales, muchos afines al gobierno como la CTEP, Evita, CCC; y otros opositores, como el Polo Obrero, MTR, Barrios de Pie, La Dignidad, FOL, etc, hicieron cortes de calles prolongados. Sus reclamos eran tres: por los 50.000 planes sociales dados de baja, comida para 11.000 merenderos y 70.000 vacunas para quienes sostienen esos comedores.
Estaba prevista una movida nacional muy fuerte para el jueves 13 de mayo y sobre el inicio de la medida el gobierno convocó a las organizaciones y les prometió una respuesta positiva. Si el gobierno no cumple en tiempo y forma tendrá un conflicto social de alta combatividad. O atiende los reclamos o pondrá a Sergio Berni a hacer lo de Guernica en alta escala. Y de algo así no se vuelve…
Se necesita subir los salarios, jubilaciones y planes; aumentar los gastos de la pandemia y cubrir las restricciones con nuevos IFE y ATP, que el gobierno nacional no quiere aprobar.
En vez de estar enfrascado en estos debates para adoptar medidas de ese tipo, el presidente y sus ministros siguen enfocados en legalizar la deuda externa, negociando con el FMI y el Club de París una postergación de pagos y quita de sobrecargos. Ese fue el sentido de su promocionada gira europea y reunión con el Papa.
AF no quiere meter mano en los banqueros. Dice ser rockero, pero olvidó lo que cantaba Andrés Calamaro en Alta Suciedad: “señor banquero, devuélvame el dinero, estoy cansado de los que vienen de amigos y lo único que quieren es llenarme el agujero”. Cantálo de nuevo Andrés.
