OPINIÓN de Sergio Ortiz
LAWFARE A FULL
Ya que a la persecución política se la nombra en inglés, diremos lawfare a full. Persecución política a fondo. Eso viene practicando hace años la justicia federal, sobre todo desde tiempos macristas.
A diferencia de la creencia generalizada de que esa modalidad infame comenzó contra Cristina Fernández de Kirchner, eso se inició en Jujuy contra Milagro Sala y la Tupac Amaru. Siguió en Buenos Aires contra militantes populares como Fernando Esteche y otros acusados por la causa del Memorando con Irán. También a Julio De Vido (a quien no lo defendió la bancada propia a la hora de retirarle fueros e incluso hubo quienes votaron el desafuero, como la hermana del ministro de Justicia).
Por su envergadura política y el volumen electoral, Cristina Fernández de Kirchner fue el blanco más deseado de la derecha política macrista y sus palancas judiciales.
Por eso le abrieron varias causas, por denuncias de Elisa Carrió, Mariana Zuvic, Margarita Stolbizer y otros denunciadores seriales que tuvieron gran acogida en jueces y fiscales de Inodoro Py. Los extraños sorteos recaían en el juzgado de Claudio Bonadío y la fiscalía de Carlos Stornelli, pero también en los de Ercolini, Pollicita y otros de similar filiación partidaria.
La falta de pruebas y manipulación política evidente fueron dejando algunas causas en el camino, como la de Dólar Futuro, Plan Qunita, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. No se dieron por rendidos el Partido Judicial, la ex Mesa judicial que dirigía el prófugo Pepín Rodríguez Simón y el equipo del Liverpool bonaerense, que hace las veces de local en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.
Y volvieron a la carga con la “Causa Vialidad”, tramitada ante el Tribunal Oral Federal 2. El 2 de agosto pasado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron sus acusaciones contra 13 procesados, entre ellos la vicepresidenta de la Nación. Después de 9 jornadas, Luciani concretó el lunes 22 su pedido de 12 años de prisión para Cristina, con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado con licitaciones de Lázaro Báez y sus empresas en Santa Cruz.
El fiscal arengó con que “Corrupción o Justicia” es la contradicción principal del momento. Sin menospreciar el problema de la corrupción, el mayor drama de la Argentina es la dependencia del imperialismo, la fraudulenta deuda externa y el poder de los monopolios extranjeros y nacionales sobre los recursos y bienes más importantes. Esa matriz capitalista dependiente, fuertemente extractivista, agroexportadora y minera, operada por grandes bancos, genera mucha pobreza, desigualdad y hambre en nuestra gente. Este es el drama que no se ve desde las alturas de Inodoro Py.
¿TONELADAS DE PRUEBAS?
En este juicio se buscó ensuciar en política a Cristina, de allí la citación a declarar en mayo de 2019, pocos meses antes de las PASO y las elecciones de ese año. Ya habiendo sido electa vicepresidenta, se la volvió a citar en diciembre de ese año, poco antes de asumir, con sentido liquidacionista.
Ahora el tribunal apuró el trámite, desechando los pedidos de la acusada para peritar toda la obra pública y los 51 contratos ganados por Austral Construcciones en la provincia patagónica, y no sólo 5 obras como finalmente se hizo. Cada cosa que pedían Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón en nombre de CFK era rechazada. Los tiempos políticos y electorales se imponían sobre los procesales, para que la derecha variopinta pudiera aprovechar la crisis política del gobierno del Frente de Todos, a partir de la derrota en las legislativas del 2021 y la fuerte inflación en 2022.
Los medios concentrados con Adrián Ventura, Luis Majul, Morales Solá, Pablo Rossi, Lucía Salinas, etc. repiquetearon con que el fiscal Luciani había reunido “tres toneladas” de pruebas. A lo largo del juicio tales pruebas brillaron por su ausencia.
En su última arenga, leída de su compu, el fiscal arremetió con dos elementos que no incriminan a la vicepresidenta. En primer término, abundó sobre los perjuicios de 5.321 millones de pesos que habrían provocado al Estado los contratos con Báez, actualizados a 2016. Y en segundo lugar, con las conexiones entre uno de los enjuiciados en esta causa, José López, ex Secretario de Obras Públicas, con empresarios que ganaban licitaciones, casos de Eduardo Gutiérrez (Farallón) y Nicolás Caputo (Socma).
Pero aquellas acusaciones, aún si fueran ciertas, no suponen ningún cargo serio contra CFK, pues los contratos fueron para obras en Santa Cruz, aprobadas por ley del Presupuesto Nacional y sin que se cobraran sobreprecios, según fueron peritadas por Vialidad Nacional. Y por otro lado, los chats de López confirmarían que era un funcionario corrupto, tanto como esos empresarios, pero por eso no debería condenarse a la presidenta. Se le podría reprochar que debe seleccionar mejor a sus funcionarios que no funcionan. Pero de allí a hacerla responsable de todo lo que hagan o digan sus subordinados, hay un largo trecho. Eso fue aprovechado por el oportunista Sergio “Embassy” Massa para defender indirectamente a Cristina y ocultar que desde el Frente Renovador y su alianza con Macri prometía terminar con el kirchnerismo y La Cámpora.
Como sea, de las tres toneladas no se vio ni un gramo. El presidente del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, está en un aprieto para dar por buenas las acusaciones infundadas de su amigo y coequiper Luciani. Al cronista, al escuchar a Luciani, le parecía estar viendo en TN al suicida Alberto Nisman tratando de fundamentar su acusación a la misma víctima por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y traición a la Patria. ¿Y si después de este momento de gloria, con toques de Clarinete, al fiscal de los dientes superpuestos le agarrara una fuerte depresión?
ASÍ ES LA GRAN BURGUESÍA
Un costado muy oligárquico que se deslizó en los medios monopólicos en contra de Báez fue que se enriqueció con Néstor y Cristina, siendo hasta 2003 un empleado bancario en Santa Cruz. Eso en sí no es un delito. Los que demonizan a Báez endiosan a Macri, Rocca, Blaquier, Pereda, Born y otros apellidos seudo patricios.
La burguesía y el capitalismo nacen rezumando lodo y sangre por todos sus poros, diría Carlos Marx. Y Báez no es ni mejor ni peor que esos otros grandes capitalistas, con la diferencia que el dueño de Austral está liquidado y los dueños de Techint, Ledesma, Molinos, Banco de Galicia, Macro, Cargill, Arcor, La Anónima, etc, siguen fugando, remarcando, evadiendo, explotando, etc.
Cristina parece ser inocente de los cargos que le formularon Luciani y Mola. El objetivo es fundirla y que el FDT pierda las elecciones del 2023, para asegurar la vuelta del neoliberalismo más extremo, incluso con un sector fascista como el de Milei y Espert.
En cambio ella no es inocente de haber favorecido durante sus gobiernos los negocios de toda la runfla capitalista y monopolista. De los negocios de la familia Kirchner con Báez no hace falta redundar y fueron legales, por contratos, alquileres, etc. También sus gobiernos favorecieron a monopolios tipo Techint, Arcor y empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El 2 de agosto de 2012 CFK fue al festejo por el 158 aniversario de esa entidad monopolista y declaró que “bancos y empresas nunca ganaron tanta plata como con este gobierno”. Adelmo Gabbi y demás directivos, aplaudían…
Esta causa Vialidad y la de Fotocopias de los Cuadernos son presentadas como “las más grandes exponentes de corrupción”. Los jueces y fiscales apuntan contra gobiernos y funcionarios peronistas, generalmente sin pruebas, salvo casos puntuales como el “bolsero” López, y salvan al macrismo y los grandes empresarios. Y éstos hicieron negocios con todos los gobiernos, desde la dictadura militar-cívica en adelante, incluyendo los K pero también a Macri. Este combinaba dos condiciones ideales para esos negocios sucios: empresario procesado en causas de Sideco y Correo, y jefe de gobierno en CABA desde 2007 a 2015 y presidente entre 2015 y 2019.
La causa Fotocopias mostró que la Cámara Argentina de la Construcción funcionaba como un club VIP que arreglaba las licitaciones, las repartía y pagaba coimas. Su mayor socio no era Báez, sino Techint, Roggio, Wagner-Esuco, Caputo-Socma, Grupo Petersen-Eskenazi, etc. A ellos en esa causa ni en la de Vialidad le tiraron ni una piedrita…
Paradojalmente Cristina ayer recordó en su alegato un caso flagrante de un acuerdo K con esos monopolios: en 2007 Néstor Kirchner aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal pedida por Héctor Magnetto (Clarín). Por suerte Alejandra Gils Carbó logró demorar esa maniobra.
En forma sesgada, se acusa a los K de su relación con Báez, pero no dicen nada de los vínculos de esos gobiernos y el macrismo, de relación más estrecha aún, con los monopolios tradicionales, “históricos”, del establishment.
LO MÁS IMPORTANTE
La persecución política contra CFK es grave. Sin embargo, lo más grave no es eso sino el plan de ajuste que lleva adelante el gobierno que ella integra en forma destacada. Ayer se conocieron detalles del cumplimiento de los acuerdos de cogobierno con el FMI que podarán 50.000 millones de pesos en el ministerio de Educación y en otras carteras por 210.000 millones, por órdenes de Massa y Gabriel Rubinstein.
Otro caso terrible es que el salario mínimo, que las organizaciones sociales reclamaban fuera de 110.000 pesos, sólo será aumentado 21 por ciento en tres cuotas. Será de 51.200 pesos en septiembre. Lo decidieron el gobierno, la CGT y las cámaras empresarias UIA, CAME, Adeba, Bolsa de Comercio y Coninagro.
Siendo esas cuestiones fundamentales, no hubo movilizaciones del oficialismo en las calles para rechazar ese ajuste. En cambio, cuando tocaron a “la jefa”, los K se indignaron y fueron a la Recoleta y el Congreso. Una desconexión peligrosa. ¿No podían hacer las dos cosas?
LAWFARE A FULL
Ya que a la persecución política se la nombra en inglés, diremos lawfare a full. Persecución política a fondo. Eso viene practicando hace años la justicia federal, sobre todo desde tiempos macristas.
A diferencia de la creencia generalizada de que esa modalidad infame comenzó contra Cristina Fernández de Kirchner, eso se inició en Jujuy contra Milagro Sala y la Tupac Amaru. Siguió en Buenos Aires contra militantes populares como Fernando Esteche y otros acusados por la causa del Memorando con Irán. También a Julio De Vido (a quien no lo defendió la bancada propia a la hora de retirarle fueros e incluso hubo quienes votaron el desafuero, como la hermana del ministro de Justicia).
Por su envergadura política y el volumen electoral, Cristina Fernández de Kirchner fue el blanco más deseado de la derecha política macrista y sus palancas judiciales.
Por eso le abrieron varias causas, por denuncias de Elisa Carrió, Mariana Zuvic, Margarita Stolbizer y otros denunciadores seriales que tuvieron gran acogida en jueces y fiscales de Inodoro Py. Los extraños sorteos recaían en el juzgado de Claudio Bonadío y la fiscalía de Carlos Stornelli, pero también en los de Ercolini, Pollicita y otros de similar filiación partidaria.
La falta de pruebas y manipulación política evidente fueron dejando algunas causas en el camino, como la de Dólar Futuro, Plan Qunita, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. No se dieron por rendidos el Partido Judicial, la ex Mesa judicial que dirigía el prófugo Pepín Rodríguez Simón y el equipo del Liverpool bonaerense, que hace las veces de local en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.
Y volvieron a la carga con la “Causa Vialidad”, tramitada ante el Tribunal Oral Federal 2. El 2 de agosto pasado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron sus acusaciones contra 13 procesados, entre ellos la vicepresidenta de la Nación. Después de 9 jornadas, Luciani concretó el lunes 22 su pedido de 12 años de prisión para Cristina, con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado con licitaciones de Lázaro Báez y sus empresas en Santa Cruz.
El fiscal arengó con que “Corrupción o Justicia” es la contradicción principal del momento. Sin menospreciar el problema de la corrupción, el mayor drama de la Argentina es la dependencia del imperialismo, la fraudulenta deuda externa y el poder de los monopolios extranjeros y nacionales sobre los recursos y bienes más importantes. Esa matriz capitalista dependiente, fuertemente extractivista, agroexportadora y minera, operada por grandes bancos, genera mucha pobreza, desigualdad y hambre en nuestra gente. Este es el drama que no se ve desde las alturas de Inodoro Py.
¿TONELADAS DE PRUEBAS?
En este juicio se buscó ensuciar en política a Cristina, de allí la citación a declarar en mayo de 2019, pocos meses antes de las PASO y las elecciones de ese año. Ya habiendo sido electa vicepresidenta, se la volvió a citar en diciembre de ese año, poco antes de asumir, con sentido liquidacionista.
Ahora el tribunal apuró el trámite, desechando los pedidos de la acusada para peritar toda la obra pública y los 51 contratos ganados por Austral Construcciones en la provincia patagónica, y no sólo 5 obras como finalmente se hizo. Cada cosa que pedían Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón en nombre de CFK era rechazada. Los tiempos políticos y electorales se imponían sobre los procesales, para que la derecha variopinta pudiera aprovechar la crisis política del gobierno del Frente de Todos, a partir de la derrota en las legislativas del 2021 y la fuerte inflación en 2022.
Los medios concentrados con Adrián Ventura, Luis Majul, Morales Solá, Pablo Rossi, Lucía Salinas, etc. repiquetearon con que el fiscal Luciani había reunido “tres toneladas” de pruebas. A lo largo del juicio tales pruebas brillaron por su ausencia.
En su última arenga, leída de su compu, el fiscal arremetió con dos elementos que no incriminan a la vicepresidenta. En primer término, abundó sobre los perjuicios de 5.321 millones de pesos que habrían provocado al Estado los contratos con Báez, actualizados a 2016. Y en segundo lugar, con las conexiones entre uno de los enjuiciados en esta causa, José López, ex Secretario de Obras Públicas, con empresarios que ganaban licitaciones, casos de Eduardo Gutiérrez (Farallón) y Nicolás Caputo (Socma).
Pero aquellas acusaciones, aún si fueran ciertas, no suponen ningún cargo serio contra CFK, pues los contratos fueron para obras en Santa Cruz, aprobadas por ley del Presupuesto Nacional y sin que se cobraran sobreprecios, según fueron peritadas por Vialidad Nacional. Y por otro lado, los chats de López confirmarían que era un funcionario corrupto, tanto como esos empresarios, pero por eso no debería condenarse a la presidenta. Se le podría reprochar que debe seleccionar mejor a sus funcionarios que no funcionan. Pero de allí a hacerla responsable de todo lo que hagan o digan sus subordinados, hay un largo trecho. Eso fue aprovechado por el oportunista Sergio “Embassy” Massa para defender indirectamente a Cristina y ocultar que desde el Frente Renovador y su alianza con Macri prometía terminar con el kirchnerismo y La Cámpora.
Como sea, de las tres toneladas no se vio ni un gramo. El presidente del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, está en un aprieto para dar por buenas las acusaciones infundadas de su amigo y coequiper Luciani. Al cronista, al escuchar a Luciani, le parecía estar viendo en TN al suicida Alberto Nisman tratando de fundamentar su acusación a la misma víctima por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y traición a la Patria. ¿Y si después de este momento de gloria, con toques de Clarinete, al fiscal de los dientes superpuestos le agarrara una fuerte depresión?
ASÍ ES LA GRAN BURGUESÍA
Un costado muy oligárquico que se deslizó en los medios monopólicos en contra de Báez fue que se enriqueció con Néstor y Cristina, siendo hasta 2003 un empleado bancario en Santa Cruz. Eso en sí no es un delito. Los que demonizan a Báez endiosan a Macri, Rocca, Blaquier, Pereda, Born y otros apellidos seudo patricios.
La burguesía y el capitalismo nacen rezumando lodo y sangre por todos sus poros, diría Carlos Marx. Y Báez no es ni mejor ni peor que esos otros grandes capitalistas, con la diferencia que el dueño de Austral está liquidado y los dueños de Techint, Ledesma, Molinos, Banco de Galicia, Macro, Cargill, Arcor, La Anónima, etc, siguen fugando, remarcando, evadiendo, explotando, etc.
Cristina parece ser inocente de los cargos que le formularon Luciani y Mola. El objetivo es fundirla y que el FDT pierda las elecciones del 2023, para asegurar la vuelta del neoliberalismo más extremo, incluso con un sector fascista como el de Milei y Espert.
En cambio ella no es inocente de haber favorecido durante sus gobiernos los negocios de toda la runfla capitalista y monopolista. De los negocios de la familia Kirchner con Báez no hace falta redundar y fueron legales, por contratos, alquileres, etc. También sus gobiernos favorecieron a monopolios tipo Techint, Arcor y empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El 2 de agosto de 2012 CFK fue al festejo por el 158 aniversario de esa entidad monopolista y declaró que “bancos y empresas nunca ganaron tanta plata como con este gobierno”. Adelmo Gabbi y demás directivos, aplaudían…
Esta causa Vialidad y la de Fotocopias de los Cuadernos son presentadas como “las más grandes exponentes de corrupción”. Los jueces y fiscales apuntan contra gobiernos y funcionarios peronistas, generalmente sin pruebas, salvo casos puntuales como el “bolsero” López, y salvan al macrismo y los grandes empresarios. Y éstos hicieron negocios con todos los gobiernos, desde la dictadura militar-cívica en adelante, incluyendo los K pero también a Macri. Este combinaba dos condiciones ideales para esos negocios sucios: empresario procesado en causas de Sideco y Correo, y jefe de gobierno en CABA desde 2007 a 2015 y presidente entre 2015 y 2019.
La causa Fotocopias mostró que la Cámara Argentina de la Construcción funcionaba como un club VIP que arreglaba las licitaciones, las repartía y pagaba coimas. Su mayor socio no era Báez, sino Techint, Roggio, Wagner-Esuco, Caputo-Socma, Grupo Petersen-Eskenazi, etc. A ellos en esa causa ni en la de Vialidad le tiraron ni una piedrita…
Paradojalmente Cristina ayer recordó en su alegato un caso flagrante de un acuerdo K con esos monopolios: en 2007 Néstor Kirchner aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal pedida por Héctor Magnetto (Clarín). Por suerte Alejandra Gils Carbó logró demorar esa maniobra.
En forma sesgada, se acusa a los K de su relación con Báez, pero no dicen nada de los vínculos de esos gobiernos y el macrismo, de relación más estrecha aún, con los monopolios tradicionales, “históricos”, del establishment.
LO MÁS IMPORTANTE
La persecución política contra CFK es grave. Sin embargo, lo más grave no es eso sino el plan de ajuste que lleva adelante el gobierno que ella integra en forma destacada. Ayer se conocieron detalles del cumplimiento de los acuerdos de cogobierno con el FMI que podarán 50.000 millones de pesos en el ministerio de Educación y en otras carteras por 210.000 millones, por órdenes de Massa y Gabriel Rubinstein.
Otro caso terrible es que el salario mínimo, que las organizaciones sociales reclamaban fuera de 110.000 pesos, sólo será aumentado 21 por ciento en tres cuotas. Será de 51.200 pesos en septiembre. Lo decidieron el gobierno, la CGT y las cámaras empresarias UIA, CAME, Adeba, Bolsa de Comercio y Coninagro.
Siendo esas cuestiones fundamentales, no hubo movilizaciones del oficialismo en las calles para rechazar ese ajuste. En cambio, cuando tocaron a “la jefa”, los K se indignaron y fueron a la Recoleta y el Congreso. Una desconexión peligrosa. ¿No podían hacer las dos cosas?
