MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Aministía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles "la impunidad desenfrenada" de las milicias y grumos armados, que representan un serio obstáculo para celebrar unas elecciones en Libia libres, "sin coacción ni intimidación", en medio del retraso electoral y el baile de candidatos.
Aministía Internacional destaca que, en el período previo a las elecciones, ahora pospuestas, milicias y grupos armados de todo el país han intensificado su violencia contra las voces disidentes, han restringido el espacio cívico y han atacado tanto a los funcionarios electorales como a sus infraestructuras, cuya misión es garantizar los comicios.
AI apunta en un informe que, mientras se debatía sobre la validez de las leyes electorales y la elegibilidad de los candidatos, las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), un grupo armado que ejerce control sobre las franjas este y sur de Libia, cometían abusos contra la población en un "clima de impunidad".
A finales de noviembre, el jefe de la Comisión Electoral Nacional Superior (HNEC), Emad al Sayé, expresó su preocupación por la seguridad del personal después de que varios hombres armados asaltaran y forzaran el cierre de al menos cuatro de sus oficinas regionales. Varios miembros del HNEC y funcionarios aseguraron haber sido amenazados por milicias y grupos armados.
Asimismo, a principios de diciembre, hombres armados no identificados allanaron cinco colegios electorales en Trípoli y se llevaron material electoral. AI también relata que un miembro del personal de HNEC fue secuestrado.
Además, un video examinado por Amnistía Internacional que se distribuyó el 8 de diciembre, mostraba a hombres armados --identificados como miembros de varias milicias de Zauiya, Trípoli y Misrata-- entrando en las instalaciones de HNEC en Zauiya, ciudad en el noroeste de Libia a 40 kilómetros de Trípoli, la capital, exigiendo posponer las elecciones.
En Sabha, en el suroeste de Libia, grupos armados rodearon la corte de Justicia de la ciudad entre el 29 y el 2 de diciembre, impidiendo que los jueces pudieran examinar la apelación presentada por el abogado del hijo del exlíder libio Muamar Gadafi, Saif al Islam, por su exclusión como candidato a las elecciones. Una fuente local informó a AI de que esos mismos hombres sin identificar amenazaron vía telefónica a varios jueces de Sabha y les ordenaron no asistir a la audiencia de apelación.
Sobre ese mismo suceso, Amnistía Internacional explica en el informe que examinó fotografías que mostraban a hombres armados vestidos de militar con el logo de la Brigada Tariq ibn Zeyad, grupo armado afiliado a las LAAF, rodeando el juzgado.
Amnistía detalla varios sucesos similares a lo largo de todo el informe: secuestros a manifestantes, periodistas y activistas por expresar su apoyo a candidatos específicos y ataques a oficinas y amenazas al personal de HNEC.
Además, la organización ha puesto el foco en las mujeres y ha denunciado que, cada vez más, se producen desapariciones forzosas, asesinatos, otros ataques violentos y acoso y violencia de género hacia las mujeres libias.
"Este ambiente helado socava el derecho de las mujeres a la participación política y las disuade de la participación pública", ha dicho AI en un comunicado, poniendo como ejemplo el secuestro de la parlamentaria Siham Sergiwa en julio de 2019, que pidió una noche antes el fin de la violencia de las LAAF en Trípoli.
"Testigos del secuestro de Sergiwa y varias fotografías examinadas por Amnistía Internacional apuntan a que había grafitis en la pared de su casa como prueba de que Awliya al Dam, un grupo armado afiliado a las LAAF, es el responsable", ha denunciado en el comunicado.
Por todo ello, ha pedido a la comunidad internacional que cumpla su papel, no solo para garantizar los comicios, sino también para que se cumplan los Derechos Humanos. Además, ha pedido a los estados miembros de la ONU que se garantice el embargo de armas, en vigor en Libia desde 2011.
"Los miembros de la comunidad internacional y la Misión de Apoyo de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) también deben apoyar los esfuerzos para asegurar que aquellos, razonablemente sospechosos, de haber cometido crímenes bajo el Derecho Internacional se enfrenten a investigaciones", ha zanjado.
