Concesiones a exportadores, automotrices, petroleras y el FMI
OPINIÓN de Sergio Ortiz
SALIR DE GUATEMALA Y CAER EN GUATEPEOR
El 12 de septiembre fue muy aciago para el peronismo en todas sus variantes (descontando los grupos de Duhalde y Pichetto, aliados indirectos y directos de Juntos por el Cambio). En las PASO de ese día, el Frente de Todos perdió por diez puntos en todo el país, incluida la estratégica Buenos Aires por más de cuatro puntos.
El mapa del país no quedó como la camiseta de Boca, con una franja central pintada de amarillo (CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza), como en la elección anterior. El oficialismo perdió en 18 distritos de los 24 del país. Argentina fue casi toda una camiseta amarilla, boquense, la misma que hoy capituló en el Monumental ante la Banda del Muñeco.
La derrota del FDT tuvo aspectos sorpresivos. Se veía el declive, pero no se creía que fuera tanto. En comparación con las PASO de dos años atrás el peronismo vió evaporarse más de cuatro millones de sufragios. Los consideraba propios, como su sacrosanta propiedad privada y fueron expropiados por sí mismo. Los abandonaron porque la política de estos dos años tuvo muy poco que ver con las promesas de aquella campaña.
Un solo ejemplo para los desmemoriados: Alberto Fernández dijo que aumentaría el 20 por ciento que los jubilados habían perdido con el macrismo y les daría los remedios gratis. Cuando la derecha macrista y sus medios de desinformación le inquirieron de dónde saldrían los fondos para eso, contestó que prefería pagar a los jubilados y no las Leliq de los bancos.
La realidad indica que las entidades bancarias tienen 4,8 billones de pesos y el Banco Central les llevaba pagados en 2021 hasta agosto 800.000 millones de pesos. En cambio a los jubilados el aumento de este mes será de 318 pesos. Y sus remedios no son gratis al 100 por ciento. Una persona con diabetes tiene gratis la metformina, pero paga el 50 por ciento del Preterax y el Allopurinol.
Las ganancias de los bancos siguieron empinadas, rozando el cielo. “En abril, por ejemplo, el sector financiero acumuló utilidades por $ 162.000 millones en los últimos 12 meses”, se lee en Clarín (8/7). Y si bien este diario suele mentir, en este caso el dato es objetivo; incluso lo presenta como un resultado “deficitario” en comparación con los miles de millones ganados en 2020.
La política es un arte complejo, pero ciertas cosas son simples. Si les das tanto a los bancos, monopolios y exportadores, es porque les das menos a los sectores populares, que ya venían empobrecidos en los cuatro años de macrismo y necesitaban respuestas urgentes.
LAS VAQUITAS SON AJENAS, LOS DÓLARES TAMBIÉN
Una buena lectura de la derrota electoral habría conducido a una rectificación de las políticas cuyos máximos responsables eran la dupla Fernández y un escalón más abajo Martín Guzmán, Matías Kulfas y Miguel Pesce, responsables de Economía, Desarrollo Productivo y el Banco Central.
La cúpula del gobierno entró en una vorágine de recriminaciones internas y recambios ministeriales, de acuerdo a la lógica cristinista de “funcionarios que no funcionan”. Eso hicieron, en vez de cambiar las políticas que no funcionan porque atentan contra los intereses populares.
Lo único bueno de esa crisis política y de gabinete es que salió a la luz la magnitud del ajuste fiscal que venían ejecutando. No ponían plata en el bolsillo de la gente para poder sobrecumplir las metas fiscales que el FMI les vigilanteaba aún antes de haber firmado la renegociación de la deuda fraudulenta contraída por Mauricio Macri en 2018. Son más papistas que el Papa…
La peronización del gabinete con Juan Manzur en la jefatura, Aníbal Fernández en Seguridad y Julián Domínguez en Agricultura y Ganadería, no generaría resultados muy diferentes a sus predecesores. Los apologistas del mayor “volumen político” subrayan que Manzur llega a las 7 de la mañana y llama a los ministros. Entre la actividad y la molicie, mejor la primera, a condición de hacer cosas buenas. De lo contrario uno se acuerda de un dicho del general: “al pedo, pero temprano”.
¿Qué fue lo más importante de Manzur, secundando al presidente, la vice y Domínguez? El gobernador tucumano en uso de licencia puede atribuirse méritos, igual que el flamante ministro de Agricultura, pero el proyecto de ley que presentaron el jueves 30 en el Museo del Bicentenario data de un año y medio antes. Su pomposo nombre es “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Y fue una iniciativa no del gobierno sino del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 52 cámaras de comercio, bolsas de cereales, cerealeras, exportadoras y agentes del agrobusiness.
El economista Horacio Rovelli, en su nota del Cohete a la Luna (3/10), titulada “El Pacto Agropecuario”, afirmó que “el gobierno cava su propia fosa al aliarse al principal interesado en devaluar nuestra moneda”. Explicó que las inversiones del sector tendrán una amortización acelerada y con ello generarán menos ganancia contable y en consecuencia pagarán menos impuestos. También estarán eximidos de impuestos al ganado durante el engorde: recién abonarán ganancias cuando lo vendan. Y les devolverán el IVA en tres cuotas en vez de cinco años, para ganancia de los frigoríficos, acopios y usinas lácteas.
¿Son empresarios nacionales, como presume la sigla que los agrupa? No. Algunos son del Centro de Exportadores de Cereales: AGD, ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Cargill, Molino Agro, Glencore, de Renova y Oleaginosa Moreno.
Otra pregunta. ¿Son Pymes muy necesitados de subsidios, reintegros y baja de retenciones porque están en crisis? Rovelli, profesor universitario de gran formación, puntualizó: “CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) declaran haber ingresado en los primeros ocho meses del año, 23.229,2 millones de dólares por la venta de 74,32 millones de toneladas de granos y derivados”. Tienen el 65 por ciento de las exportaciones nacionales.
La realidad indica que las entidades bancarias tienen 4,8 billones de pesos y el Banco Central les llevaba pagados en 2021 hasta agosto 800.000 millones de pesos. En cambio a los jubilados el aumento de este mes será de 318 pesos. Y sus remedios no son gratis al 100 por ciento. Una persona con diabetes tiene gratis la metformina, pero paga el 50 por ciento del Preterax y el Allopurinol.
Las ganancias de los bancos siguieron empinadas, rozando el cielo. “En abril, por ejemplo, el sector financiero acumuló utilidades por $ 162.000 millones en los últimos 12 meses”, se lee en Clarín (8/7). Y si bien este diario suele mentir, en este caso el dato es objetivo; incluso lo presenta como un resultado “deficitario” en comparación con los miles de millones ganados en 2020.
La política es un arte complejo, pero ciertas cosas son simples. Si les das tanto a los bancos, monopolios y exportadores, es porque les das menos a los sectores populares, que ya venían empobrecidos en los cuatro años de macrismo y necesitaban respuestas urgentes.
LAS VAQUITAS SON AJENAS, LOS DÓLARES TAMBIÉN
Una buena lectura de la derrota electoral habría conducido a una rectificación de las políticas cuyos máximos responsables eran la dupla Fernández y un escalón más abajo Martín Guzmán, Matías Kulfas y Miguel Pesce, responsables de Economía, Desarrollo Productivo y el Banco Central.
La cúpula del gobierno entró en una vorágine de recriminaciones internas y recambios ministeriales, de acuerdo a la lógica cristinista de “funcionarios que no funcionan”. Eso hicieron, en vez de cambiar las políticas que no funcionan porque atentan contra los intereses populares.
Lo único bueno de esa crisis política y de gabinete es que salió a la luz la magnitud del ajuste fiscal que venían ejecutando. No ponían plata en el bolsillo de la gente para poder sobrecumplir las metas fiscales que el FMI les vigilanteaba aún antes de haber firmado la renegociación de la deuda fraudulenta contraída por Mauricio Macri en 2018. Son más papistas que el Papa…
La peronización del gabinete con Juan Manzur en la jefatura, Aníbal Fernández en Seguridad y Julián Domínguez en Agricultura y Ganadería, no generaría resultados muy diferentes a sus predecesores. Los apologistas del mayor “volumen político” subrayan que Manzur llega a las 7 de la mañana y llama a los ministros. Entre la actividad y la molicie, mejor la primera, a condición de hacer cosas buenas. De lo contrario uno se acuerda de un dicho del general: “al pedo, pero temprano”.
¿Qué fue lo más importante de Manzur, secundando al presidente, la vice y Domínguez? El gobernador tucumano en uso de licencia puede atribuirse méritos, igual que el flamante ministro de Agricultura, pero el proyecto de ley que presentaron el jueves 30 en el Museo del Bicentenario data de un año y medio antes. Su pomposo nombre es “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Y fue una iniciativa no del gobierno sino del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 52 cámaras de comercio, bolsas de cereales, cerealeras, exportadoras y agentes del agrobusiness.
El economista Horacio Rovelli, en su nota del Cohete a la Luna (3/10), titulada “El Pacto Agropecuario”, afirmó que “el gobierno cava su propia fosa al aliarse al principal interesado en devaluar nuestra moneda”. Explicó que las inversiones del sector tendrán una amortización acelerada y con ello generarán menos ganancia contable y en consecuencia pagarán menos impuestos. También estarán eximidos de impuestos al ganado durante el engorde: recién abonarán ganancias cuando lo vendan. Y les devolverán el IVA en tres cuotas en vez de cinco años, para ganancia de los frigoríficos, acopios y usinas lácteas.
¿Son empresarios nacionales, como presume la sigla que los agrupa? No. Algunos son del Centro de Exportadores de Cereales: AGD, ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Cargill, Molino Agro, Glencore, de Renova y Oleaginosa Moreno.
Otra pregunta. ¿Son Pymes muy necesitados de subsidios, reintegros y baja de retenciones porque están en crisis? Rovelli, profesor universitario de gran formación, puntualizó: “CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) declaran haber ingresado en los primeros ocho meses del año, 23.229,2 millones de dólares por la venta de 74,32 millones de toneladas de granos y derivados”. Tienen el 65 por ciento de las exportaciones nacionales.
GIRO A LA DERECHA
Es un tremendo error político inclinarse al acuerdo con estos monopolios, agrogarcas y exportadores, hasta 2025, a cambio que el Estado ingrese unos miles de millones de dólares más. Además es imperdonable porque esos actores de la cadena de alimentos son los responsables de las subas de los precios de los mismos. Desde diciembre de 2019 el salario mínimo subió 100 por ciento, pero el aceite el 250, el arroz el 200 y la carne el 170.
Es un pacto con los exportadores y los dueños de los dólares. Estos tienen gran incidencia en la inflación porque especulan con las divisas, siempre al alza; y porque quieren cobrar en el mercado interno lo mismo que en el internacional.
Este giro a la derecha no garantiza ni un puchero. Los popes de la Mesa de Enlace, que salvo la Suciedad Rural también son parte del CAA, se reunieron con Domínguez. Recibieron contentos la reanudación de exportaciones de vacas conserva, pero filtraron una noticia obvia: va a haber nuevos aumentos de precios de la carne. Alegaron que la gente tendrá algo más de platita en el bolsillo. La quieren para ellos…
Los acuerdos con los monopolios no acaban allí. También se envió un proyecto de ley de hidrocarburos, para bajar impuestos, pagar reintegros y dar dólar libre a las exportaciones, para incentivar nuevas inversiones.
YPF ya no es la esperanza nacional que se forjó con su nacionalización en 2012 y ni siquiera activó “YPF Agro” que supuestamente iba a poner un pie estatal en el sector agrario y alimenticio exportador. Ahora es una tramitadora de los subsidios para las multinacionales Total, Shell, Exxon, Chevron y Panamerican, así como para las gasíferas, que también recibieron su ofrenda, con el plan Gas 4. Un defensor del gobierno, Marcos Rebasa, desilusionado, calificó la propuesta oficial como “inoportuna e innecesaria”. Explicó: “Las demás cláusulas del extenso proyecto, destinado a la industria de exportación de gas al mercado internacional, no justifican la importante cantidad de beneficios, excepciones, avales y garantías que se conceden por 20 años a los inversionistas”. Juan José Aranguren, ex Shell, diría, “esto es plagio”.
Esto parece lo que los cuyanos llaman “el negocio de los pelones”, por no decir pelotudos. Más subsidios y ventajas del Estado a los monopolios, con la justificación de mayor producción y exportación. Todo verso. Baste recordar el mayor embuste en esta materia, Vaca Muerta, presentada como el golazo mayor de la historia, la segunda mayor área mundial de shale gas y petróleo de fracking, que justificó millonarios subsidios a aquella caterva de monopolios, incluido Tecpetrol-Techint. Iba a generar miles de millones de dólares de ingresos, millones de puestos de trabajo directos e indirectos, etc.
Aquellas corporaciones son más ricas, pero la Patagonia sigue hundida en la pobreza como siempre y los pueblos originarios todavía un poco más.
TODO PARA EL FONDO
Estos proyectos de leyes y decretos en marcha (carnes, con el CAA, incentivos hidrocarburos y plan Gas 4) tienen un común denominador. La idea del gobierno es garantizar más ventas al exterior y sumar divisas, juntar dólares y afrontar la deuda externa a Blackrock y los fondos privados, acordados en agosto del 2020, y los pagos al FMI. A éste se le hizo un pago de capital de 1.885 millones de dólares el 22/9 y habrá otro igual el 22/12, en tanto se negocia la rendición incondicional. Esta no dirá “incondicional”, como la que firmó el general Mario B. Menéndez en Malvinas, pero fue tal y esta pinta igual.
Una diferencia con el pago de 10.000 millones de dólares que en 2006 hizo el entonces presidente Néstor Kirchner al FMI, es que aquélla era una deuda relativamente legal, a diferencia de la fraudulenta contraída por Macri. Además ese pago alejó al Fondo de nuestra economía hasta 2018. En cambio la negociación actual legalizará la presencia de la entidad exigiendo menos gasto público, menos emisión, más reservas (con un dólar más caro) y más exportaciones. El objetivo es cobrar 19.000 millones a lo largo de 2022 y misma cantidad en 2023, o bien diferir capital pero con más intereses y recargos.
Mientras tanto el INDEC concluyó que en el primer semestre de este año la pobreza afectó al 40,6 por ciento de los argentinos, de los cuales 10,8 son indigentes. Estamos hablando de 18.8 millones de personas, con un índice de pobreza en la infancia cercano al 60 por ciento.
Estómago, conciencia política y voto no siempre van de la mano. Es lamentable que el gobierno que prometió tanto en 2019 haya caído tan bajo. Su desvelo está puesto en el voto del 14 de noviembre. Su mejor programa debió ser que la población tenga las cuatro comidas diarias y un trabajo digno. En vez de eso sus cuatro banderas son: subsidios al CAA, subsidios a las petroleras, subsidios a las gasíferas y pago al FMI.
Es un tremendo error político inclinarse al acuerdo con estos monopolios, agrogarcas y exportadores, hasta 2025, a cambio que el Estado ingrese unos miles de millones de dólares más. Además es imperdonable porque esos actores de la cadena de alimentos son los responsables de las subas de los precios de los mismos. Desde diciembre de 2019 el salario mínimo subió 100 por ciento, pero el aceite el 250, el arroz el 200 y la carne el 170.
Es un pacto con los exportadores y los dueños de los dólares. Estos tienen gran incidencia en la inflación porque especulan con las divisas, siempre al alza; y porque quieren cobrar en el mercado interno lo mismo que en el internacional.
Este giro a la derecha no garantiza ni un puchero. Los popes de la Mesa de Enlace, que salvo la Suciedad Rural también son parte del CAA, se reunieron con Domínguez. Recibieron contentos la reanudación de exportaciones de vacas conserva, pero filtraron una noticia obvia: va a haber nuevos aumentos de precios de la carne. Alegaron que la gente tendrá algo más de platita en el bolsillo. La quieren para ellos…
Los acuerdos con los monopolios no acaban allí. También se envió un proyecto de ley de hidrocarburos, para bajar impuestos, pagar reintegros y dar dólar libre a las exportaciones, para incentivar nuevas inversiones.
YPF ya no es la esperanza nacional que se forjó con su nacionalización en 2012 y ni siquiera activó “YPF Agro” que supuestamente iba a poner un pie estatal en el sector agrario y alimenticio exportador. Ahora es una tramitadora de los subsidios para las multinacionales Total, Shell, Exxon, Chevron y Panamerican, así como para las gasíferas, que también recibieron su ofrenda, con el plan Gas 4. Un defensor del gobierno, Marcos Rebasa, desilusionado, calificó la propuesta oficial como “inoportuna e innecesaria”. Explicó: “Las demás cláusulas del extenso proyecto, destinado a la industria de exportación de gas al mercado internacional, no justifican la importante cantidad de beneficios, excepciones, avales y garantías que se conceden por 20 años a los inversionistas”. Juan José Aranguren, ex Shell, diría, “esto es plagio”.
Esto parece lo que los cuyanos llaman “el negocio de los pelones”, por no decir pelotudos. Más subsidios y ventajas del Estado a los monopolios, con la justificación de mayor producción y exportación. Todo verso. Baste recordar el mayor embuste en esta materia, Vaca Muerta, presentada como el golazo mayor de la historia, la segunda mayor área mundial de shale gas y petróleo de fracking, que justificó millonarios subsidios a aquella caterva de monopolios, incluido Tecpetrol-Techint. Iba a generar miles de millones de dólares de ingresos, millones de puestos de trabajo directos e indirectos, etc.
Aquellas corporaciones son más ricas, pero la Patagonia sigue hundida en la pobreza como siempre y los pueblos originarios todavía un poco más.
TODO PARA EL FONDO
Estos proyectos de leyes y decretos en marcha (carnes, con el CAA, incentivos hidrocarburos y plan Gas 4) tienen un común denominador. La idea del gobierno es garantizar más ventas al exterior y sumar divisas, juntar dólares y afrontar la deuda externa a Blackrock y los fondos privados, acordados en agosto del 2020, y los pagos al FMI. A éste se le hizo un pago de capital de 1.885 millones de dólares el 22/9 y habrá otro igual el 22/12, en tanto se negocia la rendición incondicional. Esta no dirá “incondicional”, como la que firmó el general Mario B. Menéndez en Malvinas, pero fue tal y esta pinta igual.
Una diferencia con el pago de 10.000 millones de dólares que en 2006 hizo el entonces presidente Néstor Kirchner al FMI, es que aquélla era una deuda relativamente legal, a diferencia de la fraudulenta contraída por Macri. Además ese pago alejó al Fondo de nuestra economía hasta 2018. En cambio la negociación actual legalizará la presencia de la entidad exigiendo menos gasto público, menos emisión, más reservas (con un dólar más caro) y más exportaciones. El objetivo es cobrar 19.000 millones a lo largo de 2022 y misma cantidad en 2023, o bien diferir capital pero con más intereses y recargos.
Mientras tanto el INDEC concluyó que en el primer semestre de este año la pobreza afectó al 40,6 por ciento de los argentinos, de los cuales 10,8 son indigentes. Estamos hablando de 18.8 millones de personas, con un índice de pobreza en la infancia cercano al 60 por ciento.
Estómago, conciencia política y voto no siempre van de la mano. Es lamentable que el gobierno que prometió tanto en 2019 haya caído tan bajo. Su desvelo está puesto en el voto del 14 de noviembre. Su mejor programa debió ser que la población tenga las cuatro comidas diarias y un trabajo digno. En vez de eso sus cuatro banderas son: subsidios al CAA, subsidios a las petroleras, subsidios a las gasíferas y pago al FMI.
