Las relaciones sexuales sin consentimiento serán consideradas agresión en España. El Parlamento del país ha aprobado una reforma del Código Penal, que elimina la distinción entre abuso y violación y regula la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales. Toda relación sin dicho consentimiento será considerada agresión. La coalición de izquierda en el Gobierno celebra el resultado de la votación.
"Esta ley supone un cambio de paradigma, un cambio completo de paradigma. Si no hay consentimiento explícito de las mujeres lo que se está produciendo es una agresión, así y así de claro señoría. Estrechamos así el margen de las interpretaciones machistas que se hacen sobre el comportamiento de las mujeres. Se acabó aquello de que llevábamos la falda muy corta o si cerrábamos o no las piernas", afirmaba frente a la cámara en su intervención Laura Berja, diputada del Partido Socialista.
La nueva ley explica que solo se entenderá que hay consentimiento, cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
Por su parte, el derechista Partido Popular considera que la normativa pone en peligro la presunción de inocencia al hacer que sea el denunciado el que tenga que demostrar que no lo hizo. La extrema derecha de vox va aún más lejos...
"El objetivo de esta ley no es proteger a la mujer, es destruir al hombre", afirmaba la diputada de VOX Carla Toscano.
La ley de Garantía de la Libertad Sexual tiene su origen en la polémica generada tras el caso de La Manada. En el que cinco hombres fueron condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales cometidos en grupo contra a una mujer de 18 años. Tras ser elevada la causa al Tribunal Supremo, la pena aumentó a 15 años y el juez afirmó que se trataba de una violación grupal y no de un mero abuso.
La ley considera también ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y reconoce el derecho a la residencia y al trabajo de sus víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.
La ley consigna la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales y medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos.
La norma prevé una pena de multa de uno a tres meses para quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente su intimidad.
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