Un panel internacional de expertos en derechos humanos pidió el pasado 13 de mayo a Taiwán que pusiera fin a la práctica "cruel y degradante" de la pena capital.
En sus Observaciones Finales y Recomendaciones emitidas el 13 de mayo, el grupo de nueve miembros dijo que estaba "extremadamente decepcionado" por el hecho de que el gobierno de Taiwán no abordara el problema a pesar de los persistentes llamados a la abolición de la pena de muerte en el país.
Invitado por el gobierno de Taiwán, el grupo llevó a cabo una revisión de cinco días del 9 al 13 de mayo en Taipei sobre la implementación del país de dos pactos relacionados con los derechos humanos de las Naciones Unidas, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el International Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Si bien Taiwán ha mejorado sustancialmente su historial de derechos humanos a lo largo de los años, algunos problemas de larga data, como el uso continuado de la pena de muerte, no se abordaron de manera adecuada, Manfred Nowak, un abogado de derechos humanos austriaco que anteriormente se desempeñó como Relator Especial de la ONU sobre Tortura, dijo en una conferencia de prensa el 13 de mayo.
“Taiwán ya se encuentra entre un número muy, muy pequeño de países en el mundo que aún conservan la pena de muerte, y los argumentos que el gobierno repite una y otra vez están lejos de ser convincentes”, dijo Nowak.
"Hacemos un llamado enérgico al Yuan Ejecutivo para que declare inmediatamente una moratoria de las ejecuciones", dijo Nowak, y agregó que el castigo "cruel, inhumano y degradante" violaba los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al mismo tiempo, todas las sentencias de muerte deben ser conmutadas de inmediato y el Ministro de Justicia de Taiwán ya no debe firmar órdenes de ejecución, dijo Nowak.
Taiwán tiene el potencial de convertirse en el abanderado asiático en el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos internacionales, pero nunca lo logrará mientras la pena de muerte siga siendo un elemento de su sistema de justicia penal, agregó Nowak.
En respuesta a los comentarios hechos por el panel, el portavoz del gabinete, Lo Ping-cheng, enfatizó que la abolición gradual de la pena capital sigue siendo el objetivo del gobierno.
Lo, sin embargo, dijo en el evento de prensa que había una falta de consenso sobre el asunto en la sociedad taiwanesa, e insinuó que es posible que no se realice una revisión de la política actual en el corto plazo.
El gobierno ha tomado nota de las sugerencias hechas por los expertos internacionales en derechos humanos y se reunirá para discutir la factibilidad de declarar una moratoria en las ejecuciones, dijo Lo.
Taiwán llevó a cabo la última ejecución de un prisionero en 2020, y actualmente hay 38 prisioneros en el corredor de la muerte.
Según Lo, los 38 presos condenados a muerte han llevado su caso ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, han recibido una suspensión de la ejecución garantizada por ley.
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